Pese a los cuestionamientos que Andrés Manuel López Obrador ha recibido por el hecho de impulsar una terna de candidatas afines a Morena –Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García– para suplir a la ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte, una vez que el Senado se decida por cualquiera de ellas el mandatario tendrá la fuerza suficiente para configurar un Poder Judicial más proclive al Ejecutivo. En otras palabras, lo convertirá en una especie de aduana constitucional para sus proyectos de gobierno.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con la designación de la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que saldrá de entre sus aliadas en Morena y su proyecto de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dará un paso más en la configuración de un Poder Judicial más cercano al Ejecutivo federal. Los cambios en el máximo tribunal del país y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han despejado el camino al presidente de la República en su relación con el Poder Judicial de la Federación (PJF), aunque no ha dejado de mostrar su encono con jueces, magistrados y ministros. La terna que presentó para sustituir a la ministra Margarita Luna Ramos a partir del martes 19 es el continuo de una serie de movimientos que el Ejecutivo ha logrado al interior del PJF, sobre todo en la Corte, que será la aduana constitucional para sus principales proyectos de gobierno, desde la reducción de los sueldos de los altos funcionarios hasta la creación de la Guardia Nacional, pasando por la creación de los llamados superdelegados estatales. La designación del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte y la renuncia de la magistrada Janine Otálora Malassis como presidenta del TEPJF después de que votara por la validez de la elección en Puebla a favor del PAN enmarcan la llegada de quien será la nueva ministra.  El Senado deberá decidir de entre las tres candidaturas presentadas por el presidente de la República, todas vinculadas a Morena o a su gestión gubernamental: la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, la académica Loretta Ortiz Ahlf y Celia Maya García, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro. Las tres tienen una relación directa con el oficialismo. Esquivel Mossa es la esposa del empresario José María Rioboó, un contratista cercano al presidente desde que éste fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre 2000 y 2005.  Ortiz Ahlf fue integrante del equipo de transición y es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, secretario de Gobierno de López Obrador en el gobierno de la capital, uno de los autores de la Constitución Moral del gobierno federal y recién nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE).  Maya García buscó la candidatura de Morena al Senado por Querétaro y antes fue candidata del PRD al gobierno de esa entidad. Loretta Ortiz y Celia Maya también formaron parte de la primera terna presentada en diciembre pasado por el presidente López Obrador para ministro de la Suprema Corte. La designación recayó en Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo primer acto como ministro de la SCJN fue favorecer la candidatura del ministro Arturo Zaldívar a la presidencia del máximo tribunal. La defensa de AMLO El lunes 4, el presidente López Obrador salió en defensa de su segunda terna para la SCJN. Ante las críticas por la estrecha cercanía de las candidatas, el presidente dijo que no hay ningún impedimento para que miembros de su partido, Morena, puedan ser postulados. En efecto, en los requisitos establecidos en la Constitución para ser ministro no se condiciona la militancia o cercanía política con el presidente, pero López Obrador y el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, han expresado severas críticas al funcionamiento del PJF. El senador y exgobernador de Zacatecas incluso ha propuesto iniciativas para reformar ese poder; entre ellas la rotación de los jueces y ministros, y el mecanismo de designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encargado de vigilar y administrar a los tribunales federales. En la misma conferencia de prensa en la que defendió su segunda terna para la Suprema Corte el jefe del Ejecutivo federal advirtió que durante su gobierno “por lo menos” va a denunciar al juez, magistrado (y) ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco que solape un acto de corrupción”. López Obrador dio ese mensaje después de que le atribuyera a su gobierno haber detenido una millonaria devolución de impuestos a exaccionistas del Grupo Modelo. Según el presidente, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y el Servicio de Administración Tributaria intervinieron para modificar un proyecto en la SCJN y evitar que Hacienda retornara 35 mil millones de pesos por la venta de acciones del grupo cervecero. López Obrador siguió en su arremetida en torno al PJF: “Nada de que me voy a quedar callado. Una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa me quede yo callado, porque no voy a ser cómplice”. Y remató: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa. Para que quede claro”. El presidente de la SCJN, el ministro Arturo Zaldívar, prefirió evitar el tema. Al día siguiente del embate presidencial, durante la ceremonia por el 102 Aniversario de la Constitución Mexicana, pronunció un discurso que estuvo en la misma línea del proyecto social de López Obrador. En la ceremonia de Estado realizada en Querétaro, Zaldívar habló de la deuda “con el pueblo de México, los desprotegidos, los discriminados, las mujeres, las niñas y niños, los grupos vulnerables y las personas con discapacidad”, y se pronunció por “un nuevo paradigma” para que los jueces participen en el cumplimiento “del programa social de la Constitución”.  