SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- La agenda ambiental que tienen frente a sí quienes aspiran a ganar la elección presidencial el 1 de julio es tan caótica como la social o la económica. Especialistas hablan de una degradación a lo largo de cinco sexenios -30 años- acelerada por el modelo neoliberal, el mismo que con facilidad pudo llevar a un director general de la trasnacional Coca Cola (Vicente Fox) a Los Pinos, o a un directivo de una empresa de autos de lujo (Rafael Pacchiano) a ser el actual secretario del Medio Ambiente. En la ruta final del sexenio de Enrique Peña Nieto, el mapa nacional marca más de 500 puntos en rojo: son los conflictos socioambientales desatados principalmente por los megaproyectos invasivos que han sido autorizados a corporativos y compañías mexicanas y extranjeras, y ante los cuales comunidades enteras se han levantado en defensa del territorio y sus derechos. Este es el inquietante panorama observado mediante un monitoreo a cargo de alumnos del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, Campus Morelia, coordinados por Víctor Manuel Toledo Manzur, uno de los más reconocidos etno-ecologistas mexicanos, quien en entrevista con Proceso presenta un diagnóstico que requiere de medidas inmediatas, algunas francamente drásticas. El monitoreo se levanta a partir del 2012, a partir de una base hemerográfica que registra los conflictos, los mapea, clasifica y establece la georeferencia según la índole de la problemática que involucra en la mayoría de los casos a la Secretaría del Medio Ambiente, a cargo de Pacchiano, esposo de Alejandra Lagunes, excoordinadora de estrategia digital de la Presidencia, ahora estratega del candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, y aspirante a una senaduría por el PVEM. Del 2012 a la fecha, el censo levantado incluye 564 conflictos socioambientales en prácticamente todos los estados del país. Los resultados no sorprenden, pero sí alertan porque, como explica Toledo, son puntos rojos que se suman a los escenarios de inseguridad, delincuencia, pobreza y desigualdad, frente al proceso electoral y el voto del 1 de julio próximo. Los conflictos por los proyectos de explotación minera ocupan el primer lugar según este monitoreo: entre el 2012 y el 2017 se registraron por lo menos 173 de éstos. Le siguen los conflictos por el agua (86 en ese mismo periodo); de energía (74); los relacionados con proyectos mega turísticos (49). En este orden le siguen en número las pugnas por explotación forestal, proyectos de expansión urbana, de residuos tóxicos y peligrosos, por construcción de carreteras, pesqueros y biotecnológicos; éstos últimos fundamentalmente por la introducción de maíz y soya transgénicos. “Lo conflictos sociales no son otra cosa que la reacción ciudadana ante la imposición de proyectos del poder económico por los gobiernos. Son resistencias”, según los define Toledo Manzur, biólogo y Doctor en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. “Estamos en conflicto con intereses empresariales. Ahora sí que hablamos de las venas abiertas de México”, sostiene el experto, a quien en 1997 le fue concedida la Cátedra UNESCO de Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Barcelona. Las poblaciones, principalmente comunidades rurales –aunque ya también surgen movimientos en las ciudades con mayor solidez- se han levantado en contra por muchos efectos: en la salud, la invasión o despojo de los territorios, la destrucción de bosques o selvas, la contaminación, la afectación de mantos freáticos, los daños a la flora y la fauna locales o a sus sistemas de subsistencia, sea agrícolas, ganaderos o pesqueros. Y llega la represión en muchos de estos casos. Los investigadores Daniel Garrido, Lucía Velázquez y Diana Manrique, coordinados por Toledo, consignaron en un estudio que es parte del monitoreo los asesinatos de 120 defensoras y defensores ambientales de 1995 a la fecha, además de aquellos que fueron o permanecen encarcelados por su activismo o han sido víctimas de otros delitos como secuestro o privación ilegal de la libertad. Este último dato proviene específicamente de un trabajo de tesis de Lucía Velázquez Hernández, con el tema “Defensores ambientales y Derechos Humanos en México”. Del 2012 a lo que va del 2018, Oaxaca