En vísperas de un importante proceso electoral para España, el Tribunal Supremo condenó por sedición a los líderes que promovieron en octubre de 2017 la “desconexión” de Cataluña y el referéndum soberanista. La medida judicial hizo arder a esa región española, que durante la semana vio escenas de violenta represión contra los manifestantes en Barcelona y otras ciudades. Para los analistas, el conflicto catalán está enquistado en la vida política y social española, por lo cual estará en primera línea de la agenda de la campaña y “será utilizado por todos con fines electorales hasta el 10 de noviembre”. MADRID (Proceso).- España inicia campaña para acudir a las urnas el 10 de noviembre, en lo que serán las cuartas elecciones generales en cuatro años –dos de ellas en 2019– producto de la fragmentación del voto y de la falta de acuerdos entre los partidos para formar gobierno, siguiendo con la ruta de inestabilidad política que vive el país desde 2015. Pero como si hiciera falta tensar aún más las cuerdas, la campaña coincide con las protestas y los altercados violentos que han tenido lugar en Cataluña contra el veredicto del Tribunal Supremo, que condenó por sedición, malversación y desobediencia a los líderes que promovieron las leyes de “desconexión” y el referéndum soberanista del 1 de octubre de 2017 (1-O). El lunes 14, el Tribunal Supremo no sólo emitió la sentencia más importante de la historia reciente de España, al condenar a penas de entre nueve y 13 años de prisión a nueve de esos 12 líderes catalanes, sino que regresó al terreno de la política este conflicto –eminentemente político–, que el anterior gobierno, del conservador Mariano Rajoy, pretendió resolver con policías y tribunales. El fallo da por probada la existencia de violencia en Cataluña, pero no para tipificarla como rebelión sino como sedición, porque no fue una “violencia instrumental, funcional, preordenada de forma directa a los fines que animan la acción de los rebeldes”. El tribunal argumenta que los condenados ni siquiera buscaban el referéndum “para separar Cataluña del resto de España”, sino para “presionar al gobierno central para negociar una consulta legal” utilizando a “ilusionados ciudadanos” a los que vendieron el “señuelo” de que se pondría en marcha la república catalana el 1-O. Asimismo, los magistrados echan por tierra el argumento de los independentistas del “derecho a decidir”, al sostener que ni en la legislación española ni en ninguna europea se prevé ese derecho; por el contrario, es preponderante la idea de la unidad de las naciones. Y descarta que se haya enjuiciado a los condenados por sus ideas políticas, sino por hechos punibles. El mismo lunes 14, las calles en Cataluña respondieron: Tsunami Democràtic, una plataforma de movilización, sin liderazgo aparente, llamó a colapsar la actividad del aeropuerto barcelonés de El Prat, emulando las protestas en Hong Kong. Con unos 200 mil afiliados, Tsunami emitió un comunicado leído por Pep Guardiola, en el que el entrenador del Manchester City critica la sentencia por considerar que “España vive una deriva autoritaria” y demanda que el país se siente a hablar del tema catalán. Los días posteriores Tsunami y los autollamados Comités de Defensa de la República, otro tejido de asambleas organizadas a nivel de barrios en Barcelona y otras localidades, vinculadas a la izquierda anticapitalista, iniciaron una escalada de concentraciones, manifestaciones, protestas frente a oficinas públicas y corte en el funcionamiento de la red de trenes, en la circulación de calles y de carreteras. El gobierno central informó que al final de las protestas pacíficas estaban actuando grupos antisistema de fuera de Cataluña, mezclados con los manifestantes, que protagonizaron, “muy bien organizados”,  disturbios y choques violentos con la policía. Oriol Bartomeus, politólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, asegura que el conflicto catalán se encuentra muy enquistado en la vida política y social española, por lo cual estará en primera línea de la agenda de la campaña electoral. “Un conflicto catalán que será utilizado por todos con fines electorales hasta el 10 de noviembre”. “La sentencia cierra la fase penal y judicial, pero abre nuevamente el escenario de la política y lo hace coincidentemente a punto de iniciar la campaña electoral”, el 1 de noviembre, sostiene en