La región de Tierra Caliente de Guerrero es eso: una zona sofocante por la violencia que causan los grupos armados de la delincuencia organizada, los cuales, ante la ausencia de la autoridad o en complicidad con ella, extienden sus tentáculos a la política y las actividades económicas, como la comercial y la minera. Ejemplo de esa pesadilla que no para es el saqueo de negocios de quienes se resisten a pagar el derecho de piso impuesto por La Familia Michoacana y el cierre de plantas de distribución de empresas que, como la Coca-Cola, exigen al gobierno de Héctor Astudillo que haga valer el estado de derecho. CHILPANCINGO, Gro.– El saqueo de dos almacenes de abarrotes a manos de una turba azuzada por miembros de la delincuencia organizada, ocurrido el 29 de abril en el poblado de Arcelia, resume el control que el narco ejerce sobre territorios de Tierra Caliente en los que la actividad económica y social está colapsada, donde están acotadas las garantías individuales y la ausencia de la autoridad es permanente. A una semana de los hechos de rapiña que causaron pérdidas por 35 millones de pesos al empresario local Arturo Fernández Sámano, quien ya ha sufrido dos secuestros, se refuerza la línea de investigación de que el ataque en su contra se debe a que se negó a pagar el derecho de piso que le impuso La Familia Michoacana. Al respecto, la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores ha resbalado a las autoridades municipales la responsabilidad del caso, señalando que “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó, ni siquiera, para reportar los hechos que fueron alentados por un grupo delictivo”. De acuerdo con los reportes oficiales, a las 4:00 horas del 29 de abril último, “varias personas” se metieron a las dos tiendas de El Surtidor, ubicadas en pleno centro de Arcelia, para robar mercancía. Había mujeres y niños entre la muchedumbre de unos 800 saqueadores. Siete horas después del comienzo del asalto, a las 11 de la mañana, policías estatales, federales y soldados acudieron a la zona para “verificar los actos de rapiña”, indica el gobierno de Astudillo. Otro asunto que refleja el problema de la zona: desde hace dos años, producto de la guerra entre organizaciones criminales por el control del municipio, la autodenominada Guardia Comunitaria de Teloloapan, que autoridades vinculan con el grupo delincuencial de Guerreros Unidos, ha denunciado públicamente a funcionarios locales, específicamente a Adolfo Torales, presidente municipal con licencia de Arcelia, de colaborar con La Familia Michoacana. Pese a los señalamientos, el PRI en el estado de Guerrero, a cargo de Heriberto Huicochea Vázquez, postuló a Torales como su candidato para reelegirse como alcalde de ese municipio controlado por el narcotráfico. Mineras en la mira El 23 de marzo último, Coca-Cola FEMSA anunció el cierre indefinido de una planta de distribución en Ciudad Altamirano, Guerrero. En un comunicado, la empresa explicó que la medida fue tomada “anteponiendo la seguridad de más de 160 colaboradores” debido a que no existen las condiciones para trabajar de manera “eficiente y segura” en esta zona del estado. La refresquera expuso que, recientemente, uno de sus colaboradores fue agredido y que “lamenta profundamente que la ausencia de un estado de derecho y la prevalencia de la impunidad que afecta a la región la lleve a detener sus labores en un territorio en el que ha tenido presencia por más de cuatro décadas”. Otro caso: en junio de 2015, la misma compañía ya había cerrado otro centro de distribución en Arcelia, municipio en el que campesinos, empresarios, pequeños comerciantes y directivos de mineras son obligados, indican reportes oficiales, a pagar derecho de piso a La Familia. Así, a una semana del ataque a los establecimientos de abarrotes El Surtidor, un caso que alcanzó reflectores internacionales, no ha habido avances en las investigaciones y mucho menos detenidos. Amparada por la ausencia de las autoridades, la estructura de La Familia Michoacana, que dirige Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, sigue intacta en esta parte de Guerrero y en el sur del Estado de México, controlando las actividades comercial, minera y política. En agosto de 2017, este semanario informó en su versión electrónica que la empresa canadiense Telson Resources y la consultora mexicana Reyna Maning, propiedad de José Antonio Berlanga Balderas, adquirieron en 20 millones dólares la mina “Campo Morado”, en el municipio de Arcelia, que permanecía cerrada desde 2015 por presiones