El "Comandante Emilio": "mafia local" responsable de secuestro en San Miguel de Allende

jueves, 22 de febrero de 2018
Tras su detención el 30 de mayo de 2017 como supuesto responsable del secuestro de una mujer franco-estadunidense en San Miguel de Allende, se descubrió que Ramón Alberto Guerra era en realidad Raúl Julio Escobar, un exguerrillero chileno. Sin embargo, su juicio y el proceso de extradición solicitado por el gobierno de Chile están atascados. Desde un penal de alta seguridad, Escobar dirigió tres cartas a distintas instituciones guanajuatenses y federales, además de este semanario, en las cuales denuncia que fue torturado para que se declare culpable, pues el secuestro que se le achaca lo cometió “la mafia local”, de la que, sostiene, forma parte la policía del estado. OCAMPO, Gto. (Proceso).- En el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en este municipio del norte de Guanajuato, permanece recluido Ramón Alberto Guerra Valencia, nombre con el que se registró en México el exguerrillero chileno Raúl Julio Escobar Poblete, el Comandante Emilio. El interno enfrenta un proceso judicial por secuestro que se complica cada vez más, alejando la posibilidad de su extradición a Chile para afrontar su historia pasada o saldar cuentas como protagonista de cruentos episodios de lucha contra la dictadura del general Augusto Pinochet. Desde esa penitenciaría federal, donde fue recluido bajo el argumento de su alta peligrosidad, Escobar envió una larga carta a Proceso en la cual sostiene que fue inculpado de manera dolosa por autoridades locales y “mafias” que operan en San Miguel de Allende, donde fue detenido el 30 de mayo de 2017, acusado de ser un secuestrador. El chileno afirma ser un chivo expiatorio que cayó “como anillo al dedo” a las autoridades para achacarle nada menos que ser el estratega de la banda que habría privado de su libertad al abogado panista Diego Fernández de Cevallos y al empresario Eduardo García Valseca (Proceso 2120). En la misiva, fechada el 12 de diciembre pasado, el Comandante Emilio se percibe desesperado cuando cuestiona su traslado desde el Cereso Mil de Valle de Santiago al Cefereso; su aislamiento en una celda sin acceso al patio, con luz artificial las 24 horas que le impide dormir, y sin contacto con otros internos. Se queja de que las autoridades han obstaculizado el acceso de sus abogados al expediente, lo que ha complicado la aportación de datos para su defensa. Añade que horas después de su detención, en mayo pasado, fue objeto de torturas y que tanto él como sus abogados y algunos familiares han sido amenazados varias veces por los fiscales de la Procuraduría de Justicia de Guanajuato a fin de que se declare culpable. “Estoy en una indefensión absoluta”, escribió el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile, cuya historia en ese país, dice él, es muy distinta a la que se difundió en México, donde podría quedarse por muchos años más purgando condena por el secuestro de la ciudadana franco-estadunidense Nancy Kendall, como pretenden las autoridades guanajuatenses. Aunque es la única denuncia (ahora expediente judicial) por la que Escobar Poblete es procesado en Guanajuato, el martes 13 el procurador del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, dijo a Proceso en entrevista: “Estamos fortaleciendo todos los datos de prueba, confiados en que llegaremos hasta el juicio y podremos obtener una sentencia condenatoria”. No obstante, Escobar Poblete sostiene en su carta que es víctima “de una farsa montada desde el principio” por delincuentes y autoridades coludidos en “una mafia local”, sanmiguelense, y que cuenta con elementos de prueba que sus abogados no han entregado a causa de las obstrucciones de la propia fiscalía. “La mafia local” La carta enviada a este semanario por Ramón Alberto Guerra Valencia –cada hoja firmada y con sus huellas digitales– tiene varios destinatarios, entre ellos el juez de oralidad en materia penal en la región de Valle de Santiago; los consulados de Chile y España en México, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Amnistía Internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El documento está acompañado de otros dos escritos dirigidos a los consulados y a la CNDH, en los que denuncia las condiciones de su encierro. “Esta carta es un grito de silencio y de justicia desde lo profundo de mi celda de castigo en el CEFERESO # 12 en Guanajuato, México”, comienza uno de estos últimos textos. “En el pasado reciente (luché) por el restablecimiento de la democracia en Chile, luchando contra la dictadura de Augusto Pinochet –continúa–. Después de ello, hace 20 años busqué por mis propios medios resguardo en México, adquiriendo una nueva identidad para no estar a merced