entrevista. En su opinión, es ahora cuando la clase política española (y catalana) deben reconocer que un amplio sector de la sociedad en Cataluña y el resto de España, demanda cambios. “Debemos tener en cuenta, que en el seno del independentismo no todos abogan por la separación de España, sino por cambios que mejoren el autogobierno de Cataluña, pero (son sectores que) en su momento consideraron que si pedían la independencia, podrían obligar al Estado español a sentarse a hablar de los problemas de Cataluña. Inestabilidad Pablo Iglesias, el dirigente de Unidas Podemos, considera que la sentencia demostró que no es el camino para solucionar el conflicto catalán. “Un porcentaje muy amplio, pero por suerte no mayoritario de catalanes, quisieran irse de España. ¿Eso es un problema político? Por supuesto. ¿Se puede resolver ese problema sólo con el Código Penal o sólo con la intervención policial? Es evidente que no”. En un encuentro con corresponsales extranjeros, el jueves 17, explicó que el objetivo es “la necesidad que los partidos negocien y busquen soluciones políticas, a un conflicto que a nuestro entender no tiene solución por la vía del derecho penal”. Por ello, Iglesias piensa en la constitución de mesas de discusión entre las fuerzas políticas y de la sociedad catalana y una mesa de los partidos nacionales para darle cauce a una posible solución. Sobre la violencia, considera que es “un consenso” que todas las formaciones políticas catalanas están contra la violencia, “porque ni forma parte de las tradiciones del independentismo, que tiene un carácter transversal, interclasista, cívico, un movimiento de marchas pacíficas, muy alejadas de las imágenes de acción colectiva con capuchas, con incendios. Eso hace mucho daño al independentismo”. En relación con la inestabilidad política de cara a las elecciones del 10 de noviembre, Iglesias prevé que la correlación de fuerzas será muy similar a las que hubo en los comicios generales del 28 de abril pasado, donde privó la fragmentación del voto. “El sistema político español no es presidencialista sino parlamentario, que empuja a coaliciones cuando no se tiene mayoría, como lo hacemos en las comunidades autónomas”, dice el líder que irrumpió en las elecciones generales de 2015, con Podemos, el partido que recogía las exigencias del movimiento de los indignados del 15-M. Sin embargo, explica, “a algunos les cuesta aceptar que existen nuevas formaciones en España. La transición se está produciendo, porque antes sólo había un sistema de dos partidos estatales que se alternaban el poder, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Popular (PP), y a ellos se integraban los subsistemas catalán (con Convergencia i Unió) y vasco (Partido Nacionalista Vasco). Pero ahora el sistema es de al menos cinco partidos de ámbito estatal y un sistema que requiere de coaliciones para dar estabilidad política, porque todo indica que los resultados hacen muy difícil a un partido gobernar en solitario”. En ello coincide Bartomeus, quien recuerda que el voto conjunto del PP y el PSOE es de 50%, cuando en la etapa del bipartidismo concentraban 75% del voto conjunto. “Ahora, con 50% del voto, tienen 60% de los escaños en el Congreso de los Diputados. Es decir que no pueden hacer gobierno sin un acuerdo entre partidos; de lo contrario estaríamos repitiendo elecciones una y otra vez; los partidos deben entender que el electorado les ha dado un mandato diferente para que se pongan de acuerdo y hagan pactos”. El cambio se inició en los comicios del 20 de diciembre de 2015, donde irrumpieron dos nuevos partidos, Podemos (69 escaños) y Ciudadanos (40 escaños), que terminaron con el bipartidismo e impidieron que el PSOE y el PP volvieran a gobernar en mayoría. Esto provocó que Mariano Rajoy declinara a la invitación del rey Felipe VI a que se presentara como candidato a la investidura ante el Congreso, porque no contaba con los votos suficientes. En una siguiente ronda, el monarca le propuso al socialista Pedro Sánchez presentarse a la investidura, como segunda lista electoral más votada. Pero en segunda votación, el 4 de marzo de 2016, el Congreso rechazó esa investidura  y España se vio abocada a nuevas elecciones el 26 de junio de ese año, seis meses después de las anteriores. El PP volvió a ser la formación más votada en las nuevas elecciones, pero el bloqueo político persistió