Dada la estima suprema de las comunidades por su patrimonio en lo que a templos se refiere, el incumplimiento en la restauración a raíz de los sismos del año pasado puede convertirse en un problema social. Y es que el dinero no está llegando, como se ha denunciado. Bolfy Cottom, miembro del Comité Ciudadano creado para garantizar la continuidad de los trabajos, dice que éste nada puede esclarecer pues adolece de un vacío de información. Por ello, adelanta a Proceso, pronto se convocará a una reunión. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La restauración del patrimonio cultural dañado por los sismos de septiembre de 2017 no sólo está enfrentando la maraña burocrática que ha impedido el flujo expedito de los recursos económicos. También el inminente inicio de las campañas electorales amenaza con enturbiar el proceso. El estancamiento monetario proviene de los seguros contratados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En todo caso, la indignación en las comunidades crece por no saber cuándo comenzará el rescate de sus bienes. Y para colmo, el Comité Ciudadano, creado por la Secretaría de Cultura (SC) en diciembre pasado, con el propósito de garantizar la continuidad de los trabajos, así como la transparencia en el manejo de los dineros, nada puede esclarecer pues adolece de un vacío de información. El órgano está integrado por Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana; Roberto Meli, experto en ingeniería estructural de la UNAM; los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha; Bolfy Cottom, antropólogo y especialista en legislación del patrimonio; y María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura, quien dijo a Proceso (No. 2147), que permanecerá en él como ciudadana aun terminado el sexenio. Cottom, a su vez investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, ofrece en entrevista su visión acerca de este “panorama complejo” e insta a acelerar los procedimientos y establecer una mejor comunicación con las comunidades afectadas, pues advierte que el enojo y la falta de cumplimiento de sus expectativas puede convertirse en un problema social. El pasado 26 de enero la reportera Gabriela Hernández, corresponsal de este semanario en Puebla, dio a conocer en la agencia apro que trabajadores del INAH en la entidad denunciaron, mediante un escrito, que no se han podido iniciar las obras de restauración porque el gobierno federal no ha liberado los fondos, lo cual ha causado que los inmuebles dañados se agraven y existan riesgos de nuevos colapsos. Además, hay incertidumbre acerca de si se les apoyará realmente. Incluso han llegado a insultar y hasta a correr a los especialistas, quienes temen por su integridad física, advirtiéndoles que no vuelvan si no es para comenzar las obras. La corresponsal consignó lo dicho por la arquitecta Rutilia Amigón y la restauradora Elsa Ávila Rivera: “…varias comunidades están muy inconformes y existen auténticos focos rojos en este sentido; en los inmuebles los daños aumentan peligrosamente. Por si no bastara, las imágenes religiosas las están reparando personal no calificado, con resultados lamentables.” Días después, el reportero Rodrigo Vera informó en la misma agencia que en rueda de prensa el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, dio a conocer un informe sobre los inmuebles de carácter religioso afectados y señaló que el INAH “debe aportar recursos para reconstruir o restaurar los templos catalogados como inmuebles históricos, ya que son bienes nacionales”. El CEM contabilizó en su “Informe de Templos Católicos dañados en septiembre de 2017”, mil 850 edificaciones afectadas. Y tras asegurar que existe “una responsabilidad compartida” entre la Iglesia y el gobierno, destacó que ninguno ha cuantificado el monto de los recursos que se necesitarán, pero el trabajo se extenderá entre tres y seis años. Pájaros de cuentas En octubre pasado Cottom expuso en estas páginas la necesidad de crear una estrategia de Estado y un plan para dar atención a los bienes arqueológicos, artísticos e históricos afectados. Reitera ahora que la magnitud y el impacto de los desastres naturales es inédito, superó al Estado mexicano, y ha implicado por ello imaginación, improvisación, creación de planes, de diagnósticos, criterios y procedimientos para el requerimiento de los recursos. Hasta hoy suman alrededor de dos mil los inmuebles con daños. Los bienes de propiedad nacional cuentan con un “seguro patrimonial contra todo riesgo que coadyuve a su preservación”, contratado por el INAH con Seguros Banorte. García Cepeda dijo en su informe de diciembre de 2017 que se requerirán 12 mil millones de pesos, 6 mil 500 de ellos provenientes del Fondo de Desastres naturales (Fonden) –que se sabe está iniciando la entrega de recursos–, y 3 mil 500 del seguro. El resto llegará de otras fuentes de financiamiento. Hay dentro de este rubro ayuda internacional de instancias como la UNESCO, aunque a decir del especialista es entendible que no tiene fondos suficientes para apoyar un desastre de esta magnitud, en relación con los bienes declarados como Patrimonio de la Humanidad. Su aportación es mínima. Hay también casos, como los de Alemania y Francia, que “de manera solidaria” han asumido el restauro de monumentos específicos, “aunque no tenemos la suficiente claridad de la cantidad de recursos que están llegando y la forma en la cual se están canalizando”. El contrato con Seguros Banorte cubrió desde el 29 de febrero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, los 110 mil monumentos históricos, incluidas las obras de arte, bienes muebles, archivos, otros objetos de valor que contienen, y 29 mil zonas arqueológicas. El monto de la prima asciende a 165 millones 935 mil 974 pesos. Ver: www.gobiernodigital.inah.gob.mx/Transparencia/Archivos/1471650348.PDF El antropólogo detalla que el primer problema ha sido la negociación con la aseguradora, pues como suele suceder en este tipo de siniestros, siempre tratará de protegerse y limitar al máximo el pago del siniestro. Ahí las instituciones deben actuar para demostrar los daños. Los ajustadores no son cualquier perito, sino un cuerpo colegiado de restauradores, conservadores y otros especialistas del patrimonio, lo cual ha llevado mucho tiempo por la cantidad de bienes afectados. Cabe decir que el INAH puede reservarse el derecho de nombrar a los despachos de ajustadores, según establece la póliza. Hasta ahora, pese a los avatares, Cottom dice que se ha logrado la liberación de recursos para la restauración de bienes en el estado de Oaxaca, y para la iglesia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero. Pero insiste en la falta de información precisa, que ha dado pie a distintas versiones. Una apunta  que el dinero se está entregando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que los redistribuiría pero quedándose con un porcentaje, lo cual “sería absurdo”, dice. Otra versión es que las indemnizaciones se están entregando de manera directa a las empresas encargadas de la restauración. Se ha dicho asimismo que la entrega es en “orden cronológico”, es decir, primero a quienes integraron y presentaron ya los expedientes. En esa lógica, agrega el investigador, Chiapas y Oaxaca serían los primeros. Aunque, de nuevo, no se sabe con exactitud quiénes los han recibido, y lo cierto es que en el caso de Puebla, el Estado de México e incluso la Ciudad de México el panorama es desolador. La pregunta es por qué el INAH no recibe los recursos directamente de la aseguradora, si ha sido quien la contrata. Cottom explica que una de las condiciones establecidas en el contrato es que se harán llegar a quienes se encargarán de la realización de los trabajos, por lo cual “en estricto sentido el instituto no tendría que recibirlos”. –¿Se está dejando en manos de particulares la administración de los recursos? –Lo plantearía así: en estricto sentido estaría en manos de particulares la realización de todo el proceso de restauración o restitución. De algún modo es explicable, dado que la institución facultada como tal no tiene el suficiente personal, la suficiente infraestructura y maquinaria para llevar a cabo estos trabajos. De otra parte, destaca que independientemente de lo firmado en las pólizas, son seguros contratados por instituciones públicas, pagados con dinero público, por lo cual debería clarificarse el flujo de esos recursos. “Es más: qué empresas se están contratando, ver los conflictos de intereses, garantizar que los materiales utilizados tengan realmente resistencia frente a este tipo de acontecimientos, que los trabajos se apeguen a los criterios del Comité Técnico y Científico. Es un tema muy complejo, relacionado con la administración, la realización de obras, la aplicación de criterios, el conflicto de intereses, en fin, con toda una gama de cuestiones.” Ambiente electorero Se le cuestiona si el Comité Ciudadano (donde además está la titular de la SC) y el presidente de Transparencia Mexicana no tiene toda esa información. Anota que dicho órgano se instaló en un momento complicado, pues finalizaba 2017. Y a inicios del año nuevo se estaba haciendo aún el diagnóstico de los bienes afectados. Expresa su temor porque los asuntos políticos y la contienda electoral que se avecina pueden complicar el rescate de los bienes. Y aunque el comité tenga la buena voluntad de coadyuvar, lo cierto es que la fiscalización de recursos y el ejercicio de la transparencia cuenta ya con órganos establecidos. Así poco puede hacerse, si acaso ayudar a difundir los avances, dialogar con las instancias públicas, privadas y no gubernamentales, pero tampoco podrá hacerlo si no se le proporciona la información necesaria. Dado que el comité trascenderá el sexenio, deberá tener intercomunicación con otros órganos de gobierno, dar seguimiento a las prioridades y emergencias, coadyuvar en la gestión de los recursos. En suma, acompañar el proceso de rescate: de lo contrario dependerá de la información que le vayan soltando y no cumplirá con el trabajo para el cual fue creado. Hay ahí, subraya, una asignatura pendiente, aunque adelanta que pronto se estará convocando a una reunión para llenar el vacío de información. –La gente está enojada y se ha ido contra los restauradores, que quizá sean los menos culpables por la falta de recursos. –Yo entiendo, los casos de Puebla y el Estado de México, donde la presencia del instituto fue un poco tardía, hubo un vacío de autoridad… Y es muy desesperante, la gente no tiene porqué entender que se están armando expedientes técnicos, para ellos hay un problema y el gobierno debe ayudar a resolverlo. Pero hay un vacío de comunicación. “Y Puebla es un caso muy especial. La situación en Tonantzintla es muy grave porque no obstante el desastre y los daños ocasionados por el fenómeno natural, se encuentra uno con una serie de ocurrencias del presidente municipal de San Andrés Cholula (Leoncio Paisano), que quiere establecer un Smart City (congreso mundial para la conformación de ciudades inteligentes), que destruyó un puente histórico y un reloj del siglo XX con valor cultural. Empiezan a hacer una serie de obras cuando deberían ser más sensibles y no estar generando problemas.” Recordó que Puebla ha tenido antecedentes como la pretensión de construir un parque en la zona arqueológica de Cholula o el asunto del teleférico, mientras las comunidades están desesperadas por la falta de atención a sus inmuebles. “Hace falta mucho trabajo antropológico y sociológico con la gente, pero sobre todo sensibilidad de parte de las instancias de gobierno, acelerar el trabajo con las aseguradoras, si no esto –de verdad– puede ser un problema social.” Y es que las comunidades dan a su patrimonio un gran valor simbólico. “uno no puede negar que la gente está indignada. Afortunadamente la realidad es que muchos pueblos están a la expectativa todavía, tienen la esperanza de que se les resuelva. Y no se le puede fallar a la gente, incumpliendo con esa expectativa porque, insisto, sería un problema social”. Habrá que cuidar, advierte, que las campañas políticas no dañen el proceso, porque “ya me estoy imaginando que recursos, que pudieran ser destinados para ayudar a la restauración, comiencen a utilizarse para otros fines. Espero precisamente que eso se cuide muchísimo.” Santo de su devoción Al comentársele que el Episcopado ofreció una conferencia para demandar al INAH la entrega de los recursos para la restauración que le corresponde, pues “son bienes de propiedad nacional”, el investigador considera que la Iglesia, “con todo respeto, debería ser más responsable e informarse de todo el proceso para seguir con la obtención de los recursos”. –¿Debería colaborar en tanto que hace usufructo de esos bienes (cobra por bautizos, bodas y en algunos templos se venden nichos funerarios, ubicados dentro de los templos)? –No sé si usufructo o no, pero uso sí. Hacen uso de los templos que justamente están para el culto público. En ese sentido creo que deberían tener una actitud más colaborativa, de mayor comprensión… Haría bien la Iglesia en ser más solidaria, de información con las comunidades, los feligreses, la gente de sus parroquias. En su opinión la Conferencia Episcopal podría incluso ser más proactiva y buscar colaborar con las instituciones para resolver estos problemas. Explica que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece la obligación de los responsables de los templos, las iglesias deben registrarse ante las secretarías de Cultura y de Gobernación, de contribuir a la política de preservación de los monumentos. Que tanto la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la SC, como el INAH, deben realizar un trabajo más coordinado. “Lo están haciendo, por ejemplo, en la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles y en la Catedral Metropolitana, pero no debe ser casuístico, tiene que ser un asunto sistemático, si no la administración pública se obstaculiza a sí misma.” Este reportaje se publicó el 18 de febrero de 2018 en la edición 2155 de la revista Proceso.