de posibles venganzas de los partidarios del régimen de Pinochet.” Afirma que adquirió la identidad de Ramón Alberto Guerra Valencia y se estableció en San Miguel de Allende, donde llevaba una vida normal, “trabajando honestamente y pagando mis impuestos”, lo que “todo San Miguel de Allende lo puede testificar”. Ocho años atrás se separó de Marcela Mardones y en 2015 conoció a Isabel Mazzarro, con quien se casó, “dejando atrás mi vida pasada y haciendo una nueva, sin contarle nada a mi esposa acerca de mi pasado”. En las tres cartas, Guerra Valencia sostiene que, con amenazas para él y su familia, las autoridades lo involucraron en un secuestro que no cometió, “llegando tal cacería injusta y de terror a pedir en España el arresto de mi esposa, acusando a extranjeros inocentes para proteger a la mafia local”. Además de referir que no contó con asistencia consular, relata que desde que fue vinculado a proceso por un juez de oralidad penal estatal y de su traslado al Cefereso de Ocampo permanece “en una celda de castigo, incomunicado, sin llevarme a las audiencias dictadas por el tribunal… aislado, con luz las 24 horas, alterando el ciclo de sueño, impidiéndome dormir y acceder a espacios abiertos, en una celda de 3x3”. En cuanto a sus abogados, señala: “son presionados para yo quedar en estado de indefensión, mediante amenazas, sobornos, ataques cibernéticos, amedrentamientos hasta que abandonan mi defensa”, por lo que demanda que se le traslade a una prisión estatal, específicamente el Cereso Mil, en Valle de Santiago, donde se radicó su proceso judicial. A la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos dirige su denuncia de que fue torturado el 30 de mayo, el día que lo detuvieron agentes de la Policía Ministerial, quienes según el documento lo llevaron a un camino de terracería cerca de la Estación del Ferrocarril en San Miguel de Allende. Allá, dice en la carta, lo agredieron: “Estrangulan mis muñecas con las esposas, llegando a sangrar, me dan golpes de puño y metal (armas) sobre mi cabeza y mi cuerpo, me ponían la pistola en mi cabeza diciendo que me matarían. Golpes en el tórax, con sus codos y cosas sólidas tratando de causar un paro respiratorio. Me ponen bolsas en la cabeza para no respirar, me asfixian, toques eléctricos entre mi pelo en mi cabeza, según ellos para no dejar huellas. Golpes de patadas en mis testículos, aplastarme entre los asientos.” Sobre el cargo de secuestro, el exguerrillero reitera: “el secuestro del que se me acusa, y muchos otros, son realizados por la mafia local, la cual está recibiendo impunidad y en estos momentos sigue realizando otros secuestros; que la policía y el MP colaboran y son parte de la mafia local, llegando al extremo de que a veces es la propia policía la que secuestra a la víctima y la entrega a la mafia; que los taxistas de San Miguel de Allende son todos halcones de la mafia, y por tanto parte de la misma”. También enumera las pruebas que aporta a su defensa, como las grabaciones del 30 de mayo realizadas por las cámaras de seguridad pública de San Miguel de Allende, en las que se le ubicaría en tiempo y lugar distinto al señalado en la acusación por el taxista al que supuestamente siguió ese día, quien se dirigía a un restaurante para entregar un paquete por encargo de un hombre que le dio 500 pesos. El paquete contenía un dedo y cartas de la ciudadana extranjera que estaba secuestrada desde hacía casi dos meses atrás y por la cual se exigía rescate. Esa “lista de pruebas” a su favor incluye “un interrogatorio a la víctima que fortalezca su declaración de que entre sus secuestradores nadie tenía acento chileno, prueba idónea ya que jamás se habló de un chileno sino que puro acento mexicano, prueba que no participé en el delito y que a mí se me intenta implicar para dar impunidad a la mafia local”, dice Escobar Poblete, al tiempo que solicita otros testimonios de residentes de San Miguel. Afirma que su casa en un fraccionamiento de la carretera a Dolores Hidalgo, donde estuvo secuestrada la mujer, la rentó a quienes dijeron ser constructores y con los que no tuvo más relación que el arrendamiento y “resultaron ser miembros de la mafia local”. Entrevistado al respecto, el procurador Zamarripa Aguirre indica que la detención del chileno se realizó conforme al sistema penal acusatorio; “tan es así que se calificó de legal por un juez, y también fue vinculado a proceso con los datos que presentamos”. Explica que todas las diligencias de la fiscalía con el detenido “han sido videograbadas por mera precaución” y rechaza que se le hayan negado garantías por la falta de asistencia consular, pues “en un principio no se identificó como chileno, sino hasta que ya se había corroborado su verdadera identidad”. Sin