CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México, donde existen más de 20 mil localidades de muy alto y alto rezago social, sobreviven 62 millones de personas con ingresos inferiores a la línea de bienestar –la población total es de alrededor de 120 millones, según el Inegi–, la mitad de la población sigue sin acceder a la seguridad social, otros 19 millones de personas no tienen acceso a la salud, no existe seguro de desempleo y seis de cada 10 mexicanos trabajan sin prestaciones laborales. Estos son algunos de los datos que incluye un amplio análisis sobre las deficiencias de la protección social en México, que publicó hoy el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), a cinco días del último debate presidencial, en el que se abordarán temas sociales. Si bien el organismo reconoció avances en los últimos años, señaló que la política de protección social está desorganizada, no está asociada a derechos ni beneficia a toda la población, por lo que deja a una importante parte de los mexicanos sin acceso a la salud, a pensiones, al seguro de desempleo y con ingresos de miseria. “Debido a la incapacidad estructural del sistema de seguridad social institucional de brindar protección efectiva a toda la población, así como a una economía que durante varias décadas no ha brindado ingresos suficientes a la población, el país presenta vacíos y necesidades concretas que son ocupados por (programas sociales) federales, estatales y también municipales pequeños, dispersos e inconexos, cuyo presupuesto global crece año con año. Estos instrumentos de protección social no logran solucionar el problema de fondo, pero podrían generar incluso dividendos políticos”, planteó el documento. [caption id="attachment_529916" align="alignnone" width="1200"] Un anuncio de Prospera en Valle Hermoso. Foto: Miguel Dimayuga[/caption] Al margen de los 19.2 millones de trabajadores afiliados al IMSS viven 6.8 millones de hogares con ingresos de Prospera, 5.4 millones de adultos mayores reciben los 580 pesos mensuales del programa Pensión para Adultos Mayores (PAM) –pero uno de cada cuatro adultos mayores no recibe nada, especialmente las mujeres– y 54.9 millones de persones están inscritas en el Seguro Popular. El Coneval ofreció una serie de propuestas para combatir los rezagos sociales, entre ellos la implementación un esquema de Seguridad Social Universal –que contemplaría un acceso igualitario a la salud y a una pensión y reduciría en un 14% la pobreza–, la puesta en marcha de “transferencias universales” de dinero o la concentración de los programas sociales para eliminar la dispersión de recursos a nivel local, entre otros. Los recursos para la salud El análisis recuerda que México es el país con menor gasto público en Salud entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que obliga los mexicanos a asumir la carga de su cuidado: sacan de su propio bolsillo cuatro de cada 10 pesos que anualmente se gastan en salud, con un gasto promedio por hogar de cinco mil 530 pesos. En un país donde siete de cada 10 adultos sufren sobrepeso u obesidad, 9.4% padece diabetes, y donde la esperanza de vida al nacer es cinco años menor al promedio de los países de la OCDE –males que afectan principalmente a la población más pobre–, el escaso gasto en salud hace que solo haya 0.9 doctores y 1.2 personal de enfermería por cada mil habitantes. Si bien el Coneval reconoció los avances en materia de cobertura de los servicios de salud y el incremento del gasto en el sector en los últimos años –los cuales se traducen en el incremento de las personas afiliadas al Seguro Popular–, insistió en que mientras no se mejore la calidad de los servicios de salud, el “derecho social” no avanzará adecuadamente. El organismo señaló además la profunda desigualdad en el gasto: si bien el Estado mexicano gastó en promedio 16 mil 167 pesos en 2016 por persona afiliada al sistema de protección social militar, erogó apenas dos mil 318 para cada persona no cubierta por un sistema de seguridad social. Lo mismo ocurre en el tema del cuidado a los niños: cuando el IMSS gasta en promedio cuatro mil 230 pesos por infante en sus guarderías, la Sedesol otorga apenas 940 pesos por cada uno en sus estancias infantiles. El Seguro Popular cubre apenas mil 621 enfermedades y la calidad de los servicios “dependen de la capacidad instalada en cada región”. Pensiones y política En materia de pensiones, el Coneval señaló que quienes no pudieron jubilarse con el IMSS se vuelven dependientes de los programas sociales federales, estatales y municipales, que en su conjunto con “pequeños, dispersos, inconexos, cuyo presupuesto crece año con año, que no logran solucionar el problema de fondo, pero que, a su vez, podrían estar generando incluso dividendos políticos”. Ante la ausencia de un seguro de desempleo, la pérdida de un empleo obliga los proveedores económicos del hogar a buscar cualquier trabajo por la urgencia de conseguir otro ingreso económico, y ello “sería el origen de la existencia de tasas de desocupación bajas”. Según el estudio del Coneval, “en una circunstancia de este tipo, la participación del Estado a través de la creación de un programa de seguro de desempleo bien diseñado puede ser deseable, al permitir a las y los desempleados financiar la transición hacia un empleo más productivo, aun cuando como efecto secundario pueda aumentar el nivel de las tasas de desempleo”. También recordó que el sistema mexicano de protección social no fue diseñado para atender las desigualdades, ya que plantea mecanismos similares para toda la población. “Frente a riesgos similares, tienden a obtener beneficios menores quienes tienen menores ingresos y son los hogares de menores ingresos los que tienden a enfrentar mayores riesgos”, indicó. Las condiciones precarias en las que se encuentran los mexicanos los hace particularmente expuestos y vulnerables ante las crisis económicas –como la que sacudió el mundo en 2009–, y particularmente la población urbana y la que reside en regiones fronterizas.