El proyecto de la presa El Zapotillo –para dotar de agua a la ciudad de León, Guanajuato, y a la zona metropolitana de Guadalajara– ha resultado confuso, oneroso y lento. Lo anunció el panista Vicente Fox durante su administración; Felipe Calderón, su sucesor, lo impulsó también, y cuando el PRI retornó a Los Pinos, comenzaron a fluir los millones, que han ido a parar a empresas españolas que están en quiebra. Lo peor de todo es que la obra está empantanada, lo que le causa una sangría millonaria al gobierno federal por concepto de indemnización a las constructoras. Y las comunidades que saldrán afectadas están en pie de lucha. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el ocaso de la administración del panista Vicente Fox, el gobierno federal y los de Guanajuato y Jalisco planearon la construcción de la presa El Zapotillo. Su sucesor y correligionario, Felipe Calderón, la concretó, sumándole un acueducto y la entrega de la concesión del manejo del agua durante 25 años a la empresa española Abengoa, que hoy está en quiebra y vendiendo sus activos para cubrir sus adeudos. Sin embargo, con el regreso del PRI a Los Pinos comenzaron a fluir los miles de millones de pesos de la federación. Y el proyecto terminó en manos de empresarios españoles y mexicanos, entre ellos Carlos Slim y Carlos Hank Rhon, quienes, ante la equívoca planeación y la interrupción de obra, han recibido mil 436 millones de pesos por “indemnización”. Al enredo de concesiones –como la empresa española en quiebra y la adquisición de otras por parte de Slim– se sumó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien decidió invertir 604 millones de pesos provenientes del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) para comprar acciones de Abengoa. De 2005 –cuando se autorizó la construcción del embalse y el “Acueducto Zapotillo-Los Altos de Jalisco-León”– a la fecha, el presupuesto destinado a la obra, 10 mil 375 millones 189 mil 688 pesos proyectados al 2017, casi se triplicó, pues a la fecha se le han autorizado 27 mil 253 millones 174 mil 34 pesos, según reportes del Programa de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo la clave 0616B000034. Pero más allá de los negocios, los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han emprendido una férrea resistencia para evitar la desaparición de sus comunidades y se niegan a ser reubicados. La guerra que viene El 1 de septiembre de 2005, el gobierno foxista acordó, junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los gobiernos de Guanajuato y Jalisco, la construcción de la presa El Zapotillo con una cortina de 80 metros. Las autoridades aseguraban que las comunidades aledañas no se verían afectadas. Sin embargo, con el arribo de Calderón el proyecto se modificó. El 31 de agosto de 2007 se le añadió la construcción de un acueducto para llevar agua a León, así como a 14 municipios de Los Altos de Jalisco y a la zona metropolitana de Guadalajara. De acuerdo con documentos consultados por la reportera, el Banco Nacional de Obras (Banobras) creó el fideicomiso 192 para “aportar un apoyo no recuperable hasta por 49 % del monto resultante de la licitación pública, de 2 mil 626 millones de pesos, a precios de octubre de 2005, para la realización del proyecto Acueducto El Zapotillo para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de León”. Además, se le sumaba una comisión por ingeniería financiera e impuestos. Y lo peor, el 16 de octubre de 2007 las autoridades decidieron que la cortina de la presa ser elevaría de 80 a 105 metros, lo cual incrementa el riesgo de inundación de las comunidades de Temacapulín, Palmarejo y Acasico. Además, al principio se dijo que sólo se afectarían 2 mil hectáreas, que con la propuesta de elevar la cortina se incrementaron a 4 mil 500, lo que afecta a los agricultores de la zona, quienes generan 12.4 % del consumo de leche para el país, 43% de la producción de huevo, 27 % de la carne de cerdo, 12 % de la de bovino y aportan 16.4 % de las aves que consumen los mexicanos, comenta a la reportera María González Valencia, coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), una de las agrupaciones que asesoran a los productores. El megaproyecto de la presa y el acueducto, dice, nació con irregularidades. Al elevar la cortina de la presa no se contempló la estructura con la que se llevará el agua a los demás municipios de Los Altos de Jalisco, que se sumaron como “beneficiarios”. Además, no hay una segunda Manifestación de Impacto Ambiental que, por ley, debió realizarse al modificarse la altura de la cortina. Esa decisión provocará la inundación de las tres comunidades mencionadas y el desplazamiento de mil 500 habitantes y la afectación de otros 5 mil que viven fuera y cada año regresan para las fiestas tradicionales. Por si faltara algo, con el acueducto se quedarán sin agua alrededor de 600 mil agricultores y ganaderos de Los Altos de Jalisco, de una de las regiones más productivas del país. El pasado 17 de julio, los agricultores firmaron un desplegado en el cual advirtieron a las autoridades federales y estatales sobre las pérdidas que sufrirán cuando funcione la represa. Demandaron la cancelación del trasvase, no sólo para evitar la inundación de los pueblos, sino “para evitar el estallido social, medioambiental y económico en Los Altos de Jalisco”. Y concluyeron: “De concretarse el pretendido trasvase a la ciudad de León se de­satará una guerra por el agua y los alteños no estamos dispuestos a perderla”. El agua como botín El megaproyecto consta de dos partes: la construcción de la presa El Zapotillo y del acueducto para llevar agua a León. La obra total, se dijo al principio, costaría poco más de 10 mil 37 millones de pesos, pero ya se han erogado 27 mil 253 millones. El 14 de septiembre de 2009 se lanzó la licitación internacional para la construcción de la presa. Los ganadores fueron La Peninsular y Grupo Hermes, propiedad del mexiquense Carlos Hank Rhon, y la empresa española FCC, la cual desde 2014 se ha visto involucrada en señalamientos hechos en España de presuntos sobornos, elevación de precios en sus obras e incluso lavado de dinero. El pasado 26 de julio, el diputado perredista Jesús Zambrano interpuso ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que recordó que el 23 de septiembre de 2009 la Secretaría de la Función Pública abrió el proceso de revisión de la licitación por quejas de las empresas “ICA, Cota, Vise e Infrocsa, ya que fueron descalificadas a pesar de haber presentado mayores puntuaciones y haber ofrecido propuesta de hasta 600 millones de pesos más baja”. El 28 de julio de 2016, el empresario Carlos Slim adquirió 61.11 % de las acciones de FCC de España, según informó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En cuanto al acueducto, Banobras determinó el 31 de agosto de 2007 que 49% se financiara con dinero del gobierno federal y se fuera a “fondo perdido”; 26.66% con créditos bancarios y sólo 25% lo pusiera la empresa encargada de la construcción. El 7 de septiembre de 2010 Conagua lanzó la licitación internacional y determinó otorgar la concesión por 25 años para construir, operar, conservar el acueducto y prestar el servicio de agua a León, así como la preparación de los sitios de conexión para los municipios de Los Altos de Jalisco. La ganadora fue Abengoa, otra firma española. Y mientras avanzaba la concesión para construir el acueducto, los habitantes de las tres comunidades afectadas y el propio Congreso de Jalisco interpusieron amparos contra la construcción de la presa por la elevación de la cortina. El 7 de agosto de 2013 la Segunda Sala del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia dejó sin validez el proyecto que elevaba a 105 metros la cortina de la presa y ordenaba mantenerla en 80. Además, el 27 de mayo de 2014 el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa falló a favor de los pobladores de las comunidades y ordenó que se suspendiera toda obra. González Valencia, coordinadora del Imdec, recuerda que las modificaciones a la cortina no fueron consultadas con el Congreso jalisciense; tampoco, dice, hay cambio de uso de suelo para la construcción del acueducto. “Por todo ello, la construcción de la presa El Zapotillo se está peleando fuertemente en los tribunales”, asegura. Las irregularidades cometidas por Conagua y el gobierno de Jalisco llevaron a la autoridad judicial a suspender la construcción. La Conagua decidió indemnizar a la empresa española FCC con 220 millones de pesos por la inactividad del año 2014. Además, las cláusulas del contrato para la construcción de la presa, recuerda González Valencia, quien tiene una copia del documento, establecen que se debe indemnizar ante la suspensión de la obra. Por ello, a partir de 2015 se pagan a FCC 19 millones de pesos mensuales. Debe aclararse que, a partir de julio de 2016, 61% de las acciones de esa empresa pertenecen a Slim. De igual manera, desde 2015 La Peninsular y Grupo Hermes, de Carlos Hank Rhon, reciben una cantidad similar cada mes. En suma, contando los 220 millones para FCC de 2014 y las mensualidades de 19 millones de pesos, el gobierno federal ha pagado a esos empresarios mil 436 millones de pesos aproximadamente por concepto de indemnización. “Aquí hay algo importante –sostiene la coordinadora del Imdec–, las empresas que construyen El Zapotillo, aunque esté detenido el proyecto, no pierden. Si uno ve todos los fideicomisos y el uso ilegal de fondos públicos se han ido para el rescate de empresas en quiebra.” Recuerda que Sandoval autorizó 604 millones de pesos –que no eran de su gobierno, sino de los trabajadores del estado y que estaban en el Fondo de Pensiones– para la compra de acciones de la empresa española Abengoa, encargada del acueducto y de cobrar el agua durante 25 años a León. El 20 de mayo de 2016, ante el Congreso de Jalisco, Hugo Alberto Michel Uribe, subsecretario de Finanzas del gobierno e integrante del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones de Jalisco, recordó que en 2014 se compraron acciones de Abengoa con dinero del fondo de retiro de los burócratas. Y advirtió: “Habría que medir el riesgo desde distintos parámetros; son 604 millones de pesos de un patrimonio de 30 mil millones de pesos que conforman la reserva técnica del Ipejal”. En diciembre de 2016 la empresa fue declarada en concurso mercantil; el ministro de Industria español, José Manuel Soria, dijo que el pasivo de Abengoa es muy elevado. En México su filial anunció incumplimiento de amortizaciones de dos emisiones de bonos y del pago de intereses a cuatro. Desde mayo de 2017 Abengoa puso en venta la central generadora de electricidad Norte III, en Ciudad Juárez, que ganó en la licitación de la Comisión Federal de Electricidad el 9 de enero de 2015, cuando el director de la dependencia era Enrique Ochoa Reza, quien actualmente está al frente del PRI. Además del dinero pagado a empresas por indemnización y la puesta en riesgo de 604 millones de pesos de los pensionados de Jalisco en una empresa con problemas económicos, que en su página de internet se lee “proceso de reestructuración financiera”, la coordinadora del Imdec denuncia que el agua del acueducto no será para la población de León, sino para el parque industrial Puerto Seco, donde se ubican armadoras de autos. “El agua no es para consumo humano. Las principales beneficiadas son las armadoras; se deja de producir alimento para producir coches”, dice, en alusión a los agricultores y ganaderos que afectará el acueducto.