Al filo del incumplimiento de un fallo de la Suprema Corte que lo obliga a legislar sobre los criterios de la publicidad oficial, el Congreso está empantanado en sus procedimientos. Por su parte, los corporativos mediáticos no parecen dispuestos a sanear el ámbito informativo, pues ignoraron la convocatoria de las organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #MediosLibres para pedir a los legisladores que establezcan ya una regulación precisa de los montos y criterios para otorgar publicidad oficial, así como los controles del gasto y las sanciones a quien incumpla esas normas. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Bajo apremio judicial y el desdén de la prensa, el Congreso tendrá que legislar sobre lo que durante años ha evitado a toda costa: la regulación de la publicidad oficial, ese aparato del poder público que se aceita con miles de millones de pesos para poner en orden a casi todos los medios de información en México. No importa cuán corrupto o negligente pueda ser un gobierno si gasta millones de pesos para bajarle el volumen a la prensa. No hay distingo partidista. Todos cuantos han ejercido o ejercen el poder federal, estatal y municipal han dispuesto de ese instrumento propagandístico que, al tiempo de serles muy útil para el control de la información, es muy redituable para los medios y sus dueños. Ninguno quiere cambiar las reglas del juego. Por eso no fue nada extraño el vacío que el pasado miércoles 7 le hizo la prensa a la convocatoria de casi un centenar de organizaciones de la sociedad civil, académicos y contados periodistas que pugnan por una legislación contra el uso arbitrario de los recursos de la publicidad oficial por parte de las autoridades. Los reporteros que cubren las actividades del Senado acudieron a la conferencia convocada por el colectivo #MediosLibres para pedirle a los legisladores que cumplan con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó al Congreso legislar ya en esa materia para cumplir lo que los propios legisladores se impusieron como parte de la reforma política de 2007. Los ministros pusieron como fecha límite el 30 de abril próximo, cuando termina el actual periodo ordinario de sesiones. De no haber sido por el fallo de la Corte, la discusión en torno a la ley habría quedado como lo que es hasta ahora: una promesa incumplida de Peña Nieto como candidato presidencial. El desánimo y la indiferencia prevalecieron en la fuente ante la propuesta del colectivo. “¿Y de qué vamos a vivir?”, preguntó un reportero en una conversación informal con los convocantes, encabezados por Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Además de la intervención de la senadora independiente Martha Tagle, siete oradores de distintas organizaciones presentaron lo que consideran como bases mínimas para la regulación de la publicidad oficial. Después de más de media hora de exposición, un reportero lanzó una pregunta general. No tuvo eco. Los pocos periodistas que quedaban se fueron desinteresados a buscar “el chacaleo”, y al final algunos se quedaron conversando con uno que otro senador que merodeaba por el Patio del Federalismo. El interés de los periodistas estuvo en lo que pasaba en el pleno del Senado en ese día de inicio del segundo periodo ordinario de sesiones del último año de la LXIII Legislatura. La fecha coincidió con el tiempo límite que le impuso el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México para que informara sobre el acatamiento del fallo de la Suprema Corte. El presidente en turno del Senado, César Octavio Pedroza Gaitán, quien reemplazó a ratos al presidente de la Cámara de Senadores, el panista Ernesto Cordero, le informó al pleno que el juzgado pidió la información desde el 3 de enero. El apremio judicial obligó al Senado a responder. Pedroza Gaitán, senador del PAN por San Luis Potosí, informó que cuatro iniciativas están en manos de las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía; y de Estudios Legislativos Primera. Mencionó una que presentó en 2012 el entonces senador del PRD Pablo Gómez; hay otra de ese mismo partido presentada en noviembre siguiente por el ahora precandidato independiente a la presidencia Armando Ríos Piter. Una tercera fue presentada el 17 de noviembre del año pasado, dos días después de la resolución de la Corte, por los senadores del PAN Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, Silvia Leticia Martínez y Juan Carlos Romero Hicks. La cuarta la presentó el PRD el 28 de noviembre (Proceso 