CHILPANCINGO. Gro. (apro).- A un par de días de la elección presidencial, los gobiernos federal y estatal decidieron demoler 32 viviendas en el fraccionamiento El Mirador, de esta capital, destinado a damnificados por las tormentas Ingrid y Manuel en septiembre de 2013. Desde el lunes 25, maquinaria oficial derriba las casas que debieron ser reconstruidas desde el año pasado ante el cúmulo de irregularidades, desvíos e incumplimiento de contratos documentadas cuando Rosario Robles estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y por las que ningún funcionario y empresario ha sido sancionado. Ello a pesar de que en esta trama están involucrados políticos del PRI que actualmente buscan mantenerse en cargos públicos en estos comicios, como el presidente del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, quien fue postulado como candidato a diputado local suplente y el empresario constructor y diputado local con licencia, David Gama Pérez, candidato a alcalde de Iguala por el tricolor. La lluvia de dinero del proyecto de reconstrucción del gobierno federal denominado Plan Nuevo Guerrero, después de la catástrofe que dejó 101 muertos y más de 16 mil 776 viviendas afectadas, ascendió a 45 mil millones de pesos y solo benefició a una red de funcionarios, políticos y empresarios de la construcción que se repartieron discrecionalmente los fondos y dejaron obras de mala calidad, inconclusas e incluso inexistentes. En septiembre de 2017, Proceso publicó el reportaje Cuatro años después, los daños del huracán Manuel aún sin reparar, donde se informó que el fraccionamiento El Mirador de Chilpancingo forma parte de 43 desarrollos inmobiliarios que contempló el plan federal de construcción en el estado, principalmente en las regiones Centro, Montaña, Acapulco, Tierra Caliente y ambas costas. De los cuales, 20 fueron abandonados y las viviendas quedaron inconclusas. Esto significa que más de 3 mil familias damnificadas por Manuel manusiguen esperando que el gobierno federal cumpla su compromiso de otorgarles una casa. El Mirador y los contratos de Sedatu Los otros 23 asentamientos urbanos de reubicación total fueron entregados con serias deficiencias, como el caso del denominado El Mirador, en Chilpancingo. Se preveía en ese fraccionamiento la construcción de mil 100 casas en una superficie de 13 hectáreas, con un costo de 30 millones de pesos. No obstante, según los propios informes oficiales, hasta ahora sólo se han construido 598 viviendas en seis hectáreas, sin servicios básicos como agua potable y electricidad, y 60 deben ser demolidas, ya que al estar sobre terreno inestable ya presentan fracturas. Para esta obra la Sedatu otorgó, hasta diciembre de 2016, 10 contratos directos por un monto de 369 millones 34 mil 951 pesos a cuatro empresas, entre ellas Infraestructura Urbana KA y Desarrolladora MORFEUS, filiales del fideicomiso privado Proviváh, que se presenta como instancia de “apoyo” a familias de bajos ingresos, que viven en condiciones de hacinamiento o en sitios inseguros, como barrancas u orillas de ríos. Las otras dos son Casaflex, de Carlos García Vélez y Cortázar Hidalgo, con registro público en la Ciudad de México y domicilio en Polanco, así como Servicios en Concreto MAZA, de Juan José Zaragoza Cano, registrada y ubicada en Tijuana, Baja California. Funcionarios de la Sedatu señalaron, a condición de no publicar sus nombres, que ambos empresarios son compadres del -diputado federal priista Jorge Carlos Ramírez Marín, extitular de la dependencia. La ficha técnica del fraccionamiento indica que presenta retraso en los trabajos de protección de taludes, vialidades, obras pluviales, electrificación y agua, problemática que no ha sido corregida. Según el documento de la Sedatu, Casaflex deberá realizar los trabajos de rehabilitación en las viviendas que presentan detalles constructivos. No obstante, a casi un año de estas observaciones, el gobierno de Astudillo y de Peña decidieron demoler las obras mal hechas en el fraccionamiento El Mirador y el resto de los desarrollos siguen inconclusos y abandonados. Desde 2017, el exdelegado de la Sedatu, José Armenta Tello, admitió que el programa estrella de la administración del presidente Enrique Peña Nieto puede quedar inconcluso ante el cúmulo de problemas generados por el uso irregular de los recursos millonarios del fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que beneficiaron a una red de funcionarios federales, políticos y empresarios del sector de la construcción que incumplieron los contratos. Vivienda inhabitable Entre la veintena de fraccionamientos