Jueces, magistrados y ministros del país se preparan para dar la batalla contra ciertas medidas del nuevo gobierno. El conflicto fue detonado por la modificación a la Ley de Remuneraciones, que ajustaría a la baja las percepciones de algunos juzgadores del país. Pero también protestan contra la injerencia que tendrán los poderes Legislativo y Ejecutivo en la reorganización del Judicial, como en el tema de los relevos en la Suprema Corte. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los jueces del país se preparan para equilibrar el poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en el Congreso de la Unión. La pretensión del nuevo gobernante y los legisladores de Morena para reducir los sueldos y prestaciones en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y disponer de su permanencia en los tribunales, tiene movilizados a los impartidores de justicia en todo el país, apoyados desde la Suprema Corte. Como nunca antes había ocurrido en la historia moderna de México, el PJF se dispone a actuar para reivindicar el equilibrio de poderes, su independencia y su autonomía ante lo que el ministro saliente José Ramón Cossío Díaz consideró el 29 de noviembre como un gobierno que quiere hacer “lo que le venga en gana”. En una acción sin precedente, centenares de jueces y magistrados promueven un amparo colectivo que más allá de su rechazo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, representa la posición del PJF ante el gobierno de López Obrador y la mayoría que tiene en el Congreso. Aseguran que el nuevo Ejecutivo, apoyado por esa mayoría, pretende cooptar al Poder Judicial para disminuir los controles a la concentración del poder. Hasta el viernes pasado (30 de noviembre), más de 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos. Además, López Obrador está en condiciones de influir en el perfil de la SCJN con la designación de tres de sus 11 ministros. En lo inmediato está el reemplazo de Cossío, quien este viernes terminó su periodo de 15 años en la SCJN. El saliente gobierno de Enrique Peña Nieto dejó al de López Obrador la definición de la terna que se debe entregar al Senado para designar al próximo ministro.  En febrero el presidente estará otra vez en condiciones de proponer a quien habrá de suceder a la ministra Margarita Luna Ramos. Lo mismo pasará en 2021, cuando termine el periodo de José Fernando Franco González Salas. Con la mayoría que tiene Morena en el Senado se da por casi un hecho que los nuevos ministros sean cercanos al presidente. Entre los nombres que se han hecho públicos como propuestas de López Obrador para posibles ministros destaca el de la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México y esposa del contratista José María Riobóo, uno de los empresarios más cercanos al nuevo presidente. La redefinición en la SCJN también pasa por un hecho próximo: la designación de quien será su nuevo presidente, que al mismo tiempo se convierte en presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Quien sea el máximo representante del PJF será el interlocutor de López Obrador durante cuatro años, entre enero de 2019 y enero de 2023. Será además quien dé la cara ante las impugnaciones que lleguen a la SCJN por los actos de gobierno de López Obrador. Proyectos centrales para la nueva administración, como la creación de la Guardia Nacional, las consultas populares o la construcción del Tren Maya, podrían acabar en juicios constitucionales a cargo del máximo tribunal del país. Ya hay una primera, la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) precisamente a la Ley de Remuneraciones.  Vieja confrontación Desde su primera campaña electoral, en 2006, López Obrador entró en confrontación con la SCJN al descalificar la labor de los jueces y criticar sus altos ingresos. Ya como presidente electo, en agosto pasado acudió a la Corte para reunirse con los ministros, sin que saliera a dar un mensaje junto con el presidente del máximo tribunal, Luis María Aguilar, como estaba previsto. La confrontación ahora se amplió al Poder Legislativo luego de que las mayorías de Morena en el Congreso, en un apresurado y cuestionado proceso legislativo, aprobaron las reformas a la Ley de Remuneraciones, que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre pasado, por decisión del presidente del Senado, Martí Batres. La magistrada Sonia Rojas Castro, integrante del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Duodécimo Circuito, fue la primera en impugnar la Ley de Remuneraciones, con el argumento de la independencia del Poder Judicial; el 20 de noviembre obtuvo una suspensión para que no se le aplique esa norma que reglamenta los artículos 75 y 127 de la Constitución Política.  