Un pequeño grupo de exfuncionarios de Evo Morales está en el centro de la disputa diplomática que mantienen México y el gobierno boliviano, al que la administración del presidente López Obrador considera “de facto”. Se trata de un gobernador y varios exministros y viceministros a quienes la embajada mexicana les concedió asilo político, mientras que las nuevas autoridades del país sudamericano los acusan de diversos delitos y reclaman su entrega.
Casi al finalizar 2019, y después de 39 años, la embajada de México en Bolivia volvió a acoger a personas que solicitaron asilo en sus instalaciones después de la renuncia del presidente Evo Morales y la instauración de un gobierno transitorio que la administración de Andrés Manuel López Obrador considera “de facto”.
Entre julio y noviembre de 1980 las oficinas de la representación diplomática y la residencia del embajador de México en La Paz, capital boliviana, recibieron a 264 ciudadanos de ese país como consecuencia del golpe de Estado que el 17 de julio de ese año dio el general Luis García Meza, quien instauró un régimen militar de terror.
Según una investigación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 219 adultos y 30 menores fueron trasladados de La Paz a la Ciudad de México, mientras que los 15 restantes renunciaron al asilo o se dirigieron a otros países que aceptaron acogerlos. Tuvieron que pasar dos años para que la mayor parte de esas personas retornaran a Bolivia, donde se restauró la democracia el 10 de octubre de 1982.
Actualmente nueve funcionarios del gobierno de Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentran asilados en la embajada mexicana. Se trata de seis exministros de Estado, un exgobernador del departamento de Oruro, un exviceministro y un exdirector de una entidad administradora de información. Cuatro de ellos tienen órdenes de aprehensión emitidas por la fiscalía y son reclamados para ser conducidos ante la justicia, acusados de delitos que van desde fraude electoral hasta terrorismo.
El gobierno interino de Bolivia reclama su entrega; alega que son requeridos por la justicia. El de México sostiene que el 15 de noviembre –tres días después de que Evo Morales llegó a México– su embajada en La Paz recibió las solicitudes de asilo, las cuales aceptó, y al mismo tiempo solicitó salvoconductos para que dichas personas pudieran salir de Bolivia. Afirma que fue hasta el 26 de noviembre, 11 días después, cuando el “gobierno de facto” del país sudamericano informó que existían órdenes de aprehensión contra cuatro de las nueve personas asiladas.
El jueves 26 el canciller Marcelo Ebrard anunció que México presentará ante la Corte Internacional de Justicia de la ONU un recurso por “el asedio” de hasta 90 policías y militares en los alrededores de la embajada y residencia diplomática mexicana en Bolivia.
En respuesta, Karen Longaric Rodríguez, su contraparte boliviana, declaró que “nadie puede instaurar una demanda por hechos no probados o presunciones que anuncia la embajada mexicana; nadie puede ser demandado por hechos que no ha cometido”.
Y amagó: “Habrá de ceder la embajada de México y entregar a los señores que tienen un mandamiento de apremio al ministerio público boliviano, y en caso de que no lo hagan, seguramente el gobierno de Bolivia no entregará el salvoconducto, y tampoco lo hará el próximo gobierno”.
A continuación se presentan los perfiles de esos nueve asilados que están en el centro de la disputa diplomática.
Juan Ramón Quintana
El 3 de diciembre pasado cumplió 59 años. Su último cargo en el gobierno de Morales fue de ministro de la presidencia y tiene mandamiento (orden) de aprehensión.
Estudió en el Colegio Militar, egresó como subteniente y alcanzó el grado de mayor. Fue uno de los cientos de becados en la Escuela de las Américas, el centro de entrenamiento militar estadunidense en Panamá. Sin embargo, decidió dejar esa carrera y estudió sociología y filosofía, hasta que se sumó al MAS y participó en el movimiento que concluyó con la primera victoria electoral de Evo Morales en 2005 y en su llegada a la presidencia el 22 de enero de 2006.
Quintana fue ministro de la presidencia en los dos primeros gobiernos de Morales, después embajador en Cuba y por último nuevamente ministro de la presidencia. Ahora la Fiscalía General del Estado lo acusa de “sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo”.
