Desde que adquirió en 1978 la categoría de organismo internacional, cuya creación fue impulsada por la UNESCO, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ha operado, con cargo al erario mexicano, un presupuesto millonario, opaco e inmune a cualquier auditoría. Y tras una demanda laboral apenas se descubrió que el ILCE tiene sus cuentas bancarias vacías… CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Óscar García Altagracia trabajó entre 1998 y 2009 en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), un organismo multilateral con sede en México, creado bajo acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y que, además de confeccionar productos multimedia, impartir cursos y maestrías, así como ofrecer consultorías al sector público y privado, se involucra en el diseño de planes educativos con cargo al erario, pero sin transparencia ni mecanismos de rendición de cuentas. Cinco laudos le dieron la razón a García Altagracia en sus reclamos legales por su despido injustificado, por no estar dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ni en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como por otras violaciones a sus derechos laborales fundamentales. Durante ocho años el organismo se ha negado a pagar alegando que no tenía por qué someterse a la jurisdicción nacional. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) al ejecutar el laudo identificó una situación que trascendía el caso individual: al intervenir las cuentas bancarias del ILCE descubrió que están vacías. García Altagracia es uno de los 103 despedidos que han demandado ante la JFCA. De ellos, al menos 40 cuentan con un laudo firme. El ILCE tiene por objetivo coadyuvar en la creación de materiales audiovisuales educativos y brindar formación en la materia. En su integración participan representantes de Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana. El convenio por el que fue creado mandata una presidencia rotativa entre los países miembro, pero los órganos de dirección siempre son ocupados por México, país sede y cuyo Poder Ejecutivo destina recursos millonarios para su sostenimiento. Desde 1978 cada presidente mexicano trata a esa entidad como si fuera un área gubernamental y designa a los órganos de gobierno compuesto por un consejo directivo –que se supone está integrado por representantes de los países miembro– que siempre preside México, así como la dirección. La actual administración no es la excepción y el presidente del consejo del ILCE es el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. El relevo más reciente en la dirección ocurrió en diciembre pasado y detonó un breve escándalo: sin considerar el periodo para el que fue elegido Arturo Velázquez Jiménez por los representantes de los países, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró director del ILCE a Enrique Calderón Alzati, expresidente de la Fundación Arturo Rosenblueth. Al frente de esa fundación, Calderón Alzati se encargó de realizar las consultas instruidas por López Obrador durante el periodo de transición, para que se cancelara el proyecto aeroportuario del Lago de Texcoco, así como para socializar su programa de gobierno. El 17 de diciembre último, el reportero Álvaro Delgado dio a conocer en proceso.com.mx que en abril de 2018 Velázquez Jimenez fue electo por el consejo directivo para ocupar el cargo de 2018 a 2021. La “designación” de Calderón Alzati –facultad que López Obrador no tiene– fue denunciada por Velázquez y optó por renunciar ante dicha maniobra del Ejecutivo. Cuentas sin fondos Los litigios laborales contra el ILCE se iniciaron en 2009 durante el gobierno del presidente Felipe Calderón y se agudizaron con Enrique Peña Nieto. Ahora, bajo la conducción de Calderón Alzati la posición frente a las demandas es la misma: no someterse a la jurisdicción mexicana; bajo su administración las cuentas resultaron vacías. Proceso solicitó la mañana del jueves 10 una entrevista con Calderón Alzati. A petición de su oficina se le hizo saber que trataría sobre los laudos firmes y los litigios pendientes, también respecto del destino de los recursos públicos y de los ingresos del organismo. Además se le planteó que expusiera si tiene o no mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. También se solicitó la posición del titular de la Secretaría de Educación pública (SEP) y presidente del consejo del ILCE, Esteban Moctezuma Barragán; no hubo respuesta. El caso de Óscar García Altagracia es el primero de 40 procesos laborales resueltos en favor de los extrabajadores, quienes no han podido cobrar lo que la JFCA ha determinado porque el ILCE alega fondos insuficientes. A los 40 laudos firmes documentados hasta el 12 de agosto último se suman otros 63 procesos en desarrollo. Por los ya resueltos el organismo adeudaba 89 millones 233 mil pesos que aún deben actualizarse en atención a los tiempos transcurridos entre la emisión de cada uno de los laudos y su eventual ejecución. Los datos sobre la cantidad de procesos firmes y en trámite, así como el pasivo que supera los 89 millones de pesos fueron informados por la JFCA en el oficio 2010/2019, dirigido a García Altagracia, quien hasta su despido en 2009 fue coordinador del programa “Intel. Educar para el futuro”, que el ILCE sostenía en apoyo a la SEP. El oficio expone que los autos de ejecución no han procedido debido que el ILCE pretende hacer valer su inmunidad diplomática establecida en el convenio de creación. Por ese carácter la JFCA hizo las peticiones de ejecución de laudos a la Consejería Jurídica de Relaciones Exteriores, de cuyo análisis se desprende que gestionaron el cumplimiento de los laudos y añade: “(Sin que) dicho instituto haya dado cumplimiento a ninguno de estos juicios en los que se encuentra con laudo condenatorio, no obstante los numerosos requerimientos que se le han realizado, lo que ha derivado a su vez en embargos de sus cuentas bancarias, las cuales no reportan ningún saldo a favor.” El documento denuncia que el ILCE, “además de poner en entredicho la función y efectividad de la JFCA, pone en peligro el cumplimiento de las prácticas y acuerdos internacionales sobre cooperación en las que México es parte, con el consecuente riesgo de un conflicto internacional”. Firmado por la presidenta de la JFCA, María Eugenia Navarrete Rodríguez, con fecha 12 de agosto de 2019, el oficio agrega que el ILCE, al incumplir con los adeudos, viola derechos y garantías de decenas de trabajadores, por lo que atenta contra los principios de justicia social y otros derechos fundamentales, para finalmente, reiterar: “Todas las diligencias de requerimiento de pago y embargo contra dicho organismo han resultado infructuosas, ya que las cuentas bancarias del mismo se encuentran bloqueadas por diversos embargos y, en otros casos, con saldos en cero, lo que provoca la obstrucción total de la ejecución ordenada por el laudo.” El incumplimiento de laudos laborales por el ILCE es de larga data. Entre 2001 y 2003 seis amparos tramitados en distintos juzgados fallaron en favor de los trabajadores y contra el organismo, lo que se concretó en la tesis jurisprudencial 102/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que, en síntesis, resolvió que el ILCE no goza de inmunidad jurisdiccional al contratar trabajadores, pues en eso actúa como persona moral, una actividad de contratación comprendida en lo que la doctrina denomina “actos de gestión”. Volviendo al oficio de la JFCA, éste deja en evidencia a los exdirectores del ILCE, así como a Enrique Calderón Alzati, pues al finalizar advierte que en su oportunidad ningún director del organismo ha  “manifestado un interés real para buscar alternativas de solución al conflicto, el cual cada día crece e implica mayores riesgos tanto en el ámbito laboral como internacional”. Dinero e inmunidad La “desaparición” del dinero que ejerce el ILCE en México es apenas el último hallazgo después de 40 años de operación en los que, de hecho, el Estado mexicano le ha asignado presupuesto mediante la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin que exista fundamento ni motivación legal para hacerlo. Aunque la JFCA no encontró dinero en sus cuentas, una solicitud de información realizada por García Altagracia (no. de folio 168729), con fecha de respuesta al 30 de abril último, permitió saber que la SEP asignó para el ejercicio fiscal 2019 la cantidad de 52 millones 965 mil 830 pesos, de los cuales había entregado para entonces 35 millones 323 mil 886 pesos en dos pagos. Sin embargo, una revisión al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2019 permite observar que no existe registro sobre aportación al organismo. Esa omisión ya había sido observada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión a la Cuenta Pública 2016. De acuerdo a la Auditoría Financiera y de Cumplimiento, número 134-DS, practicada por la ASF a la SEP, en su sección relativa a “Cuotas y Aportaciones a Organismos Internacionales”, el ente fiscalizador identificó pagos por casi 60 millones de pesos al ILCE. Con el análisis realizado, la ASF determinó “que se carece de un instrumento legal” que permita a la SEP comprometer los recursos presupuestales para el ILCE, de ahí que concluyera: “Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 59 millones 985 mil 830 pesos correspondiente a los pagos efectuados por la Secretaría de Educación Pública al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, sin acreditar que dicha erogación se encuentra sustentada en los instrumentos jurídicos que fundamenten y justifiquen el compromiso de pago”. Mientras el gobierno de México le destina recursos año con año, el ILCE no es auditable por el Estado mexicano y por ningún otro. Para eso los funcionarios educativos y diplomáticos del gobierno de José López Portillo se aseguraron de que el convenio de creación fuera explícito en dotar de inmunidad diplomática al organismo, en su artículo 2, que además garantiza que su local, archivos, correspondencia y comunicaciones oficiales sean inviolables; tener libremente fondos o divisas de toda clase en cualquier moneda y transferirlos libremente de México a otro país o viceversa; estar exento de impuestos; tener derecho de aduana sin prohibición ni restricción de importaciones o exportaciones y vender lo que trasiegue. En síntesis, la SEP ha mantenido las ministraciones al ILCE de manera ilegal, en tanto, el organismo –por la forma en que fue creado—puede hacer lo que desee con los recursos sin rendir cuentas, moverlos de un país a otro, convertirlos a otra moneda sin transparentar su ejercicio, acogido a la inmunidad y siempre bajo control del gobierno mexicano. Precedente de corrupción La inmunidad de que goza, con presupuesto millonario, ingresos variados y capacidad para operar sin control, ha sido aprovechada en otros momentos para actos de corrupción, particularmente por aquel que en el sexenio de Vicente Fox resultó emblemático: Enciclomedia. En agosto de 2007 la Secretaría de la Función Pública (SFP) indagó una red de complicidades y conflictos de intereses entre los directivos del ILCE, funcionarios de la SEP y proveedores de equipos de cómputo y tecnología. La indagatoria de la SFP incluyó al director del ILCE en el sexenio foxista, David de la Garza, así como al oficial mayor de la SEP, Francisco Medellín Leal, y al entonces director de Tecnología de la Información, Francisco Javier Cárdenas Medina. El ILCE creó el programa en convenio con la SEP que pretendía digitalizar la enseñanza en las aulas de los grados superiores de primaria. No sólo no lo lograron: entre irregularidades por el orden de los 6 mil millones de pesos, el programa –que cambió de nombre en el sexenio de Felipe Calderón y una vez más en el de Peña Nieto—resultó un fracaso que, en cada oportunidad, llevó a la ASF ha concluir que dichos programas no mejoraron la educación en el país. Los casos de corrupción, así como los litigios laborales se han hecho saber al presidente Andrés Manuel López Obrador por diferentes comunicaciones que, al no ser atendidas en tiempo y forma, de acuerdo con la normatividad, son objeto de quejas ante la SFP sin que hasta ahora se haya notificado acción alguna para resolver el conflicto. Este reportaje se publicó el 17 de noviembre de 2019 en la edición 2246 de la revista Proceso