del grupo delictivo de La Familia. Esta mina de 12 mil hectáreas era propiedad, en 2011, de la empresa belga Nyrstar NV; cuatro años después tuvo que cerrar porque la delincuencia se apoderó del proceso de traslado del mineral, denunciaron directivos del corporativo, en ese entonces. De acuerdo con declaraciones ministeriales de enero de 2015 de José María Chávez Magaña y de Sidronio Casarrubias, detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el verdadero negocio de la mina “Campo Morado” involucra al empresario mexicano de origen argentino Carlos Ahumada Kurtz –protagonista del caso de los videoescándalos de 2004– y a Johnny Hurtado Olascoaga, El Mojarro, líder de La Familia, en el “tráfico de uranio”, el cual es embarcado en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, para enviarlo a China. En su edición 2081, Proceso publicó el reportaje Negocios mineros, narco y secuestros, coctel incendiario en Guerrero, en el que empresarios y personajes de la política del estado denunciaron que el impulso que el gobernador Astudillo realiza en favor de ciertos proyectos mineros fortalece a la delincuencia organizada. El 12 de julio de 2017, el presidente del Clúster Minero de Guerrero y gerente de la empresa canadiense Media Luna, Alfredo Phillips Greene, anunció tres proyectos en la zona norte y en Tierra Caliente. También expuso que Grupo Peñoles, que actualmente explota la mina Rey de Plata en la zona norte, se va a expandir a la región de Tierra Caliente para invertir 200 millones de dólares en “una importante zona con potencial minero” ubicada en el municipio de San Miguel Totolapan, lugar que ha sido golpeado por la violencia que generan los cárteles. Phillips Greene agregó que la canadiense Alio Gold –antes Timmins Gold Corp– está en fase de desarrollo del proyecto minero Ana Paula, ubicado entre los municipios de Cuetzala y Apaxtla, en la zona norte. El anuncio de inversión extranjera ocurre en un contexto de intensa confrontación entre grupos delictivos por el control de las zonas mineras de Arcelia y San Miguel Totolapan, así como por la producción y el trasiego de heroína hacia el Estado de México. Se trata de una confrontación que ha dejado muerte, terror, desplazados, pueblos fantasmas, ­desaparecidos y que tiene paralizada la economía local. El desorden del fiscal El pasado 25 de abril, Xavier Olea Peláez anunció su dimisión como fiscal general de Guerrero. Su salida se da en un ambiente de impunidad y de extrema violencia. Durante el periodo que estuvo en el cargo, dos años y cuatro meses, hubo al menos 5 mil homicidios dolosos. De acuerdo con víctimas y fuentes de la fiscalía, Olea Peláez se caracterizó por su frivolidad y se va sin resolver, entre otros asuntos, una decena de homicidios de políticos en pleno proceso electoral. Además, dejó una fiscalía en la que la mayoría de sus mil 406 policías ministeriales no pudo ser certificada y 750 cadáveres permanecen en calidad de desconocidos en el Servicio Médico Forense del estado, debido a la falta de recursos humanos y técnicos. En la tragedia de Guerrero también cabe la corrupción: integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda con Vida de Personas Desaparecidas reprocharon que el gobierno de Héctor Astudillo Flores destinó “en la opacidad” 6 millones de pesos para construir un panteón forense de la Fiscalía del estado en el interior de un cementerio privado que administra una empresa propiedad del dirigente estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez. Para los miembros de la organización, ese dinero debió invertirse en la elaboración de perfiles genéticos de 750 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense, dijo Lamberto Castro de la Cruz, integrante de la caravana y del colectivo de familiares de desaparecidos de Chilpancingo. Olea Peláez se ha caracterizado por asumir la defensa legal de personajes polémicos, como Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, y Arturo El Negro Durazo. Mientras es designado el reemplazo de Olea Peláez –el segundo fiscal que deja el gobierno de Astudillo–, el encargado de despacho es el vicefiscal José Antonio Bonilla Uribe. A su vez, los policías judiciales seguirán bajo el control de Esteban Maldonado Palacios. Durante 10 años, Maldonado Palacios ha ocupado cargos estratégicos en el área de Investigación de la fiscalía, desde donde ha enfrentado diversos señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por incurrir en diversas irregularidades. Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.