CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las campañas electorales arrancaron en medio de la peor crisis de violencia que México sufrió en la historia reciente: el "nivel de paz" se deterioró en un 11% en 2017, y México se colocó entre los 20 países menos pacíficos del globo, según el Índice de Paz México 2018, que presentó hoy el Instituto para la Economía y la Paz (IEP). México sufre una tasa de 24 homicidios por cada 100 mil habitantes, que se tradujo en más de 29 mil asesinatos el año pasado, y el 69% de ellos fue perpetrado con armas de fuego, resaltó el documento. Carlos Juárez, director del programa del IEP en México, recordó que los niveles históricos de violencia que sufre el país, sumados a niveles de corrupción e impunidad "entre los más altos del globo", reducen la participación comunitaria. "Hay una generación que no sabe lo que era vivir sin miedo", aseveró. Este miedo y desconfianza, en el contexto electoral, podría reducir la participación en los comicios del próximo 1 de julio, insistió Mauricio Meschoulam, académico de la Universidad Iberoamericana. "La predicción es que los niveles de miedo y terror perjudiquen la percepción ciudadana, sobre todo de las víctimas indirectas de la violencia, las que sufren miedo", abundó el internacionalista. El Índice colocó al estado de Baja California Sur como la entidad menos pacífica de México --triplicó su tasa de asesinatos el año pasado--, seguida por Guerrero, Baja California, Colima --con 106 asesinatos por cada 100 mil habitantes-- y Zacatecas. Además, nueve de cada diez mexicanos sufrieron un empeoramiento de sus niveles de paz, y seis estados sufrieron tasas de homicidio superiores a 49 por cada cien mil habitantes. Golpe a la economía El IEP subrayó que la violencia representó una pérdida económica de 4.7 billones de pesos en 2017, equivalente a ocho veces el gasto federal en salud, siete veces la inversión en educación o 21% del PIB, una cifra que creció 15% en un año. "Por miedo dejo de ir a Acapulco, por temor voy a un lugar pero en quedo en casa y no voy al restaurante, ésos son parte de los efectos económicos de la violencia", planteó Meschouam, al añadir que "el miedo a la violencia incita a más violencia (...) favorece las políticas más autoritarias", advirtió Meschouam. Según el informe, el disparo en el número de homicidios detonó el 46% de las pérdidas vinculadas con la violencia en el país. Este deterioro se debe en parte al empeoramiento de siete de ocho factores que mide el instituto y particularmente lo que se refiere al buen gobierno, la corrupción y el libre flujo de información. Estrategia fallida La activista Clara Jusidman, directora de la organización Incide Social, denunció la "estrategia fallida" que implementaron los sucesivos gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto para eliminar la violencia. "Fue la misma estrategia durante once años para que lleguemos el año pasado a los mayores niveles de violencia (...) la estrategia ha fracasado, y la militarización parece que no ha funcionado tampoco". En ello coincidió el informe: "se piensa que la acción gubernamental provocó que la violencia no sólo no se redujera, sino que aumentara". "Los liderazgos dentro de los cárteles han sido quebrantados al neutralizar a 107 de 122 líderes más influyentes para mediados de 2017. Esto provocó la fractura de los cárteles, lo cual aumentó la competencia entre ellos", precisó. "Nos encontramos en una espiral que parece no tener fin", lamentó la activista, quién urgió las élites políticas y económicas a tomar en serio y concientizarse sobre la realidad de la violencia. "El Estado no puede seguir administrando simplemente la violencia", añadió. Jusidman subrayó que la violencia estructural contra los jóvenes está vinculada con la caída de los salarios, que obliga a los padres a trabajar más para juntar un ingreso suficiente, en detrimento del tiempo que dediquen en la educación de sus hijos. Y recordó que la falta de recursos en el sistema de justicia --al que el gobierno destina el 10% del gasto federal-- se empeora con la mala capacitación de los ministerios públicos, lo que genera un sistema judicial "sin pies". Juárez recordó que, si bien parte de la violencia ocurre en estados ubicados en las rutas de traslado de drogas, la violencia intrafamiliar también creció --en un 32%-- así como la delincuencia común, lo que "sugiere un deterioro en el nivel de paz que abarca a toda la sociedad, más allá de los crímenes de la delincuencia organizada", planteó el documento. Para revertir este deterioro, el gobierno tiene que invertir en estrategias que combaten "efectivamente" la corrupción y la impunidad y atender las dinámicas detrás de algunos fenómenos violentos, como la extorsión y algunas formas de homicidio. El académico exhortó a sustituir la idea de reducir la violencia por la de construir paz, pues ésta "no es la ausencia de violencia (...) si hay un cuerpo colgado en un pueblo, es uno sólo a nivel estadístico, pero genera miedo y afecta el bienestar".