Las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de transparentar sus acciones de gobierno no se cumplieron en sus primeros 11 meses de gestión, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En ese periodo el gobierno de AMLO declaró “inexistentes” 14 mil 801 casos de solicitudes de información ciudadana, casi el triple de las que hubo en el periodo correspondiente de su predecesor. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Durante los primeros 11 meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador la opacidad en instituciones directamente controladas por el Ejecutivo se incrementó, sobre todo en las dependencias que manejan grandes cantidades de dinero y las que ejecutan programas prioritarios, sostiene el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En su estudio Total de inexistencias declaradas como respuesta a las solicitudes de acceso a información, el INAI sostiene que en ese periodo prácticamente se triplicaron las lagunas de información en comparación con los primeros 11 meses de gestión de Enrique Peña Nieto. El mexiquense declaró “inexistentes” 5 mil 659 solicitudes ciudadanas de información, mientras que López Obrador lo hizo en 14 mil 801 casos, lo que significa un aumento de 262%. Para especialistas en la materia, estas cifras se relacionan de manera directa con el incremento de solicitudes interpuestas por la ciudadanía, pero también porque el actual gobierno suele negar la información, hace tedioso el proceso o exhibe la improvisación en varios de los proyectos oficiales. “Se puede intentar ser abierto, pero en la práctica no serlo, sobre todo si se evita dar la información a través del marco jurídico”, comenta Joel Salas Suárez, comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia. Jacqueline Peschard, expresidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción comenta que las instituciones de gobierno adoptaron este “vicio” como resultado de la sobrerregulación y sobrecarga de trabajo. “Es una reacción frente a solicitudes de información y todo el control de daños que se tiene que hacer respecto a la legislación y el impacto público”, señala. Según los entrevistados, las “inexistencias” de información casi se triplicaron pese a la política de “transparencia” que López Obrador ofreció en más de más 250 ocasiones en sus conferencias de prensa “mañaneras”, en algunas de las cuales participaron incluso secretarios de Estado. Esa falta de datos se concentra en cuatro instituciones clave: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la propia oficina de la Presidencia de la República y Petróleos Mexicanos (Pemex). En conjunto, esas dependencias acaparan más de 50% de las solicitudes sin respuesta.

Las dependencias más opacas

  Según el informe del INAI, el IMSS –que dirige Zoé Robledo desde mayo pasado– concentra 5 mil 498 declaraciones de inexistencia; es decir 37.14%. La dependencia manejó un presupuesto anual de 746 mil 738 millones de pesos durante 2019. En el primer trimestre gastó 94% de su presupuesto en medicinas, pero en varias entidades presentó desabasto. Decenas de solicitudes sin respuesta y en proceso de litigio ante el pleno del INAI están relacionadas precisamente con el gasto del IMSS. La Conagua, encabezada por Blanca Jiménez Cisneros, ocupa el segundo lugar. Según el INAI, de diciembre de 2018 al 1 de noviembre de 2019 la comisión declaró inexistentes mil 70 solicitudes de información; es decir 7.22% de todas las que recibió la administración federal. La Conagua ejerció 19 mil millones de pesos este año y aunque recibió menos dinero que el año pasado, ejecuta obras de gran calado para el abasto de agua y mitigación de desastres en todo el país. El tercer sitio corresponde a la Oficina de la Presidencia, encabezada por el empresario Alfonso Romo. Según el informe consultado, se declaró la inexistencia en 384 solicitudes de acceso a la información, lo que equivale a 4.17% de las peticiones. Pese a ejercer poco presupuesto –385 millones de pesos– es en esa oficina donde se diseña la política de gasto de todas las dependencias públicas, así como las políticas hacendaria y de comunicación de López Obrador. Por último destaca Pemex, cuyo director es Octavio Ramírez Oropeza. Según el INAI, la dependencia ha declarado 242 inexistencias de información; es decir 1.63% de toda la administración federal. Destaca el caso de la empresa productiva del Estado, ya que este año recibió un presupuesto de 571 mil 601 millones de pesos, equivalente al doble del dinero que recibió la Ciudad de México. Peschard insiste: López Obrador ha desdeñado el papel de la transparencia desde que fungió como jefe de Gobierno en la capital del país. No obstante, continúa en la inercia institucional y el exceso de regulaciones que impuso la administración de Peña Nieto. Y agrega: “Esto es algo que los sujetos de transparencia se tendrían que ir acomodando a esta realidad. Yo creo que hay que pedirle al presidente que entienda que la transparencia es indispensable para el combate a la corrupción, pero que no es un proceso automático”.