El juez, sin embargo, se declaró impedido para resolver la solicitud de amparo y el caso pasó a un tribunal colegiado, el cual también solicitó que fuera atraído por la SCJN. El amparo está ahora en manos del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá resolver a partir de los criterios del máximo tribunal sobre la inaplicación de leyes violatorias de la Constitución.  La posición final de la Corte se definirá cuando resuelva la acción de inconstitucionalidad, promovida por la CNDH el 22 de noviembre, por considerar que la Ley de Remuneraciones podría vulnerar los derechos humanos. Asimismo, el máximo tribunal habrá de pronunciarse ante el amparo colectivo que promueven jueces y magistrados federales de todo el país.  Según la CNDH, promovió el juicio de constitucionalidad a petición de mil 190 personas. El caso lo tiene el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de los aspirantes a presidir la Suprema Corte a partir de enero próximo.  En su impugnación, la CNDH dice que la ley aprobada por la mayoría del Congreso vulnera no sólo la Constitución, sino compromisos internacionales asumidos por México para garantizar la independencia y autonomía del Poder Judicial.  En un escrito de 268 páginas, los promotores del amparo señalan que desde su campaña presidencial, López Obrador no sólo propuso bajar los sueldos, sino que desprestigió a la Corte y a todo el PJF. Añaden que desde la rendición de protesta del nuevo Congreso hay “un claro contexto de debilitamiento del Poder Judicial”, mediante ataques a la independencia del mismo, como consideran a la Ley de Remuneraciones, y una serie de iniciativas promovidas principalmente por Morena en la Cámara de Diputados y el Senado. Entre esas propuestas están la rotación de cargos para que un juzgador no esté ni menos de tres años ni más de seis en un juzgado o tribunal, así como la aplicación de exámenes toxicológicos, psicológicos y poligráficos para el ingreso y la promoción. De esa manera, los legisladores pretenden evitar el nepotismo y la corrupción en el Poder Judicial. Los promotores del amparo dicen que aunque hay casos de corrupción y nepotismo en el PJF, no es un problema sistemático ni generalizado para justificar “la campaña negativa sostenida desde el podio de algunos senadores y del gobierno entrante”. Añaden: “Esos ataques a la independencia judicial no se limitan exclusivamente a los actos y normas reclamadas en este amparo, sino también a declaraciones que se enmarcan en un contexto de ataques sistemáticos contra el Poder Judicial en su conjunto, que lo que denota es otra intención: la cooptación del Poder Judicial por parte del Ejecutivo para disminuir controles a la concentración del poder que se evidencia por medio de la actual conformación del Congreso (supra), así como de muchas medidas y leyes ya anunciadas”. Múltiples quejosos El documento tiene una alta representatividad. Hasta la víspera de la asunción de López Obrador, el número de quejosos era de 2 mil 194, entre juzgadores en activo y en retiro. De ellos, 323 son magistrados y 291 jueces de distrito. Es decir, 614 impartidores de justicia. Además, se habían sumado 782 secretarios, 158 actuarios y 85 externos; es decir personal del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del PJF. Destacan que otras iniciativas “igualmente preocupantes” presentadas en el Congreso pretenden derogar la garantía de irreductibilidad del salario de los titulares del PJF y de los jueces estatales y que los nombramientos de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal los haga en su totalidad el Senado. Actualmente, de los siete consejeros del CJF, dos son designados por la Presidencia de la República, dos por el Senado y tres por el Poder Judicial de la Federación. Se refieren al senador de Morena Ricardo Monreal en su expresión de “darle una sacudida” al Poder Judicial, y aseguran que la Ley de Remuneraciones y esos proyectos legislativos son “un ataque frontal contra la independencia judicial” y “buscan crear una indebida injerencia en las funciones de este poder, como forma de presión social, política y jurídica en la actividad jurisdiccional” que les da la Constitución. Insisten en que ese paquete legal “está encaminado a afectar la división de Poderes y la independencia judicial en detrimento del estado de derecho y las bases sobre las cuales se constituyó el Estado mexicano”.  