CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A causa de su actividad pastoral de protección a los derechos humanos, los obispos Raúl Vera, de Saltillo, y Ramón Castro, de Cuernavaca, actualmente tienen abiertos enfrentamientos con los gobernadores de sus respectivos estados, Rubén Moreira, de Coahuila, y Graco Ramírez, de Morelos. Por tratarse de choques entre miembros de la jerarquía eclesiástica con mandatarios estatales, representan conflictos álgidos y preocupantes en medio de la escalada de violencia que actualmente padece el clero mexicano, con saldo de 19 sacerdotes asesinados en lo que va del sexenio. La confrontación entre Vera y Moreira se recrudeció el pasado 5 de julio, cuando la diócesis de Saltillo –junto con organizaciones civiles– presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya el documento titulado “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”. Basado en 500 casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas, el documento denuncia una “política” del gobierno de Moreira que consiste en “permitir y apoyar activamente un ataque contra la población civil”. Destaca dos hechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza perpetrada por Los Zetas de muchos habitantes de la localidad de Allende; y la mala gestión en la cárcel de Piedras Negras, la cual, pese a estar bajo responsabilidad del gobierno estatal, se convirtió en un centro de operaciones de ese cártel. Firman el documento varios organismos de derechos humanos, entre ellos algunos pertenecientes a la diócesis de Saltillo, como el Centro Fray Juan de Larios y la Casa del Migrante de Saltillo, pero también las instancias diocesanas de Pastoral Social y Pastoral Penitenciaria. En respuesta, la Procuraduría de Justicia de Coahuila citó al obispo Vera para que el 27 de julio rindiera su declaración sobre un caso de sacerdotes de su diócesis investigados por abusar sexualmente de menores de edad. Pero el prelado no acudió. El mismo día la diócesis emitió un comunicado en el que atribuyó el citatorio a los cuestionamientos eclesiásticos hechos al gobierno de Moreira. Dijo la diócesis: “Estas acciones del Ministerio Público se presentan en un contexto político y social que incluye las incertidumbres y confusiones del pasado proceso electoral en el estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de cuerpos con signos de tortura y, sin duda, tanto el informe que de Coahuila se ofreció en la Corte Penal Internacional como el proceso electoral del próximo 2018”. Fue el 3 de agosto cuando el obispo acudió ante el Ministerio Público a declarar. Para Moreira esta tardanza permitió que sus sacerdotes pederastas se dieran a la fuga y así escaparan de la justicia. Molesto, Moreira declaró el pasado 22 de agosto a los medios locales: “Las denuncias tienen que ser investigadas. Hay una denuncia que hizo el obispo de Saltillo de que él conocía varios casos de pederastia, ya dio los nombres al Ministerio Público. Ahí el problema es que se tardó muchísimo en darlos. Y hoy no se encuentra a los pederastas… Raúl Vera, con su tardanza en declarar, permitió su huida”. Hay versiones de que el obispo encubre a una red de sacerdotes pederastas. Sin embargo, algunas organizaciones sociales señalan que estos rumores forman parte de las calumnias y de la criminalización mediática contra el obispo, orquestadas por el gobierno de Moreira. Lo cierto es que hasta la fecha no ha aparecido ninguna víctima de estos supuestos curas abusadores, de quienes tampoco se conocen los nombres. Son prácticamente seres fantasmales. En cambio, los hechos de violencia denunciados por el obispo, cometidos durante el gobierno de Moreira, están plenamente documentados. Caso Morelos El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, también se enfrenta a los ataques y descalificaciones del gobierno morelense, debido principalmente a que ha encabezado marchas y otros actos de protesta contra el gobernador perredista Graco Ramírez. Junto con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera; el alcalde de Cuernavaca, Cuauh­témoc Blanco; y el poeta Javier Sicilia, el obispo se ha convertido en un importante actor político en la entidad. En julio del año pasado, por ejemplo, prestó el claustro de la Catedral de Cuernavaca para que se realizara una reunión entre los principales líderes opositores a Graco Ramírez, que ahí acordaron constituir el Frente Amplio Morelense. Además de Vera y Sicilia, ahí estuvieron el líder de los transportistas, Dagoberto Rivera; el vocero de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos, Gerardo Becerra; y representantes de los pueblos en resistencia. Por otro lado, en sus declaraciones públicas, el obispo ha criticado la corrupción del gobierno estatal, así como la creciente violencia, inseguridad y criminalidad provocada por los cárteles del narcotráfico que operan en la entidad. Castro asegura, por ejemplo, que el gobierno de Graco Ramírez está pidiendo “moches” de hasta 40% para otorgar contratos de obra pública. Y para mitigar el impacto de la violencia entre la población, su diócesis está abriendo centros de atención a víctimas, conocidos como Grupos Levadura, los cuales ya operan en algunas parroquias morelenses. El obispo ha justificado así su incursión en el terreno político y social: “La verdadera política es el trabajo por el bien de la comunidad. Pero aquí la política es trabajar por los intereses personales de los políticos. Eso ya no puede ser”. El gobierno de Morelos, por su parte, argumenta que el prelado se está metiendo en asuntos políticos, violando así el artículo 130 constitucional, el cual estipula que los ministros de culto no deben asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en contra o a favor de algún candidato o partido. El pasado 21 de marzo, el secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz, dijo en conferencia de prensa: “Como Poder Ejecutivo, conminamos al obispo a ser respetuoso de la Constitución y a recordar lo que el Papa Francisco recomendó a sus sacerdotes: alejarse de la política para recuperar la confianza y la fe en la Iglesia católica, orar por sus gobernantes y sus gobiernos y no enfrentarse con ellos”. El gobierno de la entidad también la ha pedido a la Secretaría de Gobernación, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y al nuncio apostólico en México, Franco Coppola, que “llamen al orden” al obispo. Actualmente Gobernación ya lo investiga para determinar si efectivamente se inmiscuye en asuntos políticos. Además Castro y algunos de sus sacerdotes han sufrido amenazas de muerte. Y en marzo pasado, el hermano del párroco de Tetela del Volcán, Luis Manuel Manzanares, fue secuestrado y asesinado, crimen que denunció el obispo en sus redes sociales. También ha sido blanco de ataques en algunos medios morelenses, que lo acusan sobre todo de realizar exorbitantes gastos suntuarios en obras de su diócesis, como haber construido una cancha de tenis –uno más de sus “caprichos”– en el Seminario de San José. Ante estas descalificaciones, un grupo de 11 obispos –entre ellos el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México– emitió el 22 de marzo una carta de apoyo a Castro. Ahí aseguran que es víctima de “ataques, calumnias, difamaciones y persecuciones”. Y le piden continuar con su postura en los siguientes términos: “Te animamos para que sigas con espíritu profético en favor de Dios que camina en Morelos. Convencidos de que la verdad nos hace libres”. Este reportaje se publicó el 10 de septiembre de 2017 en la edición 2132 de la revista Proceso.