Dichos vs hechos

El pasado 17 de abril López Obrador habló de un memorando según el cual su administración derogó la Reforma Educativa promovida por Peña Nieto. Lo hizo en un video que posteriormente fue subido a su página de internet. Como la medida se produjo sin aval del Congreso, un ciudadano solicitó a la Presidencia una copia del documento. La oficina que encabeza Romo declaró “inexistente” la información tras una “búsqueda exhaustiva”. El solicitante insistió, incluso mostró la liga de la página de internet de López Obrador. La respuesta fue: “Ninguna institución pública tiene la obligación de entregar documentos que no obren en sus archivos”. El caso fue atraído por el pleno del INAI, que ordenó a la Presidencia cumplir con sus obligaciones de transparencia. Lo mismo ha sucedido con otros programas prioritarios, sobre todo en las instituciones donde se concentra gran parte de los recursos federales, los cuales se encuentran en litigio. En junio pasado, por ejemplo, un ciudadano presentó una solicitud a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo –bajo supervisión de la Presidencia–, sobre los programas del Bienestar, así como los presupuestos con que operan las delegaciones de Programas para el Desarrollo. La coordinación dijo estar impedida para proporcionar esa información. Aunque el presupuesto depende de la Secretaría de Bienestar, la supervisión en el ejercicio de los recursos depende directamente de los delegados estatales que reportan a López Obrador. Su política ha sido reiterativa: “Si cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, va a alcanzar para financiar el desarrollo”, señaló la dependencia el pasado 26 de octubre. Tras recibir esa respuesta, el ciudadano presentó un recurso de revisión. El 7 de octubre la Coordinación General de Programas para el Desarrollo declaró inexistente la información. El comisionado Salas teme que el INAI sea considerada una institución “obsoleta” e “irrelevante”, pese a que las instituciones son los sujetos obligados a proporcionar la información. La transparencia produjo investigaciones periodísticas como la “estafa maestra” o la “casa blanca” de Peña Nieto. No obstante, para el grueso de la población, el derecho a la información continúa siendo una interrogante. Un reciente estudio elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en conjunto con el INAI, advierte que sólo 5% de la población ha ejercido el derecho a la información pública. Ese porcentaje se concentra en personas mayores de 18 años de población mayoritariamente urbana, con educación media superior, superior y de posgrado. “Con el nuevo estilo de gobernar del presidente, hay este crecimiento de solicitudes y recursos. Lo que llama la atención es que en esta administración, que constantemente habla de la transparencia, y también de la lucha contra la corrupción, en la práctica haya este crecimiento de inexistencias. Este tipo de declaraciones al final hacen muy complejo el ejercicio de acceso a la información”, señala Salas.

Desgaste en el INAI

Bajo el marco normativo vigente, una institución de gobierno está obligada a contestar a una solicitud de información durante 20 días hábiles después de que ésta se hace. Durante ese periodo puede añadirse una prórroga de otros 20 días hábiles. Si el sujeto obligado no satisfizo los datos requeridos, el o los peticionarios pueden presentar un recurso de revisión que se prolonga 40 días más, con 10 días de prórroga. Dependiendo de la resistencia que presente el sujeto obligado, los juicios para acceder a la información pública pueden durar de un mes a varios años. Según la asociación civil Fundar –que litigó la apertura de las condonaciones fiscales durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto–, el proceso legal para hacer posible esa apertura duró cuatro años y necesitó abogados y la intervención de jueces federales. Otros incluso escalan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “La sociedad sabe lo que pasa: pide datos y los entes obligados declaran su inexistencia. Va uno al INAI y se pasan otros 20 días; el instituto mandata a volverla a buscar, luego se pasan otros 20 días. Luego la gente dice: ‘El sistema de transparencia no sirve para nada’”, comenta Peschard y señala que el sistema de transparencia continúa siendo engorroso y complicado, por lo que una plena la vigilancia del poder público aún resulta distante. Cuando los entes gubernamentales se resisten a proporcionar la información, uno de los primeros indicadores es declararla “inexistente”, hasta que las áreas legales analizan huecos o el posible desistimiento del solicitante. En este sentido, añade la entrevistada, la nueva administración federal continúa arrastrando vicios del pasado, además del cuestionamiento público del presidente. Dos ejemplos: El 4 de marzo pasado en su conferencia de prensa matutina, López Obrador informó sobre una asignación presupuestal de 500 millones de pesos para la promoción del boxeo, la caminata y el beisbol. La afirmación está contenida en Informe de gobierno 2018-2019, con el Programa Presupuestario E068 “Educación Física de Excelencia”, operado por la Secretaria de Educación Pública (SEP). La dependencia se declaró “incompetente” y declaró inexistente la información. Argumentó que la Oficina para la Promoción y Desarrollo del Beisbol –dependiente de la Presidencia– es la responsable de ejecutar este programa. No obstante, el sujeto recurrente comprobó que la SEP ejerció 378 millones de pesos en ese programa durante los primeros meses de 2019. Posteriormente la SEP modificó su respuesta. Asumió la competencia e informó que después de una búsqueda no encontró documento alguno con las características requeridas por el solicitante. El otro caso es la reducción del “Programa de Estancias Infantiles”. Durante sus primeros meses de gestión, la administración de López Obrador lo detuvo al detectar anomalías como redes de prestanombres, baja regulación de seguridad y padrones de niños fantasmas en por lo menos 7 mil estancias. Meses después, Auditoría Superior de la Federación confirmó esas irregularidades. En mayo pasado, el comisionado Salas exigió a la Secretaría del Bienestar, encabezada por María Luis Albores, información sobre la baja al presupuesto del programa de Estancias Infantiles para el ejercicio fiscal 2019 y las denuncias presentadas contra el proyecto. Lo anterior, tras la respuesta al recurso de revisión que declaró inexistente el documento madre con el que se diseñó el cambio de política. Recientemente el presidente López Obrador volvió a criticar al INAI. “¿Para qué sirve?” –cuestionó–. Pura simulación nada más para aparentar que se iba a combatir la corrupción; luego el Instituto Anticorrupción, y ya no les digo de cuantas organizaciones se crearon de la sociedad civil contra la corrupción”. Según Peschard, las conferencias de prensa mañaneras –que reflejarían la “voluntad de apertura” presidencial– no sustituyen la necesidad de tener un órgano que tutele los derechos constitucionales que poseen todos los mexicanos. “Está complicado –dice– pero creo que las maniobras no se le pueden atribuir sólo a este gobierno; es parte de la inercia burocrática. (Las autoridades) siguen viendo a la transparencia como una carga adicional de trabajo, en lugar de entender que es algo que les ayuda a organizarse mejor, a no repetir errores.” Este reportaje se publicó el 8 de diciembre de 2019 en la edición 2249 de la revista Proceso