Tapachula, la 'ciudad cárcel” al servicio de Trump

sábado, 12 de octubre de 2019 · 09:32
Se consideran “rehenes” o prisioneros de una política migratoria mexicana puesta al servicio de Donald Trump: son miles de inmigrantes africanos que en su afán de llegar a Estados Unidos quedaron atrapados en Tapachula, “ciudad cárcel”, como la llaman ya representantes de varias ONG que han visitado esa ­región chiapaneca. Varados ahí, a los migrantes se les impide viajar al norte; se les quiere obligar a aceptar una residencia permanente o bien, abandonar el país por la frontera sur, lo que viola su derecho a la protección internacional y condiciona su estancia legal. TAPACHULA, Chis. (Proceso).- Atrapados en esta ciudad fronteriza, migrantes africanos sobreviven en condiciones precarias y sin servicios básicos; exigen libertad de tránsito por el territorio mexicano y se autodenominan “rehenes” de la política migratoria impuesta por el gobierno de Donald Trump al de Andrés Manuel López Obrador. Han viajado varios días, semanas o meses, algunos en avión, otros en barco, tren o autobuses, incluso a través de la selva amazónica, para alcanzar el norte del continente. Llegaron a Sudamérica desde diversos países de África con el objetivo de instalarse en Estados Unidos o Canadá, pero su viaje se truncó en esta ciudad de la frontera sur de México. En casas de campaña, bajo los aguaceros de la temporada y una temperatura promedio de 35 grados, sobreviven afuera de la Estación Migratoria Siglo XXI, la “estación modelo” creada en el gobierno de Vicente Fox. Ahí hombres, mujeres y niños deambulan, cocinan y alivian sus necesidades fisiológicas en la maleza. Afuera de la estación acampan unos 500, pero la mayoría se encuentra en los alrededores o en el centro de Tapachula; son unos 3 mil. Se refugian en casas abandonadas, iglesias, corredores de vecindarios y las posadas más baratas. A pocos les alcanza para quedarse en un modesto hotel. Los lugareños se cruzan con los africanos, sobre todo por las tardes, cuando la plaza central está atiborrada. Sobresalen por su color de piel entre la morena multitud mexicana; algunos hombres corpulentos y las mujeres curvilíneas atraen las miradas. Pero se sienten atrapados, encarcelados en una ciudad de la que no pueden salir para avanzar en su camino. Se dicen rehenes de la política migratoria que el gobierno del presidente Donald Trump le ha impuesto a su par mexicano. Después de tantos países andados, los migrantes africanos reclaman que en ningún país los trataron tan mal como éste. Telenovela sin final feliz En la multitud de migrantes africanos, también llamados extracontinentales, algunos hablan inglés, otros, francés, portugués y lenguas originarias de Senegal, El Congo, Sierra Leona y Camerún, pero también de la asiática Sri Lanka, y a ellos se suman los migrantes de este hemisferio, los de Haití. Poco han aprendido o no se esfuerzan por hablar español. Distinto es el caso de María, que se identifica con ese nombre ante los medios y los periodistas para simplificar las entrevistas. Originaria de Angola, María era una activista y defensora de los derechos de las mujeres que empezó a comprender y hablar español por las telenovelas mexicanas. Ahora el idioma de los melodramas le permite contar su historia, semejante a la de muchos otros de sus compañeros de travesía, y ser la vocera del grupo para manifestar su inconformidad. Madre de siete hijos, salió el 16 de mayo de su país. Durante más de tres meses viajó de un continente a otro; en Brasil cruzó la selva amazónica, pasó por Colombia y Centroamérica. Muestra en su teléfono celular los videos de las largas caminatas por la maleza y los lodazales de la selva, con sus hijos detrás. Dice que en todos los países les dieron agua, comida, atención médica y albergue temporal, pues sabían que no pretendían quedarse. Pero se quedó varada en México, el país que idealizó por sus telenovelas, en las cuales los pobres salen adelante pese a la adversidad. Claro que está decepcionada del país, de su gobierno. Desde Angola sus amigas le preguntan si ya conoció a los artistas (la mayoría de los que menciona son de Televisa) y ella les contesta que se les retuvo en la frontera sur. En una casa de campaña, María lamenta que el gobierno de México se haya doblegado ante el de Donald Trump y ahora ellos sean los “rehenes” de esta política antimigrante. Además de la indiferencia de las autoridades migratorias, aquí enfrentan el rechazo por ser extranjeros y los prejuicios por su color de piel. Son señalados de portar el virus del ébola y de causar el incremento de infecciones por VIH en la región, como se publicó en el diario Milenio el 24 de septiembre. En esa nota periodística se dice que la Secretaría de Salud local, a través de la Coordinación Estatal de VIH/sida, y la ONG Brigada Callejera le atribuyeron al alza en el flujo migratorio el incremento de casos de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis y VIH. En particular estigmatizaron a los migrantes africanos. También habla un poco de español Paul Mananga Ntoto, del Congo, quien se hace llamar Pablo. Está enojado por esas noticias, que atizan la discriminación contra ellos. Además, dice, ni las organizaciones civiles ni las autoridades sanitarias se han acercado para darles asistencia médica, pero algunos medios ya los culpan del aumento de enfermedades. Pablo también hace de vocero del grupo y participa en las marchas casi diarias de protesta entre la Estación Migratoria Siglo XXI y la plaza de Tapachula. En el trayecto, los africanos cantan, bailan, tocan silbatos, golpean cualquier objeto con ritmo y agitan palmas y ramas mientras gritan al unísono: “¡Libertad, libertad, libertad!”