OAXACA, Oax. (apro).- Por lo menos 312 conflictos indígenas persisten en el país ocasionados por megaproyectos, principalmente los mineros, seguido de problemas agrarios y servicios gubernamentales, donde Oaxaca ocupa el segundo lugar, reveló un informe de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. Este órgano político dependiente de la Secretaría de Gobernación detalló que los estados donde se concentra la mayor conflictividad social son Chiapas con 60 problemas, Oaxaca con 46; Puebla con 32; Guerrero con 29; y Michoacán, Chihuahua y estado de México con 14 cada uno. Un documento de Jaime Martínez Veloz, titular de la comisión, reconoce que los principales conflictos son derivados de las resistencias a proyectos mineros donde se han identificado 48 casos, seguido de los problemas agrarios con 47; programas y Servicios gubernamentales con 28; derechos indígenas con 27; política social 27, proyectos de infraestructura con 26 y proyectos hidráulicos con 24. En el caso de Oaxaca existen 46 conflictos producto de resistencias de comunidades indígenas, principalmente mixtecos, zapotecos, mazatecos, chatinos, zoques y mixes. Los conflictos mineros Entre los casos más emblemáticos de resistencia se encuentran los que mantienen los indígenas mixtecos del municipio de San Jerónimo Silacayoapilla, que rechazaron el proyecto de la empresa minera Arco Resoursces Corporation para explotar una mina en terrenos comunales. De igual forma, indígenas zapotecos del municipio de Magdalena Teitipac, de la región de los Valles Centrales, se oponen a la minera Plata Real, filial de la canadiense Linear Gold Corporation, por contaminar los mantos freáticos durante sus trabajos de exploración. Mientras que en el municipio de Ixtepec, los zapotecos han manifestado que impedirán la explotación minera en esa zona, por el otorgamiento de concesiones mineras, entre el que se encuentra el denominado “Prospecto Minero Ixtepec”. También las comunidades zapotecas de San José del Progreso solicitaron que la Secretaría de Economía cancele las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis, y Progreso III, autorizadas a la empresa Cuzcatlán, filial de la empresa Fortuna Silver Mines, que fueron otorgadas sin consulta ni consentimiento previo, libre e informado. En la Sierra Sur, los zapotecos, chatinos y mixtecos se organizaron en la defensa de sus recursos naturales para no permitir el reingreso de Altos Hornos de México (AHMSA) a Santa María Zaniza o a cualquier otro municipio de esa región que tiene los mayores índices de marginación, y en donde se ubica un gran yacimiento de mineral de fierro. Autoridades ejidales y comunales que representan a nueve núcleos agrarios de los distritos de Tlacolula, Ejutla y Ocotlán también declararon sus territorios prohibidos para la minería. Los pueblos zoques de San Miguel Chimalapa e integrantes de organizaciones sociales como el colectivo Matza y la autoridad municipal rechazaron al proyecto minero que se pretende instalar en este lugar. Se enteraron que la Secretaría de Economía había otorgado cinco concesiones a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc en la zona de la Cristalina, San Antonio Sol y Luna en Chimalapas. El presidente de Bienes Comunales de San Miguel explicó a los participantes en la verificación, que la concesión de la mina de oro, cobre y plata, fue otorgada por la Dirección General de Regulación Minera (DGRM) de la Secretaría de Economía por 50 años a la empresa canadiense Minaurum Gold Inc, del 2008 a 2058. Igualmente, pobladores y activistas zapotecos del municipio Santiago Laollaga, en la región del Istmo de Tehuantepec, conformaron el Comité Prodefensa de los Recursos Naturales en rechazo a la construcción de una mina y una central hidroeléctrica. Aseguraron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pretende instalar una hidroeléctrica en la presa Cerro Tablón de Primavera, construida hace 25 años. Proyectos eólicos Respecto a los seis proyectos eólicos, se localizan en las comunidades zapotecas y huaves como en San Dionisio del Mar (huaves) y de la comunidad Álvaro Obregón (zapotecos), en la región del Istmo de Tehuantepec. Ante la amenaza representada por la imposición del megaproyecto eólico de Mareñas Renovables, el cual no les fue consultado. Finalmente la empresa tomó la decisión de cancelarlo en San Dionisio del Mar y trasladarlo a otro lugar. Además, los zapotecas del municipio de Unión Hidalgo, demandan la remoción de aerogeneradores que se han instalado en el casco urbano por la empresa Demex y su asociada consumidora Bimbo. En Asamblea General, convocada por el presidente Municipal, el representante de los Bienes Comunales y el presidente del Comité Pro-obras, se manifestaron contra las repercusiones que han tenido para la población los parques eólicos Piedra Larga I y II de la empresa DEMEX, filial de la transnacional española Renovalia Energy. A su vez, la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio denuncian que el gobierno pretende crear 6 nuevos parques eólicos en la región, con inversión de compañías españolas y francesas que venderían la energía a la CFE. En tanto, la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) rechaza la construcción del parque eólico Bii Hioxhoo, de la empresa Gas Natural Fenosa, y han bloqueado las obras, pero ello les ha generado amenazas y violencia por parte de la empresa. Mencionaron que la obra no les fue consultada y que afecta su actividad pesquera. De igual forma, comuneros del municipio de San Blas Atempa y el Frente Unido de Comunidades Oaxaqueñas advirtieron que no permitirán la invasión de sus tierras y han realizado diversas acciones para impedir la construcción de una central de almacenamiento de energía (subestación eléctrica) para el parque eólico que la Sedena construyó en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 2 del municipio de Ixtepec y que no fue consultada a los pobladores. Han llevado a cabo bloqueos carreteros y han cerrado simbólicamente las obras. Mientras que pescadores zapotecas de Juchitán conformados en tres cooperativas Laguna Santa Cruz, Guse’ Stinu y Chinchorreros de la séptima sección denunciaron que la empresa “Eólica Zapoteca” utilizó firmas falsas para anunciar la validez de un proyecto eólico que pretende ubicarse en 604 mil hectáreas de zona lagunar. Los representantes de las tres cooperativas negaron que han solicitado recursos económicos al representante de la empresa para poder avalar un proyecto eólico que se pretende ubicar en tres lagunas “Laguna Xhadahui”, “Laguna Guela Xhiña” y “Santa Cruz”, las cuales les ha dado de comer porque colectan una variedad de peces y también camarones para su sustento familiar. Los zapotecos de Unión Hidalgo manifestaron en marzo de 2017 su rechazo para que las empresas Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF), GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) instalen tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía en su territorio, y sin que antes hayan sido consultados. Para prevenir violaciones a sus derechos humanos, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a esas firmas sin su consentimiento. Temas agrarios Respecto a los conflictos agrarios, sobresale el conflicto por límites entre Santo Domingo Yosoyama y San Juan Mixtepec, pueblos mixtecos que exigen la delimitación de sus territorios, que implican mil 740 hectáreas. Este problema ha generado enfrentamientos, homicidios, lesiones y daños a propiedad ajena. En diciembre de 2013 fueron 11 ejecutados y apenas el tres de junio de 2017 fueron emboscadas e incineradas cinco mujeres. En el Istmo, existe un conflicto agrario entre indígenas de las comunidades Santa María del Mar, municipio de Juchitán, y San Mateo del Mar, por la posesión de mil 361 hectáreas de cultivo, exigen a las autoridades agrarias dar certidumbre en la tenencia de la tierra. Derivado de este asunto, San Mateo del Mar bloqueó el único camino terrestre que comunica a Santa María del Mar, así como le cortó el suministro de energía eléctrica. Indígenas de Santa María del Mar señalan que en agosto de 1984 el presidente de México publicó en el DOF el reconocimiento y titulación de 3 mil 773 hectáreas como bienes comunales de esa localidad. También indígenas de San Francisco del Mar (huave) y San Francisco Ixhuatán (zapoteca) se disputan la posesión del predio denominado “Cerro Tortuga”, desde hace más de 40 años. Y los municipios de Sola de Vega y San Vicente Coatlán, mantienen un lío desde hace 45 años por límites de tierra, que ha generado enfrentamiento y personas muertas. Las autoridades agrarias han llevado a cabo diversas mesas de conciliación, sin que se resuelva aún la situación. Las comunidades de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, municipio de Putla y de San Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monteverde, mantienen un conflicto añejo de tierras (aproximadamente mil hectáreas) que ha generado amenazas, hostigamiento, retención de personas, enfrentamientos, heridos y muertos. En los mixes, indígenas de San Pedro y San Pablo Ayutla denunciaron la invasión de más de 150 hectáreas de terrenos comunales, donde se ubica el manantial que los abastece de agua y cuya concesión para extraer el agua les fue otorgada por la Conagua, así como la destrucción de viviendas, agresiones y retención de personas por parte de sus vecinos de Tamazulápam del Espíritu Santo, quienes reclaman ese terreno. El 18 de mayo de 2017 habitantes de Tamazulápam iniciaron el despojo que generaron enfrentamientos que dejaron heridos y una persona muerta. En la mixteca, los municipios de San Mateo Sindihui y San Francisco Cahuacuá mantienen una disputa de límites de tierra por 4 mil hectáreas. Ambos señalan contar con los planos y una resolución presidencial de los terrenos La Calavera, Tierra Blanca, Rancho Viejo y El Cucharal. Este conflicto agrario ha dejado enfrentamientos y recientemente, en julio de 2017 dos personas fallecidas.