Ante el hecho de que la justicia de España no creyó en el testimonio judicial que ofreció el presidente Mariano Rajoy por el caso Gürtel –la trama de corrupción política que atraviesa las entrañas de su partido, el PP–, el líder socialista Pedro Sánchez solicitó en el Congreso de los Diputados una “moción de censura”, mecanismo constitucional para destituir a un jefe del Ejecutivo por una crisis democrática. La moción fue apoyada por Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. En una semana el gobierno de Rajoy se desmoronó y de un día para otro –en un “relevo exprés”– España estrenó presidente. MADRID (Proceso).- Mariano Rajoy vio cómo su presidencia se desmoronó en sólo ocho días a causa de la corrupción. El viernes 1, se le veía el rostro descompuesto cuando una mayoría parlamentaria lo destituyó e invistió como presidente a su opositor, el socialista Pedro Sánchez, quien encabezará un nuevo gobierno. Será un “gobierno Frankenstein”, dijo Rajoy en referencia al pacto que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) alcanzó con Podemos y los partidos nacionalistas catalanes y vascos. Sánchez, madrileño de 45 años, se convirtió así en el séptimo presidente español del actual período democrático y primero que llega a La Moncloa, la sede del gobierno, por medio de una moción de censura, el mecanismo constitucional para destituir a un jefe del Ejecutivo ante una crisis democrática. Apenas el pasado 23 de mayo el escenario era diametralmente opuesto. Ese día, el grupo parlamentario del Partido Popular le aplaudía de pie a Rajoy y a su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Se tomaron selfies y las principales portadas de la prensa española reflejaban ese triunfo, que lo reforzaba para permanecer en el poder hasta el final de la legislatura, en 2020. La alegría, no obstante, duró poco. El jueves 24 vino el duro revés: La Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional emitió la sentencia judicial contra la pieza central del caso Gürtel, la trama de corrupción política que atraviesa las entrañas del PP. Los jueces consideraron acreditado que entre 1999 y 2005 el partido de Rajoy se benefició de la trama corrupta montada por Francisco Correa y altos directivos partidistas para financiar campañas con dinero negro, al señalar que gestionaron “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional mediante mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes de dicho partido”. Pero el punto más controversial del fallo vino en el folio 1078, donde los magistrados concluyen que el testimonio judicial que Rajoy ofreció en la sede judicial, el 26 de julio de 2017, “no aparece suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”, y respaldan lo planteado por el Ministerio Fiscal, que no considera su testimonio “suficientemente creíble”. Esto representó un antes y un después al quedar acreditado, a diez años del inicio de las investigaciones del caso, que la corrupción en el PP es sistémica y que había acudido a elecciones “dopado” por el dinero negro, según acusó el PSOE. Moción de Censura El viernes 25, Pedro Sánchez propuso a la Ejecutiva del PSOE poner en marcha una moción de censura contra Rajoy. Argumentó que era inadmisible que siguiera al frente del gobierno el presidente emanado de un partido condenado por corrupción y que era descalificado por la Justicia.  La diputada socialista y exjuez Margarita Robles registró la moción de inmediato ante el Congreso de los Diputados, con las firmas de los 82 diputados socialistas y la promesa de Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, de que contaba con su respaldo. A partir de ahí, la estrategia de defensa de Rajoy y del PP fue negar lo innegable, como que el PP no había sido condenado, y redoblar los ataques contra el socialista. En sólo unos días, el secretario general del PSOE pasó de ser un “hombre de Estado”, por su apoyo a las medidas para frenar la deriva catalana, a convertirse en un “enemigo del Estado de derecho”. Las relaciones entre Rajoy y Sánchez nunca fueron buenas. En el debate electoral del 15 de diciembre de 2015, el socialista señaló al mandatario, quien se presentaba