El hecho de haber ignorado un conflicto laboral le está saliendo caro al Instituto del Deporte de la Ciudad de México. José Enrique Olmos buscaba una indemnización de medio millón de pesos por despido injustificado. Casi 10 años después, la justicia laboral le dio la razón y ahora ordena que la dependencia capitalina lo indemnice con al menos 4 millones de pesos y lo reinstale en su cargo. “Al principio creí que querían resolver el conflicto, pero el director general nunca contestó mis llamadas”, dice el afectado. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- José Enrique Olmos Espinosa, exfuncionario de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y del Instituto del Deporte de la Ciudad de México (Indeporte), recibió de manos del titular de esta última dependencia, Horacio de la Vega, la medalla de oro que lo acreditó como vencedor del Medio Maratón 2014 de la capital del país, en la categoría de Veteranos. Victorioso, aprovechó el momento y, en pleno acto protocolario, mientras De la Vega le colocaba la presea, lo tomó del brazo para advertirle del problema que se aproximaba: “Necesito platicar contigo con suma urgencia por un asunto legal que tenemos pendiente con el instituto. Estoy en la mejor disposición de terminar con todo esto. Por favor, dame una cita y la oportunidad de exponerte la situación”. De la Vega aceptó recibirlo y le pidió que le llamara a su oficina el siguiente lunes para agendar la cita. Olmos Espinosa no lo dudó, pero fue inútil todo intento. Sus llamadas al Indeporte se hicieron frecuentes, al igual que las negativas expuestas por las secretarias de la dependencia y por los asistentes del funcionario. “Nunca me recibió, no tuvo la mínima voluntad de solucionar el conflicto, como al principio creí”, lamenta Olmos. En entrevista, dice que sólo exigía una mínima compensación –conforme a lo dispuesto en la ley– por despido injustificado, equivalente a seis meses de labores ininterrumpidas. Al final de ocho años del litigio, la justicia laboral le dio la razón y ordenó al Indeporte pagarle una indemnización de casi 4 millones de pesos, más lo que se acumule en el proceso legal, porque aún no son calculados los incrementos salariales y prestaciones sociales, entre otros conceptos. También determinó que la dependencia de la Ciudad de México debe reins­talarlo. Si bien De la Vega ignoró el caso, el despido ocurrió en la administración del entonces director Gerardo Villanueva Albarrán. Con un salario mensual de 29 mil 321 pesos, José Enrique Olmos Espinosa laboró en el Indeporte del 1 de junio al 18 de diciembre de 2009 y se ocupaba de la administración del Deportivo Vida Sana, ubicado en la Calzada del Hueso, delegación Coyoacán. Antes de hacerse cargo del deportivo, laboró en la Subdirección General de Calidad para el Deporte de la Conade. En su demanda, Olmos también reclama el pago de su salario correspondiente a horas extra. De lunes a viernes, cubrió un horario de nueve de la mañana a seis de la tarde y acreditó que su jornada laboral se prolongaba al menos tres horas diarias. “Trabajé más de 15 horas extra semanales de manera ininterrumpida”, dice. También exige el pago de jornadas extra durante sábados y domingos, con horarios, afirma, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, por lo que pide que este derecho sea cuantificado de conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Para Angélica Ortiz, abogada de José Enrique, lo sorprendente del caso es que su defendido sólo pedía medio millón de pesos de indemnización, cuando fue ignorado por las autoridades del Indeporte. Viacrucis legal Tras su despido, Olmos emprendió la demanda laboral, el 4 de febrero de 2010, ante la Unidad Jurídica de Oficialía de Partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), contra el Instituto del Deporte del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y su entonces director, Gerardo Villanueva Albarrán. El 6 de diciembre de 2017, en un resolutivo único, la justicia laboral determinó no amparar ni proteger al Indeporte. Más tarde, el 22 de enero de 2018, el asunto fue declarado como total y definitivamente concluido, por lo que el expediente fue regresado a la JLCyA para proseguir con la ejecución del pago. Sin embargo, antes de la resolución en favor del quejoso, el caso se alargó porque el 14 de abril de 2011 Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente y ordenó remitir el asunto al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. De ahí transcurrieron tres años para conocerse la siguiente fase del conflicto: el 14 de mayo de 2014, la