CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A un año de la tragedia, la reconstrucción de los inmuebles dañados no ha sido la prioridad del gobierno. De los 6 mil 800 millones de pesos que se han aprobado para ejercer, apenas 600 millones se destinaron a ese fin en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Su sucesor, José Ramón Amieva, decidió utilizar 2 mil 500 millones de pesos del Fondo de Atención a los Desastres en la Ciudad de México (Fonaden) que el anterior gobernante se rehusó a usar.  Ese es el panorama a un año del sismo de magnitud 7.1 que puso en crisis a la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017. A la confusión de los primeros días siguió una maraña de cifras, planes y declaraciones de Mancera y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), órgano que fenecerá este lunes 17 para dar paso al primer Congreso de la Ciudad de México, al que le tocará revisar lo hecho por los asambleístas y el gobierno que termina en diciembre. Lo que ahora tiene el gobierno de la Ciudad de México son cifras preliminares que permiten ver aspectos del desastre no sólo en los inmuebles de uso habitacional, sino en los negocios, las escuelas, hospitales, edificios de gobierno, la infraestructura pública y el patrimonio cultural y religioso. Según la Comisión de Reconstrucción, 3 mil 393 inmuebles resultaron dañados, de los cuales 2 mil 6 son habitables. Aunque señala que el resto –mil 387– son parcialmente habitables o se deben rehabilitar, apenas reconoce 60 como imposibles de habitar; es decir, que tienen alto riesgo de colapso. Además reporta 519 no habitables pero que se pueden rehabilitar. A falta de cifras certeras, lo que hay son estimaciones. Protección Civil del gobierno capitalino cifró en 230 las personas fallecidas por el colapso de edificios. Un año después el número podría ser 10 veces mayor si se colapsan los edificios aún en pie pese a las graves afectaciones que sufrieron. La ONG Nosotrxs, que se ha dedicado a transparentar las labores de reconstrucción, verificó 639 construcciones con alto riesgo de caer. Son inmuebles habitados, sin tratamiento alguno y que en ningún momento han sido desalojados. Un temblor de mediana proporción podría derrumbarlos y afectar a más de 2 mil personas, entre quienes las habitan y sus vecinos, señala la organización en un reporte que se dará a conocer en el primer aniversario del sismo y que conoció Proceso.  De acuerdo con Nosotrxs, 33% de los propietarios sigue viviendo en edificaciones en riesgo de colapso. Más alarmante es que 25% vive en inmuebles con alto riesgo de derrumbe. Entre los edificios dictaminados con riesgo, 41% también está habitado. Las cifras oficiales avalan la estimación de Nosotrxs, cuyo coordinador nacional, Mauricio Merino, formó parte de la Comisión de Reconstrucción que en febrero pasado renunció junto con su responsable, Ricardo Becerra, ante la decisión de la ALDF de pasar por encima de esa instancia y decidir el reparto del presupuesto respectivo. Al menos 6 mil 800 millones de pesos, según las cuentas que ha presentado la propia Comisión para la Reconstrucción. En su más reciente informe, de agosto pasado, la Comisión presenta diferentes cifras sobre la infraestructura afectada, dependiendo de la dependencia o instancia que reporte.  El Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC) cuenta con mil 147 dictámenes de inmuebles dañados, mientras que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) asegura haber dictaminado 5 mil 12 inmuebles.  Ambas instancias reportan edificios en riesgo de derrumbe, aunque sus cifras también varían incluso respecto a las cifras de la comisión. El ISC registra 423 inmuebles con riesgo alto y 173 con alto riesgo de colapso.  Para la Seduvi hay 729 edificios en riesgo alto y mil 158 que reporta como “sin acceso y/o no localizados”. En lo que sí coinciden es en que, a un año del sismo, aún hay edificios en riesgo de derrumbe en la capital del país. Nosotrxs ubicó 639 edificios en esas condiciones en diferentes puntos, pero constató que no todos están deshabitados, con el consecuente peligro para sus habitantes y las construcciones aledañas. En total, estimó que puede haber graves riesgos para unas 2 mil personas, considerando un promedio de cuatro personas por vivienda. De la dimensión de la tragedia oficialmente reconocida también dan cuenta los 2 mil 718 negocios dañados. De ellos, 2 mil 603 son micro y pequeñas empresas; el resto, 115 mercados públicos. La Comisión para la Reconstrucción reconoce además 7 mil 783 afectaciones en infraestructura pública. La mayor parte en la red hidráulica. Según su reporte más reciente, en esas afectaciones se cuentan mil 900 escuelas; 326 inmuebles de infraestructura cultural y religiosa, entre bibliotecas, iglesias y centros sociales, sin considerar el patrimonio cultural, urbano y religioso, que tuvo 379 afectaciones. También registra 123 daños en hospitales y centros de salud. Además, en 83 edificios de gobierno. Ante la emergencia, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó 2 mil 584 millones de pesos que ya estaban presupuestados en 2017. Para este año, la ALDF aprobó 8 mil 772 millones de pesos. En año electoral, el control de ese gasto generó una crisis que terminó en el colapso de la Comisión para la Reconstrucción, que tenía un fuerte componente de fiscalización social. Cambios Ante el escándalo y la controversia por el manejo de los recursos, la Comisión para la Reconstrucción renunció en masa. Mancera le pidió entonces a la ALDF que enmendara el decreto de los legisladores panistas y perredistas. Los recursos pasaron formalmente a ser administrados por la Secretaría de Finanzas, a cargo entonces de su incondicional Édgar Amador.  El entonces gobernante, además, suspendió durante casi dos meses la Comisión para la Reconstrucción y creó una nueva que dejó en manos de otro de sus colaboradores cercanos, el exsecretario de Obras y Servicios, Édgar Tungüi.  El nuevo comisionado se ha dedicado a operar la entrega de los recursos en la misma lógica decidida por los asambleístas; es decir, sin estudios técnicos previos que justifiquen el acceso a los recursos, como consta en las minutas de la comisión. Con la llegada de Amieva al gobierno de la Ciudad de México, Amador salió de Finanzas y llegó Julieta González.  “Las dependencias van a la Secretaria de Finanzas y en la comisión se otorgan los recursos sin plan integral, sin saber si son las prioridades, y sobre todo sin que existan los censos de damnificados e inmuebles afectados”, dice a Proceso Vania Salgado, coordinadora de los trabajos del Colectivo Reconstrucción Transparente de Nosotrxs y representante de Damnificados Unidos de Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc. “A todo dicen que sí, sin un plan, sin los censos completos y sin justificación de las necesidades”, dice. Salgado asegura que, de acuerdo con una revisión a julio pasado, la Secretaría de Finanzas solo había dado cuenta de 4.7% de las aprobaciones de la Comisión de Reconstrucción; es decir, 286 millones de pesos, de los 6 mil 800 que la comisión había aprobado. “Esa es la verdadera tragedia de los recursos. Desconocemos cómo se hicieron las autorizaciones y hacia qué dependencias. Sobre todo, puede que haya subejercicio, que las dependencias no hayan usado los recursos, mientras que el tema de los damnificados sigue sin estar resuelto.” Para Salgado, la reconstrucción no ha sido prioridad. Explica que no fue sino hasta nueve meses después del sismo cuando se creó el Fideicomiso para la Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda, al que al inicio sólo le habían asignado 600 millones.  Ante las demandas de los afectados de crear ese fideicomiso, el Gobierno de la Ciudad de México y la ALDF se responsabilizaban uno al otro. Después de la insistencia de los damnificados para aumentar ese fondo, Amieva finalmente decidió aprobar un nuevo monto por 2 mil 500 millones de pesos, procedentes de Fonaden y que Mancera no quiso utilizar, con el argumento de que se debían usar para otras emergencias, explica Salgado. Observa que, durante el proceso electoral, en las delegaciones hubo muchos ofrecimientos de candidatos a los damnificados, “que no sabemos cómo los costeaban”.  Pasadas las elecciones, ni la propia ALDF tuvo interés en reasignar mil millones de pesos más para la reconstrucción, como lo solicitó Amieva mediante una iniciativa. Obligada judicialmente a realizar un periodo extraordinario para procesar la designación de una magistrada, la ALDF pudo votar esa iniciativa. Pero el presidente de la Comisión de Gobernación, Leonel Luna, evitó incluirla en la discusión. Este texto se publicó el 16 de septiembre de 2018 en la edición 2185 de la revista Proceso.