para su segunda legislatura:  “El presidente tiene que ser decente, y usted no lo es”. Rajoy tildó a Sánchez de ser “ruin y miserable” al tacharlo de deshonesto. Las cosas eran tan tirantes que llegaron a celebrar reuniones para abordar temas de la agenda política en las que ni siquiera se estrechaban la mano, y las descalificaciones mutuas en el Parlamento eran permanentes. Pese a ello, los dos limaron asperezas y consiguieron un pacto de Estado para afrontar juntos la crisis catalana, con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitió al gobierno central la intervención de las instituciones de Cataluña para frenar el independentismo. El político conservador incluso puso de ejemplo al líder socialista ante Albert Rivera, de Ciudadanos, a quien le pidió “la misma lealtad” al gobierno como la demostrada por Sánchez frente al independentismo. Pero la moción de censura hizo saltar por los aires ese entendimiento y Rajoy cambió el tono por duras críticas contra Sánchez, diciendo que la suya era una moción contra “la estabilidad de España”, con el “único interés de ser presidente”, y lo hace “a cualquier precio”, incluyendo aliarse con el PdCat “del señor Puigdemont y Torra, pero a él le da igual”, dijo en referencia a Charles Puigdemont y a Quim Torra, expresidente y actual presidente del gobierno catalán, respectivamente, que abogan por la independencia de esa región. El mensaje de Rajoy y sus compañeros de partido, que desde el conflicto catalán han hecho bandera de su patriotismo español, resaltó que su partido, el Popular (PP), es el único capaz de garantizar “la recuperación de la economía” –en especial los resultados macroeconómicos— y la integridad territorial del país. En este tono, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se sumó a esa ofensiva en un mitin de partido en Toledo, en el que acusó: “Que en este momento pretenda apoyarse en los enemigos del Estado de derecho convierte a Pedro Sánchez en enemigo del Estado de derecho”. La también ministra de Defensa y otros portavoces de su partido iniciaron una campaña de descalificaciones señalando que el socialista se estaba aliando con “Puigdemont” en “plena aplicación del (artículo) 155”, y también con los “amigos de ETA”, refiriéndose al apoyo de los diputados de Bildu. “Queremos preguntarle al PSOE: ¿es esto realmente lo que quiere para los españoles? ¿Quiere el PSOE convertirse en rehén de los independentistas y someter a los españoles a su chantaje? ¿Quieren los señores del PSOE explicarnos qué están dispuestos a dar a los independentistas, a los separatistas, a cambio de que Pedro Sánchez sea presidente? ¿Qué pactos secretos tiene el PSOE con Puigdemont o Torra para que Sánchez sea presidente? Porque todos sabemos que todos van a tener que pagar un peaje más tarde o más temprano”, dijo Cospedal. El martes 29 fue más allá. En su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento del PP, Cospedal afirmó que “no hay ninguna caja B (en su partido), ni aunque lo diga un juez”, que esa era “una contabilidad de (Luis) Bárcenas (extesorero del partido), no es la contabilidad del Partido Popular”. Afirmó que “el Partido Popular no tenía conocimiento de que se estaba realizando una acción constitutiva de delito. Eso lo dice la propia sentencia”, lo cual es contrario a lo que asienta el fallo judicial. “Porque si no –prosiguió—, habría sido condenado penalmente y no ha sido condenado penalmente”, lo cual tampoco es cierto, debido a que los hechos juzgados son previos a la reforma legislativa de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La exministra pretendía justificar que los hechos condenados son de “algo que pasó en 2003”, los cuales jurídicamente todavía son condenables. Además, la defensa del PP y los acusados aplicaron una estrategia de obstaculización para alargar la instrucción y el enjuiciamiento del caso. Cospedal argumentó que ni siquiera eran partícipes a título lucrativo, “porque no teníamos planificado esos actos para nuestra campaña electoral”, pese a que el tribunal demostró que el PP se ahorró los gastos de los mítines, que no quedaron registrados en los informes entregados al Tribunal de Cuentas del Estado. La cercana colaboradora de Rajoy incluso cuestionó los argumentos de los jueces, que califico de “irrelevantes”, y presumió que “el Partido Popular ha hecho mucho en la lucha contra la corrupción”, incluso cuando se demostró que Rajoy protegió a Luis Bárcenas a pesar de ya haber sido imputado. A esto se sumó otro hecho que encendió más la tormenta política en España. El martes 29, la asociación de Jueces y Juezas para la Democracia denunció la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de excluir al magistrado José Ricardo de Prada del tribunal que decidiría las medidas cautelares contra los 29 condenados por el caso Gürtel. El tribunal decidió enviar a prisión a Luis Bárcenas, el exconcejar Alberto López Viejo y el exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Sin embargo, benefició a ocho de los condenados, entre ellos a la esposa de Bárcenas, Rosalía Iglesias (condenada a 15 años de cárcel), y al exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, exmarido de la exministra Ana Mato (condenado a 14 años y cuatro meses). Criticaron que la decisión del CGPJ supone “una grave intromisión en la independencia judicial”, al alterar la composición del órgano judicial ya predeterminado por la legislación. El temor era que el juez De Prada, que es un miembro muy duro de la sala que sentenció la llamada Época I de Gürtel, hiciera mayoría con otro juez en las votaciones. Ciudadanos: El otro damnificado El 8 de mayo, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) difundió su más reciente encuesta que colocó al partido Ciudadanos, presidido por Albert Rivera, en segunda posición detrás del PP y por encima del PSOE, con 22.4% de intención de voto, 9.3% más desde los comicios de junio de 2016. El partido de Rivera se quedó 1,6% abajo del PP (24%) y 0.4% por encima del PSOE (22%). Desde ese momento se lanzó a cuestionar al gobierno del PP por la aplicación de un “155 más duro” para Cataluña, dejando entrever la incapacidad de la presidencia de Rajoy para resolver el limbo que persistía en ese momento en la comunidad autónoma. Con una clara exigencia de convocatoria a elecciones, Rivera también se presentó como el “partido de la estabilidad” y dijo que se estaba planteando si seguían apoyando al gobierno de Rajoy, luego que se conoció la sentencia de Gürtel. “El momento en que los españoles necesitamos un gobierno fuerte, con amplios consensos y capacidad de decisión, en el momento más delicado para España, llega una condena por corrupción al gobierno, que nos debilita como país”, dijo. Pero la moción de censura dio al traste con la estrategia de Ciudadanos, basada en el desgaste del gobierno, para presentarse como alternativa. Ciudadanos quedó enfrentado a Rajoy y su partido, tanto como con Pedro Sánchez, a quien no apoyó. Desde hace semanas, Pedro Sánchez ya había criticado por Twitter a Rivera, al anunciar éste el supuesto “fichaje” del exprimer ministro francés Manuel Valls –de origen catalán– para las elecciones municipales del próximo año, lo que resultó falso. Le escribió que “Albert Rivera anuncia un no-fichaje, Valls, para después culpar al resto de partidos de su NO. Lo nunca visto. Vende humo”. Y en la moción de censura, Sánchez fue más duro: acusó a Rivera de “contorsionismo político” para buscar al electorado decepcionado del PP y querer elecciones anticipadas, “pero vota contra la moción. Señor Rivera, no se puede estar en los dos lados del balancín en política. Usted tiene que escoger, aunque sé que siempre acaba mirando hacia la derecha”. “El problema, su resistencia –le reprochó–, es que usted no quiere que sea yo el que convoque a elecciones”, y “la democracia no es sólo demoscopia, son valores, son principios y coherencia”, pero en usted “no son consistentes las palabras y los hechos que le acompañan”. Por la tarde del viernes 1, apenas finalizó la sesión, el rey Felipe VI firmó el cese de Rajoy y el decreto de la presidencia de Sánchez. Su juramentación estaba programada para el sábado 3. Se producirá así un relevo exprés del gobierno de España. Este reportaje se publicó el 3 de junio de 2018 en la edición 2170 de la revista Proceso.