Séptima Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declaró incompetente para conocer el litigio y ordenó girar el oficio al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito en turno, para que se dirimiera la competencia. El 12 de noviembre de 2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que la resolución sigue siendo asunto de la Junta Especial Número Diecisiete de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. De tal manera que el procedimiento volvió a comenzar. El afectado alegó que fue despedido injustificadamente por Gerardo Villanueva, entonces director del Indeporte. El 4 de diciembre de 2014, la JLCyA resolvió no tener como codemandado a Villanueva Albarrán, pero el caso se mantuvo contra la dependencia del deporte. Enrique Olmos llegó al Indeporte por invitación de su entonces titular, la medallista olímpica Ana Gabriela Guevara; la idea era que laborara en la Subdirección Administrativa, pero no ocurrió tal cosa y se fue como el administrador del Deportivo Vida Sana, “con los privilegios y las prestaciones de un subdirector”. Como parte del problema, el demandante expuso que los recursos generados por el deportivo “se los llevaban directamente a las oficinas del gobierno central” y que, por tal motivo, decidió rentar las pequeñas áreas que se localizan entre las canchas para obtener fondos para el mantenimiento de las instalaciones, y hasta se permitió adquirir un pequeño modular para las clases de inglés y de danzón, impartidas­ a ancianos. “Venía de la Conade y sabía perfectamente cómo estaba la cuestión en materia de presupuesto”, expone. Como deportista, José Enrique incursionó en las reservas profesionales de los equipos de futbol Atlante, Ángeles de Puebla y Chivas, en los años setenta. No alcanzó a debutar en Primera División pero encontró sus mejores satisfacciones en el atletismo de medio fondo. El 5 de enero de 2017, la Junta Especial Número Diecisiete de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México emitió un laudo según el cual el Indeporte debe pagarle 29 mil 325 pesos a Olmos. Por lo anterior, el 1 de marzo de 2017, la defensa de José Enrique se inconformó contra la resolución. La abogada reclamó que en todo momento el Indeporte pretendía simular una relación de carácter civil entre las partes, cuando en realidad existía una relación laboral. Así, el afectado presentó una demanda de amparo directo contra la sentencia, caso atendido en el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en la Ciudad de México. El 8 de junio de ese año al quejoso se le otorgó el amparo para que la Junta responsable emitiera un nuevo laudo en el que, entre otras cosas, se considerara sin fundamento la sentencia reclamada y se le reconociera su relación laboral con el Indeporte y su antigüedad. Así, el 13 de julio de 2017, la JLCyA emitió un nuevo laudo en el que se reconoce la relación laboral y antigüedad del trabajador y se condena al Indeporte a pagarle 2 millones 961 mil 791.99 pesos por concepto de salarios caídos, más los que se siga generando hasta que se dé cumplimiento a la resolución. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje también ordenó la reinstalación del afectado y el pago de aportaciones de seguridad social e intereses. La dependencia capitalina se inconformó de nueva cuenta y promovió un amparo directo contra el referido laudo, que fue resuelto por el mismo Tribunal Colegiado el pasado 6 de diciembre, en el que niega el amparo. De esa manera, el 22 de enero de 2018, el asunto fue declarado concluido. De acuerdo con lo anterior, el 1 de marzo de 2018 el trabajador, por conducto de su apoderada legal, promovió el incidente de liquidación ante la Junta Número Diecisiete, con el propósito de realizar los cálculos­ necesarios para conseguir el cobro de cada una de las prestaciones laborales a las que tiene derecho, reclamos que ascienden a por lo menos 3 millones 910 mil 789.58 pesos. Todavía está pendiente la notificación al Indeporte con las cantidades actualizadas. “Ahora nos tienen que pagar”, celebra José Enrique Olmos. El organismo condenado aún deberá responder si está de acuerdo con las cantidades asignadas para dar cumplimiento a la sentencia. La apoderada legal de Olmos explica que la parte afectada sólo tiene un cálculo aproximado sobre el daño que el Indeporte le ocasionó a su cliente, porque aún falta conocer los intereses ocasionados. Así, el 17 de abril próximo se conocerá el monto total que el Indeporte deberá cubrir a su extrabajador. Este reportaje se publicó el 1 de abril de 2018 en la edición 2161 de la revista Proceso.