QUITO (Proceso).- En años recientes los indígenas ecuatorianos experimentaron acciones y expresiones políticas y sus organizaciones sufrieron divisiones, disputas internas, rupturas y también “cooptación” desde el poder político; además ganaron 19 alcaldías y cinco prefecturas en los comicios del pasado 24 de marzo. En otras palabras: han vivido una intensa actividad política expresada con fuerza en el paro nacional del jueves 3 al lunes 14 y esto explicaría su victoria frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al gobierno de Lenín Moreno, al conseguir derogar el decreto 883. Y lo más significativo, desde la mirada de sus nuevos dirigentes y algunos especialistas que siguen con atención a este sector social, es la renovación generacional en la cúpula de las provincias y en ciertas instancias nacionales. Con esto, además, se ha “castigado” a dirigentes que participaron en cargos oficiales en el gobierno de Moreno y otros que fueron funcionarios de Rafael Correa Delgado. “El movimiento indígena tuvo una baja durante el gobierno de Correa. Es decir, el hecho de que haya mayor participación en algunas instituciones estatales de parte de las dirigencias indígenas que en ese momento tuvieron participación directa con el correísmo hizo que de alguna manera se fraccionara la organización”, comenta Nayra Chalán, vicepresidenta de la Ecuarrunari, filial de la serranía ecuatoriana de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Joven, con formación universitaria, de la etnia saraguros de la zona sur de Ecuador, fronteriza con Perú, Chalán señala que hubo un proceso interno de “renovación dirigencial”, un cuestionamiento en las comunidades y que desde la convención de la Conaie en agosto último ya hubo una postura crítica al gobierno de Moreno, que no la compartían los antiguos dirigentes. Y acota: “El mismo movimiento indígena ha sido capaz de ir regenerando sus dirigencias, pero vemos que ahora hay importantes porcentajes de jóvenes que estamos en la dirección. Esto se debe también a que nos hemos peleado el espacio como nueva generación”. Con esta declaración, además, Chalán, como el mismo presidente de la Conaie, Jaime Vargas, han denunciado que no son manipulados o un brazo del correísmo, como algunos sectores de la derecha han apuntado. De hecho Vargas (nombrado titular de la Conaie el pasado agosto) fustigó al correísmo e insinúo que la violencia vendría de ese sector, cuando sostuvo el diálogo –transmitido en vivo– con Moreno y los presidentes de todas las funciones del Estado el domingo 13. De hecho, el discurso oficial, antes, durante y después del paro fue el de acusar a los militantes de la Revolución Ciudadana (RC), liderados por Correa, de ser los causantes de los desmanes y de un “intento de golpe de Estado”, como denunciaron Moreno y sus ministros de Gobierno, María Paula Romo, y de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quien ahora los indígenas responsabilizan directamente de las muertes y detenciones. Y que al final trajo como consecuencia la detención de la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y el pedido de refugio y protección en la embajada de México en Quito de seis legisladores de RC. Todos ellos tienen abiertas investigaciones y proceso judiciales por rebelión, figura penal que se castiga con prisión de cinco a siete años. Otro dirigente que ha destacado en esta protesta popular, Leonidas Iza, dijo que era irresponsable acusar al correísmo de violencia y protagonismo, porque con eso estarían deslegitimando su propia lucha. “Creemos que la chispa que prendió la pradera fueron las medidas económicas. Hemos analizado el modelo económico que se implementó después del correísmo. Con Rafael Correa teníamos un Estado regulador, heterodoxo, con políticas de asistencialismo mucho más fuertes que el actual; con eso teníamos un nivel de tranquilidad. “Ahora con Moreno tenemos un Estado desregulador, más afín con las políticas neoliberales. Y por tanto eso fue generando más disputa y acumulación de fuerzas en los sectores sociales”, explica a Proceso el joven dirigente indígena de la provincia de Cotopaxi, quien frente al ministro de Economía, Richard Martínez (en el diálogo del domingo 13), fue quien mejor explicó el impacto de las medidas económicas contra su pueblo y con ello se ganó la popularidad en redes sociales y muchas entrevistas en los medios. Nuevos líderes, otras agendas Ocupados en las disputas políticas, en la lucha contra la corrupción, en la denuncia de escándalos y la perspectiva electoral para 2021, los medios y los actores políticos no consideraron el resultado de la Asamblea Anual de la Conaie del 23 de agosto de 2019 en la provincia amazónica de Napo. Allí se decidieron algunas cosas que pasaron inadvertidas y que sólo hoy se explican. Por ejemplo: “La ruptura política del diálogo nacional con el gobierno al no tener resultados concretos a nuestras demandas y por imponer un diálogo condicionado... Declarar una asamblea permanente y de resistencia en defensa de nuestros territorios y de la vida para exigir al gobierno dejar sin efecto y la derogación de todas las concesiones mineras, petroleras, madereras e hidroeléctricas en nuestros territorios sagrados de los pueblos y nacionalidades”. Un planteamiento así, en otras ocasiones, habría provocado la alerta no sólo de los actores políticos, sino de las mismas autoridades, el personal de inteligencia y una reacción de los partidos políticos que en la Asamblea Nacional desarrollaban algunas iniciativas legislativas al respecto. Y ya en ese mes convocaron “a la unidad nacional de todas las organizaciones sociales, obreros, campesinos, estudiantes, mujeres, jubilados, entre otras, en rechazo a las políticas económicas implantadas por el gobierno nacional ya que responden a presiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para favorecer a la clase dominante empresarial en detrimento de los sectores más vulnerables de la sociedad, intensificando las políticas extractivistas minera, petrolera e hidroeléctrica, promoviendo la flexibilización laboral y auspiciando la privatización de las empresas públicas (eléctricas, telecomunicaciones, energéticas); entre otras políticas antipopulares”. Igualmente convocaron “a una Gran Movilización Nacional” para el lunes 14 y martes 15, que se adelantó porque el llamado “paquetazo económico” se anunció el martes 1, en Quito, en voz de Moreno. No dejaron de lado el tema ambiental y propusieron “la realización de consultas populares en los territorios por la defensa de la Pachamama y así poder garantizar que los recursos naturales no renovables se queden bajo tierra y en su reemplazo, promover modelos económicos alternativos y sostenibles económicamente en los territorios de las comunidades, pueblos y nacionalidades”. Además, algo que está en el debate permanente de las organizaciones indígenas, sobre todo de las amazónicas, es la exigencia, a través de un proyecto de ley “para que se asigne presupuesto a nuestros planes de vida y se reconozca y respete la autonomía de los territorios ancestrales y garantice la transferencia directa de recursos económicos para los pueblos y nacionalidades”. Para quienes entienden la semántica indígena, la resolución número 10 de esa Asamblea Anual también fue un claro mensaje a los dirigentes que habían participado en puestos de la administración estatal y un llamado a retomar la lucha originaria de la Conaie: “Someter a los dirigentes, dirigentas y presidentes a procesos de sanación para fortalecer nuestro espíritu de lucha y mejorar nuestro quehacer en la organización en beneficio de nuestras bases”. En esa asamblea fue elegido Jaime Vargas y desde entonces sostuvo un discurso mucho más radical que sus antecesores, algunas dirigencias provinciales fueron removidas y reemplazadas por jóvenes con formación universitaria, en un contexto ya menos rural, porque la población indígena en las ciudad ha crecido en las dos últimas décadas, según el censo de 2010. Paro y levantamiento Ecuador no ha borrado de su memoria los históricos levantamientos indígenas de 1992, 1998, 2000 y 2005. En todos hubo una agenda política antineoliberal y a favor de la construcción de un Estado plurinacional e intercultural, que sólo se concretó en la Constitución de Montecristi de 2008, durante el gobierno de Correa. En todos esos levantamientos –que en tres ocasiones terminó con la salida de tres presidentes– el escenario fue Quito. Por eso, cuando la Conaie convocó a la protesta y paro nacional el jueves 3, muchos pensaron que de concretarse podría concluir con la salida de Moreno. Y fue eso lo que alertó al jefe de Estado, quien trasladó la sede del gobierno a Guayaquil, donde contaba con el respaldo político de líder socialcristiano Jaime Nebot y la alcaldesa Cinthya Viteri, quien además bloqueó los ingresos a la ciudad para impedir la llegada de indígenas desde las provincias serranas. Sólo en ese momento los medios y algunos analistas entendieron que la asamblea de agosto, para la Conaie y sus filiales regionales, activó su agenda política y definió un objetivo estratégico: derogar las medidas impuestas por el FMI (elevación de los precios de los combustibles en 123%) y sentar al gobierno a dialogar tras casi dos años de no recibir respuestas a sus pedidos. “Desde el 11 de diciembre de 2017 no hemos tenido respuestas a nuestras llamadas. Los ministros no contestan los teléfonos y nos dan largas siempre. Ya nos cansamos de esperar y ahora que imponen un paquetazo y salimos a las calles es que nos pueden escuchar”, dijo Vargas en diversas intervenciones y entrevistas. Durante 11 días, sobre todo en 14 provincias, se protagonizaron marchas y manifestaciones de rechazo, donde participaron también otros sectores sociales. Según los informes oficiales, los 11 días de protestas dejaron un saldo de ocho muertos, mil 340 heridos y mil 192 detenidos, cifras nunca antes vistas en Ecuador en manifestaciones de esta naturaleza; ni siquiera en las tres caídas de presidentes se registró una estadística de esta dimensión, lo cual ha llevado a varias organizaciones de defensa de los derechos humanos a pedir la constitución de una Comisión de la Verdad y también iniciar acciones legales bajo la figura de delitos de lesa humanidad. La pregunta que se hacen los mismos dirigentes indígenas, los representantes de los gremios y organizaciones sociales es si después de esta protesta la nueva dirigencia, joven y menos involucrada en los partidos políticos, podrá sostener su agenda aprobada en agosto para conquistar y hacer realidad cada una de sus demandas ante un gobierno que ahora tiene un adversario político potente y al que no puede calificar de corrupto o subestimar en su capacidad de respuesta. Los dos jóvenes dirigentes, Chalán e Iza, coinciden que este es un proceso de largo aliento, donde lo fundamental es construir un poder popular territorial para defender sus comunidades, su economía y sus objetivos estratégicos. A diferencia de lo que ha dicho Vargas, de que son una opción electoral para 2021, ellos dos consideran que eso sólo lo decidirá en su momento la organización política de la Conaie, el Movimiento Plurinacional Pachakutik. Este texto se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso