Democracia en México, la última  utopía comunista

miércoles, 27 de noviembre de 2019
Desde que el PCM comenzó a negociar con el gobierno de López Portillo su incorporación a la competencia electoral, tuvo que reconfigurarse y proponer una reforma del Estado que hiciera viable su actuación institucional. Aunque ese proceso –aquí reconstruido con base en una entrevista con Leonel Posadas y documentos del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista– fue una de sus aportaciones a la democratización del país, la evolución política fue minando su doctrina hasta hacerla inviable.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 4 de febrero de 1977 el entonces presidente José López Portillo recibió en la residencia oficial de Los Pinos a una delegación de cinco miembros del Comité Central del Partido Comunista Mexicano (PCM). Al frente del grupo estaba Arnoldo Martínez Verdugo, secretario general del partido. Lo acompañaban los excandidatos presidenciales Valentín Campa y Ramón Danzós Palomino, custodiados por los líderes comunistas Arturo Martínez Nateras y Marcos Leonel Posadas. “Mi gobierno será respetuoso de las distintas corrientes y agrupamientos, entre ellos ustedes. Me preocupan las campañas que buscan el endurecimiento de la vida política y que promueven la represión”, aseguró el presidente tras dos horas de reunión. Con ese compromiso concluyó el primer acercamiento de un gobernante emanado del PRI, tras los hechos sangrientos de 1968 y 1971, años en los que los comunistas mexicanos actuaron en la clandestinidad. En las actas, comunicaciones y cartas de éste y otros encuentros –a las que tuvo acceso este semanario– se aprecia que esa reunión permitió la transformación del programa comunista, que a su vez propició la democratización del sistema político mexicano. El encuentro también resultó la primera piedra de la reforma política de 1977, la cual culminaría con el retorno a la vida pública de decenas de comunistas, activistas y guerrilleros, así como el registro permanente del PCM. La tarde del 4 de febrero de aquel año, Martínez Verdugo le planteó a López Portillo “la intención de realizar a la luz pública el XVIII Congreso Nacional del PCM, en el que se decidirá el registro sobre el mismo como partido electoral”, sostiene uno de los documentos mencionados. Los comunistas expusieron la necesidad de reformar la Ley Electoral y avanzar una amnistía general para cientos de comunistas, guerrilleros y líderes políticos y sociales encarcelados por los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez. López Portillo les garantizó que no volverían a ser acosados en sus actividades políticas. “El Partido Comunista Mexicano, pese a no tener derechos políticos, había demostrado ser una fuerza política importante –recuerda Marcos Leonel Posadas–; incluso teníamos una fuerza superior a otros partidos que sí tenían registro y para el gobierno resultábamos un problema de gobernabilidad.” Dos años antes, cuando López Portillo fue designado candidato a la Presidencia de la República por el PRI, lo apoyaron de inmediato los “sectores obrero y popular” (CTM y CNOP), después el aparato del Estado bajo el dominio de Echeverría y luego los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) y Popular Socialista (PPS). El PAN declinó postular a Pablo Emilio Madero por una crisis interna. López Portillo quedó como candidato único. “Si no mal recuerdo, López Portillo obtuvo 97% de la votación. Era evidente que a los ojos de la gente el sistema político se había descompuesto. No existía oposición ni opciones políticas viables. El gran mito revolucionario –la democracia– se desmoronó. Fue entonces que decidimos luchar por nuestros derechos políticos y por la democracia en México, aunque lo hiciéramos sin registro”. En diciembre de 1975, durante el XVII Congreso Nacional del PCM, Martínez Verdugo planteó la posibilidad de convertirlo en un “partido de masas”. Documentos bajo resguardo del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS) muestran que, tras el asesinato de Lucio Cabañas, los comunistas comenzaron a adoptar tesis eurocomunistas sobre la “democracia obrera y campesina”, así como la participación de la organización obrera en el sistema electoral. El PCM resolvió emular la experiencia de Chile, donde el socialista Salvador Allende llegó al poder mediante elecciones