El 11 de septiembre de 1973, integrantes del Grupo de Amigos Personales del presidente de Chile, Salvador Allende, lucharon contra las fuerzas golpistas de Augusto Pinochet. De los 180 miembros de esa escolta, se sabe que unos 50 fueron asesinados; el resto está desaparecido o sobrevive en la pobreza o el exilio, porque su partido, sus compañeros y su país les dieron la espalda. “Fuimos fieles hasta el final y, sin embargo, después nadie se hizo cargo de nosotros”, lamenta el exagente de seguridad Miguel Farías. SANTIAGO (Proceso).- El 11 de septiembre de 1973 no sólo se acabaron el gobierno de la Unidad Popular (UP) y la vida del presidente Salvador Allende. También fue masacrado el dispositivo de seguridad presidencial conocido como GAP (Grupo de Amigos Personales). Al menos 51 de sus miembros fueron asesinados o desaparecidos, fruto del golpe militar y de la política de exterminio que impuso la dictadura de Augusto Pinochet. Pese al importante papel que jugaron en la defensa de Allende y del gobierno constitucional, los sobrevivientes del GAP y los familiares de sus víctimas han sido menospreciados por las cúpulas de la izquierda, en especial del Partido Socialista (PS) al que pertenecía la mayoría de sus miembros. Miguel Farías, exescolta de Allende, denuncia en entrevista que algunos de sus compañeros “han vivido situaciones realmente atroces”.  Lamenta, por ejemplo, el caso de José Díaz Arias, el Pelado Willy: “A él nunca le dieron una mano y murió –en agosto de 2011– sin alimentos, sin atención médica, durmiendo en el suelo, sin pensión, en una casa de la calle Los Juncos, en Lo Prado (Santiago poniente)”.  Willy fue un militante socialista y miembro del GAP, quien el día 11 combatió en Tomás Moro (la residencia presidencial) y vivió un largo exilio en Cuba. Farías cuenta que la muerte de Willy se conoció después de más de una semana de ocurrida, debido al fuerte olor que despedía su cuerpo en descomposición. En junio de 2014 murió en Cienfuegos, Cuba, uno de los integrantes más emblemáticos de la escolta de Allende: Renato González, Eladio, quien batalló codo a codo con Allende en La Moneda. Debido a las precarias condiciones en las que vivía y a la gravedad de una enfermedad que lo aquejaba, prefirió ir a vivir sus últimos meses al país que lo acogió tras el golpe militar. En las largas horas de entrevista con este corresponsal, Eladio denunció el “acomodo” y la “traición” de los socialistas que llegaron al gobierno chileno tras el fin de la dictadura. “Eladio tuvo que irse a Cuba para morir con dignidad”, reclama Farías. Y asegura que hay otros casos similares. “¡Es el pago de Chile!”, expresa con amargura. Él mismo es un afectado por el abandono que sufren quienes defendieron militarmente al presidente Allende y que no es muy diferente al que padecen muchos otros ancianos en Chile. “¿Crees que alguien me dio una mano cuando me estaba muriendo de cáncer de esófago en 2013? No. Fue Manuel Céspedes, quien combatió conmigo en Tomás Moro, y que hasta el día de hoy administra la página del GAP, quien pagó la última operación que tuve que hacerme”, reclama. “Nosotros brindamos un servicio a un presidente constitucional: lo cuidamos a él, a su familia, a su comitiva. Nosotros estuvimos ahí y fuimos fieles hasta el final. Y, sin embargo, después nadie se hizo cargo de nosotros, nadie nos quiso apoyar… Ningún partido de la Concertación ni de la Nueva Mayoría. Lo que es peor: el Partido Socialista usufructúa la memoria de los GAP”, señala con indignación Farías. Cabe consignar que el PS formó a fines de los ochenta, junto con Democracia Cristiana y otros partidos de centroizquierda, la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó Chile entre marzo de 1990 y el mismo mes de 2010.  En 2014 volvieron al poder bajo el nombre de Nueva Mayoría, coalición a la que incorporaron al Partido Comunista y que en 2014 fue derrotada por la derechista Chile Vamos, de Sebastián Piñera. Como parte de este cambio que denuncia Farías, el PS asumió como propia –en septiembre de 1990 con ocasión del funeral oficial de Allende– la versión oficial emanada por la Junta Militar, que aseguraba que el presidente se suicidó con el fusil AKM que le regaló Fidel Castro.  De hecho, su funeral oficial fue coordinado por quien ha sido el mayor cabildero de los grandes grupos económicos y fácticos durante toda la transición a la democracia: Enrique Correa, exvocero de gobierno durante la administración de Patricio Aylwin (1990-94) y hasta hace poco vicepresidente de la Fundación Salvador Allende. Farías denuncia que la triste realidad de los protectores de Allende contrasta brutalmente con la de los criminales de la dictadura: “Ellos tienen pensiones de ricos”. En efecto, la pensión inferior de los oficiales de las fuerzas armadas alcanza los 2 mil dólares, 10 veces más que la pensión promedio de un exonerado político. Pero tratándose de altos mandos, las pensiones alcanzan el equivalente a 8 mil dólares.  Además, muchos de los jubilados de las fuerzas armadas son contratados para diversas tareas, por lo que sus ingresos se duplican. Viven como reyes. Incluso, los exuniformados encarcelados por crímenes de lesa humanidad son beneficiarios de estas fabulosas pensiones, y pese a los escándalos que ocasionalmente esto ha provocado, todo sigue igual.  Farías denuncia que en los tiempos de la Concertación luchó por conseguir una pensión como exonerado político a la que tenía derecho por ley. Pero los socialistas en el gobierno desconocieron su calidad de escolta de Allende y rechazaron darle pensión. Le dijeron que no estaban sus papeles.  Paradójicamente, sólo en 2014 y bajo el gobierno de la derecha encontró una solución. “Fui al Ministerio del Interior. Me atendió un militar. Le dije que quería saber qué pasaba con mi situación y me respondió: ‘Bueno, estos trámites demoran más o menos tres meses’. Retruqué: ‘¿Cómo? Si yo llevo seis años tramitando’. Me dijo: ‘¿Cómo? A ver, deme todos sus datos’. Se metió a un subterráneo y después de un rato trajo una carpeta. Nunca voy a olvidar lo que me dijo. ‘Gancho, no se preocupe, aquí está toda su historia’. Y agregó: ‘¿Sabe? Sus compañeros se lo tenían cagado. La carpeta estaba en la caja número 20, en un subterráneo, olvidada’”.  El gobierno de derecha se demoró 15 días en tramitarle la pensión a Farías (200 dólares), la que de todos modos apenas le alcanza para comer. “Se han robado el país” Manuel Cortés Iturrieta –al que Allende (del que fue chofer) consagró como Patán– también tiene una posición extremadamente crítica de la actitud que tomó la dirección del PS, pero se centra en la crítica política. “No nos daban bola, no nos tomaban en cuenta ni preguntaban cuál es el papel que habíamos jugado los del GAP, ni nos agradecían lo realizado… las jefaturas sólo nos querían de guardaespaldas o cuidapuertas”, asegura en entrevista.  Patán es uno de los 10 fundadores del dispositivo de seguridad formado tras la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970. Actualmente oficia como vocero de los pocos más de 20 sobrevivientes que se mantienen activos en la defensa de la memoria de lo obrado junto a quien cariñosamente llamaban Doctor. Ellos se juntan cada 4 de septiembre en el Cementerio General de Santiago para recordar a los compañeros caídos y para “rendir cuentas” de su bregar por Allende, cuya persona y trayectoria es venerada por ellos. Cortés Iturrieta dice que, como respuesta al silencio de las jefaturas socialistas, él y otros compañeros se dedicaron a hacer un trabajo de registro y memoria de lo sucedido con los miembros del GAP, materia respecto de la cual hay poca claridad puesto que los documentos de muchos de ellos cayeron en manos del Ejército el 11 de septiembre de 1973. Dice que este trabajo lo hicieron en 2005-2006, cuando el presidente del PS era Ricardo Núñez –actual embajador en México– y el mandatario de Chile era Ricardo Lagos Escobar (2000-2006).  Llegaron a la conclusión de que 51 miembros del GAP fueron asesinados y que este dispositivo contó con 180 miembros. El recuento venía con una reseña de la labor de cada militante y del rol político-militar jugado por la organización. También del destino de los sobrevivientes.  Patán dice que a él le tocó en 2006 exponer –ante la Comisión Política del PS– aquel informe. “Fue un resumen de toda nuestra tarea”, señala a Proceso. Expone que la información de los muertos del GAP causó impacto en el PS. “Isidro García –por órdenes superiores– salió diciendo a los diarios El Mercurio y La Segunda que esa información era falsa. Que había solo 30 GAP… que el resto eran huevones que estaban pintando monos (llamando la atención) y que lo único que querían era sacar plata”. Cortés dice que la cúpula socialista “no quería que saliera esa historia. Ellos estaban en otra etapa, limando asperezas con los viejos enemigos, haciendo digeribles a los socialistas para el sistema”. Asegura que el PS ha reconocido como GAP sólo a un reducido grupo de miembros que, liderados por García, “se han dedicado a tergiversar la historia a la medida de las necesidades de los poderosos”.  García y otros GAP cercanos a él, como Pablo Zepeda, han sostenido que Allende se suicidó. Incluso este último llegó a afirmar que él fue testigo de este hecho. En cambio, Patán, Farías y la mayoría de los GAP de la disidencia a la línea oficial del PS afirman que Allende fue asesinado o murió combatiendo. Patán denuncia que el presidente Lagos otorgó pensiones de gracia a 25 personas por su labor en el dispositivo GAP, favoreciendo a muchos que nunca pertenecieron a este equipo. La gestión de esta medida habría sido coordinada por el exmiembro de este dispositivo Isidro García. Además, Patán alega que durante los años de la Concertación se les impidió –mediante trabas en el Ministerio de Justicia– crear una Fundación del GAP. “Pero, de la noche a la mañana, el PS le sacó la fundación a Isidro García… y como casi ningún miembro del dispositivo quiso firmar, esa fundación se forma con gente, con dirigentes de la Confederación Nacional de Trabajadores Panificadores que no eran del GAP… Son puras cochinadas que nos hicieron”. Cortés considera que la dirigencia del PS “le ha entregado el país a los empresarios… se han robado el país”, por lo que no le extraña el trato que han tenido con “los que hemos mantenido en alto las banderas de Allende”. El 24 de junio de 2017, al realizarse el funeral del militante del GAP Óscar Lagos Ríos –detenido junto con otros nueve compañeros en las cercanías de La Moneda y cuyos cuerpos fueron dinamitados– la Agrupación de Familiares de Detenidos en el Palacio de La Moneda e Intendencia expresaron su malestar con el PS: “Ahí está el Partido Socialista sin decirnos nada; hemos hablado con su actual presidente Álvaro Elizalde, pero no escucha, se da la media vuelta, se limpia las manos. Para ellos nosotros ya no servimos, nunca han considerado a las organizaciones sociales que representan a los GAP del presidente Salvador Allende, ellos no se pueden negar a reconocer que eso fue verdad”. En el origen, la guerrilla del Che Tal como se relata en el libro Yo Patán. Memorias de un combatiente –coescrito por Manuel Cortés y el periodista e historiador Arnaldo Pérez Guerra–, Beatriz Tati Allende, la hija mayor del presidente, fue quien lo convenció de la necesidad de crear un dispositivo de seguridad.  Ella formaba parte –junto a Rolando Calderón y Félix Huerta– de la cúpula del Ejército de Liberación Nacional (ELN-Chile), organización creada en 1965 a instancias de Ernesto Che Guevara y que tenía por fin ser la retaguardia operativa de su tarea guerrillera en Bolivia. Patán señala en su libro que la sección chilena del ELN comisionó a su militante, el exguardamarina Fernando Gómez, Cabeza de Perno, a que ofreciera a Allende la creación de un dispositivo de seguridad integral, que era mucho más amplio que tener tres o cuatro guardias.  Allende no aceptó el ofrecimiento. Cuando finalmente Tati convenció a su padre de la necesidad de formar un cuerpo de seguridad integral, a los pocos días de verificada la elección del 4 de septiembre, el ELN ya había determinado desistir de esa misión puesto que –como reclamaron los mandos bolivianos de esta organización– la tarea del grupo era crear un foco revolucionario en Bolivia que irradiara al resto de América Latina…. No cuidar presidentes. En la desesperación por no quedar desamparado, Allende y Tati le ofrecieron esta responsabilidad al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Éste aceptó inmediatamente y designó cinco militantes para dicha labor, pese a que nunca formaron parte del gobierno de la Unidad Popular.  Entre estos primeros escoltas de Allende provenientes del MIR estaba Joel Max Marambio, quien con los años se convirtió en uno de los hombres más poderosos en Cuba. Una vez que el MIR envía a sus cinco representantes, la dirección del ELN se “retracta” y decide disponer de cinco militantes para custodiar al presidente Allende. Entre ellos estuvo Patán. El armamento con que contaron al principio fue una pistola Walther P38, un cañón sin retroceso portátil Carl Gustav, que había sido robado a Carabineros, y dos T1, “que eran unos lanzacohetes que inventaron los guerrilleros tupamaros, que tenían unos timbres y unas pilas, pero que cuando los probamos no funcionaron… así comenzamos esa historia”, señala Patán en la entrevista. Con el GAP “hicimos escuela –en Chile– porque fuimos los primeros en ocupar el sistema de tres vehículos”, recuerda.  En efecto, los GAP se hicieron conocidos por utilizar un sistema de tres vehículos Fiat 125 azules en los que trasladaban a Allende y a sus asesores más cercanos a toda velocidad por las calles, siempre con fusiles de asalto AKM prestos a disparar. En sus memorias Patán revela que el GAP tenía un “edecán whiskero” que impedía que alguien le sirviera un trago a Allende con el que lo pudieran envenenar. “El edecán que andaba a su lado, que aparecía como su secretario personal, guardaba en su chaqueta una petaquita con whisky; entonces, cuando le iban a servir un trago, en cualquier parte, él decía: ‘¡No!, traiga un vaso’. Tomaba el vaso, lo limpiaba, le echaba whisky y decía: “Éste lléveselo al presidente”, y seguía los pasos del garzón o de quién fuera”. Patán cuenta que debido al asesinato del general Schneider –el 22 de octubre de 1970– tomaron una serie de disposiciones bastante drásticas con Allende. Cuando a mediados de 1972 Allende expulsó al MIR del GAP –por robarse armas de reserva– se fue Joel Max Marambio, que hacía de “jefe de escolta”. Patán lo remplazó.  La matanza La mayoría de los cerca de 25 GAP que combatieron con Allende en La Moneda fueron asesinados. Según estableció el ministro en Visita para Causas de Derechos Humanos, Miguel Ángel Vásquez –al emitir condenas en mayo pasado contra siete oficiales en retiro del Ejército por su responsabilidad en los delitos de secuestro y homicidio de 23 colaboradores de Allende–, en aquel día “las tropas militares que ingresaron al Palacio de La Moneda procedieron a la detención de un grupo de alrededor de 50 personas, integrados por asesores políticos directos, miembros del dispositivo de seguridad del presidente Allende (GAP), médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile”. En un recinto militar los detenidos, atados de pies y manos con alambre, fueron asesinados con una ametralladora. Los cuerpos cayeron en una fosa. Según el reporte, “una vez que concluyeron los fusilamientos, el personal militar arrojó granadas a la fosa, las que explotaron en el lugar, cubriéndose posteriormente con tierra y sepultándose de esta manera los restos de tales prisioneros”. Los únicos GAP que aquel día 11 pudieron escapar de la muerte fueron Eladio –que en las afueras de La Moneda se hizo el herido y un oficial que lo conocía lo sacó en ambulancia militar a la Posta de Santiago desde donde se fugó– y otros tres miembros que en el regimiento Tacna fueron circunstancialmente incorporados a un grupo que fue trasladado al Estadio Chile, de Santiago. La orden era matarlos a todos.  Este reportaje se publicó el 9 de septiembre de 2018 en la edición 2184 de la revista Proceso.