COATEPEC, Ver. (apro).- A seis días de la asunción del nuevo gobierno en Veracruz, cuatro funcionarios del primer círculo del exgobernador Javier Duarte abandonaron la prisión de Pacho Viejo, por un cambio de “medidas cautelares” que les permitirá enfrentar su proceso penal en libertad. Las liberaciones más polémicas son las del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita –bautizado como Capitán Tormenta al interior de la corporación-- y del exfiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, ambos acusados por el delito de “desaparición forzada”. En el caso de Bermúdez, se le señala de tomar parte en la desaparición de 15 personas que posteriormente fueron halladas sin vida en la barranca “La Aurora”, mientras que Bravo se vio involucrado en la desaparición y muerte del expolicía municipal David Lara Cruz, en el municipio de Alto Lucero. En los primeros días de diciembre también obtuvieron su libertad los exsecretarios de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Mauricio Audirac Murillo, y de Infraestructura y Obras Públicas, Francisco Valencia García. En estos casos pesaban acusaciones de peculado, desvío de recursos, incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias. A ambos funcionarios les fueron cambiadas las medidas cautelares, porque el juez consideró que no era necesaria la prisión preventiva oficiosa. Ante el escándalo que se desató por la excarcelación de los duartistas, el gobernador Cuitláhuac García anunció una consulta ciudadana para valorar la permanencia del fiscal Jorge Winckler en el cargo, y de paso decidió “romper relaciones cordiales” con el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez, en tanto no se aclare su responsabilidad en la liberación de los excolaboradores de Javier Duarte. Al respecto, el líder estatal del PAN, Omar Miranda, atribuyó la liberación a un pacto velado entre el nuevo gobierno de Morena y el PRI, pues desde el pasado –dijo-- se exhibieron pruebas de que Duarte inyectó dinero a la campaña de candidatos morenistas en 2016 y 2018. En septiembre pasado, el jefe mayor de los ahora excarcelados, Javier Duarte de Ochoa, fue sentenciado a nueve años de prisión, y su defensa espera “rebajarlos” a cuatro años y medio, de los cuales ya cumplió un año y ocho meses en el Reclusorio Varonil Oriente. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, la esposa de Javier Duarte, Karime Macías, quien ahora reside en un lujoso barrio de Inglaterra, donde ha sido filmada por medios de comunicación, quedó en calidad de “deportación” y con visos de “orden de aprehensión”. Fianzas pírricas Bermúdez obtuvo su libertad tras pagar una fianza de un millón de pesos y dejó “depositado” su pasaporte en el juzgado para no salir del país. Se trata de una pírrica fianza, pese a que en un inicio la Fiscalía General del estado (FGE) lo imputó en la causa penal 13/2017 por una evolución patrimonial atípica, con bienes inmuebles que alcanzan 42 millones 737 mil pesos y un valor comercial de 86 millones 773 mil pesos. No obstante, Bermúdez reportó salarios en el sexenio de Duarte por un total de ocho millones 229 mil pesos (2010-2016). Mientras fue jefe policíaco, también se volvió un próspero empresario, pues se hizo acreedor de los hoteles de lujo Artisan, uno en la Riviera Maya y otro en la barra de Chachalacas, en un lugar privilegiado del Golfo de México, y también invirtió en empresas de seguridad en Veracruz y en la Ciudad de México, así como en operadoras de tour turísticos, que puso a nombre de sus familiares. El exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares le decomisó a Bermúdez el rancho “La Cartuja” ubicado en Naolinco, Veracruz, y una residencia en Texas, Estados Unidos. El Colectivo Solecito de Veracruz –que agrupa a más de un centenar de familiares desaparecidos en la entidad--, a través de su portavoz Lucía Díaz, exigió al gobierno de Cuitláhuac García “buscar mecanismos” para reaprehender a Arturo Bermúdez, porque “debería pasar toda su vida en la cárcel”. “Tenemos en las manos una monstruosidad, un hombre a todas luces culpable que sale. Aunque pase su proceso en libertad, no está libre totalmente, pero nosotros esperamos que se acabe este proceso y que consigan una sentencia”, dijo. Díaz, quien busca a su hijo Guillermo Lagunés Díaz, secuestrado en el verano de 2013, expuso que tendrá que ser “otra Fiscalía” la que dé seguimiento a estos casos, porque los integrantes actuales les quedaron a deber desde el inicio. “Esta Fiscalía no da para hacer un trabajo con honestidad (...) Bermúdez ya debía tener sentencia a estas alturas y no se ha dado porque ellos estaban distraídos en sus juegos de poder”. Vía telefónica, Efraín Martiz, padre del cantante de “La Voz México” Gibrán Martiz, “levantado” por siete policías estatales y hallado muerto dos semanas después, en diciembre del 2014, se lanzó contra el nuevo gobierno: “Este gobierno es aliado de los criminales. Antes de ver el tema de la justicia legal, de la justicia a las víctimas, se prioriza la justicia política. Los otros padres que están pendientes por las desapariciones de sus hijos, verán que no van a avanzar con este gobierno”. En sus propias investigaciones, Efraín detectó que antes de ser encontrado sin vida en la cajuela de un automóvil sobre la carretera, entre los municipios de Huatusco y Conejos, el GPS del teléfono celular de Gibrán arrojó tres direcciones. Uno fue el lugar donde fue secuestrado junto con su amigo, en la calle Ferrocarril Interoceánico; otra en el conjunto residencial “Las Ánimas”, donde vivía el titular de la SSP, Arturo Bermúdez, y en la Academia de Policía de “El Lencero”. Y soltó: “El nuevo gobierno de Morena está más preocupado por boicotear todo lo que hizo el gobernador Yunes y el fiscal Winckler relativo a justicia, pero no reparan en que hay una recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH) que atañe directamente a siete policías estatales y al secretario de Seguridad Pública”. De igual manera, recordó que Telcel le entregó en su momento copia de los mapas con las coordenadas del celular de su hijo: “Seguramente a mi Gibrán lo torturaron, lo golpearon y probablemente lo mataron en la propia Academia de Policía, pero antes lo llevaron o reportaron su detención con el titular de Seguridad Pública, de otra forma, ¿cómo te explicas los vaivenes de su teléfono, que nunca me regresaron?”