En el amparo contra la ley, dicen que además hubo violaciones al proceso legislativo, pues se aprobó “en un proceso apresurado” y “sin respetar algún tiempo legal para distribuir el proyecto y que fuera analizado por las bancadas de cada partido político”.  Destacan también que como la ley no era publicada en el Diario Oficial de la Federación por el Ejecutivo, el Senado decidió hacerlo, a pesar de que la ley ignora principios constitucionales y los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Y advierten: “si el Poder Judicial no sirve de contrapeso, deviene un abuso de poder autoritario”. En ese ánimo de muchos juzgadores del país, no fueron extrañas las palabras de Cossío en el discurso de despedida que pronunció ante la cúpula del Poder Judicial, integrada por los ministros, los consejeros del CJF y los magistrados electorales del Tribunal Electoral del PJF. “La democracia, en el apoderamiento de los órganos del Estado, supone que puede hacerse, desde los órganos de Estado, lo que venga en gana porque al final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario”, dijo Cossío Díaz en una abierta alusión al nuevo gobierno. Continuó el ahora ministro en retiro: la función central de la justicia constitucional es precisamente retener esos intentos. En un tono inusual no sólo para un ministro que pasa a retiro, sino para los discursos públicos en el pleno de la Corte, añadió con clara referencia al próximo titular del Ejecutivo: “La justicia constitucional puede morir, así como muere la democracia cuando no somos capaces de generar todos los elementos de refuerzo para ellas”. Laurence Pantin, Coordinadora de Transparencia en la Justicia de México Evalúa, centro de pensamiento dedicado a evaluar el ejercicio de gobierno en el país, observa que desde el inicio de la actual Legislatura, en septiembre, se han presentado ocho iniciativas de reformas al Poder Judicial: cinco de Morena, dos del PRD y una del PT, aliado del ahora partido gobernante. Asegura que esas propuestas no han surgido del diálogo con los jueces para identificar lo que es necesario cambiar, y aunque se proponen eliminar la corrupción y el nepotismo “pueden generar más problemas de lo que intentan resolver”. Menciona el caso de la rotación de jueces propuesto por Monreal, que “puede generar un mercado de favores al interior del PJF”, porque la iniciativa no tiene ningún mecanismo de control para que los procesos de adscripción no se vuelvan arbitrarios. Sobre la iniciativa también de Monreal de que haya concursos exclusivos para la promoción de mujeres, observa que no es original, pues ya los había propuesto el actual presidente de la Corte, Luis María Aguilar.  Considera asimismo que los controles de confianza propuestos para desincentivar la corrupción, también pueden ser contraproducentes porque “podrían ser utilizados como criterios subjetivos para excluir a algún funcionario que sí tenga los méritos”, además de que podrían ser discriminatorios en el caso de las mujeres embarazadas. Considera también como discriminatoria una de las iniciativas del PRD para que ningún familiar de jueces o magistrados se incorpore al Poder Judicial. En cambio, añade, ninguna de las iniciativas está encaminada al desarrollo de una verdadera carrera judicial. Dice que aunque la Ley de Remuneraciones no es exclusiva para el Poder Judicial, en todo el mundo hay medidas para proteger los sueldos de los jueces y los funcionarios judiciales, porque cuando hay conflictos entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, para éste puede ser muy fácil intentar someterlo afectando el sueldo. Hay acuerdos internacionales para que ello no suceda, dice la investigadora. Con la actual formación del Congreso, el único contrapeso que queda es el Poder Judicial, fuera del papel de los medios y la sociedad civil. Es muy probable que muchas de los propuestas del nuevo presidente lleguen a la Corte. Pero ni el Poder Judicial puede seguir tan opaco como ha sido hasta ahora, ni el Ejecutivo puede pensar que con el Poder Legislativo lo va a someter, asegura Pantin. Este reportaje se publicó el 2 de diciembre de 2018 en la edición 2196 de la revista Proceso.