Despojo y colusión con terrenos de Ferrocarriles Nacionales en Jalisco

miércoles, 23 de agosto de 2017
GUADALAJARA, Jal. (apro).- Con la complacencia del alcalde de Amacueca, César Augusto Anaya Valenzuela, un par de mujeres se apoderó de una superficie de poco más de dos hectáreas pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, incluidas dos vialidades y una cancha de futbol, las cuales ya pusieron en venta. Lo anterior propició que dos vecinos afectados, que se opusieron a que les quitaran la calle Aldama por la que han circulado desde hace más de 60 años, terminaron detenidos. Leticia Pérez Ramos y su sobrino, José Julio Pacheco Pérez, sucesora de ferrocarrileros y jefe de estación jubilado, respectivamente, habitan sobre la calle Aldama –la otra vialidad en conflicto es Ferrocarril–, en la población de Cofradía, municipio de Amacueca. Sin embargo, desde hace casi una década han luchado para impedir que la vialidad, que cuenta con servicios básicos de agua y energía eléctrica, así como la cancha de futbol y sus áreas verdes, se conviertan en propiedad privada. En su esfuerzo por impedir el despojo, los afectados consiguieron varios documentos oficiales que demuestran que María Guadalupe Cibrián Montes y María Verónica López Núñez, quienes se ostentan como propietarias del predio en disputa, adquirieron de manera irregular la superficie, y que la actual autoridad municipal está coludida en el despojo. Pacheco Pérez subraya que en el decreto que extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales, con fecha 4 de junio de 2001, se estableció en el artículo 2, inciso IV, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargaría de donar a las entidades de los tres niveles de gobierno, a pensionados y jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones sin fines de lucro los activos remanentes, incluyendo las casas-habitación, “a fin de que sean utilizados para beneficio social”, no para un aprovechamiento privado, insiste. El 7 de junio pasado Pacheco López solicitó al primer edil, Anaya Valenzuela, ampararse para evitar perder las áreas de uso común, pero no obtuvo respuesta. Una de las pruebas de los quejosos es el oficio –DGAG/1223/2010– que emitió la Dirección Comercial y de Atención a Gobierno de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de Jaime Reyes Montoya, con fecha del 16 de agosto de 2010, en el cual a raíz de una solicitud por parte de Pacheco Pérez de investigar la invasión a dos predios, la empresa en liquidación respondió que, según el expediente DCAG-GI-13-2561, en diciembre de 2001 Cibrián Montes y López Núñez, por medio de su representante Susana Ojeda Rosales, solicitaron comprar una superficie de 22 mil 250 metros cuadrados, divididos en tres polígonos, correspondientes a la línea 1 de la Estación de Atoyac (conocida como Cofradía del Rosario), municipio jalisciense de Amecueca. Luego de un avalúo –identificado con el número VMA/09-0150– que realizó Vicman Avalúos SC, se ponderó un precio de venta por 79 mil 700 pesos, cuando su valor fiscal es de casi 1.3 millones y la superficie que tienen registrada ante catastro es de sólo 9 mil 930 metros cuadrados. La compraventa, con fecha 3 de abril de 2008, se canalizó a través de Sergio Alejandro López Rivera, fedatario número 64 de Guadalajara. Sin embargo, de acuerdo con el oficio de la Dirección Comercial, la carta “de instrucciones al notario se envió por parte de este organismo el 24 de marzo del presente año (2010), sin que aún se haya protocolizado la escritura. “Cabe destacar que la operación en comento fue totalmente apegada a la normatividad del procedimiento P-023 de ventas establecido en este organismo”. No obstante, en una búsqueda que se hizo no se encontró ninguna normatividad que hable sobre el procedimiento P-023. Más aún, el 14 de junio pasado el mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval revocó su fiat a López Rivera por haber reincidido en conductas irregulares en su desempeño como notario. A la fecha, la propiedad no está asentada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en Ciudad Guzmán. Pacheco Pérez solicitó una búsqueda para saber si María Verónica López y “codueños” tenían alguna propiedad a su nombre. Entonces, el 23 de junio anterior, el jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la Propiedad de Ciudad Guzmán, José Pablo Mercado Espinoza, respondió que “en nuestros archivos (…) no se encontró ninguna propiedad” a nombre de López Núñez. Predio subvaluado En contraste, el director del Departamento de Catastro e Impuesto Predial de Amacueca, Patricio Ramón García Peralta, le respondió el 8 de junio pasado a Pacheco López que tiene registrada la cuenta 4279 a nombre de María Verónica López y codueños, correspondiente al “predio urbano ubicado como polígono número 1, en la población de Cofradía, municipio de Amacueca, con una extensión superficial registrada de 9 mil 930 metros cuadrados y un valor fiscal registrado de un millón 291 mil 395 pesos”. “El predio que se describe con antelación fue adquirido por los ahora propietarios María Verónica López Núñez y su esposo J. Guadalupe Ávalos Ramírez; María Guadalupe Cibrián Montes y su esposo Ramón Ramos Sánchez en copropiedad y en partes iguales, predio identificado como polígono 1, adquirido mediante compraventa a la Compañía del Ferrocarril Central Mexicano, en escritura pública número 5 del patrimonio inmueble federal, de fecha 21 de abril de 2014, otorgada ante la fe del licenciado Eduardo Páez Castell, notario número 4 de Ciudad Guzmán y tramitado bajo comprobante con anotaciones catastrales 174/2016”. “Estos son los únicos antecedentes con lo que cuenta el predio en mención, búsqueda de 1936 a la fecha”, se advierte. Pacheco López apunta que con estos documentos se evidencian las irregularidades de cómo las mujeres se apropiaron de un espacio público, y considera como grave que la autoridad municipal se preste a mentir. Un dato que considera relevante es que la supuesta empresa vendedora Ferrocarril Central Mexicano desapareció como tal en 1909, cuando fue entregada a Ferrocarriles Nacionales de México. Por ello cuestiona cómo es posible que una empresa que no existe desde hace más de un siglo haya podido vender el predio en cuestión. Además, menciona que sus vecinas López Núñez y Cibrián Montes viven al día, y están dentro del padrón de beneficiarios de Oportunidades –hoy Prospera– del gobierno federal, por lo que no es posible que tuvieran esa cantidad de dinero. Y enseguida asevera que Susana Ojeda, quien también laboró para Ferrocarriles, está detrás de la venta irregular y es la verdadera propietaria del predio. Para demostrar su señalamiento, José Julio Pacheco mostró un documento en el que Susana Ojeda solicita una autorización a la delegación de la Semarnat para el “aprovechamiento de recursos forestales” que están dentro de su propiedad, y menciona la ubicación de la manzana 2, lote 2, localizada junto a la estación ferroviaria de Cofradía. En ese lote se ubica el campo de futbol, detalla el afectado. Las ahora dueñas de las casi dos hectáreas ofrecieron al municipio donar cinco metros cuadrados del lado izquierdo de la calle Aldama, aunque pretenden vender el campo de futbol. Por su parte, Leticia Pérez muestra a Apro dos solicitudes. Una con fecha 19 de febrero de 1980, firmada por el entonces secretario particular del gobernador, Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar, donde pide al presidente de la Junta Estatal de Agua Potable, Francisco de Paula Sandoval, el que se incluyera a la calle Aldama dentro del Programa de Obras 1980. La respuesta fue positiva, recuerda Pérez Ramos, quien en ese tiempo era presidenta la sociedad de padres de familia de la escuela del poblado de La Cofradía. La otra petición es a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se instalaran dos lámparas en la calle Aldama, con fecha 10 de septiembre de 1975. “Ahí están las pruebas de que siempre ha sido una propiedad pública: si no fuera el caso, nunca habrían entrado esos servicios públicos”, señala la afectada. La invasión En tanto José Julio Pacheco recuerda que las mujeres invadieron la calle Aldama y colocaron “postes de mezquite con alambre de púas, dejaron solamente cinco metros de ancho de la vialidad pública (…) y el 4 de agosto se realizó dicha invasión a las diez de la mañana”. Luego acota que, tras la invasión, acudieron con el presidente municipal, pero no los pudo recibir, por lo que fueron canalizados con el síndico Adán Barragán, quien les mencionó que procedía el cierre de Aldama de acuerdo con “documentos oficiales y disposiciones emitidas por la representación del organismo de Ferrocarriles Nacionales de México en liquidación”. En las administraciones municipales 2007-2009 y la 2012-2015, sus respectivos alcaldes no reconocieron la posesión de las mujeres sobre los predios. Incluso en el oficio 804/2009, con fecha 23 de septiembre de 2009, tras una queja que presentaron Cibrián Montes y López Núñez ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco por supuestas violaciones a sus derechos al no investigar la autoridad quiénes fueron los autores de quitar los postes y alambrado para delimitar su propiedad, el entonces alcalde Enrique Rojas Díaz respondió al organismo que ninguna había acreditado la legitima propiedad, y personal de Ferrocarriles Nacional tampoco había confirmado la transacción. También dijo que en los terrenos que supuestamente adquirieron las quejosas se encuentran el campo de futbol y vialidades que “benefician a cientos de personas”. Y luego mencionó que estaba en negociación con la gerente de Inventarios de Ferrocarriles, Elizabeth Sánchez, para “dar mejor solución a este conflicto”. En tanto, el entonces director de Obras Públicas, Roberto Meza Valdivia, con fecha 6 de febrero de 2013, respondió mediante el oficio 446/2013 a López Núñez que no se le otorgaba el permiso de construcción dentro del predio en disputa, puesto que no ha acreditado “legalmente la posesión del terreno”. “Ahora la actual administración le da todas las facilidades a las infractoras para apoderarse de la calle Aldama”, se queja Pacheco López. Igual recuerda que el 29 de mayo de 2009 fue detenido junto con su tía, acusados por López Núñez y Cibrián Montes, del delito de despojo y amenazas, pero salieron libres por falta de pruebas.

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