SALTILLO, Coah. (apro).- En Coahuila “existe una práctica generalizada de desaparición”, donde jóvenes y personas en tránsito se encuentran en un mayor riesgo de ser víctimas, mientras que en Nuevo León el 46.76% de las desapariciones son perpetradas por “agentes del Estado” al servicio del crimen organizado y Tamaulipas es la entidad con mayor número de personas desaparecidas, concluyen investigaciones realizadas por universidades y organizaciones de Derechos Humanos. La mayor tragedia que sufren actualmente miles de familias mexicanas es la desaparición de uno de sus miembros, un asunto que no se manifiesta en la actual campaña política de los principales candidatos a la Presidencia de la República. La problemática de las desapariciones actualmente es analizada por el Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad, el cual está integrado por académicos de la Universidad de Minnesota, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Universidad de Oxford, y de Flacso México. El Observatorio pretende analizar siete estados de la República afectados por ese flagelo. Iniciaron con Nuevo León, la primera entidad donde las familias se organizaron para buscar a sus seres queridos, y siguieron con Coahuila. En el análisis sobre este estado, los académicos revisaron 729 casos de desaparición, documentados por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y por los colectivos Familias Unidas, Grupo Vida y Alas de Esperanza, éste último integrado por familias de Allende. “En Coahuila los casos de desaparición no son aislados: el 65% suelen ser eventos colectivos en los que se desaparece a más de una persona al mismo tiempo”, destaca el reporte del Observatorio. Las personas que están en mayor riesgo de ser víctimas de desaparición son los jóvenes entre los 17 y 33 años, así como quienes se encuentran en tránsito, especialmente en las carreteras hacia Nuevo León y Tamaulipas. El 45% de las desapariciones en Coahuila ocurrieron en su propia casa, el 35% en la vía pública y el 15% en centros económicos o comerciales. “Estos datos esclarecen que los perpetradores no buscan la clandestinidad para desaparecer a alguien. La desaparición es un fenómeno bastante menos escondido de lo que podemos suponer”, señala el informe. Respecto a la identificación de los perpetradores, el Observatorio concluye que es una tarea compleja si sólo se toma en cuenta la narrativa de los familiares de las víctimas. “En la mayoría de las ocasiones no cuentan con información sobre las personas que se llevaron a sus seres queridos. De acuerdo con la información disponible en el 26% de los casos se identifican a agentes oficiales como perpetradores de las desapariciones”. Respecto del 74% restante, la información en poder del Observatorio no es concluyente respecto de la identidad de los perpetradores. En aquellos casos donde se identificó con claridad la presencia de agentes estatales en la privación ilegal de la libertad se observa una mayor participación de los cuerpos policiales a nivel municipal (54%), seguidos por agentes de nivel estatal (25%) y federal (13%)”. “Las desapariciones en la entidad son una práctica extendida a lo largo de todo el territorio. Los municipios con mayor incidencia de desapariciones son Piedras Negras (38%), Saltillo (23%) y Torreón (14%)”. El 79% de las víctimas sigue sin aparecer, el 3% ha aparecido sin vida, y solo el 2% aparece con vida. Esa despiadada práctica tuvo su punto más álgido entre los años 2010, 2011 y 2012, fechas que coinciden con la llegada de la élite de Los Zetas para refugiarse en Coahuila. También son los años donde comienza la narcoguerra entre el Cártel de Golfo y Los Zetas lo que provocó que la violencia se extendiera primero en la región noreste y posteriormente a varios estados de la República. El año con más desapariciones es 2011, año en que ocurrió la peor masacre del país y que entristeció a varios municipios del Norte de Coahuila pero que tuvo su epicentro en Allende y Piedras Negras. Tan sólo en marzo del 2011 desaparecieron más de 300 personas en la región de Cinco Manantiales, estadística que se suma a otras 150 personas que fueron asesinadas e incineradas en el interior de la prisión de Piedras Negras. Nuevo León, búsqueda ciudadana Nuevo León es el primer estado de la República donde las familias comenzaron a organizarse para buscar a sus parientes desaparecidos. Desde el año 2009, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) recibió a las primeras familias. Cadhac afilió a decenas de familias que perdieron el rastro a sus familiares. Su padrón registra unos mil 300 desaparecidos en Nuevo León y el estado vecino de Tamaulipas. El Informe del Observatorio sobre desapariciones en Nuevo León analiza 548 casos que fueron proporcionados por Cadhac. La mayoría de las desapariciones registradas ocurrieron entre los años 2005 al año 2014, periodo en que las corporaciones policiacas municipales y estatales estaban al servicio de los cárteles de Los Zetas, de Sinaloa y del Golfo. Nuevo León registró