que no han sido terminados destaca El Balzamar, en el municipio serrano de Leonardo Bravo, donde el gobierno federal destinó 39 millones 830 mil pesos para edificar 210 viviendas mediante dos contratos otorgados directamente a Evodio Santiago García y la Constructora Armec. Los funcionarios de la Sedatu consultados por este semanario comentan que Santiago García sólo se identificó con su acta de nacimiento del municipio de Ometepec, en la región de la Costa Chica, y lo señalan como prestanombres de Jonathan Rocha, hijo de la presidenta municipal priista de Xochistlahuaca, Aceadeth Rocha Ramírez, cercana al subsecretario de Gobernación René Juárez Cisneros, exgobernador de Guerrero. A su vez, el representante de Constructora Armec es José Antonio Ortega Guzmán, con registro en Chilpancingo y domicilio en Tierra Colorada, municipio de Juan R. Escudero. El avance físico de la obra es de apenas 62%, y en infraestructura sólo de 30%, porque Armec no ha empezado a laborar, indica la ficha técnica de la Sedatu. Además, se adeudan 2 millones de pesos por el terreno y aún no se cuenta con el permiso para el cambio de uso de suelo, además de que falta el estudio de impacto ambiental. En el mismo municipio está la comunidad de Tierra Colorada, prácticamente reubicada después de que el río se tragó el poblado. La Sedatu le destinó 47 millones 434 mil 446 pesos para construir 156 viviendas. Esta obra también fue adjudicada de forma directa a tres empresas: la tabasqueña Construcciones y Servicios Villahermosa, de Manuel Damián Herrera; Infraestructura del Mediterráneo, de Martín Leyva Abarca, con domicilio en Chilpancingo, y Constructora Armec. La obra tiene un avance de 48%. Servicios Villahermosa sólo realizó el desplante de 150 casas y las otras dos empresas no han construido las seis viviendas restantes, dicen los documentos oficiales. Además, consignan que la Sedatu le compró el predio de 102 hectáreas a cuatro ejidatarios por 1 millón 879 mil 680 pesos, pero solo ha pagado 430 mil 236, por lo que no hay certeza jurídica en la tenencia de la tierra. En el municipio de Chilpancingo hay obras de reubicación inconclusas en los poblados de Agua Hernández y Azinyahualco, en la zona serrana de la región Centro. Al primero la Sedatu le destinó 7 millones 720 mil pesos a través del contrato SEDATU-CO-426-2014, en beneficio de Juan Carlos Luquin Jiménez, con domicilio en Chilpancingo, pero no se han concluido las 38 viviendas proyectadas. En el caso de Azinyahualco, la dependencia otorgó el contrato SEDATU-CO-220-2014, por 17 millones 760 mil pesos, a la Constructora Quince, registrada en Tijuana y con domicilio en Rosarito, Baja California. Los trabajos consistieron en la construcción de 93 casas, que fueron entregadas sin servicios básicos ni infraestructura urbana. Mientras que en la comunidad de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, quedaron truncas 66 viviendas pese a que el gobierno federal invirtió 12 millones 540 mil pesos en sendos contratos para la Constructora Quince y Gamacons, propiedad del actual diputado local priista David Gama Pérez, quien además fue beneficiado con más obras en la región de Tierra Caliente. Los recursos destinados a la construcción de 16 mil viviendas tras el paso de Manuel en 2013 se liberaron a partir de la constancia de acuerdo de Banobras SE.161.03, del 11 de marzo de 2014; de la reserva del Fondo Guerrero, autorizado por el comité técnico del fideicomiso 2003 del Fonden; y por acuerdo de la Sedatu del 19 de febrero de 2014, se determinó que las obras serían adjudicadas de manera directa. Los contratos del proyecto federal Plan Nuevo Guerrero fueron firmados y otorgados en 2014 por la entonces directora general de Coordinación de Delegaciones de la Sedatu Sheila Ortega Muciño y el exdelegado de la dependencia federal en Guerrero, actual diputado local priista Héctor Vicario Castrejón y presidente del Congreso de Guerrero. El 9 de agosto la Secretaría de la Función Pública emitió un dictamen donde informó que ambos exfuncionarios federales fueron inhabilitados para ocupar un cargo en la administración pública durante 10 años, luego de que un informe de la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades administrativas en el proceso de adquisición de predios para edificar las viviendas del programa Plan Nuevo Guerrero. No obstante, el gobierno federal no ha actuado en contra de las empresas beneficiadas que dejaron inconclusos los trabajos, mientras el presidente del Congreso local, Héctor Vicario, informó públicamente que la sanción que le impusieron fue revertida.