embargo, al consultar al Poder Judicial del Estado, Proceso confirmó que Escobar Poblete no ha estado presente en las últimas audiencias de su proceso desde que fue vinculado; sólo estuvo en una en videoconferencia desde el Cefereso, con retraso de horas y muchas dificultades técnicas para que el juzgado de oralidad penal pudiera desahogar así la audiencia. La investigación complementaria ordenada por el juez para ambas partes concluía en diciembre pasado, a fin de pasar a la formulación de los elementos de prueba que lo llevarían ante un tribunal. Pero el día 4 de ese mes el juez José Luis Argüello Uribe resolvió otorgar una reposición de tres meses, hasta el 1 de marzo próximo, pues la falta de investigación del abogado de Escobar lo dejaba en estado de indefensión. En la más reciente diligencia, de mediados de enero, el juez Argüello apercibió al defensor de Escobar para que hiciera saber si continúa como tal, ya que el detenido se quejó de que no lo había visitado desde principios de noviembre “e ignora los actos que en su defensa ha realizado”. Extradición atascada Escobar Poblete permanece a disposición de un juez del sistema penal acusatorio y la extradición que pidió el gobierno de Chile prácticamente está paralizada, aunque el propio detenido la ha aceptado. Sobre eso, el procurador del estado dice que la extradición “está detenida mientras él continúe a disposición de la autoridad judicial en Guanajuato, como hasta ahora”. Puntualiza: “Estimo que no podría darse dado que está en proceso penal por un delito muy grave, y obviamente, una vez que culmine, hasta entonces podría materializarse una extradición, de acuerdo a los convenios que existen entre ambos países. Pero creo que tendría que purgar la pena en nuestro país”. A su vez, México ha solicitado a España la extradición de la segunda esposa de Escobar, Isabel Mazzarro Gómez de Santiago, quien salió del país un par de días después de la captura de su pareja y el 26 de octubre fue detenida en Gijón. –¿Se considera a Mazzarro cómplice de su esposo? –se le pregunta al procurador. –Sí, ahora me puedo pronunciar porque ya está detenida. Una vez que nos otorgaron la orden de aprehensión correspondiente, se hicieron los trámites para que fuera buscada en otros países y detenida, dada la gravedad del delito por el cual se le está haciendo una imputación. La Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR está llevando nuestra solicitud para la extradición. Escobar Poblete llegó a San Miguel hace más de una década, casado con la chilena Marcela Eugenia Mardones Rojas, y se reunieron ahí con otra pareja integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez: Ricardo El Negro Palma Salamanca y Silvia Paulina Brzovic Pérez. En San Miguel, Raúl Julio se hizo llamar Ramón Alberto Guerra Valencia; Marcela Eugenia se convirtió en Marcela Fernández, en tanto que Ricardo Palma asumió el nombre de Esteban Manuel Solís Tamayo y Paulina el de Pilar Alejandra Quezada Moreno. Todos se integraron a la cosmopolita sociedad sanmiguelense; Ramón y Esteban como periodista y fotógrafo y después como empresarios inmobiliarios; Marcela como instructora de yoga y Pilar como promotora de artistas plásticos. Después, Ramón Alberto Guerra se separó de Marcela y se casó con la española Isabel Mazzarro. Tras la captura de Guerra el 30 de mayo, los otros tres chilenos salieron del país con rumbos distintos. Marcela fue detenida al intentar ingresar a Chile. En San Miguel de Allende se aseguraron propiedades de los cuatro, entre ellos inmuebles que ostentan sellos de la procuraduría local y de la PGR, pero han sido saqueados porque no tienen vigilancia. La reportera lo comprobó al visitar la residencia en la que hasta mayo del año pasado vivió Ricardo Palma, cerca de la plaza comercial Luciérnaga de San Miguel. El inmueble, asegurado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, está bardeado, pintado de blanco, pero ya desaparecieron sus muebles de jardín. Proceso obtuvo información de que la PGR también intentó asegurar una cuenta bancaria con varios millones de pesos a Isabel Mazzarro, pero no lo consiguió porque ella interpuso un amparo. La española sólo figura como implicada en la carpeta de investigación de las autoridades guanajuatenses, aunque el procurador local reconoce que personal de la SEIDO ha intercambiado información sobre el grupo de sospechosos con los investigadores de la Unidad antisecuestros local. “El único asunto que tenemos contra Escobar es éste; si existe denuncia del secuestro de Diego Fernández o de los demás, los lleva la SEIDO. Yo no tengo nada”, concluye el procurador Zamarripa. Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 dela revista Proceso.

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