GUADALAJARA, Jal. (apro) Con la presunta complicidad de las autoridades municipales y agrarias, una pareja de estadunidenses ha cometido una serie de tropelías contra ejidatarios de Las Coronas, ubicado en el municipio de Tizapán El Alto, para despojarlos de sus tierras y construir ahí un campo de golf. Una de las víctimas es Miguel Moreno Grimaldo, quien fue encarcelado por falsas acusaciones de la pareja estadunidense, junto con su esposa. También lo amenazaron con asesinar a uno de sus hijos y, por si fuera poco, acabaron con su ganado, sin que ninguna autoridad ponga freno a la pareja de estadunidenses. Desde el 25 de octubre de 1994, Moreno y cinco integrantes de su familia adquirieron la parcela ejidal número seis del Ejido Las Coronas, con una superficie de 51.6 hectáreas. Sin embargo, a partir de 2007 comenzó el acoso de Susana Josefina Romero Jiménez y su esposo, Kenneth Pharris, para forzarlo a vender. Con amenazas de muerte, entre otras maneras de acoso, se fue deshaciendo paulatinamente de sus tierras. Y aunque funcionarios de la delegación de la Reforma Agraria en Ciudad Guzmán no fueron ajenos a los hechos, terminaron por avalar el proceso de cesión de derechos de la propiedad. En tanto, los visitadores de la Procuraduría Agraria, Odón Toro y José Guadalupe, cuyos apellidos no recordó, son testigos de que Susana Romero cuenta con una carta poder entregada por el presidente del ejido, Juan Gálvez Mendoza, para que ella tome la batuta en las sesiones del Comisariado. De acuerdo con Miguel Moreno, la pareja de estadunidenses ya ha comprado alrededor de 400 hectáreas, bajo los mismos métodos: amenazas de muerte o de encarcelamiento. A pesar de que el denunciante ha solicitado el apoyo del presidente municipal de Tizapán El Alto, José Santiago Coronado en los dos periodos en que ha ocupado el cargo, sólo se cruza de brazos, lamenta. Incluso, afirma que el edil no ha reparado la brecha que conduce a Las Coronas, porque Susana Romero, "no se lo permite". Denuncia por intento de homicidio El 14 de octubre de 2015, Miguel Moreno presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco -hoy Fiscalía General-, ante la Agencia del Ministerio Público número 1 de Chapala por intento de homicidio en contra de su hijo Héctor Eduardo Moreno Aréchiga, en el que presuntamente estaría involucrada Susana Romero, su esposo y otras tres personas. En la querella recuerda que, tras venderle su propiedad a Susana Romero, no se concluyó el proceso; faltaba que los títulos le fueran transmitidos de manera formal ante la delegación de la Procuraduría Agraria. Por lo que ella presentó una denuncia -averiguación previa 99/2015- ante el agente del Ministerio Público por el delito de despojo. El 9 de junio de 2015, el Juzgado Penal de Chapala giró la orden de aprehensión -proceso 135/2015-C- en contra de Miguel Moreno, de su esposa Dorotea Aréchiga Rodríguez y de su hijo, Miguel Ángel. Sólo los esposos fueron capturados, pero tras pagar una fianza de 20 mil pesos quedaron libres. Después de concluir el trámite la mujer se desistió de la demanda. En su querella, Moreno explica que desde que conoció a la ahora denunciada Susana Romero ha sido objeto de amenazas de muerte: “manifestándome que ella conoce los de 'La Plaza' de Tizapán El Alto y que no descansará hasta ser dueña de mis tierras, así como me ha causado diversos daños como muerte a diversos animales". Recuerda que el 24 de septiembre de 2015, Susana Romero le llamó para decirle que le cediera la totalidad de sus tierras, y si no lo hacía "me iba arrepentir". Dos días después, el 26 de septiembre, cuando su hijo Héctor circulaba en cuatrimoto por la carretera Guadalajara-Zamora, unos sujetos le marcaron el alto y le propinaron una brutal golpiza que lo tuvo al bordo de la muerte. Estuvo en terapia intensiva en un hospital privado y la cuenta alcanzó un millón de pesos. Además, en su denuncia destacó que en los primeros auxilios intervino el director de Protección Civil, el médico Fernando Flores, quien a pesar de que sabía que, en el sanatorio de Sahuayo, Michoacán, no contaban con los aparatos requeridos para dar atención a Héctor, aun así ordenó que la ambulancia de su dependencia se dirigiera al estado vecino. En ese sanatorio le dijeron que por la gravedad del joven era necesario trasladarlo al Hospital Civil de Guadalajara. Miguel Moreno iba en la ambulancia de Protección Civil junto con su hijo. Sin embargo, cuando estaban en el ingreso a la ciudad, el médico Fernando Flores se negó a trasladar a Héctor hasta el Hospital Civil de Guadalajara, porque ni siquiera lo habían canalizado, y pretendía que su padre lo subiera a un taxi. Ante la negativa del director de Protección Civil municipal de llevarlo al nosocomio público, su padre vio en el ingreso a la ciudad el hospital privado Puerta de Hierro Sur, y ahí lo internaron. Según la versión de Fernando Flores, Héctor se cayó de la cuatrimoto y se le destrozó el cráneo. Sin embargo, cuando fue atendido en el nosocomio privado, el médico tratante le aclaró a su padre que el joven había sido golpeado en el cráneo con un tubo. Según Miguel Moreno, al día siguiente de que Héctor ingresó al hospital, se apareció Fernando Flores junto con un malandrín. "Pretendían rematar a mi hijo", acusa. En la querella Moreno pide que la averiguación previa -número 2764/2015- no se envíe al agente del ministerio público de Tizapán El Alto, ya que dicho funcionario "es manipulado por la ahora denunciada". Otras denuncias En 2008, Miguel Moreno presentó una denuncia -averiguación previa 1885/2008- por daños en las cosas y amenazas en contra de sus medios hermanos, Jesús y Antonio Moreno Rocha, así como de Susana Romero. Los tres se presentaron a declarar ante el agente del Ministerio Público de Tizapán El Alto. La mujer señalada declaró que en diciembre de 2006 compró a nombre del Institute In Basic Life Principals (IBLP) "una institución de huérfanos y escuelas públicas, así como seminarios de salud," 17 hectáreas a Santos Degollado, éste a su vez las adquirió de Miguel Moreno. En su sitio web, el IBLP se presenta como un instituto "dedicado a dar "capacitación sobre cómo encontrar éxito al seguir los principios de Dios que se encuentran en las Escrituras". Según Susana Romero, Miguel accedió a venderle parte de sus terrenos "porque no tenía dinero para el cumpleaños de su hija" y debido a que a "cada rato tenía vacas muertas". Aseguró: "yo nunca le he amenazado en nada", y afirmó que tampoco había hecho daño a su ganado. En su declaración Jesús Moreno dijo desconocer si el ganado había muerto o si le cortaron el alambrado de sus cercas a Miguel, y mucho menos si Susana "lo ha estado hostigando telefónicamente para que le venda los predios". Según Jesús, su medio hermano se apoderó de una parte de su terreno, "y de ahí comenzó el conflicto", por lo que esperan una resolución de la Procuraduría Agraria. Antonio, su otro medio hermano, simplemente negó su participación en cortar el cercado o matar al ganado de Miguel, y sólo admitió que vendió un terreno a Susana. El 14 de febrero de 2011, Miguel Moreno presentó una denuncia similar -averiguación previa 494/2011-2--, pero ahora ante la Delegación Regional de Justicia, zona 4 de la Región Ciénega, correspondiente a Ocotlán, por daños a su propiedad y por amenazas de muerte. Explicó que Antonio Moreno y su esposa, Guadalupe Olivares le dicen que si no deja los terrenos Susana tal vez no lo me mate, “pero los que están detrás de ella sí". En su querella detalló que ha sido intimidado por sujetos armados que lo persiguen por el pueblo. Unos meses después, el 1 de noviembre presentó otra querella por los mismos delitos. Ninguna de las denuncias prosperó. Autoridades sordas Miguel Moreno no es el único que ha sido afectado en su patrimonio, sino que al menos 14 integrantes del Ejido Las Coronas habrían sido despojados de sus parcelas por parte de Susana Romero, en complicidad con Antonio Moreno. El 29 de abril de 2014, los afectados presentaron escritos similares, ante el entonces fiscal Central, Rafael Castellanos, y el delegado del a Procuraduría Agraria, Gonzalo Moreno, -actual presidente del Partido Encuentro Social en Jalisco- para informar que cinco personas que ya no son ejidatarios, están ocupando un cargo dentro del Comisariado. Por lo tanto, pedían una depuración del padrón ejidal y una investigación. Nunca obtuvieron respuesta. Cuatro años después, el 24 de abril de 2018, 43 de los afectados presentaron un escrito al delegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Jalisco, Rafael Alcaraz, para impugnar la asamblea del 14 de marzo de 2018, puesto que Susana Romero impuso a personas que no son ejidatarios para formar parte del Comisariado. Acusan que Susana Romero forma parte de la mesa directiva y cuenta con una carta poder del Comisario, Juan Gálvez, cuando para ese cargo fue elegido Antonio Moreno Chocha. Los afectados apuntan: "nos están dando de baja para poner a los hijos de gringos". Hasta la fecha, el delegado del RAN no ha dado una respuesta.