entre 2009 y 2013 una inédita y cruenta violencia que provocó en esos años cerca de cinco mil asesinatos violentos, según estadísticas de la Procuraduría estatal. El estudio del Observatorio concluye que el 46.76% de las desapariciones ocurridas en esa época fueron realizadas por agentes del Estado. Un 46.04% de las privaciones ilegales de la libertad fue perpetrado por organizaciones criminales y sólo un 7.19% por particulares. Entre los casos perpetrados por agentes del Estado, el 49.25% de los policías que realizaron las desapariciones pertenecen al orden municipal, 24.63% al estatal, y 26.12% al federal. El 86.7% de las víctimas son hombres y 13.3% mujeres. Los casos que arrojaron información disponible sobre la edad, muestran que la mayor parte son personas jóvenes de entre 18 y 33 años. Tamaulipas, el más peligroso El principal problema que enfrentará el Observatorio y sus académicos en Tamaulipas es que los familiares que buscan a sus desaparecidos tienen poco de haber comenzado a organizarse y no cuentan con los registros como sus pares en Nuevo León y Coahuila. Tamaulipas es el estado con mayor número de desaparecidos en la República Mexicana, donde cifras oficiales del año 2017 registran unas cinco mil 567 personas, pero organizaciones de derechos Humanos calculan que la cifra actualmente puede alcanzar los 10 mil. Desde la administración del gobernador Eugenio Hernández Flores, Tamaulipas se transformó en una “zona del silencio” de la cual no sale información confiable, incluso la oficial, sobre la violencia o sobre las cotidianas privaciones ilegales de libertad que en el estado llaman “levantones”. Debido a que en Tamaulipas una buena parte de los cuerpos de seguridad municipales, estatales, así como de la procuraduría e incluso mandos de la policía federal y el ejército están al servicio de los cárteles, la gran mayoría de los desaparecidos caen en la categoría de “desaparición forzada”. Reynaldo Ramos, dirigente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo destacó que, a pesar del inmenso número de desaparecidos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos sólo ha emitido una recomendación por el delito de “desaparición forzada”. En diversas ocasiones, Apro solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por varios canales, datos oficiales sobre el registro de víctimas a quienes se les perdió el rastro, y sistemáticamente han negado la información. Los datos oficiales esconden que, en diversas carreteras de Tamaulipas, las más inseguras de México, han desaparecido autobuses con todos sus pasajeros. También grupos de trabajadores de importantes empresas, entre las que destaca Telmex, así como médicos, ingenieros y diversos profesionistas. Sobresalen los casos de al menos 10 ingenieros y los “levantones” de grupos de trabajadores relacionados con empresas de telefonía celular. Un caso emblemático es el de Felipe de Jesús Pérez García, un arquitecto de 28 años especializado en buscar sitios para instalar antenas para la telefonía móvil, de quien nada se sabe desde el 19 de marzo de 2013, en Reynosa. Ese día Pérez García se encontraba en una colonia de la periferia de Reynosa, controlada por el crimen organizado, midiendo las coordenadas para instalar una antena que daría servicio a varias firmas de telefonía móvil. Su desaparición ocurrió en los momentos en que el crimen organizado reconstruía sus sofisticados sistemas de comunicación. Meses antes el ejército había confiscado en Reynosa 76 antenas, 81 repetidoras, 655 radios, 400 teléfonos celulares, 391 aparatos NexTel y 19 computadores. Además, les había destruido las cámaras que utilizan para monitorear los movimientos de las fuerzas armadas y que esconden entre postes, árboles y casas. El sistema de comunicación que instaló el grupo criminal Los Zetas en todo el noreste, no le envidiaba nada a una empresa de telefonía celular. En el año 2011 la Cuarta Región Militar con sede en Nuevo León les decomisó 167 antenas y más de 10 repetidoras, una de ellas instaladas en el Cerro de la Silla. Esta red de comunicación abarcaba los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, con unos 800 kilómetros. Se controlaba con 70 computadoras y ofrecía servicio a más de mil 450 radios, mil 300 teléfonos celulares y mil 350 equipos de la marca NexTel. Tania Elizabeth González Vela cuenta que la desaparición de su esposo Felipe de Jesús le cambió la vida. “De repente el mundo se te voltea. No hay día en el que vea su foto y piense en dónde está. Tenemos dos hijos, uno de ellos no lo conoció. Cada fin de semana íbamos a bailar, ahora ni siquiera puedo escuchar música. “Tiene que volver, cómo me va a dejar sola. Nadie sabe lo que estoy pasando”, solloza. Tania González afirma que mientras no vea el cadáver de su esposo, nunca perderá la esperanza de encontrarlo, aunque la duda sobre su muerte siempre le asalta. “Hay una luz de esperanza de que el crimen organizado lo mantenga con vida por sus conocimientos” dice con un dejo de tristeza la afligida madre de dos hijos.