La desaparición hace cuatro años de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sentencia Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. A su vez, la activista Grace Fernández critica al gobierno saliente por no atender los reclamos por las desapariciones que se han multiplicado durante su gestión. “Las autoridades no procesan esos 35 mil cuerpos –dice– porque tendrían que explicar la causa de su muerte. Y no quieren hacerlo porque es encontrarse a ellos mismos. A fin de cuentas, la corrupción mata”. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos. El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%. Por separado, ambos defensores consideran que el fracaso de Peña Nieto –quien heredó de Felipe Calderón 103 mil muertos y 26 mil 121 desaparecidos– se explica en parte por mantener una estrategia militarizada para combatir la violencia y por la escandalosa corrupción. El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, “da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad”, sostiene Patrón Sánchez, cuya organización representa a los padres y madres de las víctimas. Es revelador, dice, que “la que debió haber sido la investigación más profesional, más cuidada y más transparente, y más a cielo abierto, terminó siendo tachada de ilegalidad”. Trae a cuenta la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitida en junio pasado, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia (Caso Iguala) “justo porque el gobierno de Peña Nieto no ha sido independiente ni autónomo ni imparcial”. Al desaseo se suma, dice, la reciente liberación de cuatro implicados en la “verdad histórica”, porque la Procuraduría General de la República (PGR) fue incapaz de sostener sus acusaciones. Otro sello oprobioso de la administración peñanietista es su política exterior en materia de derechos humanos, pues hizo caso omiso a las devastadoras conclusiones de órganos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según el defensor, a lo más que llegamos fue a la aprobación de dos instrumentos legales: la Ley Antitortura y la Ley contra la desaparición, pero no a la implementación real de políticas de Estado. Lamenta también que aun cuando Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas, al cabo de seis años no se instrumentó una política de Estado eficaz en la materia; hoy tenemos una institución que más bien revictimiza a las víctimas.   Con respecto a las desapariciones –que muestran ya una crisis humanitaria–, Patrón Sánchez considera que si bien buena parte de las 37 mil víctimas contabilizadas oficialmente empezaron a registrarse hace 10 años, “justo por no tomar las medidas estructurales”, Peña Nieto empezó a generar sus propios desaparecidos. El director del Centro Prodh, organización que representa también a víctimas de Tlatlaya y litiga los abusos sexuales contra 11 mujeres en San Salvador Atenco, en el Estado de México –ocurridas cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México–, considera que “la agenda de derechos humanos de corrupción e impunidad finalmente tuvieron una inercia y un juego electoral para construir un voto antisistema, anti Peña. En este aspecto, el caso Ayotzinapa fue un factor clave en los comicios y es una de las graves cuentas pendientes que deja el gobierno”. Recomendaciones sin atender Con respecto a las 266 recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, emitidas en Ginebra el lunes 19, Patrón sostiene que eso da cuenta de que durante seis años la administración saliente no tuvo disposición ni voluntad de atender el problema. El CED señaló “obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”. Los expertos que integran el CED consideraron preocupante que se formulen “hipótesis de investigación sin fundamento y basadas en prejuicios y estereotipos de las personas desaparecidas, el descarte automático de casos de desaparición forzada de carácter temporal, así como la falta de garantías que excluyan la tortura y malos tratos de sospechosos en la obtención de los medios de prueba. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asume el próximo 1 de diciembre, tendrá como plazo máximo el 16 de noviembre de 2021 para responder a los 10 expertos de la ONU que elaboraron el documento.  Lamentaron la existencia de “patrones de falta de datos confiables sobre desapariciones forzadas, el escaso número de condenas, la emergencia que constituye un alto número de cadáveres sin identificación y de fosas clandestinas sin atención adecuada en todo el territorio” mexicano. Presente en las sesiones de los expertos del CED con organizaciones civiles y con integrantes del Estado mexicano, el jueves 8 y el viernes 9, Grace Fernández insiste en que la administración que concluye deja una gran deuda: no sólo no resolvió las desapariciones ocurridas durante el periodo de Calderón, sino que el número de víctimas se incrementó. Grace Fernández lleva dos sexenios buscando a su hermano Jeremeel, a quien se llevaron unos militares en 2008. Durante su gestión, “Calderón fue sumamente elitista y selectivo en la atención a las víctimas; Peña Nieto abrió más canales de participación, pero hubo una voluntad simulada”, dice. Recuerda que después de que las familias impulsaron durante más de dos años la Ley General, en los últimos días de la legislatura anterior, prácticamente se obligó al movimiento de familiares de desaparecidos a aceptar una iniciativa que omitía el castigo al superior jerárquico y dejaba sin policías a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Dice que continúa indignada por las respuestas que dio al CED el subsecretario de Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas: “¿Cómo pudo decir que la apuesta del gobierno de Peña era fortalecer a las instituciones, antes que admitir la competencia del CED para casos individuales, cuando a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) le asignaron 44 elementos, de los cuales sólo tiene contratados a 12, para la localización de 37 mil desaparecidos? Las mentiras de Ruiz Cabañas Grace Fernández comenta también que, si bien con la aprobación de la Ley General contra la Desaparición Forzada se asignó a la CNB un presupuesto de 196 millones de pesos, y 280 millones para crear las comisiones de búsqueda estatales, los fondos para la CNB se liberaron recientemente; el resto se quedó sin ejercer porque “el plazo para que los estados pidieran los recursos venció en mayo pasado. Reprueba también que el gobierno mexicano haya disfrazado información presentada en Ginebra. Allá, Ruiz Cabañas dijo que la PGR tiene 980 expedientes de los cuales 114 son desapariciones forzadas, 186 desapariciones presentadas por particulares y el resto corresponden a personas no localizadas.  Por lo que concierte a las personas migrantes, sólo reconoció 380 casos, pese a que de familiares de desaparecidos centroamericanos han denunciado alrededor de 800 casos. Asimismo, dice: “presumieron 44 sentencias, pero en realidad son 44 sentenciados; las sentencias son sólo 12. Eso lo sabemos porque en una reunión en octubre, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctima así lo informó. En una de esas 12 sentencias hay ocho sentenciados”, apunta la activista. Integrante también de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, Grace critica “la soberbia del gobierno de Peña Nieto para reconocer que falló… Hay 35 mil cuerpos sin identificar y son cientos de miles los fragmentos óseos aún sin identificar. Sólo en Coahuila tenemos más de 150 mil restos que presumiblemente pertenecen a personas que estamos buscando”. Y agrega: “Tanta impunidad sólo puede tener una explicación: la corrupción. Las autoridades no procesan esos 35 mil cuerpos porque tendrían que explicar la causa de muerte, que no fue por neumonía; tendrían que investigar qué pasó y quién los mató. No lo quieren hacer porque es encontrarse a ellos mismos. A fin de cuentas, la corrupción mata”.   Este texto se publicó el 25 de noviembre de 2018 en la edición 2195 de la revista Proceso.