La disputa por Guerrero, una bomba  de tiempo

sábado, 26 de octubre de 2019
La matanza de Tepochica, Iguala, es la prueba más reciente de que el estado de Guerrero está caliente y puede empeorar. Las autoridades han detectado el surgimiento de 19 grupos de autodefensa y la pugna que 18 organizaciones criminales mantienen por el control de la zona amapolera del estado, la más grande de México. Síntoma de la descomposición de la situación en el estado son los choques armados que recientemente han ocurrido en la región serrana y que han dejado un saldo de al menos 18 muertos. Paradójicamente, la estrategia contra el crimen en la entidad la dirigen funcionarios señalados en el sexenio pasado de estar ligados a los cárteles. CHILPANCINGO, Gro. (Proceso).- Los recientes hechos violentos en la sierra y en Iguala, que involucran al Ejército, advierten el recrudecimiento de la violencia en Guerrero y exhiben otro fracaso de la estrategia federal de seguridad. En el primer caso tres solados fueron asesinados en una emboscada y en el segundo, 14 civiles armados murieron en un presunto enfrentamiento con militares. La estrategia contra el crimen organizado en Guerrero es dirigida –paradójicamente– por el general Juan Manuel Rico Gámez, actual comandante de la Novena Región Militar. En el sexenio pasado fue incluido en una lista negra de militares presuntamente vinculados con el Cártel de los Beltrán Leyva. Cuatro meses antes del caso Ayotzinapa era el comandante de la 35 Zona Militar, con sede en Chilpancingo, y responsable del 27 Batallón de Infantería, en Iguala, donde las autoridades civiles y militares son señaladas de actuar en contubernio con el narco para asesinar y ­desaparecer a los normalistas, en septiembre de 2014. Otro caso: el actual secretario de Seguridad Pública de Guerrero es David Portillo Menchaca, quien encabezó a la Policía Federal en el estado en 2014, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas. Además, se ha detectado el surgimiento de 19 grupos de autodefensa y una policía comunitaria que controlan la mitad de Guerrero, así como la operación de 18 organizaciones criminales que se disputan el control de las zonas de producción y trasiego de droga y las ganancias que genera la industria minera, reconoce el gobierno estatal. En semanas recientes los hechos violentos en los que está involucrado el Ejército tienen como origen la lucha que libran dos grupos antagónicos que pretenden el control en la sierra guerrerense, la principal región amapolera de México. El 26 de septiembre último, tres soldados fueron asesinados en una emboscada en las inmediaciones del poblado El Balzamar, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), parte media de la sierra guerrerense donde también fueron abatidos dos presuntos agresores. De acuerdo con reportes de la Secretaría de la Defensa Nacional, el convoy fue atacado cuando iba a realizar labores de erradicación de plantíos de amapola. Pugna en la Sierra La agresión contra los militares causó una confrontación verbal entre los líderes de los grupos delictivos que se disputan el corredor de la heroína y la producción minera en la región Centro del estado. Salvador Alanís Trujillo, del grupo delictivo de Tlacotepec que dirige Onésimo Marquina Chapa, El Necho, responsabilizó al líder del Cártel del Sur, Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I, del atentado contra los soldados y anunció una incursión armada en el poblado de Chichihualco, cabecera municipal de Leonardo Bravo, considerado el bastión del bando antagónico. En una entrevista publicada en el periódico El Sur, Alanís advirtió que el toque de queda que se mantiene en el municipio de Apaxtla de Castrejón se va a extender a Teloloapan, y advirtió que se “avizora un estallido social en la sierra de Guerrero”. En respuesta, Navarrete Celis se deslindó de la masacre de militares y afirmó que el alcalde priista de Tlacotepec, Serafín Hernández Landa, es cuñado del Necho, y acusó a las autoridades de no actuar para evitar la infiltración del narco en las administraciones municipales. De acuerdo con Navarrete, la guerra en la sierra cesó después de que el gobierno federal entabló algunos acuerdos con las personas que fueron desplazadas por el grupo de Tlacotepec del corredor Filo de Caballos. A 20 días del ataque contra los militares, una partida castrense abatió a 14 presuntos sicarios durante un enfrentamiento ocurrido el martes 15. El choque ocurrió en las inmediaciones de Iguala, en la convulsionada zona norte, donde también murió un soldado. Pueblo fantasma Los 14 civiles armados que fueron abatidos en Tepochica, municipio de Iguala, fueron identificados como integrantes de una célula escindida de Guerreros Unidos, liderada por Pedro Millán Flores, El Nueve. Entre los cuerpos se identificó a José Mojica, El