ordinarias, aunque ya había sido depuesto por el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. En consecuencia, lanzaron la candidatura presidencial de Valentín Campa en 1976, aunque sin el reconocimiento oficial de la Comisión Federal Electoral (CFE) que encabezaba el secretario de Gobernación de Echeverría, Mario Moya Palencia. Se hablaba ya de “crisis política y económica”, incluso en la retórica del nuevo presidente. En su discurso ante el Congreso de la Unión, López Portillo ofreció mejorar las condiciones económicas que había heredado de Echeverría. Al consumarse la transición, la nueva administración decidió aliviar las heridas. El 1 de abril de 1977 el secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, planteó en Chilpancingo, Guerrero, una reforma política que acelerara “sólidamente la evolución política nacional”, ensanchara “las posibilidades de la representación política” y captara “el complicado mosaico ideológico nacional”. Fue el inicio de una reforma electoral que daría paso al moderno sistema de partidos. Un partido reformado Entre abril y diciembre de 1977 el PCM decidió transformarse. Primero atendió el llamado oficial a apegarse a la institucionalidad y abonar ideas para reformar el sistema político mexicano. En lo interno, pasó de ser un “instrumento” para alcanzar la “dictadura del proletariado”, a asumirse como un instrumento para alcanzar el “poder obrero democrático”. Este cambio lo abrió a la competencia electoral. En el XIX Congreso Nacional del PCM, en 1979, recuerda Posadas, “hicimos un examen crítico de todo el bache en que había caído la teoría comunista, especialmente todos los crímenes relacionados con los Juicios de Moscú y la crisis del marxismo en México. Llegamos a la conclusión de que en México hacía mucha falta democratización política, económica, cultural y social”. El proyecto para impulsar reformas democráticas comenzó en diciembre de 1975 hacia el interior del partido. En una carta enviada a Echeverría, los comunistas demandaron una “extensa y profunda reforma política” para que participaran en los comicios. Concretamente demandaron reformar “diversos artículos de la Ley Federal Electoral… y dictar una Ley de Amnistía General en favor de los presos políticos, procesados y perseguidos por motivos políticos”, se lee en un documento del PCM fechado en diciembre de ese año. Tras el ascenso de López Portillo, relata Posadas, los comunistas se abrieron paso entre 15 organizaciones políticas que buscaban su registro y elaboraron una compleja propuesta de reforma del Estado que expusieron ante la CFE que encabezaba Reyes Heroles. En la negociación –según los documentos en el  archivo del CEMOS– el PCM incluso acercó a familiares de personas desaparecidas, encarceladas y asesinadas por anteriores gobiernos. Pese a que “hubo un momento de trabazón y tensión” en el cual “Reyes Heroles amenazó con imponerse”, dice Posadas, el 2 de junio de 1977 el Comité Central del PCM presentó ante la VI sesión de la CFE su propuesta para la reforma política (Proceso 31), lo que terminaría de ­transformarlo. También presentó propuestas políticas, jurídicas, electorales, sindicales y de derechos humanos a fin de reformar radicalmente al Estado mexicano; entre ellas las siguientes: * Una ley de amnistía que abarque a todos los presos, procesados y perseguidos por motivos políticos. * Reformar el Código Penal a fin de extirpar todo aquello que pueda ser utilizado con fines de represión política, como los llamados delitos de sedición, motín, terrorismo, sabotaje y conspiración. * Suprimir las policías que funcionan al margen de la Constitución, erradicar el espionaje político, terminar con la tortura y con las aprehensiones sin orden judicial. * Eliminar las estipulaciones legales y las prácticas que restringen la libertad sindical. Debe ser real el respeto a la libertad de afiliación de los miembros de los sindicatos al partido político de su preferencia. * Elaborar una nueva ley federal electoral mediante la cual el Estado deposite la organización, vigilancia y calificación de las elecciones en los partidos políticos y en los ciudadanos sin partido y garantice la efectividad y el respeto al derecho de voto. * Instituir un sistema de representación proporcional, pluralista, que garantice la presencia en las cámaras de tantos diputados y senadores como