Uno de los afectados por la construcción viciada de la “verdad histórica” del gobierno de Enrique Peña Nieto sobre el caso Ayotzinapa es Erick Sandoval, falsamente identificado por la PGR como La Rana o El Güereque, un presunto participante del secuestro de los normalistas desaparecidos. En entrevista, sus padres y el abogado defensor enumeran las pruebas que se han desestimado, pese a que la CNDH concluyó que, en efecto, Sandoval fue detenido erróneamente… sólo por compartir apodo. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En vísperas del cuarto aniversario de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, un tribunal unitario con sede en Matamoros, Tamaulipas, ordenó la reposición del proceso iniciado contra Érick Sandoval Rodríguez, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) involucró de forma ilegal con la agresión contra los jóvenes. La resolución, sin embargo, no toma en cuenta el principal motivo de apelación: que Érick Sandoval, recluido en el penal de mediana seguridad de Gómez Palacio, Durango, no es la persona que la PGR identificó como La Rana o El Güereque, uno de los presuntos responsables del secuestro de los jóvenes según la ya desacreditada “verdad histórica” emitida por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, tal como lo demostró el 18 de junio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El magistrado tampoco tomó en cuenta un amicus curiae que el organismo entregó al Tribunal Unitario y al Juzgado de Distrito, en el que no sólo demuestra el yerro de la dependencia, sino que da a conocer la ubicación del sujeto apodado La Rana que busca. “Nosotros también somos víctimas de la PGR, no sólo los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa”, reclama Carmen Rodríguez, madre de Érick Sandoval en entrevista con Proceso. Un mes después de que la CNDH dio a conocer su investigación, en la que certificó que los rasgos físicos, la edad y el nombre del detenido no coinciden con los de la persona buscada por la PGR, la agencia Apro publicó una entrevista con los padres de Sandoval Rodríguez, Froylán Sandoval y Carmen Rodríguez, quienes confirmaron que lo único que comparte su hijo con el hombre buscado por la dependencia es el apodo. “Estamos acabados, ya no tenemos dinero. Después de seis meses de que se llevaron a mi hijo, la PGR no quiere corregir su error; se habla de una Comisión de Investigación (para la Justicia y la Verdad) para el caso Ayotzinapa y dicen que habrá justicia, pero nosotros no queremos esperar hasta el próximo gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador para que lo liberen, lo necesitamos ya”, dice la madre. No obstante, la señora Rodríguez reconoce en que la prometida comisión –que podría formarse por decreto presidencial si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no valida la resolución del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Reynosa, que ordena su creación– “puede significar justicia para muchos inocentes que están en la cárcel por la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa”.  Atrapado en el laberinto judicial A seis meses de la detención de Érick Sandoval, un maestro de deportes de ­Apipilulco, Cocula, el magistrado Arturo Morales Serrano, titular del Segundo Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, utilizó los mismos criterios novedosos fijados por el mencionado tribunal colegiado con sede en Reynosa para revocar el auto de formal prisión por delincuencia organizada que el juez primero de Distrito de Procesos Penales, con sede en Matamoros, dictó en contra de Sandoval el 18 marzo y ordenar la reposición del proceso “hasta la fase de preinstrucción, de modo que se deje insubsistente todo lo actuado con posterioridad a la declaración preparatoria”. En el documento, del cual tiene copia Proceso, el magistrado del Tribunal Unitario hace referencia a las irregularidades cometidas por la PGR en la construcción de la “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto identificadas por el Primer Tribunal Colegiado, entre ellas las denuncias por tortura contra 18 personas, de las cuales hay cinco cuyos testimonios son presentados por la dependencia como prueba para incriminar a Érick por delincuencia organizada.  Al atender la resolución del Tribunal Colegiado, el magistrado ordena al Juzgado de Distrito que instruya a peritos independientes para que apliquen el Protocolo de Estambul a quienes imputan a Érick Sandoval, a fin de determinar si los señalamientos fueron obtenidos bajo tortura, y que se notifique a los representantes de las víctimas, no sólo de los familiares de los 43, sino de las seis personas que murieron y fueron heridas la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. En su resolución, el magistrado advierte que la CNDH entregó un amicus curiae acompañado de “una copia certificada de la investigación elaborada por esa dependencia, resultado de la queja presentada por el indiciado Érick Uriel Sandoval Rodríguez, y adjuntó tres testimonios autorizados de diversas constancias en una memoria USB y un disco compacto”.  El letrado señala que, al tratarse de una reposición de proceso, no se pronuncia respecto del amicus curiae de la CNDH y deja “a salvo sus derechos” para que los reenvíe al Juzgado de Distrito. Para el abogado defensor de Sandoval Rodríguez, Víctor Manuel Aguilar Trejo, “todo parece indicar que el resolutivo del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa fue utilizado como machote para las apelaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa, que podrá funcionar para otros casos, pero no para Érick”. En entrevista, Aguilar Trejo advierte que, por aplicar los criterios del Primer Tribunal Colegiado, “el magistrado ­desestimó nuestro argumento principal: que Erick no es la persona que buscaba la PGR, la única homonimia, si es que se puede llamar así, es en el apodo, pero incluso en el expediente es claro que en el retrato hablado que hacen los coacusados, en el que es evidente que no coinciden las fisonomías ni los tatuajes, se habla de un Édgar”. Tras destacar que representantes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) se han acercado para solicitarle información y colaborar con él, el abogado lamenta que esa misma resolución haya dejado sin efecto los careos que dos de los coacusados (Jonhatan Osorio Cortés y Patricio Reyes Landa) tuvieron con Erick, en los cuales los primeros niegan conocer a su defendido. “Estamos promoviendo ante el Juzgado de Distrito que se tomen en cuenta nuestros argumentos que tienen que ver con violaciones elementales del debido proceso; la PGR no verificó la identidad del acusado”, apunta. Independientemente del sentido de la nueva sentencia del Juzgado de Distrito, Érick Sandoval tendrá que esperar a que se resuelva la acusación de secuestro de los 43 normalistas que le imputó la PGR. “Si el magistrado del Segundo Tribunal Unitario vuelve a usar el machote, lo único que se está haciendo es prolongar injustamente la estancia de Érick en la cárcel, donde nos hemos ido enterando, podría haber más personas como él, implicadas injustamente en la desaparición de los estudiantes”, apunta Aguilar Trejo. “Todos quisiéramos que Érick fuera declarado inocente lo más pronto posible, pero nuestro temor es que lo mantengan en prisión mucho más tiempo, hasta que sea puesto en libertad como resultado del trabajo que haga la Comisión de Investigación para el caso Ayotzinapa, que, si se pondrá en marcha para hacer justicia, necesariamente muchos de los que están detenidos tendrán que ser liberados”, concluye el abogado defensor.  Este reportaje se publicó el 30 de septiembre de 2018 en la edición 2187 de la revista Proceso. *Al día siguiente de la publicación de este texto el juez primero de Distrito de Procesos Penales Federales, David Calderón Blanc, ordenó el auto de libertad “bajo las reservas de ley” a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, “La Rana”, acusado del delito de delincuencia organizada, ante la “falta de elementos para procesar”. Sin embargo, Sandoval Rodríguez, deberá permanecer en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14, de Gómez Palacio, Durango, porque todavía enfrenta una acusación por el presunto secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa.