A partir de la llegada de Rodrigo Duterte a la Presidencia de Filipinas en 2016, en los barrios más pobres de la capital de ese país se cuentan por decenas de miles las ejecuciones de presuntos drogadictos o supuestos narcomenudistas a manos de la policía o de “escuadrones de la muerte” que actúan con impunidad. Nada raro en una nación cuyo mandatario dijo que sería feliz si pudiera aniquilar a los 4 millones de drogadictos filipinos y que prometió llenar de cadáveres la bahía de Manila.  MANILA (Proceso).-  Dos muertos a tiros en la calle Tramo. Hacia las 22:00 horas el aviso le llega a la quincena de periodistas de guardia en la sala aledaña a la sede central de la policía. Corren hacia las camionetas que esperan en la puerta con el motor encendido y se pierden a toda velocidad por las calles de la capital filipina. El cuerpo de Rolando Almogela, Tano, drogadicto y narcomenudista ocasional, sigue sobre el asfalto casi una hora después de que fue víctima de un tiroteo. Junto a él, un papel donde se lee: “Muchos más morirán si no dejan las drogas”. Los agentes, apáticos, toman fotografías y enumeran con señalizaciones amarillas los casquillos: 1, 2, 3… 16. Los niños se toman selfies más allá del cordón policial mientras los adultos comentan sin sobresalto los acontecimientos: unos motociclistas embozados lo acribillaron, siguieron calle arriba y mataron a otro presunto narcomenudista. Un recorrido entre ambos cuerpos, separados por unos 50 metros, descubre a los vecinos con cervezas y sentados en sillas de plástico sacadas al fresco. Uno de ellos resume la noche con rigor de notario: dos traficantes menos en el barrio. “Al principio de la campaña teníamos decenas de muertos algunas noches. No nos daba tiempo de cubrirlos todos. Llegábamos, tomábamos algunos datos e íbamos al siguiente”, cuenta un reportero. Código 00 Son días difíciles para los drogadictos y narcomenudistas en Filipinas desde que Rodrigo Duterte asumió la Presidencia, en 2016. La policía ha matado a más de 4 mil 500 sospechosos, según cuentas oficiales. Pero hay otras 23 mil 500 muertes en circunstancias “no aclaradas” o por delitos relacionados con las drogas. El balance es de 33 muertos diarios. La policía sostiene que sólo dispara a quienes se resisten al arresto, los partidos de oposición denuncian que se cometen crímenes contra la humanidad y las organizaciones de derechos humanos hablan de asesinatos realizados por vigilantes y escuadrones de la muerte que actúan al amparo del Estado. La connivencia del Estado y la policía con los enmascarados que siembran las calles de cadáveres es una denuncia recurrente. Liezle, cuñada de Tano, busca justicia pero se niega a acudir a la policía. “¿Cómo podemos esperar que resuelvan su asesinato los mismos que lo cometieron?”, pregunta. Tano era lo que se conoce como un “código 00”: un adicto o narcomenudista que no se ha entregado voluntariamente en una comisaría para someterse a un proceso de desintoxicación. El debate se simplifica en una guerra de siglas: DUI (muerte bajo investigación) para unos, EJK (ejecuciones extrajudiciales), para otros. El altísimo número de tiroteos declarados y las escasísimas muertes de policías certifican a los delincuentes filipinos como los de peor puntería del mundo. Se denuncia no sólo la masacre sino su impunidad. Amnistía Internacional tituló “Si eres pobre, estás muerto” su más reciente informe sobre Filipinas. No hay noticias de grandes capos detenidos. La droga incautada en relación con los muertos es irrisoria. Un caso puede ilustrar el fenómeno: la noche del 17 de agosto de 2017 se saldó con 32 “sospechosos” muertos y 100 gramos de metanfetaminas decomisados. Tres gramos por muerto. Sin embargo, en los clubes más elitistas de Manila no faltan la mariguana ni la cocaína. El castigo de la guerra contra la droga se ha cebado en arrabales de pobreza dolorosa como Nabotas o Caloocan, en los suburbios de Manila. Las casuchas de madera y lámina en una zona conocida como Market Tres fueron reconstruidas por los lugareños después de que un incendio las arrasara meses atrás. Insalubres, sin agua corriente, exaltan el aprovechamiento de espacios con literas y bolsas de plástico a modo de paredes. El paisaje remite al paso de un tsunami. Troncos y pedruscos se mezclan en el lodazal. Niños semidesnudos juegan entre gallinas y perros desnutridos. Los hombres se asean en la calle con cubetas. Y en ese ambiente abundan las sonrisas por esa capacidad tan asiática de mirar hacia adelante y sin lamentos, porque la supervivencia diaria reclama toda la energía. En las puertas se lee “Dios está contigo” y otros mensajes de aliento escritos con gis. María de Parine perdió a dos hijos en una semana. Se disculpó con Danilo por dejarlo ahí, besó su frente y salió de las instalaciones forenses. No pudo hacer más porque aún no había resuelto cómo pagar el entierro de Aljon, su otro hijo. Pasaron los tres meses reglamentarios y Danilo fue a la fosa común junto con los cuerpos no reclamados. Aljon tenía 23 años cuando murió, en septiembre de 2016. Acababa de salir del hospital por un problema del corazón cuando tres enmascarados entraron en su casa y lo golpearon, desoyendo las súplicas maternas. Se lo llevaron con la promesa de devolverlo. Fue encontrado esa misma noche, muerto de dos balazos. Danilo tenía 33 años. Reparaba las tuberías en casa de un amigo cuando fue abordado por un grupo de enmascarados. Su cuerpo apareció en el río con 20 balazos. “Danilo consumía pero Aljon nunca lo hizo. Trabajaba duro, ayudaba en casa y me prometía que jugaría en la NBA para sacarnos de la pobreza. Alguien dio un chivatazo equivocado”, sospecha María. La planta procesadora de pescados es la única oferta laboral de la zona. María cobra entre 180 y 320 pesos por trabajar 16 horas diarias cortándolos a cuchillo; su marido gana unos 140 pesos por descargarlos. Los hijos se empleaban ahí en lo que cayera. Los 12 mil 500 pesos que cuesta un funeral son una bomba para esas economías familiares con problemas para llenar de arroz el cuenco. El único recuerdo que guarda María de Aljon es la ampliación de la foto del carnet de identidad que le dio el párroco para que no usara la del funeral. La fotografía, muy pixelada y descolorida, cuelga de la pared más noble de su cuchitril. No tiene ninguna de Danilo, pero María dice recordarlo claramente porque se parecía mucho a ella. Los costos de la impunidad En arrabales como este apuntaló su victoria Duterte. Rosita Opiasa, líder social en Market Tres, recuerda los estragos del ubicuo shabu o droga de los pobres. Una dosis, fumada sobre papel de aluminio, apenas cuesta 180 pesos. Sirve para huir de la árida cotidianidad y aguantar los trabajos extenuantes. También puede desquiciar cualquier cabeza si se usa repetidamente, generar comportamientos antisociales y empujar al crimen. La llegada al poder de Duterte fue interpretada por los traficantes como un desafío y se esforzaron en hacerse más visibles. Bastaron un año y unos 60 muertos para que asimilaran la derrota. Opiasa muestra orgullosa el tatuaje que la identifica como miembro de la misma organización elitista que Duterte. Vende camisetas con la imagen del presidente y le profesa una devoción que no ha mitigado ni siquiera el reciente asesinato de su hijo, a manos de escuadrones de la muerte. Los lugareños de Caloocan sostienen que se ha acabado la impunidad de los traficantes, pero lamentan la factura. Son constantes las redadas nocturnas de enmascarados y una motocicleta sin matrícula basta para desatar el pánico. Protegerse en las casas es inútil, porque los tablones no frenan a los pistoleros. “He perdido ya la cuenta de las veces que han venido este año. Quizás una veintena. La última fue anoche. Hubo otro muerto. Cuando escuchamos disparos nos metemos en casa y esperamos que acabe”, dice Jocelyn Bellarmino. El ciclo comprende una semana con varios muertos, seguida por dos o tres de calma para los entierros. Jocelyn perdió a su pareja, Vicente, en una redada antidroga. Fue sepultado como es costumbre: recibió una inyección de formaldehído para que aguantara semanas sin descomponerse, mientras la familia organizaba sorteos y partidas de cartas entre amigos para pagar el entierro. Jocelyn rehízo su vida con Macario y disfrutó de unos meses de relativa felicidad. Pero éste fue asesinado por