corresponda al porcentaje nacional de votos de cada partido. * Duplicar el número de diputados de 186 a 300, pues el viejo número “no corresponde ya a las características del país”. * Reconocimiento legal de todos los partidos políticos, mediante la sola presentación de su declaración de principios, programa de acción y estatutos, y el respaldo de 2 mil ciudadanos en la mitad más una de las entidades federativas. * Restituir a los ciudadanos del Distrito Federal sus derechos políticos mediante una reforma a los artículos 43 y 44 de la Constitución a fin de crear el Estado del Valle de México, nueva entidad federativa que abarcaría por lo menos la actual área metropolitana de la Ciudad de México. En la nueva entidad sería restablecido el régimen municipal. * Que el Estado costee los gastos de las campañas electorales de todos los partidos y los de su registro. * Que los partidos políticos actúen legalmente en las universidades y que los rectores sean elegidos mediante votación universal, directa y secreta de los ­universitarios. Retos de la izquierda El investigador Alberto Aziz Nassif, en su ensayo La construcción de la democracia electoral, apunta que “la reforma política fue el inicio, tardío, de un largo proceso de liberalización del sistema, que se va a extender casi hasta final de los años ochenta; es decir, van a pasar 10 años para que una nueva crisis, la de la elección de 1988, ponga en jaque al sistema”. Para Posadas, las reuniones que mantuvieron el PCM y otros partidos con la CFE fueron una “contribución vanguardista” a la apertura del sistema político electoral, pero no resolvieron la falta de confianza hacia sus instituciones políticas. Aun más, afirma: “El diagnóstico que se venía dando en aquella época entre los comunistas, de que había una posibilidad de que la sociedad se fuera descomponiendo, desgraciadamente se ha venido cumpliendo”. Agrega que esa reacción se ha precipitado en los últimos años, ya que el sistema político mexicano no ha sabido adaptarse a nuevas tendencias de democratización. La falta de una reforma fiscal progresiva, la irrupción del crimen organizado, mayores índices de desigualdad e insatisfacción en la democracia, son temas que hoy le preocupan y deberían ser discutidos ampliamente por la izquierda. “De hecho –comenta– todavía no termina la reforma electoral; este tema resurgirá en unos dos años como un tema político actual”. A 40 años de aquella negociación, reconoce, la victoria y transformación del PCM resultó insuficiente ante los peligros que enfrenta el país: la globalización, la amenaza de Donald Trump, la migración masiva, el calentamiento global… Hechos con los cuales una reforma político-electoral de 1977 no ha hecho un mejor lugar para vivir. “Todo este mundo actual necesita una reactualización de la teoría comunista”, señala. El 30 de diciembre de 1977 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), con la cual se reformaron los artículos 23 y 24. El 4 de mayo del año siguiente, la CFE, ya encabezada por el secretario de Gobernación Enrique Olivares Santana, entregó al PCM el “registro derivado del resultado de las elecciones federales de 1979”, en las que obtuvo 18 diputados de representación proporcional. Poco después de que se implementaron las reformas que derivaron en la LOPPE, el Ejecutivo publicó la Ley de Amnistía, con la que decenas de comunistas integrados en las guerrillas o movimientos sociales volvieron a la vida pública. En 1982 los militantes del PCM decidieron ceder el registro para fundar el Partido Socialista Unificado de México. Tras la crisis electoral que supuso la elección de Carlos Salinas de Gortari, ese partido también cedió su registro al PRD, que actualmente está en riesgo de desaparecer. El 1 de julio de 2018 varios exintegrantes del PCM se reunieron en el Movimiento Comunista Mexicano, entre ellos Martínez Nateras. Celebraron la victoria de Andrés Manuel López Obrador y la sintieron como suya, según la publicación Tribuna Comunista. No obstante, señala Posadas, hoy se mantienen escépticos de que el nuevo gobierno pueda superar la herencia de la “crisis” política, económica y social que se ha acumulado durante décadas de gobiernos priistas y panistas. Este reportaje se publicó el 24 de noviembre de 2019 en la edición 2247 de la revista Proceso

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