es el estado en el que se han detectado más pugnas por proyectos (64), de los cuales principalmente se anotan los de tipo energético. Le siguen: Chihuahua, con una mayoría del sector minero (57); Estado de México, básicamente de tipo forestal y turístico (38); Chiapas con 20 e igualmente predomina el tema minero, que son mayoría también en Guerrero y Puebla, con 29 cada uno en total. De hecho, estas seis entidades suman 90 conflictos por proyectos mineros. A través de correo electrónico, los investigadores que participan en el monitoreo precisaron que Tlaxcala es el único estado que no aparece en el registro porque no figura en las fuentes hemerográficas que revisan: “No significa que no existan; aun cuando el análisis que hemos hecho no detecta conflictos socioambientales en Tlaxcala, se sabe que el Proyecto integral Morelos ha sido tema de inconformidad”. Este monitoreo pretende transformarse en un Observatorio sobre conflictos ambientales en México, “porque en la mayoría de los casos (las resistencias) no están conectadas”, dijo Víctor Manuel Toledo a los participantes en un foro del agua realizado en el Jardín botánico El Charco del Ingenio, en San Miguel de Allende, en el que se discutió el uso avaricioso del agua y las consecuencias, principalmente en la salud por niveles altos de arsénico o flúor, para los habitantes de este municipio y comunidades de toda la región. “La sustentabilidad se logra –dice el científico- cuando el poder ciudadano se impone sobre los otros dos: el político y el económico, los cuales se alían y trabajan juntos en una relación perversa”. De ese tamaño el desastre, sin contar con otros escenarios como la crisis que se avizora para la Ciudad de México en el 2020 por el uso de vehículos; “según los estudios, la Ciudad de México se colapsa en el 2020 porque no cabrá un auto más. No habrá movilidad”. Ni los gobiernos de izquierda, agrega, se han preocupado por tomas las medidas suficientes para conjurar el colapso. “Se tienen que tomar medidas muy radicales, tiene que haber presión social, movimientos sociales que presionen para que se legisle, se generen leyes y mecanismos jurídicos para poder detener estos procesos de destrucción”. -Una medida radical para el tema de los automóviles en la Ciudad de México cuál sería? “En primer lugar se tendría que hacer una moratoria para los autos, no más autos. Pero claro, está toda la industria automotriz en contra.” Los segundos pisos y vialidades de cobro –“para los ricos”-; el acaparamiento de los manantiales por parte de las grandes empresas embotelladoras, describe el biólogo, “son un absurdo total”. “Estamos viviendo el peor periodo de la historia humana en inequidad social y destrucción de los sistemas ecológicos”, y esta degradación ambiental lleva a un momento clave: el 2050, año en el que, prevén los expertos, se concretarán varias de las crisis de sustentabilidad humanas. “En el 2050 se acaba totalmente el petróleo en casi todos los países, esto está calculado, lo que se llama el pico del petróleo, la mayor parte de los países están gastándose la segunda mitad de su petróleo; luego sigue el gas, el carbón…”. Así, apunta Toledo, quienes se dedican a la investigación en el tema ambiental de alguna forma están vacunándose contra el pesimismo, pues “hay un proceso de agravamiento de la contaminación de los recursos; pasamos de 7 a 9 mil millones de seres humanos en el planeta, imagínese la presión que esto ejercerá, las necesidades de agua, alimentos, energía. La conflictividad del poder político, económico, social”. Señales ominosas Víctor Toledo está convencido de que no se logrará hacer mucho para aplazar esas fechas fatídicas en materia ambiental si los movimientos sociales no presionan y actúan frente a las opciones electorales. En el caso de México, el ambientalista recuerda el surgimiento de un primer espacio formal para atender la temática en el gobierno federal con una subsecretaría y posteriormente la Sedue (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) con Alicia Bárcenas, actual Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica de la Cepal. Posteriormente, especialistas en ecología y biología de la UNAM y otras instituciones impulsaron también la transición a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) en el