CHILPANCINGO. Gro., (apro).- Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará por cuarta vez la entidad, en específico estará en las ciudades de Chilapa y Tlapa, ambas localizadas en la zona de la montaña guerrerense y consideradas como una de las regiones más pobres y marginadas. En el caso de Tlapa, donde se vive un conflicto político ante la ejecución del activista Arnulfo Cerón, será la segunda ocasión que López Obrador llega como presidente. El primer encuentro se caracterizó por las rechiflas contra el gobernador Héctor Astudillo Flores, que irritaron al mandatario priista. La gira presidencial se realiza nuevamente en un contexto de violencia. Además del caso Arnulfo Cerón, localizado ejecutado en una narcofosa tras permanecer 40 días desaparecido, se han registrado balaceras y homicidios en Xaltianguis, Taxco, Iguala, Petatlán y Zirándaro, zonas disputadas por el narco. Los grupos armados controlan regiones completas, mantienen retenes en vías federales y han suspendido derechos humanos como el libre tránsito y la libertad de expresión. Ello a pesar de que desde el año pasado, el gobernador Héctor Astudillo Flores elaboró un mapa geodelincuencial, donde tiene plenamente ubicados a los líderes de los grupos delictivos, su zona de influencia y sus presuntos nexos con políticos y mandos policiacos y castrenses. Entre ellos, destaca el caso de la banda de Los Ardillos, que opera en Chilapa, el municipio que el presidente López Obrador visitará este sábado 23, y que dirige la familia del actual diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, indica el documento oficial difundido en junio pasado en el texto publicado por la agencia de Proceso titulado “En Guerrero operan 20 grupos de autodefensa y 18 bandas criminales”. Así como el grupo delictivo de Tlacotepec, que entre sus líderes está Humberto Moreno, primo del actual secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal, Mario Moreno Arcos. Los responsables de la estrategia de seguridad en la entidad son el mismo gobernador Astudillo, así como el delegado del gobierno federal, Pablo Sandoval Ballesteros y el comandante de la IX Región Militar, Juan Manuel Rico Gámez -un general vinculado con el caso Ayotzinapa y señalado de manera reiterada de proteger a grupos delictivos en diversas regiones-. El azote de estos grupos armados, durante el último año, ha provocado el desplazamiento forzado de personas y asesinatos. El caso Tlapa El miércoles 20, autoridades ministeriales localizaron en una fosa clandestina, ubicada en la ciudad de Tlapa, el cadáver del activista indígena Arnulfo Cerón Soriano, quien fue privado de su libertad el pasado 11 de octubre. En respuesta, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reiteró su acusación contra el alcalde morenista Dionisio Merced Pichardo, y su jefe de gabinete, Marco Antonio García, por sus presuntos nexos con el narco, y los responsabilizó de la ejecución de Cerón Soriano. “No podemos soslayar que las condiciones de inseguridad que prevalecen en Tlapa, la colusión de las autoridades municipales y otras instituciones con el crimen organizado, así como la falta de garantías para que los defensores de derechos humanos y activistas sociales, en particular Arnulfo Cerón, realicen su trabajo, propiciaron la desaparición y el cobarde asesinato del luchador social”, expresó el organismo a través de un comunicado. La postura de Tlachinollan señala que “las constantes descalificaciones y campañas de desprestigio que enfrentó Arnulfo y otros miembros del Frente Popular de la Montaña por parte de las autoridades municipales fueron generando un marco permisible para su posterior agresión” y consideró “imprescindible profundizar en las investigaciones que permitan dilucidar el móvil de este artero crimen e implementar medidas de no repetición”. El hallazgo del cadáver de Arnulfo Cerón se dio tras las declaraciones de Jorge Gómez La Chiva, señalado como jefe de la plaza de Tlapa, quien fue detenido a principios de este mes en el estado de Morelos, donde se refugió tras la desaparición del activista. De acuerdo con reportes oficiales del gobierno estatal, desde hace una década La Chiva controlaba la policía municipal de esa localidad, donde la estrategia de seguridad está a cargo del Ejército. En ese lugar existe una red delincuencial conformada por políticos y criminales que trafican droga desde la montaña guerrerense a los estados de Puebla y Morelos. Descoordinación en Zirándaro Los niveles de violencia alcanzados esta semana en el municipio de Zirándaro, ubicado en la región de Tierra Caliente colindante con el estado de Michoacán, provocaron una confrontación verbal entre el alcalde morenista Gregorio Portillo Mendoza y el gobernador Astudillo, y exhibieron la falta de coordinación entre autoridades de los tres niveles en el tema de combate a la inseguridad. Ello debido a que el presidente municipal de Zirándaro denunció públicamente que el vacío de autoridad en ese lugar ha provocado un ambiente de “ingobernabilidad” y ”crisis humanitaria” ante la confrontación de grupos armados y el desplazamiento de personas. “Tenemos algunos días solicitándole a la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz la instalación de dos filtros de seguridad en dos puntos del municipio que permitan que se reabran los caminos en las carreteras cerradas, porque sigue la tensión por la confrontación entre los grupos de la delincuencia y no se han podido reabrir”, expresó el alcalde de Morena, durante una entrevista publicada en la edición del martes 19 en el periódico El Sur. En Zirándaro, los grupos delictivos que se disputan la plaza son La Familia Michoacana, que lidera Johny Hurtado Olascoaga El Mojarro; Los Templarios, de José Pineda, y una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), indican reportes oficiales. El alcalde Gregorio Portillo detalló que la franja en disputa comprende unas 20 comunidades asentadas en la ruta de El Chivo a San Rafael y abarcan unos 70 kilómetros de caminos de terracería. Al respecto, el mandatario estatal y sus colaboradores se enfocaron en desacreditar las declaraciones del edil postulado por Morena y afirmaron que sus dichos no correspondían con la realidad. No obstante, el gabinete de seguridad envió tropas del Ejército y policías a la zona de conflicto. Desde agosto pasado, pobladores de la Tierra Caliente exhibieron los presuntos nexos del Ejército y la policía estatal que dirige David Portillo Menchaca, con el narco. Ello después de que habitantes del municipio de Coyuca de Catalán retuvieron a soldados y policías estatales acusados de resguardar un cargamento de municiones escondido en cajas de despensa del DIF del gobierno de Héctor Astudillo Flores. Las balas de diferentes calibres eran trasladadas a la parte serrana de este lugar, donde grupos delictivos mantienen una confrontación por el control de la zona colindante con la Costa Grande de la entidad y el estado de Michoacán, afirmaron los inconformes y pese a que Astudillo anunció una investigación, hasta el momento el hecho no ha sido esclarecido. La reacción en Xaltianguis El viernes 15, el gobernador Héctor Astudillo anunció que agentes estatales y soldados asumirán el control de la seguridad en el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, luego que el grupo delictivo Los Dumbos, liderado por Daniel Adame Pompa, desplazó a la autodefensa de la UPOEG. La reacción gubernamental se dio después que Los Dumbos provocaron desde mayo pasado hechos violentos en Xaltianguis. De esta forma, el gobierno estatal afirmó que asumió el control de un poblado disputado por el narco, pero omitió decir que existen frentes abiertos en Tlapa y las regiones de Costa Chica; Costa Grande; Chilpancingo; Iguala; Taxco y Tierra Caliente. Señalamientos en Petatlán Previamente, Astudillo y su secretario de Seguridad Pública estatal, David Portillo Menchaca, acusaron públicamente a la consejera nacional de Morena, Leovigilda Chávez Hernández de encabezar narcobloqueos en el municipio de Petatlán en la Costa Grande de la entidad. El mandatario advirtió que el narco está mostrando nuevas formas de operatividad y puso como ejemplo una inserción pagada que se publicó en una plana completa del periódico Reforma el pasado lunes 11 de noviembre, donde lo acusan de brindar protección, a través de la policía estatal, al narcotraficante identificado como Crescenciano “El Chano” Arreola, en el municipio de Petatlán. Luego, a través de un desplegado publicado en varios medios locales, el gobierno de Astudillo vinculó a Chávez Hernández con el grupo delictivo denominado Guardia Guerrerense, que dirige Oliver El Ruso Sánchez Coria, y quien disputa la plaza con “El Chano” Arreola. “El 30 de octubre del presente año, se obtuvo información respecto a que un grupo de personas que obedecen a los intereses de Oliver Sánchez Coria, alias El Ruso, jefe de la autodenominada Guardia Guerrerense pagaría entre 500 y 1000 pesos por cada persona que participara en la marcha bloqueo para exigir la salida de las autoridades policiales estatales y federales”, indica una parte del desplegado. “El referido primero de noviembre, habitantes de las comunidades de El Patacual; La Tigra; El Anonal; La Ciénaga; Los Llanos; La Piedra de Veliano y San Jeronimito, encabezados por Leovigilda Chávez Hernández, realizaron una marcha y bloquearon la carretera federal 200 Acapulco – Zihuatanejo, a la altura de Palos blancos para exigir la salida de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Guardia Nacional de su municipio”, afirmó el gobierno estatal para explicar el origen de las protestas en Petatlán que desencadenaron la quema de unidades vehiculares. En respuesta, la dirigente morenista en la entidad, se deslindó de cualquier vínculo con la delincuencia y responsabilizó al mandatario estatal y su colaborador de cualquier agresión en su contra. A través de una entrevista en el diario La Jornada Guerrero, Chávez Hernández justificó su presencia en las protestas contra la policía estatal realizadas a principios de este mes en el poblado de San Jeronimito, argumentando que acudió en su calidad de secretaria de derechos humanos del comité estatal de Morena porque se lo pidieron los ciudadanos que denunciaron presuntos abusos de los uniformados. Por ello, lanzó un llamado al gobernador Astudillo a que deje de actuar por intereses políticos y se enfoque en resolver el grave problema de inseguridad y violencia que se vive en la región de Costa Grande. También, la dirigente morenista exigió al delegado del gobierno federal en la entidad, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros a que atienda el tema de seguridad desde el ámbito de su competencia. El presidente López Obrador visitará Chilapa y Tlapa, este sábado y domingo.