La muerte de un empresario y promotor cultural atrajo los reflectores a Colima, cuyo gobernador, José Ignacio Peralta, había declarado repetidas veces que la violencia letal en el estado se daba sólo entre delincuentes, pero que la sociedad se encontraba a salvo. El asesinato de Ricardo Uribe durante un intento de asalto lo desmintió. Lo cierto es que los índices de criminalidad en la entidad se incrementaron desde que el priista llegó al gobierno local, hace un par de años. Esta crisis ya les costó el puesto al procurador estatal y al secretario de Seguridad Pública. COLIMA, Col. (Proceso).- El asesinato del promotor cultural y empresario Ricardo Uribe Clarín, en un intento de asalto, anula el discurso gubernamental de que los crecientes índices de violencia no afectan a la sociedad y sólo son enfrentamientos entre bandas del crimen organizado. El 13 de febrero Uribe Clarín –exdirector de cultura del ayuntamiento de Colima y propietario de una empresa de publicidad– acudió a retirar dinero de una sucursal bancaria. Cuando salió del banco fue perseguido por dos hombres que trataron de arrebatarle un maletín; al no lograrlo, le dispararon y huyeron. Aunque ya había casos de víctimas ajenas al crimen organizado, el renombre de Uribe en los ámbitos cultural y empresarial se constituyó en un factor de mayor impacto social ante su asesinato y motivó la movilización de alrededor de un millar de personas, que la noche del 20 de febrero protestaron en silencio contra la violencia prendiendo cientos de veladoras afuera del Palacio de Gobierno con el lema “Una luz por Colima”. Apenas unas horas antes del asesinato, el gobernador de la entidad, José Ignacio Peralta Sánchez, había minimizado el ambiente de inseguridad al declarar a la BBC: “En Colima la vida cotidiana transcurre con normalidad, como (en) cualquier otra ciudad del mundo: las mamás llevan a los hijos a la escuela (y) se realizan eventos sociales, como bodas y bautizos”. Previamente, el 20 de enero, el mandatario había dicho a la prensa local que el problema de la inseguridad y la violencia “no trasciende, no afecta la vida cotidiana de las familias colimenses; es un problema de confrontación entre bandas delictivas que, afortunadamente, no está afectando a la población”. Después del crimen, en su cuenta de Facebook, Peralta lamentó los hechos y envió sus condolencias a la familia del victimado, que era su amigo. La mañana del 14 de febrero, mientras dirigentes empresariales ofrecían una conferencia de prensa en la que retaban a las autoridades –“si no pueden, renuncien”–, el gobernador dio a conocer en Facebook el cese del procurador, J. Guadalupe Franco Escobar, y del secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Suárez Castaño, aunque no se refirió de manera expresa a las razones de su decisión. En sus lugares colocó a Gabriel Verduzco Rodríguez y Hugo Vázquez Colorado, respectivamente. Durante su campaña electoral, Peralta manejó como lema: “Vas a vivir feliz. ¡Seguro!”. Y paradójicamente, el crecimiento de la inseguridad y la violencia en Colima coincidió con su llegada al gobierno, en febrero de 2016; desde entonces la tendencia se ha mantenido al alza. Ese año, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hubo 607 homicidios dolosos en Colima, cifra que se elevó 34% en 2017: 816 casos. Las tasas de ambos años fueron las más altas del país: 68.23 y 93.34 asesinatos por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En enero de 2018, con 70 homicidios, la entidad se mantiene en el primer lugar nacional. Argumento deslavado Miguel Uribe Clarín, hermano del empresario asesinado, dice a Proceso que el discurso de las autoridades en el sentido de que sólo se matan entre delincuentes “era más bien por comodidad, por tratar de mantener los niveles del cauce en términos manejables”; pero a estas alturas ese argumento ya “se le deslavó, se le desapareció al gobierno”. Añade: “A mi hermano le tocó ser la gota que derramó el vaso, pero antes han ocurrido muchos más homicidios que no tienen que ver con el crimen organizado. En la semana que lo asesinaron me enteré de al menos otros tres casos; Ricardo tenía una voz que se escuchó más, pero cuántas víctimas hay que no han tenido esa voz y que a veces se les estigmatiza, diciendo que los mataron porque han de haber andado en malos pasos”. Para el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) en Colima, Efraín Naranjo Cortés, lo que ocurre en la entidad no es nuevo, pues desde hace varios años la sociedad está afectada por la violencia y han sido asesinadas y desaparecidas personas que no estaban involucradas con la delincuencia. “No es cierto del todo que se matan entre ellos, pero habría que considerar que el solo hecho de que una persona mate a otra ya afecta a la sociedad, independientemente de si está metida o no en actividades delictivas; además nadie tendría por qué morir por cometer un delito, no está legalizada la pena de muerte”, enfatiza el también defensor de los derechos humanos. De acuerdo con el abogado, lo primero que debe hacer cualquier instancia de gobierno es “preservar la vida como el bien jurídico más importante; si no es capaz de hacerlo, ¿para qué queremos autoridad, de qué sirve?”. Considera que la postura oficial en el sentido de que no se afecta a la sociedad si las víctimas están implicadas en delitos es una concepción “totalmente pragmática y antihumanista, que no protege la vida, que protege en todo caso los intereses económicos; y pareciera que el dinero vale más que la vida”. En lo que va del año, los gobiernos de algunos países, como Estados Unidos, España y Alemania, recomendaron a sus ciudadanos no visitar varias entidades mexicanas, entre ellas Colima, por los altos niveles de violencia. Peralta respondió con el argumento de que la inseguridad no ha inhibido la actividad turística e informó que 2017 fue el mejor año de la última década para Colima en esa materia; además de que “no existen reportes de afectaciones o decesos de extranjeros” por la violencia. Ubicados como los municipios más violentos del país en 2017, Tecomán, Manzanillo y Colima fueron incluidos en el Operativo Escudo Titán de combate a la delincuencia, de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República, desde finales del pasado enero. A poco más de un mes de la puesta en marcha de ese operativo, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, aseguró que se logró disminuir 33% el número de homicidios en esos municipios. Con 223 y 222 asesinatos registrados el año anterior, respectivamente, Tecomán y Manzanillo tuvieron las tasas más altas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, y concentran la mayor cifra de desapariciones en la entidad, que según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas es de 376 en todo el estado. Así también, en los últimos años ha ocurrido una decena de asesinatos “de alto impacto”, cuyas víctimas han sido funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, desde el caso del exgobernador Silverio Cavazos, ejecutado en noviembre de 2010, hasta el del regidor tecomense Martín Cázares Zárate, ultimado el pasado 20 de febrero. Metas incumplidas: ASF En su reporte de auditoría sobre los manejos financieros y los procesos administrativos y organizacionales de las áreas de seguridad y justicia del gobierno estatal, dado a conocer recientemente, la Auditoría Superior de la Federación determinó que en el ejercicio 2016 Colima no cumplió algunos de los objetivos para los cuales recibió recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. “En general, el estado reportó 280 mil 924 metas, en la Estructura Presupuestaria para el Seguimiento de los Recursos 2016, de las cuales se alcanzaron 144 mil 639 al 31 de diciembre de 2016, que representaron un avance de 51.5% y quedaron pendientes por alcanzar 136 mil 285, por lo que no se cumplió con las metas programadas.” Paralelamente, subraya el documento, los índices delictivos del estado se incrementaron respecto a 2015 en 213.8% por homicidio, 64.1% por robo de vehículos; 115.4% por robo a casa habitación; 269.5% por robo a transeúnte, 408.8% por robo a negocios y 328.6% por extorsión. En promedio, durante 2016 el índice delictivo del estado aumentó 58% respecto de 2015. De acuerdo con Naranjo, la posibilidad de corregir la situación de violencia pasa por el reconocimiento de lo que ocurre en el estado. “Antes de la acción se necesita ubicar perfectamente el fenómeno para poderlo combatir, porque si no hay ese reconocimiento, no habrá buenos resultados”. El representante de la ANAD acepta que tal vez en las esferas gubernamentales haya algunos esfuerzos auténticos por revertir el problema, pero “no se ha expandido toda la capacidad que tiene el estado para hacerlo, con una actitud quizá no maquiavélica, pero sí irregular e ineficaz, que no da la importancia debida a las cosas”. Miguel Uribe Clarín, fundador de la editorial colimense Puertabierta, estima que mientras no se apliquen los tres niveles de gobierno, en coordinación con la sociedad, será muy difícil salir de la actual situación de violencia. “Es una madeja con muchas puntas. Debe haber alguien que coordine cuál punta empezar a jalar, cuál es la que hay que atender primero”. Añade: “Me da la impresión de que ningún nivel de gobierno sabe para dónde correr: uno corre para el sur, otro quiere correr para el norte y también parece que de pronto evaden su responsabilidad; nadie quiere cargar con esa responsabilidad que desde luego es fundamental; no sé si sea falta de presupuesto, de interés o de capacidad”. En relación con los operativos especiales contra la delincuencia, como el que se aplica actualmente en Colima, opina que “es como tomarse una aspirina para calmar el dolor, cuando en realidad lo que se necesita en ir con un especialista”, pues los propios grupos delictivos tienen redes de informantes para burlar los operativos, que “no son efectivos y terminan más asustando a la sociedad que a los delincuentes; el desarrollo de la labor de inteligencia para la prevención es prácticamente nulo”. El presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Walter Oldenbourg Ochoa, se muestra preocupado porque Colima es actualmente “foco rojo” en materia de seguridad, lo que además de perjudicar a las personas “puede afectar la operatividad de los negocios, que son los que generan empleo y bienestar social”. Advierte que los tres niveles de gobierno deben darle prioridad a este tema, pues “creo que en el estado no hay en estos momentos otra prioridad que la seguridad. No hay vuelta de hoja, hay que enfrentar la situación como está, cada quien desde la trinchera que nos toque”. En entrevista, el dirigente empresarial comenta que el asesinato de Ricardo Uribe tocó directamente al organismo que encabeza, pues la víctima era integrante de su consejo. “Esto no quiere decir que no nos duelan las muertes de otros ciudadanos inocentes que han caído en el camino de esta guerra inútil que se lleva aquí en Colima; ya la ciudadanía está cansada y más porque Colima no era así, se vivía otro aire y habría que ver en qué momento perdimos la tranquilidad.” Por su parte, Miguel Uribe expone que frente al clima de violencia, la población colimense tiene la responsabilidad de tomar conciencia del problema, pero “somos una sociedad que ahorita está sumergida en el miedo; no sabe uno dónde le va a tocar y eso explica el hecho de que mucha gente no se manifieste, no quiere meterse en más problemas”. Puntualiza: “No estoy en posibilidades de culpar al gobierno, porque no me corresponde hacer ese señalamiento, pero lo que sí puedo señalar al gobierno es que debe tomar la batuta y empezar a trabajar junto con la sociedad en la búsqueda del camino para disminuir la violencia”. Este reportaje se publicó el 11 de marzo de 2018 en la edición 2158 de la revista Proceso.