Pestañas, y a Néstor Arcos Bello, El Oaxaco. Ambos eran lugartenientes de El Nueve y sus rostros habían aparecido en carteles que tapizaron Iguala la mañana del mismo martes 15. Ambos murieron junto con otros jóvenes procedentes de Tlacotepec y del poblado de Zumpango, municipio de Eduardo Neri, indican reportes oficiales consultados por Proceso. La escisión de Guerreros Unidos opera en Huitzuco, así como en las inmediaciones de Iguala y mantiene una alianza con el grupo delictivo de Tlacotepec que lidera El Necho, refieren los mismos informes. El grupo del Nueve actualmente mantiene una confrontación con los viejos líderes de Guerreros Unidos, quienes recientemente fueron excarcelados por el caso Ayotzinapa, entre ellos, Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, informó una fuente oficial que solicitó el anonimato. Durante un recorrido realizado por este reportero –la semana pasada– en la comunidad de Tepochica se observó un pueblo fantasma y a una población que estaba aterrada; algunos eran indiferentes. El lugar, a escasos metros de Iguala, está formado por un centenar de viviendas salpicadas en una loma y alberga a cerca de 700 habitantes, cuya mayoría permanecía en sus hogares pese a que pasaban las 14:00 horas. Afuera, sobre la calle principal, había manchas de sangre y ojivas y cartuchos percutidos de fusiles AK-47, G-3 y AR-15, que sin explicación dejaron los peritos de la Fiscalía General de Guerrero. Algunos pobladores que se atrevieron a hablar narraron que la balacera duró más de media hora; refieren que previamente los militares habían bajado con dos jóvenes asesinados y que enseguida un convoy de tres camionetas fue interceptado por los uniformados… “Sólo se escuchó metralla”. Hasta el momento los gobiernos estatal y federal afirman que se trató de un enfrentamiento; el alcalde morenista de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, no ha hablado del caso. El ambiente que priva en la ciudad considerada como la Cuna de la Bandera de México es de tensa calma a causa del enfrentamiento interno en el grupo de Guerreros Unidos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que inició una indagatoria de oficio y exigió una “investigación pronta y exhaustiva del caso para deslindar responsabilidades”. En un comunicado dio a conocer que envió a Iguala un equipo de visitadores adjuntos, médicos forenses, criminalistas y psicólogos para “realizar las diligencias necesarias que permitan conocer lo ocurrido. La decisión de la CNDH de abrir una investigación es para “garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido el martes 15, que las autoridades competentes deslinden las responsabilidades que se llegaran a generar como consecuencia de tales sucesos y brindar acompañamiento a los familiares de las víctimas, así como propiciar que los mecanismos o protocolos de actuación por las autoridades eviten, en lo posible, la repetición de los hechos”. Dos días antes de la matanza de Tepochica, el domingo 13, transportistas Del Valle de Iguala denunciaron que varios líderes de Guerreros Unidos los obligaron a suspender el servicio para realizar una marcha con el propósito de “sitiar” el lugar. La manifestación partió de las instalaciones de la unidad deportiva que se ubica sobre la calle Heroico Colegio Militar, frente a la comandancia del 27 Batallón de Infantería, y se enfocó en bloquear los accesos a la ciudad de Iguala. Reestructuración De acuerdo con los reportes oficiales, en la zona norte de Guerrero se está viviendo un reacomodo de la estructura criminal. Se advierte una confrontación entre La Familia Michoacana, afincada en los municipios de Arcelia, Taxco, Pilcaya y Acapetlahuaya, y Guerreros Unidos que mantienen su bastión en Iguala, Teloloapan, Huitzuco y Apaxtla. La guardia comunitaria vinculada con Guerreros Unidos de Apaxtla mantiene un toque de queda en este lugar; por aquí transita la heroína que se produce en el municipio serrano de Tlacotepec y que se trafica en el norte del país. En esta franja es donde se han recrudecido los enfrentamientos entre sicarios al servicio de La Familia Michoacana y Guerreros Unidos, quienes, además de las rutas de trasiego de drogas, también se ­disputan el control de las administraciones municipales y las ganancias de la industria minera en Arcelia, Teloloapan y Cocula, donde están asentadas empresas extranjeras, como la canadiense Torex Gold. Aunque las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen información sobre el origen de la violencia en la zona norte de la entidad, hasta el momento no existe ninguna posición oficial ante la marcha convocada por Guerreros Unidos en Iguala, que actualmente gobierna Morena. Este reportaje se publicó el 20 de octubre de 2019 en la edición 2242 de la revista Proceso

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