sexenio de Ernesto Zedillo, que encabezó Julia Carabias. Fue un momento en que, afirma Víctor Toledo, “la inteligencia ecológica del país llega a crear esa dependencia y a ocupar los puestos con gente calificada, con algunos asegunes. Se dan avances importantes en términos de legislación, ordenamientos territoriales, creación de áreas naturales protegidas. Se llega a un avance bastante decoroso”. Después, todo se fue desmoronando y el proceso de degradación de la política ambiental federal comenzó. “Hubo un deterioro de la calidad técnico-científica de quienes llegaron a dirigir estas dependencias del ambiente, y esto ligado a las reformas neoliberales. Cada sexenio se ha ido agregando un mecanismo jurídico para abrir el país a los grandes capitales corporativos mundiales. -¿Puede ser una combinación intencional de malos perfiles y las reformas? “Creo que fue mucho de las inercias. Digamos, por un lado la pérdida de todo el discurso nacionalista que heredamos de la Revolución Mexicana, del cardenismo, había principios, aunque a nivel global se ha ido perdiendo la identidad del actor político, ya no sabemos si estamos gobernados por empresarios o si los empresarios son políticos; las identidades entre el político y el empresario se van uniendo en todo el mundo, así llegan los más ricos a la presidencia de Chile o los Bush. -¿O Vicente Fox a la Presidencia de México? “Imagínese. Que un gerente de la Coca Cola llegue a ser presidente… ¡un absurdo!”, exclama el investigador agitando los brazos. Como actos concretos de esta reversa en la materia, los ordenamientos ecológicos se han echado atrás. “Los ordenamientos permiten la racionalización de los usos correctos, adecuados, de los territorios a nivel de municipios. (Antes) se tenían que respetar; hoy el propio gobierno se niega a reconocerlos porque entran en conflicto con los intereses privados”. Toledo Manzur habla también de un verdadero movimiento verde –que deslinda categóricamente del Partido Verde Ecologista de México, “que se prostituyó”- mismo que está incidiendo en el respaldo a los movimientos comunitarios de defensa de agua, territorio y derechos. “Esto es un sector y los movimientos alternativos, principalmente rurales. Está el tema urbano, empiezan a aparecer proyectos en la Ciudad de México, en Guadalajara. El otro tema sería el campo, donde también hay un sector muy importante ligado a la agroecología. Y los maestros; el movimiento democrático de los maestros en Oaxaca, Michoacán, Guerrero, tienen ya integrado el tema ecológico. En Michoacán hay un proyecto piloto en 50 escuelas donde están metiendo el tema de la agroecología, la alimentación sana, lo conozco”. El también investigador del Instituto Nacional de Ecología forma parte de una élite de 40 expertos dedicados a la ecología política en México que diseñaron un programa y una agenda que pusieron en manos del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para el Proyecto 18 de Morena. No obstante, el candidato dio giro que califica de inesperado y preocupante cuando anunció que las dos personas que atenderán los temas ambientales y en materia de agricultura son Josefa González Blanco Ortiz Mena –nieta de Antonio Ortiz Mena, hija del exgobernador de Chiapas Patrocinio González Blanco Garrido y sobrina de Carlos Salinas- en la Semarnat, y Víctor Manuel Villalobos, a quien identifica como un agente de Monsanto e impulsor de la ley que llevó el nombre de la trasnacional, para la Sagarpa. En el caso de Víctor Manuel Villalobos, por ejemplo, Toledo Manzur destaca la lucha que desde la sociedad civil se dio en defensa del maíz, mientras aquél impulsaba la denominada “Ley Monsanto” en favor de los transgénicos. “No puede identificarse a México sin el maíz. Hablamos de 9 mil años de historia”. Además, un compromiso hecho por el fundador de Morena fue que del grupo de especialistas surgirían los perfiles para el gabinete. “Y vamos viendo a quiénes presentó. No cumplió un acuerdo que había hecho con el grupo”. -¿Le reclamaron por estos nombramientos?- “Le enviamos una misiva, así es. No hemos tenido respuesta. Es una contradicción. Porque López Obrador se ha acercado al tema ambiental de alguna manera. Entiendo que en el tema electoral tiene que haber un juego y un equilibrio, pero creo que se le pasó la mano”.