Queja indígena ante la CIDH por el proyecto de  Santa Lucía

jueves, 21 de noviembre de 2019
Las comunidades vecinas a la base área de Santa Lucía, que perdieron los juicios de amparo que interpusieron ante el Ejecutivo, se quejaron ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí, además de fundamentar el riesgo que corren sus derechos –especialmente a una consulta libre e informada, al uso de su territorio y al agua–, denuncian que el gobierno federal no les tomó parecer pero sí está comprando sus terrenos para el área de amortiguamiento del proyecto aeroportuario. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las puertas de la justicia mexicana se cerraron para los pueblos originarios de la zona aledaña a la base área militar de Santa Lucía, que tuvieron que recurrir a instancias internacionales. Comunidades de Tecámac y Zumpango, que se autoadscriben indígenas, promovieron dos recursos judiciales contra la construcción del aeropuerto civil/militar en Santa Lucía, Estado de México (expedientes 1325/2019 y 1367/2019), pero el juez federal Juan Carlos Guzmán Rosas les negó las suspensiones definitivas; argumentó que se trata de una instalación estratégica para la seguridad nacional. Igual suerte corrieron los amparos de la organización #NoMásDerroches. Como la maquinaria ya comenzó a remover la tierra para que puedan iniciarse las obras, el viernes 8 el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, AC, y el Frente de Pueblos Originarios en Defensa del Agua solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para la cuenca del Valle de México, así como para los defensores de los pueblos y comunidades de Tecámac y Zumpango. “El empeño que imprime el presidente (Andrés Manuel López Obrador) para la realización de la obra aeroportuaria significa un peligro latente para nosotras y nosotros como defensores, puesto que nos expone a ser agredidos”, señala el documento que obtuvo en exclusiva Proceso. En esa queja, dirigida al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, denuncian violaciones del gobierno mexicano (miembro de la OEA) a su derecho a la consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, según Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); lo mismo que a los derechos al territorio y a la autonomía para decidir sobre el mismo; al derecho humano al acceso al agua y a un medio ambiente sano. “De no decretarse las medidas necesarias para mantener todo en el estado en que se encuentra actualmente, se corre el riesgo inminente de comenzar obras pasando por alto los derechos colectivos de los pueblos originarios”, argumentan las comunidades. La abogada Fabiola Vite, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dice en entrevista que decidieron llevar el asunto a la CIDH porque encontraron irregularidades en las sentencias en que el juez les notifica de la negativa de suspensión definitiva. A decir de la litigante, el juzgador “hizo un copy paste” en la respuesta a los amparos indirectos 1325/2019 y 1367/2019, el primero de los cuales corresponde a Zumpango y el segundo a Tecámac. “No está leyendo los amparos deliberadamente –señala Vite–. Esta es una irregularidad toral, porque si nosotros estamos argumentando y el juez no lo está revisando, es obvio que no van a prosperar”. Nadie los ha consultado A finales de octubre de 2018 López Obrador, entonces presidente electo, y su equipo, realizaron una encuesta ciudadana a nivel nacional sobre la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el antiguo Lago de Texcoco o en su lugar construir dos pistas en Santa Lucía, Tecámac, para desahogar la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez. En dicha encuesta participaron 1 millón 67 mil 859 votantes de todo el país y 70% se inclinó por la opción de Santa Lucía. Tras el ejercicio, las comunidades indígenas que se ubican en un rango de 10 kilómetros de la base militar comenzaron a exigir que se les consultara conforme al convenio de la OIT, como documentó este semanario en abril (Proceso 2215). Pero el único pueblo al que le tomaron parecer fue la comunidad indígena de San Miguel Xaltocan, Nextlalpan, Estado de México, en el supuesto de que es el pueblo originario más cercano a las instalaciones del aeropuerto. Lo anterior, pese que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) está comprando los terrenos de las comunidades que rodean la base militar para reunir el área de mil 284 hectáreas de amortiguamiento acústico y de seguridad que requiere el proyecto. Es el caso de dos poblados de Tecámac: San Lucas Xolox, donde se están adquiriendo 353 hectáreas, y Ozumbilla, donde se compraron otras 58; el gobierno les compra sus terrenos, pero no quiere realizarles una consulta previa, libre e informada. En su primer informe de gobierno López Obrador señaló que “se promovió la participación de los trabajos de sensibilización y consulta a las comunidades aledañas a la Base Área Militar Número 1 de Santa Lucía” el 10 de marzo de 2019. Pero reconoce que la consulta únicamente se realizó en Xaltocan, con la participación de solamente mil 15 personas. Por ello, en la queja ante la CIDH, el Centro Zeferino Ladrillero considera que tiene que realizarse la consulta indígena en 12 comunidades de Tecámac y en seis de Zumpango, a las que también afectará directamente el proyecto aeroportuario. Las del primer municipio son Reyes Acozac, San Francisco Cuautliquixca, San Juan Pueblo Nuevo, San Jerónimo Xonacahuacan, San Lucas Xolox, San Pablo Tecaico, San Pedro Atzompa, San Pedro Pozohuacan, Santa María Ajoloapan, Santa María Ozumbilla, Santo Domingo Ajoloapan y Tecámac de Felipe Villanueva. Las de Zumpango son San Juan Zi­tlaltepec, San Sebastián, Santa María Cuevas, San Pedro de la Laguna, San Bartolo Cuautlalpan y San Miguel Bocanegra. “Históricamente hemos preservado nuestra identidad cultural, así como parte de nuestros sistemas normativos y autoridades tradicionales, de tal manera que sostenemos una gestión comunitaria del agua”, argumentan los demandantes en la solicitud de las medidas cautelares. Añaden: “La decisión arbitraria de construir un aeropuerto internacional mixto tiene un impacto directo sobre nuestro territorio, y se incurre en una violación a nuestros derechos colectivos al impedirnos administrar nuestro territorio de acuerdo con nuestras propias aspiraciones económicas y culturales”. Sobre la consulta en Xaltocan, el documento expone que no cumplió con los requisitos legales exigidos por la OIT. No fue una consulta informada, toda vez que al llevarse a cabo, el 10 de marzo, el gobierno y la Sedena todavía no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental ni con otros estudios necesarios, como el plan maestro o el proyecto ejecutivo, para informar sobre el proyecto. “No se puede consultar un proyecto del que aún no existe suficiente información para que la comunidad tome una decisión sobre algo de lo que aún no conoce en su amplitud”, expresan. Además consideran que la consulta en Xaltocan no fue culturalmente adecuada, porque fue dirigida por funcionarios del gobierno ajenos a la comunidad y “claramente a favor del proyecto”. Además, recalcan, “la consulta careció de un protocolo creado, discutido y aprobado por el pueblo consultado. Con la finalidad de acelerar el proceso, las autoridades dejaron de lado las prácticas comunitarias, como las asambleas”. Por último, los inconformes manifiestan que los propios desarrolladores del proyecto participaron en el proceso de consulta, luego de que elementos de la Sedena –que estará a cargo de la construcción y operación del aeropuerto en Santa Lucía– “en su carácter de beneficiarios” estuvieron presentes durante el desarrollo de la consulta. El derecho a la autoadscripción El pasado 30 de octubre, durante una reunión de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado, la senadora panista Xóchitl Gálvez solicitó que los legisladores de esa comisión acompañaran las demandas de consulta de los pueblos aledaños a Santa Lucía que no son reconocidos por el Estado de México. Sin embargo, el senador Joel Molina Ramírez, de Morena, le respondió: “Tenemos la oportunidad de verlo desde otro ángulo que no sea eminentemente político. Nuestra gente requiere apoyos, requiere acercamientos, requiere justicia, requiere una serie de elementos que podamos proyectarlos para que salgan de las condiciones en las que se encuentra. Si nosotros nos involucramos en otros temas, yo creo que desviamos la verdadera tarea que tiene esta comisión”. Al no prosperar su iniciativa, Gálvez respondió: “Yo ahí tengo un diferendo respecto a que los pueblos indígenas son sólo sujetos de apoyos económicos. Está bien, vienen bien los apoyos económicos, pero lo más importante es el cumplimiento de sus derechos, como la consulta previa, libre e informada”. El 5 de septiembre la misma senadora presentó un punto de acuerdo para que se respete el derecho a la consulta de los pueblos, como se establece en el artículo segundo constitucional, que reconoce y garantiza el derecho de las comunidades indígenas a la libre determinación, y también para que se tome en cuenta el Catálogo de las Lenguas Indígenas, así como el Atlas de los Pueblos Indígenas elaborado por la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, hoy Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en la mayoría de esas localidades se habla una variante de la lengua náhuatl que se encuentra en muy alto riesgo de desaparición. Mientras que el Atlas de los Pueblos Indígenas reporta la presencia de localidades en esta zona del Estado de México con población que se identifica como descendiente e integrante de comunidades nahuas, en términos de lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT. El punto de acuerdo cita el protocolo de actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas. Este instrumento jurídico señala que la autoadscripción constituye un criterio fundamental para definir al sujeto de derechos. “Esto significa que no corresponde al Estado ni a los especialistas decidir a quién se aplican los derechos indígenas, sino que es facultad de la persona definirse como tal”, establece el protocolo. El derecho al agua “Vemos peligrar nuestro derecho humano al acceso al agua”, aseguran los pueblos firmantes de la queja ante la CIDH. La principal preocupación de las comunidades vecinas de Santa Lucía es que, según la Sedena, el aeropuerto requerirá de 6 millones de litros de agua al día y la base área militar se encuentra sobre un acuífero sobreexplotado: Cuautitlán-Pachuca, por lo que tendrán que construir un acueducto para suministrar agua a Santa Lucía desde el acuífero Valle de Mezquital, Hidalgo. “Esto puede repercutir gravemente en nuestros pozos comunitarios, acelerando su devastación y, en consecuencia, nuestro acceso al agua”, advierten. Además, afirman que la construcción del aeropuerto “acelerará el colapso hídrico irreversible” debido al suministro de agua que exige una obra de estas magnitudes y porque detonará la impermeabilización de los suelos que impide el ciclo natural del agua. Por ello, piden que no se realice ninguna obra hasta que se garantice su derecho humano al agua. “En tanto no se nos garanticen los elementos para la subsistencia de nuestros pueblos, es fundamental implementar medidas que eviten que se consumen actos de imposible reparación, tanto para los que promovemos la presente queja como para el resto de comunidades de la región”, manifiestan. En la exposición de motivos sobre la urgencia de aplicar las medidas cautelares explican a la CIDH que el presidente dio el banderazo de salida a las obras el pasado 17 de octubre, “por encima del debido proceso y omitiendo la obligación del Estado de obtener el consentimiento de los pueblos originarios afectados, lo que implica graves violaciones a los derechos humanos”. Adicionalmente anunciaron que continuarán la batalla legal en los juzgados del país con seis amparos más, que interpondrán próximamente. Este reportaje se publicó el 17 de noviembre de 2019 en la edición 2246 de la revista Proceso