enmascarados y su compañera sacó de nuevo el bingo. Una foto, una gorra, un reloj ensangrentado y el informe de la autopsia es todo lo que guarda de él. Opiasa sólo recuerda a un político en Market Tres. Llegó, se paró en la carretera sin atreverse a entrar y prometió ayuda para reconstruir las viviendas tras el incendio. No regresó y el dinero nunca llegó. Ese secular olvido de las clases bajas por la política ortodoxa fue el caldo de cultivo perfecto en Filipinas para el discurso populista de Duterte. Sus promesas de acabar con la corrupción y las drogas en un año calaron en una sociedad hastiada de políticos remilgados e incompetentes. Duterte proclamó que sería feliz si pudiera masacrar a los 4 millones de drogadictos filipinos, prometió llenar la bahía de Manila de cadáveres, aconsejó abrir funerarias y concedió inmunidad a los policías que dispararan a los adictos. Así ganó las elecciones y conserva un apoyo masivo. Su índice de aprobación popular alcanzó 88% en junio pasado, según la encuesta de Pulse Asia Research. Consultas anteriores revelan que la sociedad y Duterte están de acuerdo en la prevalencia del fin sobre los medios: 75% de los filipinos está convencido de que existen las EJK y 90% apoya la guerra contra la droga. “Ahora camino tranquilo por las calles. Quienes critican a Duterte nunca han vivido en Manila. Antes los traficantes se movían con total impunidad por la ciudad”, señala Álex Mendoza, el encallecido decano de los periodistas de nota roja. Nada puede con la popularidad de Duterte. Ni sus bromas sobre una activista occidental violada y asesinada en la cárcel ni sus confesiones de haber asesinado con sus propias manos ni siquiera haber tildado de idiota a Dios o de hijo de puta al Papa, en el país más fervorosamente católico de Asia. En una dinámica parecida a la de Donald Trump, emerge con más fuerza tras cada escándalo. Los críticos de Duterte vieron el pasado año en el caso de Kian Loyd delos Santos el inicio del fin de idilio popular. El joven de 17 años no era más que un número registrado en la campaña policial que cobró 90 vidas en una semana en Manila, hasta que las cámaras de video desmintieron la versión oficial. No murió en un tiroteo tras oponerse a su detención, sino que fue conducido por agentes a un callejón y acribillado mientras imploraba que lo dejaran regresar a casa para estudiar. Kian no parecía uno de esos haraganes drogadictos que Duterte ha prometido eliminar y pronto se convirtió en el rostro que cualquier amontonamiento de cadáveres necesita para tocar las fibras sensibles de la sociedad. Su muerte catalizó la indignación en una ciudadanía adormecida y condescendiente. Su recuerdo aún aglutina hoy a los contrarios a Duterte, pero el “efecto Kian” se ha desvanecido en el grueso de la sociedad. Tampoco el coro condenatorio global le ha hecho mella a Duterte. Ha acusado a las activistas de derechos humanos de amparar a los magnates de la droga e insultado sin piedad a todo gobierno u organización que critique su briosa lucha contra las drogas. Esta semana llamó “idiotas” a los miembros de la Comisión Europea. Sólo ha recibido el aplauso de Trump. Descartada por quimérica una derrota electoral de Duterte, sus críticos depositan sus esperanzas en la Corte Penal Internacional (CPI). Familiares de ocho víctimas han pedido recientemente al tribunal de La Haya que juzgue a Duterte por crímenes contra la humanidad. Su intervención, alegan, “salvaría a miles de ser masacrados”. Es la segunda denuncia contra Duterte que recibe la CPI. El presidente primero animó al tribunal a procesarlo y dijo mostrarse listo para “pudrirse en la cárcel”. Después sacó a Filipinas de la CPI y amenazó al fiscal con arrestarlo tan pronto aterrizara en Manila. Los expertos se entretienen estos días discutiendo si la CPI conserva su jurisdicción en Filipinas. Son debates demasiado sesudos para Duterte y que en ningún caso afectan su misión vital. El pasado julio, en su discurso a la nación, prometió que la guerra contra las drogas seguirá “tan implacable y espeluznante como el primer día”. Este reportaje se publicó el 26 de septiembre de 2018 en la edición 2186 de la revista Proceso.