Presionado por las artimañas de Graco Ramírez tendientes a obstaculizar la rendición de cuentas, por el súbito repunte de la violencia criminal y por el fuego amigo del senador Rabindranath Salazar, Cuauhtémoc Blanco se dispone a asumir el gobierno de Morelos con un equipo sin experiencia. CUERNAVACA, Mor. (Proceso).- El pasado 1 de julio, cuando Cuauhtémoc Blanco ganó la gubernatura de Morelos con cerca de 60% de los votos, anunció en su primera conferencia de prensa que metería al mandatario Graco Ramírez a la cárcel y que auditaría su administración. A mediados de ese mes Ramírez modificó el acuerdo que establece los lineamientos para el Proceso de Entrega Recepción del Ejecutivo Estatal, a fin de que el gobierno saliente “no necesariamente” entregara documentación alguna que respaldara el estado que guarda la administración.  Esto alarmó al equipo de transición de Blanco, pues no se conocen con certeza aspectos tan delicados como el estado de fuerza de la policía, organizada en el Mando Único, en una entidad devastada por la delincuencia. Uno de los integrantes del equipo de transición del próximo gobernador narra a Proceso que las primeras reuniones con los funcionarios salientes se convirtieron en encuentros “para el cafecito” con anécdotas, cuentos y hasta bromas, y no se entregaron informes ni reportes por escrito sobre los temas fundamentales.  Un mes después de ganar la elección, Blanco cuenta con constancia de mayoría pero sigue sin tener detalles sobre la administración que encabeza, lo que se agrava con la novatez de su equipo; él mismo carece de experiencia suficiente de gobierno, ya que en la alcaldía de Cuernavaca fungió sobre todo como figura representativa y las acciones de gobierno las realizó su gente.  Su hombre de más confianza desde que era presidente municipal es José Manuel Sanz Rivera, empresario nacido en España que fue su representante cuando se dedicaba al futbol. Actualmente éste encabeza el equipo de transición. También forma parte de ese primer círculo el exsecretario de Finanzas y Planeación de los gobiernos panistas de Sergio Estrada y Marco Antonio Adame, el contador Alejandro Villarreal Gasca, así como el abogado del exfutbolista Cipriano Sotelo Salgado y la exconsejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) Mirna Zavala Zúñiga. Con ese equipo, Blanco enfrentará también una deuda que Ramírez engordó durante su sexenio de mil 700 millones de pesos en 2012 a casi 11 mil millones en 2018. Todo esto entre contradicciones con sus aliados de Morena, sobre todo con el grupo que comanda el senador Rabindranath Salazar Solorio, cercano al presidente electo Andrés Manuel López Obrador y sobrino del maestro Othón Salazar Ramírez, el histórico luchador social guerrerense. El anuncio de López Obrador de que el coordinador del gobierno federal en Morelos sería Salazar Solorio –quien cedió la candidatura de la coalición a Blanco pero nunca lo apoyó del todo– sacudió al equipo del exdeportista: la nueva administración iniciaría una deuda millonaria y con el control de sólo la mitad del presupuesto, pues de los más de 20 mil millones de pesos que le corresponden, al menos 10 mil provienen de recursos federales.  Además, a la reunión del 23 de julio entre Blanco y los alcaldes y diputados electos, no llegaron los ocho diputados de Morena, sin los cuales será imposible que el gobernador entrante revierta las reformas con las que la legislatura local favorece a la administración de Graco Ramírez.  Repunta la violencia Pasadas las elecciones, en al menos nueve municipios de las regiones Altos y Oriente se formaron grupos de autodefensas que cerraron los accesos de sus comunidades con barricadas y colocaron puestos de vigilancia. Con rifles de bajo calibre y deportivos, la mayoría registrados ante el Ejército, esos núcleos asumieron el control del territorio ante el incremento de delitos como robos a casas-habitación, abigeato, secuestro y robo de autos, pero sobre todo extorsión y cobros de derecho de piso. En recuentos que llevan a cabo la prensa y organizaciones defensoras de los derechos humanos se muestra un súbito aumento de homicidios, feminicidios y desapariciones de personas.  El 21 de julio, en los municipios de Hueyapan y Tetela, a las faldas del volcán Popocatépetl, los pobladores acordaron en asamblea que el día 23 se trasladarían a Cuautla o Cuernavaca para bloquear vías y obligar a las autoridades del estado a detener a una banda de “colombianos” que extorsiona en sus comunidades. En efecto, los pobladores prácticamente sitiaron Cuautla por más de seis horas. Al lugar, donde se quedaron varados miles de automovilistas y transportistas, llegó el subsecretario de Gobierno, Carlos Benítez Urióstegui, pero no pudo convencer a los inconformes de que despejaran la vialidad. La tensión entre manifestantes y automovilistas estuvo a punto de llevar a los golpes.  Al volver a sus terruños, los inconformes se llevaron retenidos a Benítez y a otro funcionario tras exigir al gobierno que enviara a mandos con capacidad de decisión para que ofrecieran soluciones en una asamblea comunitaria en Hueyapan. Cerca de la medianoche acudieron representantes estatales y federales, así como militares, quienes acordaron con los pobladores que se enviarían soldados a Tetela y Hueyapan, además de que el gobierno de Graco Ramírez enviara a más tardar en 72 horas radios, chalecos tácticos, vehículos y otros “apoyos”. El plazo venció el 28 de julio y la comunidad de Hueyapan se quedó esperando, hasta que emitió un ultimátum: si para el martes 31 no se cumplía el compromiso gubernamental, llevarían las protestas a la capital morelense. El segundo plazo se cumplió y tampoco tuvo respuesta. Sin embargo, las protestas no llegaron a Cuernavaca, puesto que esa mañana en el pueblo de Tlacotepec, municipio de Zacualpan de Amilpas, al sur de Tetela, un grupo de habitantes sorprendió a tres “colombianos” cobrando derecho de piso a unos comerciantes. Al correrse la voz empezó una persecución de los individuos, que huyeron hacia el norte en un coche Smart blanco. Unos transportistas que detectaron el vehículo reportado comunicaron que pasó de largo por Ocuituco y llegó a Tetela. Los habitantes de este municipio, advertidos por los de Zacualpan, vieron el Smart cruzar el puente conectado con el acceso a la cabecera y enfilarse hacia la recta que sube al centro, pero al salir de la última curva lo interceptó un grupo de autodefensas.  Éstos capturaron al colombiano Ricardo Alonso Lozano Rivas, a quien ataron. Los otros ocupantes del auto escaparon. El detenido fue llevado al centro de la población mientras otros incendiaban el Smart. La noticia se difundió de inmediato por el país.  Días después la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) hizo público el video de una cámara del centro de Tetela, en el cual Lozano Rivas, semidesnudo y amarrado en el astabandera de la plaza, es golpeado por varias personas. El hombre falleció y las autoridades tuvieron que rescatar su cuerpo en una pick up de la fiscalía estatal. Las autoridades informaron que, según sus averiguaciones, los extorsionadores ofrecen préstamos y luego obligan a los deudores a pagarles cuotas de por vida, en franca extorsión o cobro de derecho de piso. Según la CES, la banda a la que pertenecía Lozano Rivas opera en el oriente y el norte del estado.  Fue hasta el pasado viernes 3 cuando el gobierno local entregó chalecos y radios a las comunidades. Además hay continua presencia militar, un retén de policías del Mando Único en el acceso sur de Tetela, así como rondines de patrullas. Sólo se observan discretos puestos de vigilancia comunitaria en algunas zonas. La vida en Tetela parece normal, aunque algunos pobladores dicen que “las cosas no volverán a ser iguales”. La reunión con AMLO El primer día de agosto López Obrador recibió en la casa de transición al gobernador electo de Morelos y a su coordinador de la entrega-recepción, Sanz Rivera, para discutir sobre la violencia en la entidad y la transición administrativa.  Llegaron a dos acuerdos fundamentales: por un lado, que López Obrador ofrecería una subsecretaría federal al senador Rabindranath Salazar Solorio, con lo que abre espacio para que llegue como coordinador federal al estado alguien afín a Cuauhtémoc Blanco. En círculos políticos locales se menciona que puede ser Hugo Erick Flores Cervantes, todavía dirigente de Encuentro Social, partido que perdió su registro. Con ello se le quitaría presión a la administración entrante, pues fue esta fuerza política la que postuló a Blanco. Fuentes del equipo del gobernador electo comentan al reportero que el otro acuerdo fue “poner un estate quieto” a Graco Ramírez para que ordene la transición a fin de garantizar la gobernabilidad.  En los días siguientes al encuentro de Blanco y López Obrador se publicaron en la prensa capitalina y la estatal “trascendidos” y especulaciones sobre la posibilidad de que la Procuraduría General de la República tuviera expedientes contra Ramírez, lo que coincidió con la realización de reuniones más formales en el proceso de entrega-recepción.  Este reportaje se publicó el 19 de agosto de 2018 en la edición 2181 de la revista Proceso.