2148). No hay ninguna iniciativa del PRI, que sin embargo preside la Comisión de Gobernación, donde se pretenden procesar las iniciativas. La senadora priista María Cristina Díaz estaba a cargo de la ley por ser la presidenta de ese grupo de trabajo, pero desde el 2 de febrero tiene licencia por tiempo indefinido y ahora esa instancia legislativa está acéfala, pero el presidente del Senado emitió una “excitativa” a las mencionadas comisiones para que “presenten a la brevedad” un dictamen. El Congreso también debe procesar las iniciativas de ley que hay en la Cámara de Diputados, donde se han presentado 20 de ellas desde 2002, cuando el PRI estaba por primera vez fuera de la Presidencia de la República. Ambas cámaras podrían trabajar bajo la modalidad de conferencia para procesar las diferentes propuestas, aunque la intención expresada por Cristina Díaz a los promotores de la ley es que el Senado fuera la cámara de origen de la ley. Las bases mínimas Al Congreso apenas le quedan 12 semanas para no caer en incumplimiento judicial, lo que obligaría a la Suprema Corte a proceder contra los senadores que están a cargo de los órganos de gobierno del Congreso y los legisladores que forman parte de las comisiones dictaminadoras. En resoluciones recientes, el máximo tribunal ha destituido y hasta sometido a proceso penal a presidentes municipales, síndicos y tesoreros por incumplir resoluciones judiciales. En total, 85 organizaciones civiles, académicas y empresariales, periodistas a título personal y sólo algunos medios, como Proceso y sin embargo.mx, de la Ciudad de México, y el diario Noroeste, de Culiacán, firmaron la petición al Congreso para que cumpla el fallo de la Suprema Corte del 15 de noviembre pasado, que le ordena legislar bajo el principio de que la publicidad oficial no debe usarse para castigar o premiar a los medios según su línea editorial. Integrados en el colectivo #MediosLibres, demandan que la legislación se haga con los estándares internacionales en la materia y en un proceso abierto, transparente y con la participación efectiva de la sociedad civil. Lo que pretenden es que los legisladores definan un calendario de trabajo para los siguientes 80 días, aunque un escenario es que la ley se discuta cerca del final de ese plazo. “El riesgo es que salga una ley que no cumpla los estándares internacionales de claridad y transparencia”, advierta Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, la organización internacional que tiene su sede en Londres dedicada a promover la libertad de expresión en el mundo. Promotora del amparo en la Corte Suprema ante el incumplimiento del Congreso de regular la publicidad oficial, Ruelas abunda: “Puede que saquen una ley que sea una mera simulación y mantenga en la Secretaría de Gobernación el control de las pautas publicitarias. Por eso es que nosotros proponemos un ente autónomo que fiscalice la asignación del gasto y le quite el control de la información a la autoridad”, explica. Artículo 19 y Fundar, las dos organizaciones que encabezan el trabajo del colectivo, aún esperan que otros medios en todo el país se sumen a la iniciativa de obligar al Congreso a que abra el proceso de elaboración de la ley. El colectivo #MediosLibres presentó el martes en el Senado un decálogo de lo que considera como bases mínimas para la regulación. A diferencia de lo que ocurre en otros países, parten del principio de que la publicidad oficial no debe desaparecer, sino que debe verse como una forma de comunicación sustentada en el derecho a la información. Sin embargo, advierten que debe limitarse, estar controlada y ser transparente. Una adecuada regulación puede apoyar el pluralismo mediático y mantener incluso a medios pequeños, medios de nicho, laboratorios de investigaciones periodísticas, aunque no debe entenderse como un subsidio, aseguran las organizaciones nacionales e internacionales, entre las que se encuentran la Barra Mexicana de Abogados y Wan Infra, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Proponen también que el Congreso emita una ley general para involucrar a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– y a los organismos públicos y a cualquier persona que disponga de recursos del erario, para pagar publicidad oficial en la prensa. La ausencia de transparencia y de control ha pervertido la relación entre la prensa y las autoridades de los tres niveles, incluidas las universidades públicas. Ante la necesidad económica de los medios para hacer su trabajo, los gobiernos