Dos personas murieron a raíz del súbito hundimiento de la carpeta asfáltica en el Paso Exprés Cuernavaca, ocurrido el miércoles 12. De inmediato el enojo popular apuntó a los gobiernos morelense y federal, pero la responsabilidad no acabaría en ellos. También las empresas que construyeron la vía –Aldesa y Epccor– son responsables de esas dos vidas perdidas. Y ambos consorcios tienen un impresionante historial de corrupción que viene desde el siglo pasado.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El hundimiento de una sección del Paso Exprés Cuernavaca el pasado miércoles 12, con saldo de dos muertos, puso al descubierto una vez más el entramado de relaciones entre la clase política y el reducido grupo de poderosos contratistas gubernamentales con beneficios transexenales.
Favoritismo en contratos de obra y otras prebendas de larga data, así como observaciones por corrupción que, cuando han llegado a documentarse por instancias oficiales, logran evadirse, son características de Epccor, S. A. de C. V., la versión más reciente del conglomerado de la familia Gutiérrez Cortina, cuyo empoderamiento e impunidad se remontan al salinismo.
Dicha empresa y Aldesa –trasnacional de capital español que en años recientes se vio implicada en el escándalo de donativos ilegales al Partido Popular en su país de origen– fueron las beneficiarias del contrato para construir el Paso Exprés que, como la mayoría de las obras inauguradas por Peña Nieto en lo que va de 2017, recibió varias observaciones por corrupción.
Este semanario documentó (Proceso 2112) el pasado abril que de las obras inauguradas por Peña Nieto en el primer trimestre del año, sólo quedaron exentas de señalamientos de corrupción aquellas que no revisó la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El reportaje destacaba el Paso Exprés, inaugurado por Peña Nieto el pasado 5 de abril, como una de las más escandalosas por el cúmulo de irregularidades.
Y es que entre la adjudicación del contrato, en noviembre de 2014, y la entrega de la autopista en abril pasado, ocurrieron numerosas irregularidades en la construcción, las cuales causaron alrededor de 250 accidentes, provocaron la muerte de al menos 21 personas y dispararon el costo del proyecto: de mil 45 millones de pesos acordados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) terminó pagando 2 mil 213 millones de pesos (mdp).
Además, en la revisión de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que la SCT autorizó pagos por 441 mdp, respecto a los cuales detectó 270.5 mdp que debían recuperarse y 31.8 mdp erogados sin la comprobación correspondiente. En total: 302.3 mdp, equivalentes a casi la cuarta parte de los recursos asignados al Paso Exprés en 2015.
Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2124, ya en circulación