. Benevolencia en el juzgado En la audiencia privada que se realizó esta mañana, sin acceso a reporteros, el juez impuso a Bermúdez una fianza de un millón de pesos, la firma periódica ante el Juzgado una vez por semana y la entrega de su pasaporte. Además, se le permitirá salir del distrito judicial de Xalapa –donde fue imputado hace 22 meses--, razón por la que el llamado “Capitán Tormenta” podrá “retirarse a descansar” al hotel “Artisan” de su propiedad --adquirido durante el mandato de Duarte--, ubicado en una zona privilegiada de la Riviera Maya, confió uno de sus excolaboradores, quienes celebraron la puesta en libertad del exjefe policíaco de Duarte. El más eufórico fue el exdirector de Tránsito estatal y exsubsecretario de Seguridad Pública, Edmundo Martínez, quien se abrió paso entre amigos de Bermúdez y reporteros para organizar una porra: “¡Que viva Arturo Bermúdez¡, ¡que viva Arturo Bermúdez!”, gritaba extasiado. Arturo Bermúdez Zurita abandonó la prisión a las 3 de la tarde, ataviado en impecable traje azul marino y con su característica risa. Levantó la mano para saludar a familiares y amigos que no dejaban de gritar: “Arturo, Arturo”. En el caso de Bravo Contreras ni siquiera fue necesario el desahogo de una audiencia, pues con el amparo que obtuvo, su abogado, Arturo Nicolás Baltazar, dijo que un Tribunal Colegiado de Distrito ordenó su liberación inmediata porque se trató de una detención indebida. “Nunca debieron de haberlo detenido, violaron la suspensión definitiva (amparo) y eso es un delito federal”, presumió en entrevista. Mauricio Audirac, artífice financiero de Duarte, salió sonriendo y alcanzó a decir ante las cámaras de televisión: “La justicia nos hizo el favor de darnos la oportunidad de salir”. Y una frase parecida soltó el exsecretario de Infraestructura, Francisco Valencia: “Por fin ha vuelto la justicia a Veracruz. Con el cambio de gobierno nuevamente prevalece la división de poderes, hay justicia”. El caso de Bermúdez fue distinto, pues evadió contestar si se va con la conciencia tranquila a su casa. Sus excolaboradores Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, y Oscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social, tendrán que responder de forma individual si fueron o no participes de desaparición forzada, junto con otra treintena de policías en prisión. --¿Qué le dice a familiares de desaparecidos que lo incriminan y lo señalan? –le preguntó la prensa. --Que creo en la justicia, y hoy se está haciendo justicia (sic) –respondió. Sospecha de complicidad… Carlos Ronzón Verónica, politólogo y catedrático, señaló que la sospecha de complicidad se tiñe sobre el Estado, pues “todos sabemos que la ley no es rápida ni expedita, sin importar que estén mal integradas las carpetas”. Añadió: “Hoy está obligado el gobierno de Veracruz a clarificar esta situación, pues si no muy pronto perderá la confianza de que habrá justicia Los veracruzanos no queremos ni perdón ni olvido. Queremos justicia. La ley no se negocia y mucho menos se cambia por privilegios”. De acuerdo con Ronzón, la liberación de duartistas en cascada en los primeros seis días del gobierno de la cuarta transformación “contraviene” todo el discurso de la toma de protesta de Cuitláhuac García, que giró en torno a los desaparecidos. “Yo creo que es un balde de agua muy helada para las familias de los desaparecidos, y para el pueblo veracruzano es la peor de las señales. Y si a eso sumamos todos los nombramientos de exduaristas en cargos públicos del gobierno de Cuitláhuac, muy pronto se habrá consumido la esperanza de esta llamada transformación. Vemos mucha soberbia, falta de pericia y capacidad, además de una inexperiencia que los tiene ya en una crisis política, jurídica y de legitimidad”. En el caso de otros duartistas que han dejado la prisión se encuentra Juan Antonio Nemi Dib, exdirector del DIF con Karime Macías, exsecretario particular del gobernador y exsecretario de Salud, así como el exgobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Ambos tienen “arresto domiciliario”, supuestamente por enfermedades que no podían ser atendidas en el reclusorio de Pacho Viejo. A Ríos Alvarado se le responsabilizó de haber ayudado a escapar a Duarte en un helicóptero que salió de Xalapa con destino a Coatzacoalcos, así como de tráfico de influencias y abuso de autoridad. En el caso de Nemi Dib, se le acusó de los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio público en perjuicio del patrimonio del Estado, y por la violación a la Ley de Obras Públicas, según la carpeta de investigación 139/2017. La exjefa de prensa de Javier Duarte, Georgina Domínguez Colio, se encuentra en el área privada de un hospital público por “dolores abdominales severos” Bautizada como ‘La Vicegobernadora’, Domínguez Colio “pasó a la historia” por ser la primera jefa de prensa mexicana encarcelada. A la empresaria periodística, restaurantera y hotelera se le dictó prisión preventiva de un año por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición para cometer un ilícito. Además, la FGE aún la investiga por presunto peculado, tráfico de influencias y desvío de recursos. Desde hace 15 días no ha podido regresar a la cárcel de Pacho Viejo por su situación de salud.