Después de realizar 17 auditorías a la Cámara de Diputados, el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, documentó un desvío multimillonario de partidas a las 32 entidades federativas en 2017. El asesor parlamentario Juan Moreno Pérez hizo su propia revisión de esos movimientos –opacos y caprichosos– y detectó que el gasto ejercido por medio del Fondo de Fortalecimiento Financiero a partir de 2013 asciende a 316 mil 999 millones de pesos, un monto casi 26 veces superior al aprobado en los presupuestos de cada uno de esos años. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con base en un trabajo inédito, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puso al descubierto que en el gobierno de Enrique Peña Nieto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) manejó multimillonarios recursos de manera discrecional, sin control ni vigilancia alguna. El pasado 31 de octubre, ante el pleno de la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados, David Rogelio Colmenares Páramo –titular de la auditoría desde el 15 de marzo pasado–, presentó la segunda entrega de informes individuales relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2017. Entre otros muchos datos reveladores, dio cuenta de la realización de 17 auditorías relacionadas con el uso del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) –incluido en el polémico Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación y denominado “Provisiones salariales y económicas”–, el cual es considerado por académicos y especialistas como una “caja negra” de la cual el gobierno federal obtiene recursos para su uso discrecional. Sin mencionar a la dependencia por su nombre, Colmenares denunció que en 2017 Hacienda canalizó de manera opaca más de 50 mil millones de pesos a las entidades federativas –sin destino específico la mayor parte de esa cantidad–, cuando la Cámara de Diputados sólo le había aprobado poco más de 3 mil millones de pesos. Es decir, Hacienda usó una cantidad superior al 1500% de lo autorizado, dijo el auditor superior, y explicó: “Asimismo, se observó la carencia de reglas de operación y de criterios claros y objetivos para su asignación a cada estado; (lo mismo) para su contabilidad. Incluso algunos estados los clasificaron incorrectamente como participaciones y los depositaron en la ‘cuenta licuadora’.” Añadió: “No existe un marco jurídico que regule a quién se le otorgan los recursos, su monto y destino, y se carece de un calendario de ejecución, de ministración y ejecución. En suma, su destino ha sido discrecional y mantiene amplios espacios de opacidad”. Y concluyó: “Debido a las vulnerabilidades identificadas, hemos determinado la programación de auditorías adicionales, que serán incorporadas al Programa Anual e incluidas en la tercera entrega de informes individuales en febrero de 2019, la cual cubrirá el 100% de este fondo en 2018”. El 11 de marzo pasado este semanario publicó un reportaje en el que se habló por primera vez del Fortafin. El economista y asesor parlamentario Juan Moreno Pérez dijo que el movimiento emprendido en enero pasado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para exigirle a la SHCP la entrega de 900 millones de pesos del Fortafin “permitió descubrir un nuevo mecanismo diseñado por Hacienda para canalizar a los estados, de manera totalmente discrecional, cuantiosos recursos presupuestales con probables objetivos electorales” (Proceso 2158). (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2193, ya en circulación)