Gerardo Mendoza Chávez, el presunto autor intelectual del asesinato del exgobernador de Colima Silverio Cavazos Ceballos, evadió la justicia durante años hasta que fue capturado y remitido al penal de Puente Grande, en Jalisco. Apenas tenía cuatro días ahí cuando otro interno lo mató. La viuda de Cavazos, Idalia González, insiste en que el silenciamiento de Mendoza entorpece la investigación en la cual, presume, están implicados funcionarios del gobierno del estado y del federal.   COLIMA, Col.- El presunto narcotraficante Gerardo Mendoza Chávez, señalado oficialmente como autor intelectual de la ejecución del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos, fue capaz de burlar por sí solo durante casi siete años y medio a las corporaciones policiales encargadas de su búsqueda, pero tras su captura –cuando ya estaba bajo custodia gubernamental– no pudo sobrevivir ni siquiera cuatro días. Luego de su detención, en las primeras horas del miércoles 9, fue internado en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, Jalisco, donde la noche del sábado 12 lo asesinó otro reo, en un incidente al que las autoridades se apresuraron a catalogar como “riña entre particulares”. La eliminación del testigo que podría haber aportado información fundamental para el esclarecimiento del caso Cavazos, antes de que se cumpliera el plazo ampliado de seis días para la rendición de su declaración preparatoria, revivió las sospechas de la posible vincu­lación de personajes de la política con el homicidio del exmandatario estatal, como en su momento declaró, sin proporcionar nombres, la viuda de Cavazos, Idalia González Pimentel. El expresidente Felipe Calderón, en cuyo sexenio ocurrió el asesinato del exgobernador colimense (21 de noviembre de 2010), puso el tema en la discusión pública con un tuit difundido durante la mañana del lunes 14: “Gerardo Mendoza, asesino del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, fue capturado y asesinado en el penal. ¿Cómo es posible que no hayan protegido a un testigo tan importante? Seguramente su testimonio se hubiese encaminado a altas esferas de poder exgobernadores por ejemplo” (sic). El mensaje dividió opiniones. La candidata a diputada federal de la coalición Por México al Frente por el Distrito I de Colima, Martha María Zepeda del Toro, estimó que la muerte de Gerardo Mendoza no se derivó de un descuido, como lo sugirió Calderón, sino que “incluso hasta podemos pensar que es un crimen de Estado”. No obstante, avaló el resto del tuit, pues al expresidente “le tocó conocer las averiguaciones de las investigaciones que se dieron de este homicidio del exgobernador; qué quiere decir esto: que es una persona que sabe”. El actual gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, declaró que con su mensaje Calderón evidenció que cuenta con información, por lo que lo conminó públicamente a entregarla al Ministerio Público para que “así contribuya a una mejor investigación sobre los hechos”. Sin embargo, consideró que el asesinato de Gerardo Mendoza en Puente Grande podría ser “un hecho aislado” y lo calificó como lamentable, pues el detenido “debió purgar una condena conforme a la ley”. Para el historiador Héctor Porfirio Ochoa Rodríguez, en el contexto de las declaraciones de Calderón por motivos electorales, su mensaje sobre el asesinato de Gerardo Mendoza “es una de las cosas más sensatas que ha dicho”, porque “es lo que se nos viene a la cabeza a todos al enterarnos de lo ocurrido… parece que quisieran borrar las huellas de todos los que pudieran haber tenido alguna implicación en el asunto”. Crímenes sin resolver Si el caso de Silverio Cavazos fuera una obra literaria, comenta el académico, “habría que ubicarlo en el género de la novela negra, o sea entre las historias del crimen más oscuras”, porque además se encuentra dentro de un conjunto de más de una docena de asesinatos de alto impacto que se han perpetrado en Colima en los últimos años sin que se hayan esclarecido ante la sociedad. Entre los principales homicidios están el de Saúl Adame Barreto, coordinador de asesores de Mario Anguiano Moreno cuando fue gobernador; Jaime Ernesto Vázquez Montes, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); Crispín Gutiérrez Moreno, presidente municipal de Ixtlahuacán, y Martín Cázares Zárate, regidor del ayuntamiento de Tecomán, así como un atentado a balazos sufrido por el exgobernador Fernando Moreno Peña. La de Gerardo Mendoza es la tercera muerte de un presunto implicado en el caso de Silverio Cavazos, pues en mayo de 2012 fue encontrado en un cerro del municipio de Villa de Álvarez el cuerpo del expolicía estatal Óscar Ulises Mariscal Ruiz, quien se encontraba prófugo, y en enero de 2016 fue asesinado en la ciudad de Colima el abogado Samuel Rodríguez Moreno, sobrino del exgobernador Moreno Peña. Debido a su vinculación con Gerardo Mendoza, de quien era representante legal en una mina ubicada en Casimiro Castillo, Jalisco, Samuel Rodríguez fue señalado públicamente en 2011 por la procuradora Yolanda Verduzco Guzmán como probable coautor intelectual del homicidio de Cavazos, pero esa línea de investigación fue descartada tres años después por el entonces procurador Marcos Santana Montes. La Procuraduría General de la República (PGR) había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos a quien contribuyera a la captura de Gerardo Mendoza, que se realizó finalmente en el rancho Guamúchil, en el municipio de Ixtlahuacán, desde donde traficaba drogas sintéticas, cocaína y mariguana a Estados Unidos, según la PGR. De acuerdo con un reporte interno, Mendoza Chávez fue asesinado en el módulo 14 del Reclusorio Preventivo por un preso de 28 años llamado Juan Pablo “N”, quien lo golpeó en repetidas ocasiones con un tronco en la cabeza y en la cara. El cuerpo quedó tirado en un área común cercana a la cocina, la tienda y la librería. El presunto responsable, quien estaba siendo procesado por los delitos de delincuencia organizada, homicidio y robo ante el Juzgado Segundo de lo Criminal, fue sometido por otro interno de nombre Javier Eduardo, quien lo entregó a los custodios. Con motivo del asesinato de Gerardo Mendoza se abrió la carpeta de investigación 50750/2018. El lunes 14, la corresponsal de Proceso en Jalisco, Gloria Reza Muñoz, cuestionó al secretario general de Gobierno de esa entidad, Roberto López Lara, sobre las razones por las que no se brindaron en el reclusorio las medidas de seguridad correspondientes a Gerardo Mendoza, por tratarse de un importante testigo en un caso relevante. El funcionario argumentó que se pretendía ingresarlo en el Reclusorio Metropolitano, pero en el oficio enviado por la PGR se señalaba que fuera internado en el Reclusorio Preventivo y, sin esperar los resultados del juicio y la resolución del juez, adelantó que el homicidio ocurrió en el marco de “una riña entre particulares”, de la que ya estaba identificado el agresor. Posteriormente, el fiscal de Inserción Social de Jalisco, Carlos Zamudio, especificó que el presunto asesino mató a Mendoza a golpes porque “se rozaron los hombros en la escalera”. En su momento la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Colima informó que eran nueve los implicados en el asesinato del exgobernador, cuatro prófugos, entre ellos Mendoza Chávez y Hilario Geovanny Pérez Loera, El Chihuas, considerado autor material, por el que se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos, así como el policía estatal encontrado muerto. Entre tanto, permanecían presos Jesús Delgado García y/o Luis Delgado Torres y/o José Luis Delgado García, José Mora Delgadillo, Jorge Pineda Santana y Rafael Romero Camacho. Qué sigue en Colima En entrevista con este semanario, Héctor Porfirio Ochoa comenta que el asesinato de Gerardo Mendoza dentro de la prisión, apenas unos días después de haber sido detenido, despierta muchas suspicacias y rebasa todas las posibilidades de credibilidad, pues se supone que una cárcel como la de Puente Grande debería tener mayores medidas de seguridad y control. Tras la muerte de Mendoza, quien era acusado de la autoría intelectual del homicidio del exgobernador, dice Ochoa Rodríguez, “nos vamos a quedar con la duda de si efectivamente fue o no el autor intelectual, pero en caso de que lo haya sido nos viene otra duda en el sentido de que muerto ya no va a poder acusar a nadie, ni decir si hay alguien más arriba o si hay otros autores intelectuales ligados”. El historiador compara la “descomposición política, social y de seguridad” que vive actualmente Colima con los últimos dos años del gobierno de Carlos Salinas en el país, periodo en el que fueron asesinados el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio y el secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, además del levantamiento zapatista de enero de 1994. “Pareciera que actualmente Colima es un territorio sin ley en el que –añade– los límites entre la legalidad y la ilegalidad están muy difuminados, donde la impunidad afecta por igual a los casos de asesinatos de personajes políticos que a los de cientos o miles de ciudadanos comunes, pero lo ideal es que se castigue a los responsables de todos los crímenes.” No obstante, subraya Ochoa, la situación actual en la entidad no es nueva, pues en 1973 ya vivió otra etapa de crímenes de alto impacto tras la muerte sospechosa del entonces gobernador electo Antonio Barbosa Heldt, que fue presentada oficialmente como suicidio, pero posteriormente empezaron a aparecer muertos diversos personajes relacionados con él, aunque el contexto social de aquella época era muy diferente al actual.  Expone: “En aquel tiempo la criminalidad y el narcotráfico eran infinitamente menores, pero en cambio ahora que está todo descontrolado es muy peligroso, porque ante cada hecho uno se queda con la pregunta de ahora qué sigue o ahora quién sigue; definitivamente estamos en medio de un desastre”. A juicio de Zepeda del Toro, la detención de Gerardo Mendoza fue una estrategia que le salió contraproducente al gobierno federal, puesto que “en contextos electorales siempre buscan atraer la atención con percepciones favorables hacia sus gobiernos, pero les salió mal porque se les murió en un penal y ahora la gente ya piensa y cuestiona”. En entrevista con Proceso, la candidata comenta que sin duda el asesinato de Mendoza dificultará el esclarecimiento de la ejecución de Cavazos, porque tanto él como Samuel Rodríguez, “los aparentes autores intelectuales”, quienes más podrían haber aportado elementos, ya están muertos. Sin embargo, refirió, “esto no implica que deberá quedar impune este crimen; por el contrario, es un indicio más que tuviera que estar investigándose como parte de la misma indagatoria del caso de Silverio Cavazos”, pues “creo que todos estos homicidios tienen un mismo hilo conductor: el crimen y el poder”. Zepeda está convencida de que las autoridades deben a la población muchas explicaciones sobre las ejecuciones de Cavazos, Gerardo Mendoza Chávez y Samuel Rodríguez Moreno, así como del atentado que sufrió Moreno Peña el 12 de octubre de 2015. Hace notar que Mendoza estaba vincu­lado con el crimen de Cavazos; con Rodríguez, quien como abogado del exgobernador fue su apoderado legal en un negocio, y “quizás tenía alguna vinculación” con el ahora candidato del PRI-PVEM al Senado, Fernando Moreno Peña. Según Zepeda del Toro, antes de pedir el voto, Moreno Peña debería explicar a los electores a qué se debió el atentado que sufrió, pues “todo este tiempo le han apostado al olvido, al carpetazo, a que no se diga, a que no se cuestione y que sea el tiempo el que borre estos señalamientos”. El corresponsal solicitó una entrevista con Moreno Peña para obtener su réplica a los señalamientos que se le hacen, pero declinó; tampoco hubo respuesta del encargado del despacho de la PGJ, Gabriel Verduzco Rodríguez, a la solicitud de entrevista. Zepeda del Toro propone que de manera inmediata la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) atraiga los expedientes de las investigaciones de los principales crímenes y el del atentado contra Moreno Peña, porque “mientras estén en manos de la procuraduría del estado no va a pasar absolutamente nada”. En noviembre de 2016, luego de que el entonces procurador Felipe de Jesús Muñoz Vázquez dijo haber encontrado las carpetas de investigación de los casos de Cavazos y Moreno “durmiendo el sueño de los justos”, la viuda de Cavazos declaró que “desde el principio jamás hubo interés por esclarecer el homicidio (…) las investigaciones del caso han estado seis años en el abandono, con absoluta y total indiferencia por parte de las autoridades”. Abundó: “Sé de grandes personajes de Colima que están implicados en el asesinato de Silverio. Yo lo dije desde el principio y ni siquiera quisieron ampliar mi declaración porque esas eran las instrucciones”. Cuestionada por los nombres se limitó a decir: “Son funcionarios actuales del gobierno del estado y del gobierno federal también”. Dos días después del asesinato de Mendoza, la viuda de Cavazos, Idalia González, anunció que renunciaba a tres décadas de militancia en el PRI. Sin mencionar el suceso ocurrido en el penal de Puente Grande, escribió en su espacio de la red social Facebook: “Renuncio al PRI con dolor en mi corazón; el PRI de mi vida se fue, ¡ya no existe! Las gentes cambiaron de pensamientos e intenciones y en el PRI de hoy jamás habrá espacio para mí.” Este reportaje se publicó el 20 de mayo de 2018 en la edición 2168 de la revista Proceso.