El control que mantiene la Secretaría de Marina (Semar) sobre la seguridad de Tamaulipas, y en particular en Nuevo Laredo, arroja severos casos de violaciones a derechos humanos en los últimos tres meses, lapso en el cual se han registrado innumerables detenciones arbitrarias, al menos 28 desapariciones forzadas y nueve ejecuciones extrajudiciales. Y cuando los familiares de los agraviados piden cuentas a la dependencia, sus empleados dicen que los autores de esos ilícitos son delincuentes disfrazados de marinos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las muertes de las menores ­Shelsea Abril y Kenia Azul Rojas ­Ruiz y su madre, Nayeli Aydée Ruiz Martínez, el 25 de marzo último bajo el fuego de marinos que tripulaban un helicóptero, son una muestra de los recientes abusos ocurridos en la ciudad fronteriza documentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL). Si bien es cierto que en mayo de 2011, cuando se instrumentó el Operativo Regional Coahuila-Nuevo León-Tamaulipas, la Secretaría de Marina (Semar) tomó el control de la seguridad en Monterrey, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Reynosa, a finales de enero pasado las versiones de graves violaciones empezaron a escucharse con más fuerza, recuerda Raymundo Ramos Vázquez, presidente del CDHNL. “Empezamos a saber de casos de detenciones arbitrarias a plena luz del día y de torturas cometidas por marinos, pero las víctimas, por miedo, decidieron no formalizar las denuncias. Después empezaron las balaceras, persecuciones, enfrentamientos y detenciones a todas horas, sobre todo de jóvenes a quienes no se les vuelve a ver o aparecen días después semienterrados en predios despoblados, a unos 50 kilómetros a la redonda de Nuevo Laredo”, apunta el defensor. Entre el 5 de febrero y el 24 de abril, según testimonios y videos, el CDHNL registró 28 desapariciones forzadas ejecutadas por elementos de la Semar. La Procuraduría General de la República (PGR) sabe de estos casos. “Hay un modus operandi recurrente de la Mariana en ese periodo: disparos de arma de fuego, a manera de disuasión o para frenar a las personas, detenerlas y llevárselas con rumbo desconocido. Los testigos identifican a 25 o 30 elementos que se desplazan en tres vehículos, dos pick up blancas y una gris con los emblemas de la Semar. Las camionetas blancas, tenemos entendido, las proporcionó el gobierno del estado a la institución para realizar patrullajes”, explica el defensor. Cuerpos quemados y diseminados Proceso consultó el expediente relacionado con la desaparición forzada de Jorge Antonio Hernández Domínguez, de 18 años, y de Juan Carlos Zaragoza González, de 40 (FED/TAMP/NVO.LAR/940/2018), en el que la denunciante, María Elena Domínguez Rodríguez, asegura que una de las puertas de la pick up gris tenía el número 511 445. “Nosotros tenemos la representación de 17 casos, todos detenidos en Nuevo Laredo, de los cuales nueve víctimas aparecieron sin vida en condiciones muy similares. Todos tenían huellas de tortura, la mayoría con disparo de arma en la cabeza. “Los tres últimos fueron encontrados los primeros días de abril. Fueron quemados y sepultados de manera clandestina en la región que comprende Colombia, Sabinas y Vallecillo, pertenecientes a Nuevo León, y en el área despoblada de Nuevo Laredo”, indica Ramos Vázquez. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene conocimiento de los restantes 11 expedientes de desaparición forzada ocurridos en los últimos meses, dice el defensor, y considera que “los cuerpos están diseminados fuera de los límites de Tamaulipas y ahora les están quemando el rostro”. Puntualiza: “Es clara la intención de obstaculizar las investigaciones de las procuradurías locales y de la PGR”. De 2013 a diciembre de 2017, el CDHNL ha documentado casi una treintena de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que presuntamente implican a marinos, dice Vázquez. De hecho, él informó a autoridades de la Semar sobre esta situación, aunque la dependencia asegura que se trata de delincuentes “disfrazados” de marinos que utilizan vehículos clonados, para negar la participación de sus tropas. Para que la versión oficial sea creíble, dice el activista, “se debería detener a estas personas y presentarlas como probables responsables de lo que está pasando, pero eso no ha sucedido”. Agrega que el CDHNL tiene tres videos aportados por las familias de las víctimas que involucran directamente a personal de la Semar; “eso lo tiene que investigar la PGR”. En uno de ellos es el de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez, a quienes un grupo de marinos sacó del domicilio del primero la madrugada del 27 de marzo. “Estoy consciente de que hay una campaña en contra de la Marina, pero, en mi caso, estoy cien por ciento segura que fueron ellos porque yo estuve ahí, a mi esposo y a su amigo se lo llevaron cuando realizaban un operativo en la calle de mi casa”, sostiene Jessica Molina, esposa de Trejo García. El testimonio de Molina Ciudadana estadunidense, Molina asegura desde hace 12 años ella y su esposo radican en Laredo, Texas. Se conocieron en Houston y tenían casa en Nuevo Laredo; solían visitar a la familia de Daniel. Narra a la reportera que alrededor de la 1:30 de la mañana del 27 de marzo, ella y su esposo se encontraban en la planta baja de su domicilio, que habilitaron como dormitorio debido a que ella estaba convaleciendo de una cirugía. “Mi esposo estaba dormido en un colchón cerca de mí, y yo estaba viendo la televisión, esperando a que me hiciera efecto un medicamento antes de dormir. De repente seis marinos entraron, apuntándonos a la cabeza. Levantamos las manos y uno de ellos, a quien los otros se dirigían con respeto, nos interrogó. “Le preguntó a mi esposo que cuál era su alias. Él le dijo que Dani, Trejo y Negro; y yo le dije que también Terminator. Le dijimos que era mecánico y en su cartera había tarjetas de presentación que demostraban que tenía su taller en Laredo, y tenía también herramienta en casa. “Nos preguntó si habíamos pedido comida. Le dijimos que sí y le mostramos los restos de comida, pues mi esposo no había querido salir a comprar porque un primo le dijo que había balaceras cerca. “Yo le pedí al oficial que prendiera la luz, pero me respondió que a qué le tenía miedo. En eso, mi esposo reclamó que ellos no tenían derecho a entrar así. El oficial le sacó una foto a la credencial de mi esposo y le dijo: ‘Si tienes cola, te voy a dar piso, cabrón’. “Revisaron los celulares y nos pidieron desbloquearlos. A mi esposo se lo llevaron por un video que le mandaron por Whatsapp. No sé de qué, pero él gritaba: ‘¡A mí me lo mandaron!’, pero aún así se lo llevaron. Yo me quedé en shock. Se llevaron también al amigo de mi esposo, que tenía la intención de pasar al otro lado.” Molina cuenta su historia conteniendo el llanto. Recuerda que antes de irse, los marinos destruyeron las cámaras de seguridad de su casa y se llevaron el disco duro que almacena los videos. Entre los elementos que tiene para sostener que eran marinos ella destaca que los vecinos le contaron que antes de allanar su casa, los marinos habían entrado a sus viviendas, que ya se iban de la zona, pero escucharon los ladridos de los perros de la casa de Trejo y el oficial al mando ordenó allanarla. “Me di cuenta de que uno de los vecinos tenía cámaras, y le dije a mi hijastro que pidiera los videos. Nunca nos respondieron”, dice. Un día, de repente, apareció de manera anónima un video con 30 minutos de grabación en la oficina del CDHNL. En él se observa cuando a los marinos se les ordena ingresar a la casa de Jessica y Daniel. La grabación registra también el momento en que sacaron a Daniel y a su amigo Gabriel. “La noche en que se llevaron a mi esposo, un vecino se ofreció a declarar. En su acera se habían estacionado las trocas y él vio todo, pero cuando lo buscamos para que fuera a declarar a la PGR, se había mudado de casa. Todos tienen miedo”, agrega Molina. Otros testimonios Adolfo Chigo y Miriam Villegas, padres de Adolfo Ángel, un adolescente de 14 años que fue interceptado el 1 de abril en las inmediaciones de un rancho del Ejido Unión por marinos que iban en dos camionetas blancas y una gris con el logo de la Marina en un costado, están convencidos de que fueron marinos los que se llevaron a su hijo. “Estábamos celebrando la Pascua –cuenta Miriam–. Eran las siete de la noche y se nos acabaron las cocas, por lo que mandamos a mi hijo a la tienda. De repente escuchamos cuatro balazos; corrimos a ver qué pasaba. Vimos que estaban golpeando a mi hijo y luego lo subieron a una camioneta. Yo les gritaba que por qué se lo llevaban; quién les había ordenado llevárselo.” La pareja y otras dos personas tomaron un automóvil compacto para seguir al convoy de marinos. Acudieron a la delegación de la PGR, a la procuraduría estatal, a hospitales de la región y a los dos cuarteles que tienen los marinos en Nuevo Laredo, uno en el centro de la ciudad y otro sobre el Kilómetro 7 de la Carretera Nacional. Este último está cerca del lugar donde fue sustraído Adolfo Ángel. En el primer sitio permitieron que un familiar del adolescente revisara el cuartel; en el segundo el trato fue distinto, según narra Miriam: “Nosotros preguntamos al guardia por mi hijo, pero los marinos andaban enojados porque les habían matado a su capitán. Yo le pregunté: ¿no saben que entre los que agarran puede haber gente inocente? “Mi hijo es un niño de 14 años. Él me respondió: ‘Señora, si nosotros agarramos a alguien con un arma, tenemos derecho a cortarle algo de su cuerpo’. Yo le dije: ‘¿Con qué derecho? Usted puede detener a las personas y ponerlas a disposición; ya el juez se encarga de todo, no hacerle nada a su cuerpo’. El guardia se puso muy nervioso y se metió al cuartel.” Miriam agrega que cuando llegaron a denunciar los hechos tanto en la PGR como en la procuraduría local, advirtieron un patrón de comportamiento de los marinos que la tiene muy preocupada a ella y a su esposo. “Nos dijeron que desde que llegaron los marinos nunca han entregado a personas, que ellos hacen justicia por su propia mano. En la PGR y la procuraduría estatal reciben gente de la Policía Estatal y de los soldados, pero de la Marina, jamás”, agrega la mamá del adolescente desaparecido. Adolfo advierte que en una de las ocasiones en que se presentaron al cuartel a preguntar por su hijo trataron de convencerlos de que quienes se lo habían llevado eran delincuentes disfrazados de marinos. “Yo les dije que eso no podía ser posible, porque los trajes clonados son distintos a los originales, que sabemos distinguir. Uno de los marinos me dio la razón, le dijo a su compañero que eso era cierto, que no son los trajes iguales”, apunta el padre de Adolfo Ángel. Originarios de Veracruz y avecindados en Nuevo Laredo desde hace cinco años, la pareja confía en que su hijo esté en el cuartel ubicado en el Kilómetro 7, porque, dice Adolfo, “sabemos que mucha gente de las que han detenido la llevan ahí; ahí hemos visto entrar las camionetas que toparon a mi hijo. “Nosotros sólo pedimos que alguien, el presidente o no sé quién, nos ayude. Ya llevamos más de un mes, hemos hecho manifestaciones con otros familiares, y ya hasta nos prohibieron acercarnos. Nomás queremos saber de nuestro hijo”, reitera Adolfo Chigo. Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la edición 2166 de la revista Proceso.