al no existir un bloque claro que pudiera formar gobierno. Tras cuatro meses de arduas negociaciones, Rajoy fue investido el 29 de octubre de 2016, gracias a la abstención del PSOE. Aprovechando la debilidad política del gobierno español, desde el gobierno catalán se impulsa el desafío soberanista. El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum en Cataluña, a pesar de haber sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, proclamó y de inmediato suspendió la República Catalana, en una declaración realizada el 10 de octubre. El 27 de octubre, con la aprobación del Senado español, el gobierno de Rajoy intervino la administración de la Generalitat, destituyó a todo el gobierno catalán, disolvió el Parlament de Cataluña y convocó a elecciones autonómicas catalanas para el 21 de diciembre de ese año, aplicando así, de forma inédita, el artículo 155 constitucional. El 24 de mayo de 2018 se publicó la sentencia del caso Gütel, el mayor caso de corrupción política, en la que señalaba al PP como partícipe a título lucrativo. Aunque el tribunal cuestiona la credibilidad de Rajoy quien, en otro hecho inédito, había sido el primer presidente en declarar como testigo ante ese tribunal. Ante el grave cuestionamiento de un tribunal a la palabra del presidente, Pedro Sánchez y el PSOE presentaron una moción de censura que fue votada el 1 de junio de 2018. Ese día, por 180 votos, el Congreso de los Diputados le retiró la confianza a Rajoy y tuvo que abandonar la Presidencia, siendo la primera moción de censura aprobada en la historia de la democracia española. Por tanto, Sánchez fue investido presidente y tomó posesión del cargo el 2 de junio de 2018. Sin embargo, el 13 de febrero de 2019, su gobierno perdió la votación de los presupuestos, con prácticamente todo el arco parlamentario votando en contra, incluida la derecha y los independentistas catalanes. Debido a la imposibilidad de aplicar nuevas reformas, el 15 de febrero el presidente anunció la convocatoria a elecciones para el 28 de abril. En esta nueva elección, el presidente en funciones obtuvo 123 escaños, muy lejos de los 176 para tener mayoría, lo que lo obligaba a llegar a acuerdos de gobierno o una coalición. El PSOE y Unidas Podemos iniciaron negociaciones, pero las rompieron con acusaciones mutuas por el fracaso del acuerdo. Y se tuvo que convocar a las elecciones del 10 de noviembre. Nuevos escenarios Para Bartomeus la sentencia “rompe el escenario político que teníamos hasta ahora”, en el que es de esperar que “el independentismo intente mantener la tensión en las calles con manifestaciones que paralicen los puntos neurálgicos de Cataluña, que busque la atención de la prensa internacional, como sucedió el lunes 14, cuando 10 mil manifestantes paralizaron el aeropuerto barcelonés. Un escenario de vértigo que hará un otoño caliente en lo político, en el que Cataluña ocupará “la centralidad de la política española y las elecciones de noviembre serán un termómetro para comprobar hasta qué punto el independentismo consigue mantener su representación política”. En su opinión, la sentencia también “cierra” la fase que tuvo su punto más candente en el otoño de 2017 con el referéndum, “porque desde entonces, el independentismo ha perdido fuerza, se encuentra dividido y sus bases muestran un cansancio evidente. La sentencia le da nuevo oxígeno, pero no me parece que sea similar al otoño del 17”. Otra consecuencia del veredicto judicial, afirma, es que “pone en su lugar” a actores tanto del independentismo como de la esfera “españolista”. “En primera, porque desautoriza la visión más tremendista sobre el proceso catalán, al tipificar los hechos juzgados como sedición y no como rebelión, que era un delito de mayor gravedad, que fue la motivación de la derecha política, del periodismo afín y de sectores conservadores de la justicia, que normalizaron la acusación de rebelión y que el 1 de octubre lo que sucedió en España fue un golpe de Estado, cosa que nunca ocurrió. Sin embargo, el gobierno español está situado en una posición muy complicada, porque si abre la puerta al diálogo para el tema catalán, será acusado por la derecha de favorecer al independentismo, “con lo cual la posibilidad de que se encare una reforma tanto en España como en Cataluña ahora es menos posible. Este reportaje se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso