La semana pasada el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que permite realizar el 1 de octubre un referéndum sobre la autodeterminación de esta región y otra ley para normar al “nuevo Estado catalán”. De inmediato, el gobierno de Rajoy activó la “maquinaria legal” para detener el “proceso soberanista” y el Tribunal Constitucional anuló esas leyes, prohibió la organización del referéndum y amenazó con sanciones penales. Ello no ha detenido al gobierno de Carles Puigdemont y a las fuerzas que lo apoyan: el proceso independentista va, aseguran… MADRID (Proceso).- Se produjo el esperado choque de trenes entre los gobiernos de España y de Cataluña con la aprobación, por parte de éste, de dos leyes, una que permite la celebración del referéndum de autodeterminación en la comunidad autónoma para el 1 de octubre, y la otra de “transitoriedad”, con la que el gobierno regional de Carles Puigdemont y las fuerzas independentistas pretenden normar el presunto nuevo Estado catalán tras la desconexión de España. En medio de la peor crisis política e institucional que vive el país por el desafío soberanista, Puigdemont aseguró, durante la firma del decreto de convocatoria de la consulta, que ésta “es una decisión que corresponde sólo a la gente, a ningún tribunal ni Consejo de Ministros o Tribunal Constitucional deslegitimado, desprestigiado y politizado hasta niveles impropios de una democracia”. “Negar este derecho y tratar a los catalanes como súbditos al servicio de un Estado que fabrica amenazas al mismo ritmo que fabrica incumplimientos, no es democracia”, añadió. Por su parte el presidente Mariano Rajoy también subió el tono de su advertencia al anunciar el jueves 7 que “este referéndum no se va a celebrar bajo ningún concepto” debido a que es “inconstitucional”, pues ni la Generalitat ni el Parlament catalán tienen facultades para legislar y convocar a un referéndum de autodeterminación. Sostuvo que tampoco los facultan las leyes internacionales a las que alude la norma que convoca al referéndum. Y dirigiéndose al gobierno de Puigdemont, dijo: “A los responsables de la Generalitat les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que no se menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente”. Les pidió que dejen de “forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al resto de España”. El mandatario hizo esa declaración al anunciar la maquinaria legal que puso en marcha su gobierno al interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad para anular la Ley de Referéndum que votó el Parlamento catalán. El Consejo de Ministros impugnó ante la misma instancia el decreto de convocatoria firmado por Puigdemont e impugnó la resolución del Parlament por la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral (todos proindependentistas). La misma noche del jueves 7, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar la Ley de referéndum y los decretos firmados para la consulta independentista. Reunido de urgencia, el pleno de los magistrados tramitó las cuatro impugnaciones del gobierno y apercibió a los 948 alcaldes catalanes, a 62 funcionarios de la Generalitat, a los responsables de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, y a los medios de comunicación públicos de Cataluña, a obedecer la prohibición de no participar en la organización del referéndum, so riesgo de enfrentar responsabilidades penales. Poco antes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también anunció la presentación de una querella judicial contra Puigdemont y el resto de los miembros del Govern por firmar el decreto de convocatoria. Asimismo anunció querellas criminales contra los miembros de la Mesa del Parlament catalán, por hacer la tramitación parlamentaria de la ley, que la fiscalía considera ilegal, con base en una sentencia previa dictada por el Tribunal Constitucional. Maza dio instrucciones a las fiscalías catalanas para que investiguen tres posibles delitos en la organización del referéndum: desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos. “Igualmente”, dijo, “se van a cursar las órdenes oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos preparados para celebrar el referéndum ilegal”. De hecho, desde la misma noche que se aprobaba la ley, efectivos de la Guardia Civil se apostaron fuera de una compañía catalana donde presumen se están imprimiendo las boletas electorales, revisaron los vehículos que entraban o salían y esperaban instrucciones para ingresar a la imprenta. Para el caso Cataluña, el gobierno de Rajoy cuenta con el respaldo del Partido Socialista Obrero Español, con el que mantiene confrontación abierta en otros temas, y con Ciudadanos. Podemos no se sumó a esta defensa, porque considera que debería celebrarse un referéndum pero legal y no el impulsado por Puigdemont. Sobre su eventual inhabilitación, extremo aún no planteado pero posible, Puigdemont señaló en una entrevista con el diario catalán La Vanguardia: “No podré aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut (la norma institucional básica de Cataluña), así que nos deberíamos de plantar ante una suspensión de ese tipo”. Sin embargo, el portavoz del Govern catalán, Jordi Turull, fue más allá, al anunciar el martes 5 que la administración de Puigdemont no tomará en consideración la resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Referéndum y solo acatará las decisiones que haya tomado el Parlament de Cataluña, desconociendo cualquier decisión que se tome en Madrid. “España se rompe” El desafío soberanista provocó la peor crisis institucional desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aseguró el líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol. Sin embargo, no es un conflicto nuevo, tiene al menos una década escalando hasta llegar al punto de tensión actual. Se produjo cuando tras la aprobación del Estatut de Cataluña, su principal norma institucional, el texto original fue “rasurado” por una sentencia del Tribunal Constitucional español, en junio de 2010, que eliminó 14 artículos por usar el término “nación” con un cariz de “sujeto político” y no en términos “culturales”. Coincidentemente, el Partido Popular (PP) de Rajoy impugnó el Estatut de Cataluña en agosto de 2006, con el argumento de que con ese ordenamiento “España se rompe”. Y es ahora Rajoy, como presidente de España, el que recurre nuevamente al Tribunal Constitucional para pedir paralizar toda acción de organización del referéndum y la inconstitucionalidad de las leyes antes citadas. En 2010, cuando el Tribunal Constitucional troceó el Estatut, sólo 13% de los catalanes pedían abiertamente un Estado independiente de España, pero la nula operación política y la soberbia desde el gobierno español propiciaron que ese porcentaje aumente hasta 41.1%, y que otro 30% simpatice con la celebración del referéndum (incluidos los que no quieren romper con España), según una encuesta realizada en julio pasado por el Centro de Estudios de Opinión, un organismo público catalán. Según esta consulta, a la pregunta directa “quiere que Cataluña se convierta en un Estado independiente”, 49.4% respondió que no, frente a 48.5% que dio la misma respuesta en marzo. Por su parte, los partidarios del sí bajaron de 44.3% a 41.1%. Hasta ahora es una incógnita si este choque de trenes incrementará o no la desafección hacia Madrid y sí ello producirá un incremento en las bases independentistas. “Va la vencida” Es tan determinante el momento para los independentistas, que Puigdemont planteó en la entrevista con La Vanguardia que “hemos hecho muchos ensayos, pero íntimamente todos saben que ahora va la vencida”. Este pulso ha provocado que la relación entre La Moncloa (sede del gobierno central) y el Palau (sede del gobierno regional) sea prácticamente nula. El doble atentado terrorista que se produjo en Barcelona y Cambrils el pasado 27 de agosto, mostró inicialmente una imagen de lealtad y unidad institucional entre ambas administraciones. Sin embargo, ello sólo duró unos días porque de inmediato el caso se politizó, surgieron acusaciones mutuas sobre el fracaso en la detección de la célula terrorista antes de cometer los ataques y en la descoordinación durante la investigación. El punto climático de esa descoordinación quedó retratado cuando El Periódico de Cataluña reveló que desde mayo pasado ambos gobiernos recibieron una alerta de las agencias estadunidenses de inteligencia que advertían de un posible atentado en La Rambla para este verano… y no se hizo nada. El enojo de las autoridades catalanas por poner en duda la actuación de los Mossos d’Esquadra provocó una reacción en las redes sociales contra el diario. Lo mismo sucedió con Jordi Évole, un conocido periodista de televisión y colaborador del diario, que en un artículo se refería a la politización de los atentados. En las redes sociales, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó el “linchamiento” de El Periódico. El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, y el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, primero negaron la información del diario y luego cuestionaron su credibilidad. Para RSF, ello desencadenó “una ola sin precedente de mansajes de odio en las redes sociales, incluso amenazas de muerte dirigidas al director de la publicación, Enric Hernández”. Sin embargo, el mayor nivel de crispación se vivió en las dos sesiones que el Parlament realizó el miércoles 6 y el jueves 7. El primer día, la mayoría de los partidos Junts Pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) aplicó la aplanadora parlamentaria para aprobar la ley de referéndum durante una sesión con alta tensión, acaloradas discusiones, suspensiones continuas y acusaciones mutuas: los independentistas acusaban a los diputados de oposición de recurrir al “filibusterismo” para bloquear la aprobación de las leyes; y éstos acusaban a los independentistas de utilizar “procedimientos bucaneros” para imponer la ley. La oposición cuestionó el papel de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, anterior presidenta de la proindependentista Asamblea Nacional catalana. Sostuvo que actuó más como parte del ala independentista que como moderadora del debate. Forcadell buscó a toda costa que la aprobación se diera como lo pidió la diputada de Esquerra Republicana de Catalu­nya (ERC), Marta Rovira, quien pidió modificar el orden del día para incluir la votación de la ley del referéndum, que la aprobación de la ley fuera fast track y que se suprimieran la mayoría de los trámites, incluyendo el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. Forcadell sólo concedió dos horas a la oposición para que presentaran enmiendas, lo que calentó el ambiente de los diputados que le reclamaron que estaba vulnerando el reglamento de la cámara. Los portavoces del Partido Socialista de Cataluña (PSC), del PP y de Ciudadanos argumentaban que debían disponer de 48 horas para examinar el texto de la ley del referéndum. El portavoz de Catalunya Sí que Es Pot, Joan Coscubiela, anunció la abstención de su formación en esa votación por considerarla una “degradación” de la cámara catalana. Y acusó al gobierno de Puigdemont y a la CUP de romper la democracia catalana y situarla en un “estado de excepción”. Forcadell ignoró el dictamen que le presentó el Consejo de Garantías Estatutarias, que daba la razón a la oposición para que la ley de referéndum siguiera el procedimiento normal como cualquier otra ley, más aún por la relevancia de la misma. También ignoró el escrito que recibió la Mesa del Parlament de su secretario general y del abogado mayor de la cámara, Xavier Muro y Antoni Bayona, respectivamente, quienes advertían que tramitar las leyes de desconexión chocaba con las advertencias que el Tribunal Constitucional hizo desde febrero pasado. En el informe se advierte que el Tribunal Constitucional podría actuar contra los miembros de la Mesa por tramitar estas leyes afectadas “por el derecho de cumplimiento de la sentencia del Constitucional que declara inconstitucional y nula” la resolución de la consulta celebrada ya el 9 de noviembre de 2014, por lo que “el incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades de los miembros de la Mesa”, señalan. Tras 12 horas de sesión, la ley fue aprobada por 72 votos de Junts pel Sí y la CUP. El PP, PSC y Ciudadanos abandonaron la sesión antes de la votación, al filo de la media noche. Las fuerzas que sacaron adelante estas leyes son las mismas que en las elecciones de 2015 formaron la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), encabezada por Convergencia Democrática de Cataluña y ERC. Su principal socio parlamentario es la CUP, partido considerado antisistema e independentista, que ha forzado la hoja de ruta del independentismo seguida por Puigdemont. Incluso, en más de una ocasión se han pronunciado por que se haga una declaración unilateral de independencia. La parte operativa del referéndum sigue siendo un juego de intrigas, porque el presidente catalán asegura que su gobierno colocará 6 mil urnas en todo el territorio catalán, pero se niega a dar detalles de quién fue el proveedor y dónde las guardan, la estrategia para su instalación o a dar detalles del censo que se utilizará. Enric Juliana, adjunto del director de La Vanguardia, dice en entrevista que este escenario de crispación y de intriga plantea que “este será un plan de independencia tipo flashmob”, en alusión a las convocatorias relámpago para una escenificación. En este choque de trenes, advierte, el gobierno catalán buscará que se produzca la fotografía de la policía o la Guardia Civil retirando las urnas y desde La Moncloa se buscará mostrar el estado de excepción al que empujan la Generalitat y las fuerzas independentistas. Por lo pronto, este lunes 11 en la celebración de la Diada (el día de Cataluña) las entidades organizadoras Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana lo dedicarán a promover la participación en la cita del 1 de octubre y lo denominaron “para un referéndum efectivo y definitivo”. Dirigentes tanto de CUP, como de ANC y Ómnium Cultural, informaron que tras la celebración de la Diada, se producirá una escalada de movilizaciones contra la postura del gobierno español y la resolución del Tribunal Constitucional. Jordi Cuixat, presidente de Ómnium Cultural, dice en entrevista, “esto es así porque desde el pueblo de Cataluña no hay un plan B. El único plan es el referéndum y esperamos que el resultado provoque un cambio de estatuto; si gana el no, esperamos una convocatoria a elecciones autonómicas en Cataluña, pero no detendremos nuestro plan por la independencia”. Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista Proceso.