Según el actual ministro de gobierno, Arturo Murillo, la acusación contra Quintana se basa en sus declaraciones a la agencia de noticias rusa Sputnik, publicadas el 30 de noviembre. Enmedio de la turbulencia política que azotaba Bolivia, con una huelga indefinida y movilizaciones contra lo que la oposición denominaba “fraude” en las elecciones del 20 de octubre, Quintana afirmó: “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno, porque aquí las organizaciones sociales han encontrado un horizonte para reafirmar su autonomía, soberanía, identidad”.
El 13 de noviembre Murillo anunció “la cacería de Juan Ramón Quintana”. “¿Por qué cacería?”, se le preguntó al ministro de gobierno. “Porque es un animal que está matando gente”, contestó. Y agregó: “Las pruebas son claras, las hemos presentado. Juan Ramón Quintana dijo que iba a convertir a Bolivia en un Vietnam, lo está tratando de hacer”.
Wilma Alanoca
Fue ministra de Culturas y Turismo, tiene 34 años y también tiene orden de aprehensión. Estudió comunicación en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, se graduó en 2009 y después trabajó como periodista y presentadora de programas informativos en radio y televisión, hasta que se sumó al MAS y fue electa concejal municipal por la ciudad de El Alto. Ejerció ese cargo desde 2015 hasta 2017, cuando se integró al gabinete del presidente Morales.
La fiscalía la acusa de intento de “genocidio” por almacenamiento de explosivos. De acuerdo con la policía boliviana, que el 9 de noviembre allanó un garaje del ministerio de Culturas y Turismo, allí se descubrieron 45 bombas molotov, 800 botellas de vidrio, material explosivo y combustibles. Cuatro funcionarios fueron detenidos en el lugar, entre ellos Tito Tornero, el jefe de gabinete de la ministra Alanoca.
“Ellos han referido que son funcionarios públicos y que ellos han obedecido órdenes superiores, son trabajadores del Ministerio de Cultura”, informó al respecto la fiscalía, lo cual para el gobierno significa que responsabilizaron a Alanoca de ordenar la fabricación de las bombas molotov para incrementar el clima de violencia en La Paz y El Alto.
Los cuatro funcionarios de Culturas y Turismo están actualmente bajo prisión preventiva.
Héctor Arce
Tiene 48 años y fue ministro de Justicia en el último gabinete de Morales. No existe un mandamiento de aprehensión, pero la fiscalía investiga su posible participación en el fraude electoral que denunció la Organización de Estados Americanos (OEA) en las elecciones generales del 20 de octubre.
Arce fue diputado electo por el MAS para el periodo 2010-2015, pero en 2014 fue designado procurador general. En 2018 asumió el cargo de ministro de Justicia.
El pasado 21 de noviembre funcionarios de ese ministerio lo acusaron, mediante una nota, de haberlos obligado a manipular actas electorales antes de que la OEA iniciara, el día 1 del mismo mes, una auditoría a los comicios de octubre.
“Días antes de ser iniciada la auditoría por parte de la OEA, en el piso 3 del edificio Capitán Ravelo se procedió a la manipulación de las actas electorales, actividad realizada durante horas de la noche hasta la madrugada por un grupo de funcionarios obligados, que posteriormente fueron premiados con el día libre.”
Según esa nota, funcionarios del Ministerio de Justicia incorporaron información a la base de datos del Órgano Electoral, “inventando nombres y firmas para el llenado de los respectivos libros y posterior transcripción”.
De acuerdo con esa denuncia, en la dependencia también se organizaron “grupos de choque” para infiltrar manifestaciones y provocar a la policía.
Javier Zavaleta
Este arquitecto de 49 años está imputado por sedición y terrorismo, aunque no tiene mandamiento de aprehensión. Fue diputado del MAS entre 2006 y 2018, hasta que en enero de este último año fue designado ministro de Defensa.
El 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de la renuncia de Morales, Zavaleta declaró: “Estamos a un paso de que esto se descontrole totalmente y comencemos a contar los muertos por docenas. Ahora lo que debería interesarnos a todos nosotros es que mañana esto no termine en una sangría”.
En su carta de renuncia al cargo, fechada el pasado 11 de noviembre, Zavaleta afirmó: “Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marineros empuñen un arma contra su pueblo y jamás la daremos”.
César Navarro
De 52 años, diputado del MAS por el departamento de Potosí entre 2006 y 2010, fue ministro de Minería y Metalurgia desde el 8 de abril de 2014. No tiene mandamiento de aprehensión ni se le ha abierto un proceso judicial.
Navarro renunció a su cargo el 10 de noviembre, tras enterarse de los hechos ocurridos en su casa de la ciudad de Potosí durante las últimas horas de Evo Morales como presidente:
“Fueron a mi casa en Potosí, prácticamente la han quemado, es mi único patrimonio que tengo. Agarraron a mi sobrino, lo golpearon, le pegaron, casi lo matan. Realmente es una cosa muy dolorosa lo que está sucediendo. He hecho conocer públicamente mi renuncia porque hay hechos muy dolorosos en la vida, hay momentos para preservar a la familia”, declaró el 10 de noviembre a un canal de televisión.
Hugo Moldiz
Tiene 55 años, fue activista desde su juventud, trabajó como periodista y sólo fue ministro de gobierno de Evo Morales entre el 23 de enero y el 25 de mayo de 2015. No tiene mandamiento de aprehensión y tampoco se le ha abierto proceso judicial.
Moldiz renunció a su cargo a causa de la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, exasesor del presidente peruano Ollanta Humala que permanecía en detención preventiva en su domicilio de La Paz. El hecho se atribuyó a la negligencia de la policía, que está bajo el mando del Ministerio de Gobierno.
Moldiz no volvió a desempeñar un cargo público, pero aparecía frecuentemente en las actividades del MAS y defendía al gobierno de Morales de los medios. Según dirigentes de la oposición, Moldiz tenía fuertes vínculos con la embajada cubana en La Paz.
Víctor Hugo Vásquez
Exgobernador del departamento de Oruro, vecino de La Paz, Vásquez cumple 48 años el 30 de diciembre y tiene orden de aprehensión.
Se tituló como antropólogo en la Universidad Técnica de Oruro (UTO), fue alcalde del municipio de Santiago de Andamarca en el mismo departamento, asambleísta constituyente por el MAS en 2007 y viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario de 2009 a 2014.
El fiscal departamental de Oruro, Orlando Zapata, informó que Vásquez es acusado de “uso indebido de bienes del Estado”.
De acuerdo con la fiscalía, el funcionario ordenó usar maquinaria pesada del gobierno de Oruro para bloquear en la localidad de Vila Vila (a 50 kilómetros de ese departamento) una caravana de mineros cooperativistas y pobladores de los departamentos de Potosí y Chuquisaca que intentaban llegar desde la ciudad de Potosí a La Paz, en la segunda semana de noviembre, para participar en las movilizaciones contra el gobierno de Morales.
También se le acusa de instruir la participación de funcionarios del gobierno de Oruro en el bloqueo de la marcha, quienes fueron transportados en vehículos de esa entidad.
El exsecretario de Medio Ambiente de Oruro, Eleuterio Maraza Ochoa, y el chofer de la entidad, Carlos César Guadama, están bajo prisión preventiva por participar en el bloqueo.
Los bloqueadores en Vila Vila lanzaron cartuchos de dinamita y piedras contra la caravana de vehículos que intentaba llegar a La Paz. De acuerdo con el Colegio Médico de Bolivia, ese ataque dejó 34 heridos.
Nicolás Laguna
Tiene 36 años, es sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz. Se desempeñó como asesor de la vicepresidencia del Estado antes de ser designado en 2015 director de la Agencia del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (AGETIC), dependiente del ministerio de la presidencia. Tiene mandamiento de aprehensión, ya que la fiscalía lo acusa de haber participado en la organización y ejecución del fraude electoral del 20 de octubre.
La fiscalía explica que antes de las elecciones, la AGETIC fue autorizada para acceder al padrón electoral y la base de datos personales de todo el país. Según las investigaciones preliminares, es “muy posible” que la agencia haya trabajado coordinadamente con el Tribunal Supremo Electoral (TSE), encargado de organizar las elecciones generales, en la manipulación de los resultados.
Pedro Dorado
Viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario hasta la renuncia de Morales, no tiene orden de aprehensión ni proceso judicial. Se tituló en Comunicación por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) del departamento de Santa Cruz, fue alcalde de San Miguel de Velasco en 2005 y asambleísta departamental por el MAS desde 2015.
Este reportaje se publicó el 29 de diciembre de 2019 en la edición 2252 de la revista Proceso
