La iniciativa de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha empeñado desde antes de asumir el gobierno, no sólo otorga la cobertura legal a las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública. También mantiene a los cuerpos militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos fuera del alcance de la Corte Penal Internacional y, en la práctica, preserva la posibilidad de que los detenidos puedan ser interrogados, con riesgo de tortura, en instalaciones militares antes de ser puestos a disposición de las autoridades civiles. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El presidente Andrés Manuel López Obrador mantendrá la cobertura legal a las Fuerzas Armadas, esenciales en su proyecto de gobierno, para que la Corte Penal Internacional (CPI) siga impedida de intervenir directamente en casos de graves violaciones a los derechos humanos en México. Las reformas constitucionales para la creación de la Guardia Nacional, aprobadas en la Cámara de Diputados el miércoles 16 por el oficialismo con el apoyo del PRI, excluyeron la modificación al artículo 21 de la Constitución para reconocer plenamente la jurisdicción de la CPI en el país. Además, mantienen la posibilidad de que los efectivos de la Guardia Nacional, que serán en su mayoría policías militares y policías navales, continúen la práctica de interrogar a los detenidos en los cuarteles antes de llevarlos ante el Ministerio Público, como ha ocurrido durante los últimos 12 años, según lo documentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en actuaciones de miembros de las Fuerzas Armadas en el marco del combate al narcotráfico. Las reformas aprobadas hasta ahora en la Cámara de Diputados y pendientes de ratificación en el Senado conservan también la intervención de la justicia militar en casos de graves violaciones a los derechos humanos por parte de los militares, y no hacen ninguna referencia a las disposiciones de la intervención de las comunicaciones de personas por parte de los militares ni a la facultad que tiene la justicia castrense para citar a declarar a civiles. La iniciativa original presentada por Morena para la creación del nuevo cuerpo armado proponía que el Estado mexicano reconociera la jurisdicción de la CPI y superar lo que ahora sucede: que el presidente de la República, con el aval del Senado, tenga la última palabra para cualquier actuación de ese tribunal de Naciones Unidas en el país. Después de casi dos décadas de reconocimiento a la CPI, hasta ahora ninguna de las denuncias presentadas en contra del Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos ha derivado en la actuación de esa corte. México reconoció su jurisdicción en septiembre del año 2000, al final del gobierno de Ernesto Zedillo, pero se ha quedado en un mero enunciado. En el gobierno de Vicente Fox, en medio de las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Ejército durante el régimen del PRI, se estableció un doble candado en la Constitución para la intervención de la CPI en México. En la reforma al artículo 21 constitucional, aprobada en 2004, se estableció: “El Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, reconocer en cada caso la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Inicialmente, Morena pretendía eliminar esa doble restricción que se ha traducido en una obstrucción a las denuncias presentadas contra México desde que en 2007 los militares emprendieron el combate frontal al narcotráfico. En la iniciativa se eliminaba ese impedimento y se proponía que en la Constitución se estableciera: “El Estado mexicano reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional”. Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2203 de la revista Proceso, ya en circulación.