CHILPANCINGO. Gro. (apro).- A pesar del reforzamiento de la seguridad con elementos de las fuerzas federales, las autoridades estatales se han visto rebasadas por el crimen organizado que desde hace tiempo controla varias regiones de la entidad. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indican que de 2016 a marzo de este año se han registrado oficialmente 5 mil 103 homicidios dolosos, un promedio de 2 mil crímenes anuales. Entre las víctimas se encuentran niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, una veintena de políticos de todos los partidos y al menos 243 mujeres asesinadas de 2017 a la fecha, refieren los datos oficiales. Reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), advierten que el nivel de impunidad en Guerrero alcanza cifras de un 99 por ciento ante la ausencia de investigación, esclarecimiento de crímenes y acceso de víctimas a la justicia. Las víctimas En contraste con la realidad, funcionarios del gobierno de Astudillo, encabezados por el mismo mandatario se han encargado de criminalizar a las víctimas lanzando acusaciones sin presentar pruebas, como el caso del asesinato del abogado y militante de Morena, Eduardo Catarino Dircio, el 4 de junio de 2017 en el poblado de Tixtla. En ese entonces, el gobierno estatal emitió un comunicado oficial donde aseguró que el litigante formaba parte de una célula del crimen organizado y que había sido abatido durante un enfrentamiento entre policías estatales y sicarios que se extendió por varios puntos de la comunidad. Incluso, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, difundió públicamente una fotografía donde Eduardo Catarino aparece tendido sobre el suelo con una camisa amarilla, pantalón gris, un brazo recostado en el abdomen y, sobre las piernas, un rifle AK-47 con un cargador abastecido para 100 cartuchos. Por su parte, familiares de Catarino Dircio denunciaron que su muerte fue una “una ejecución extrajudicial” porque los uniformados irrumpieron en la vivienda del abogado y le dispararon sin mediar palabra frente a su esposa e hijos, y luego “le sembraron un arma”. El gobernador Astudillo tuvo que salir a decir públicamente que había ordenado una investigación para deslindar responsabilidades ante los señalamientos de testigos contra los policías estatales pero a la fecha se desconoce la conclusión del caso. Otro caso se documentó el 27 de enero de este año, cuando el ahora extitular de la Fiscalía General del estado (FGE), Xavier Olea Peláez, dijo que la causa del incremento de homicidios contra mujeres se debe a que las víctimas están involucradas con la delincuencia. “Lamentablemente las mujeres, de alguna u otra manera son partícipes dentro del crimen organizado, llámese con la pareja, llámese con el esposo, llámese con el novio”, expresó Olea en el contexto del crimen de la nutrióloga de Taxco, Magdalena Aguilar Romero, quien fue desmembrada y su cuerpo cocinado en la casa de su expareja, César López Arciniega, señalado por la fiscalía como el responsable de este asesinato. Así como los crímenes contra mujeres en Chilapa, entre ellos el de la joven Azucena Abarca Vargas, de 17 años, quien fue localizada degollada al interior de una camioneta y junto a su hija recién nacida viva, en plena zona urbana de esa ciudad. La víctima fue reportada como desaparecida dos días antes, luego de que presuntos policías estatales se llevaron por la fuerza a su esposo Luis Gustavo Rodríguez Maldonado, quien apareció ejecutado y calcinado con otro hombre también en Chilapa. También, a principios de febrero, el exfiscal afirmó que los sacerdotes católicos Germaín Muñiz García e Iván Añorve Jaimes habían sido ejecutados porque asistieron a una narcofiesta en Taxco, donde se congregaron delincuentes de tres entidades y que uno de las víctimas fue ubicado como miembro de un grupo delictivo antagónico. Dos semanas después, el gobierno de Astudillo reculó y afirmó públicamente que los curas no tenían nexos con el narco y que habían sido acribillados debido a un conflicto generado por terceras personas en una fiesta popular realizada en el poblado de Juliantla. A finales de 2016, el exfiscal calificó como “exagerados” a los empresarios de Ixtapa-Zihuatanejo, quienes advirtieron sobre los altos índices de criminalidad en ese binomio turístico y decidieron cerrar más de un centenar de establecimientos comerciales para exigir a las autoridades de los tres niveles seguridad. Ahora, el gobierno de Astudillo afirmó, nuevamente sin presentar pruebas, que los nueve trabajadores de una agencia subcontratada por la empresa Coca Cola para distribuir su producto en Tixtla, que fueron encontrados ejecutados este fin de semana, se dedicaban a vender mercancía de procedencia ilícita para justificar el crimen masivo.