. Esto reafirma, y Pablo lo repite, que se sienten “prisioneros”. El gobierno federal no los deja avanzar porque les niega el oficio que les permitiría cruzar el territorio nacional y después la frontera norte, que es la meta de la mayoría. Los desdeñados Irineo Mujica, activista de la organización defensora de migrantes Pueblos Sin Fronteras, dice que el gobierno de López Obrador actúa como policía del gobierno de Estados Unidos, pues todo México es el muro que Trump le prometió a sus votantes. Claudia León, del Servicio Jesuita de Apoyo a los Migrantes, confirma que en Tapachula los africanos resienten más las políticas públicas del país contra el libre tránsito de personas. Describe la situación como una emergencia humanitaria que el gobierno pretende ignorar, ya que un año después de iniciar el éxodo no han mejorado las condiciones de estos grupos, en especial los africanos y los haitianos. El gobierno les ofreció la residencia permanente en esta región o bien la salida por la frontera sur, pero eso viola su derecho a la protección internacional y condiciona su estancia legal. León aclara que todo migrante tiene derecho a pedir refugio en el país que desee y no sólo donde se le ofrezca o se le imponga. Muchos africanos vienen huyendo de la violencia en sus países y el intento de deportarlos implica ponerlos en riesgo. La defensora coincide en que Tapachula se volvió una “ciudad cárcel” para los migrantes africanos, que carecen de todos los servicios y de atención gubernamental, todo ello en el contexto de la campaña electoral en Estados Unidos, ya que Trump pretende seguir en la presidencia y usa el tema para ganar simpatías. Antes de eso, México les extendía un oficio de salida para que abandonaran el país en un plazo de 20 días por la frontera que desearan o bien regularizaran su estancia legal, pero ahora los condiciona a regularizarse o irse por la frontera sur. Y esto, señala León, no se basa en ningún reglamento sino que es un agregado de la política migratoria acordada por los gobiernos mexicano y estadunidense. Con esa política, dice, el gobierno de López Obrador viola los acuerdos internacionales de protección a los migrantes, pues éstos no tienen la intención de quedarse en el país. Esta semana visitó Tapachula José Palazón, fundador de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, quien ha trabajado con los migrantes en la ciudad autónoma española de Melilla, en el norte de África. En 2014 Palazón recibió de la ONG Médicos del Mundo el XVIII Premio Internacional de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña por la imagen de un grupo de personas encaramadas en la valla mientras unos vecinos juegan golf. Lo que vio aquí le recordó aquella escena de su natal Melilla: la construcción de una cárcel para evitar que la gente avance hacia donde quiere ir. Por eso también dice que al final Trump sí construyó su muro, con Tapachula como centro de retención o cárcel de migrantes. Además considera que la Guardia Nacional no tiene nada de civil e implica una militarización de la política migratoria. En la Estación Migratoria Siglo XXI, dice, “vi a centenares de familias africanas viviendo a la intemperie, sin ropa, sin comida, en condiciones sanitarias espantosas. No había agua hoy”. Considera que el gobierno federal no puede consentir que la gente viva así, por más que Trump haya empezado a mandar en México. Invoca el reconocimiento internacional que el país tenía al recibir a los migrantes españoles que huyeron del franquismo, pero ahora el presidente de Estados Unidos le impuso otra cara: “Está convirtiendo en cárceles ciudades, como Tapachula, que siempre habían sido de paso”. El pasado 28 de septiembre, el titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, estuvo en Tapachula en su segunda visita al país. Los inmigrantes africanos quisieron que escuchara su reclamo y lo siguieron hasta el aeropuerto, pero no lo consiguieron. Grandi declaró que la ACNUR se ciñe estrictamente a ayudar a refugiados y esos migrantes no tienen aún ese estatus. Su oficina, aclaró, interviene a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sin embargo, al final de su visita Grandi dijo que en la frontera sur “se ocupó de la situación de personas procedentes de algunos países de África, así como de haitianos y cubanos”, muchos de los cuales no desean solicitar la condición de refugiado en México. Añadió que se deben encontrar soluciones acordes con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular a fin de que esas personas no necesiten protección internacional. Al respecto, tanto Mujica como Claudia León, del Servicio Jesuita, criticaron que el titular de la ACNUR no escuchara a los migrantes africanos, pues al igual que el gobierno de México los desdeña en vez de abogar por ellos. Este reportaje se publicó el 6 de octubre de 2019 en la edición 2240 de la revista Proceso

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