Cinco días después de que, el miércoles 11, se presentara en la Cámara de Diputados la iniciativa panista de eliminar el fuero para los políticos de todos los niveles, incluido el presidente de la República, un particular denunció a Andrés Manuel López Obrador ante la PGR por supuesto lavado de dinero, con datos que sólo podían tener el propio candidato presidencial o el Servicio de Administración Tributaria. Dos constitucionalistas, el mexicano Jaime Cárdenas Gracia y el brasileño Juarez Tavares, analizan los riesgos de que los legisladores del PRI y del PAN estén forjando un instrumento jurídico “perverso”, con propósitos golpistas, por si en las elecciones del 1 de julio triunfa el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Pasados 10 días del arranque de la campaña presidencial, y con Andrés Manuel López Obrador como puntero en las encuestas, en la Cámara de Diputados de manera sorpresiva se decidió “discutir” la eliminación del fuero del presidente de la República. Una semana después, el jueves 19, la iniciativa ya era ley en San Lázaro. Y aunque frenada de último momento en el Senado, la minuta sigue viva; pende de cuatro meses de operación política que tanto PRI como PAN quisieran utilizar, pues hasta el 30 de agosto los actuales integrantes del Congreso de la Unión y la mayoría priista que respalda los intereses del gobierno del Enrique Peña Nieto pueden sacarla adelante. Es una espada de Damocles para el candidato puntero; si se concreta, un riesgo latente para la democracia y para el nuevo presidente de la República, así como un mecanismo de impunidad para quienes se van: una amenaza constante que no dejaría gobernar y en el peor caso, el preludio de un golpe de Estado. El diagnóstico es del constitucionalista, exintegrante del Instituto Federal Electoral y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ) Jaime Cárdenas Gracia, así como de quien fuera viceprocurador general de Brasil durante el mandato de Lula da Silva y actual profesor de derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rio de Janeiro, Juarez Tavares. La propuesta fue presentada por el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés, el 14 de febrero de 2017. El PRI, que nunca había incluido al máximo cargo del Ejecutivo en esa medida, empezó a ver esa posibilidad con simpatía. Sin embargo, otro constitucionalista e integrante del IIJ, Diego Valadés, encendió las alertas el día 21, cuando calificó la posible aprobación de la iniciativa de “decisión precipitada, irresponsable, que puede conducir a la ingobernabilidad… si se quiere inmovilizar al próximo mandatario”. En entrevista para el diario La Jornada, Valadés añadió: “Se lanza al país a la ingobernabilidad. De aprobarse, los siguientes presidentes, o al menos el siguiente, podría quedar a merced de lo que decida un juez que se quiera hacer famoso o que reciba presiones de mafias”. Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2165, ya en circulación