utilizan su poder económico para mantener a la prensa dependiente de su propaganda y de esa manera controlar el contenido de los medios sobre bases partidistas, dicen los promotores de la ley. Les piden a los legisladores garantizar que no haya promoción personalizada de los gobernantes y que no se disfrace la publicidad o propaganda como información periodística, a fin de tener un mayor control del gasto. Vigilancia, límites y sanciones Tan sólo el gobierno de Enrique Peña Nieto gastó 41 mil 41 millones de pesos entre enero de 2013 y noviembre del año pasado, mientras que los gobiernos estatales erogaron 11 mil 895 millones de pesos sólo en 2015, de acuerdo con lo que ha documentado Fundar. En ese periodo, el gobierno federal gastó casi 72% más de lo que le autorizó el Congreso para publicidad oficial. Bajo el actual modelo, no hay ninguna consecuencia ni explicación de ese sobreejercicio. La proyección de la organización no gubernamental es que en el actual sexenio se gasten hasta 60 mil millones de pesos. Ese monto ha ido creciendo en cada gobierno. Aunque no fijan un monto máximo de gasto, como lo proponen varias de las iniciativas presentadas en el Senado y en la Cámara de Diputados, las organizaciones dicen que la legislación debe ser clara sobre los límites al gasto en publicidad y comunicación social; además de que proponen un uso más adecuado de los tiempos en radio y televisión que tiene el Estado. Pero aclaran: así como debe haber transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos, los medios también deberán divulgar la recepción de los recursos del erario. En coincidencia con varias de las iniciativas presentadas en el Congreso, los convocantes favorecen la elaboración de padrones de medios y proveedores para transparentar los contratos con ellos. En particular, se busca la creación de un Padrón Nacional de Medios en el que se incluya todo tipo de medios y plataformas digitales. Además, para evitar conflicto de interés, los medios tendrían que identificar a los grupos empresariales a los que pertenecen y que pueden ser parte de otras empresas que tienen contratos con el gobierno. Lo mismo aplicaría a las personas físicas y morales que provean servicios de difusión. En la asignación de la publicidad, piden que la ley tenga criterios claros y transparentes para que, en lugar del capricho de los gobernantes en turno, se consideren aspectos como la circulación, la audiencia del medio y la idoneidad del público objetivo, incluso con las llamadas acciones afirmativas para beneficiar contenidos asociados con grupos vulnerables. Advierten que si los criterios por privilegiar son el rating y el alcance de la cobertura, se profundizará aún más la concentración de la publicidad oficial en algunos medios, como actualmente ocurre con la televisión. Televisa y TV Azteca se quedan con casi 40% de los recursos, de acuerdo con Fundar. En prensa escrita, el periódico El Universal, y en la radio, Radio Fórmula, son los que reciben más dinero por publicidad oficial. Las organizaciones participantes quieren evitar que la ley se convierta en una barrera indirecta que margine a los medios de la publicidad oficial. Ante la inexistencia de indicadores confiables para cuantificar audiencias, rating, las visitas a las páginas de internet y la circulación de la prensa escrita, pretenden que se instaure un sistema de medición imparcial y externo. Como mecanismo de control para el cumplimiento de la ley, proponen la creación de una Comisión de Vigilancia o Consejo Nacional autónomo que no dependa de la Secretaría de Gobernación. El objetivo es doble: hacer un monitoreo exhaustivo de la asignación de la publicidad oficial y evitar la concentración de la información en las autoridades, como sujetos obligados de la ley. Otra de sus tareas sería la realización de auditorías periódicas. Los promotores de la legislación sostienen que ésta debe impedir el contenido propagandístico de la publicidad, la discrecionalidad y discriminación al momento de asignarse, la opacidad en la contratación y el ejercicio de los recursos, igual que la ausencia de rendición de cuentas. Además, proponen que se establezcan sanciones para quienes gasten más de lo asignado por el Congreso y paguen campañas de poca utilidad pública. Quienes gasten de más o violen la ley deben ser sometidos a medidas de apremio, y esas sanciones también deben estar contenidas en la ley, sostienen. Este reportaje se publicó el 11 de febrero de 2018 en la edición 2154 de la revista Proceso.