Puntualizó: Los jueces federales deben asumir, “sin ambages”, un “constitucionalismo social transformador” para “construir una sociedad más igualitaria”.  Zaldívar ocupó la presidencia de la SCJN y del CJF el 2 de enero pasado y habrá de acompañar al gobierno de López Obrador durante cuatro años, hasta enero de 2022. Con apenas tres semanas como máximo representante del Poder Judicial de la Federación, su gestión quedó marcada con la renuncia de la magistrada Janine Otálora a la presidencia del TEPJF. La magistrada renunció a la presidencia del máximo tribunal electoral el 23 de enero, luego de su rechazo a anular la elección para gobernador en Puebla y que perdió Morena el año pasado. La negativa del TEPJF fue calificada por el presidente de la República como “antidemocrática”. Los retos del ministro Zaldívar De acuerdo con funcionarios tanto del alto tribunal como del TEPJF consultados por Proceso, fue el presidente de la Corte quien directamente le pidió a la magistrada la renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral ante el conflicto generado por el fallo.  La renuncia de Otálora como presidenta había sido pedida por el magistrado electoral José Luis Vargas, quien como ponente del caso propuso anular la elección que favoreció a la candidata del PAN, Martha Érika Alonso. La gobernadora falleció el 24 de diciembre, a sólo 10 días de haber asumido el cargo, cuando se desplomó el helicóptero en el que viajaba con su esposo, el senador panista Rafael Moreno Valle, quien también murió. Requerida por Proceso ante este señalamiento de intervención, la SCJN respondió con una réplica a una versión similar publicada en el periódico El Financiero. Según esa contestación, fechada el 30 de enero, la presidencia de la Corte “no ejerce decisiones o facultades de manera vertical con jueces o magistrados federales”.  El presidente de la Corte tiene en puerta otro tema que habrá de definir su relación con el titular del Ejecutivo: el futuro de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, en la que se estableció que nadie en el sector público debe ganar más de 108 mil pesos que el propio López Obrador se fijó. La ley, que enfrenta diversos juicios constitucionales interpuestos por integrantes del propio PJF como de organismos autónomos, se encuentra suspendida por determinación del ministro Alberto Pérez Dayán y excontendiente de Zaldívar por la presidencia de la Corte.  Se espera que en los próximos días el máximo tribunal resuelva los recursos interpuestos por la Cámara de Senadores y la Presidencia de la República en contra de esa suspensión. Pero la resolución de fondo sobre la constitucionalidad de la ley deberá esperar aún algunos meses. Lo que ocurra con la polémica ley pasará también por la decisión de quien será la nueva ministra de la Suprema Corte. Además, quien remplace a Luna Ramos habrá de votar en la acción de inconstitucionalidad promovida ante la Corte por la oposición en contra de la figura de los superdelegados, otro de los proyectos centrales del presidente López Obrador. La terna  Entre las candidatas de la Presidencia de la República destaca la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, no sólo por su cargo como presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, sino por ser la esposa del constructor cercano a López Obrador, José María Rioboó. Además de haber obtenido adjudicaciones directas del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, como la del proyecto ejecutivo de los segundos pisos del Periférico, Grupo Rioboó apoyó a López Obrador en su determinación de anular el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco y construirlo en la base aérea de Santa Lucía. Según el presidente, Rioboó no será contratista en las nuevas obras de la terminal aérea en el Estado de México. Con dos décadas de desempeño jurisdiccional, la misma magistrada Esquivel ha sido el centro de polémicas. A propósito de su reelección como magistrada en el Tribunal de los Contencioso, en 2015, aprobada por la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso de la Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil, académicos y la oposición cuestionaron su desempeño y su conflicto de interés por estar casada con el constructor. Recordaron que frenó un juicio de nulidad en contra de la construcción de la Supervía, vialidad de ocho kilómetros entre el sur y el poniente de la Ciudad de México que contó con la participación de la empresa de su esposo. La obra se terminó y la vía comenzó a operar sin que se hubiera dictado sentencia en el juicio iniciado a raíz de una demanda interpuesta por vecinos afectados por la obra.  También recordaron que falló a favor del colegio Westhill, en cuyo Consejo de Administración participa el matrimonio. La escuela quedó en el centro de un escándalo en 2015 cuando encarceló a una pareja de venezolanos que había emprendido una demanda por daño moral. En declaraciones púbicas, la magistrada Esquivel ha dicho que la llegada de Zaldívar a la presidencia de la Corte acabó con el enfrentamiento que había con el Ejecutivo. Además, ha negado que tenga conflicto de interés porque su esposo, a quien dice conocer hace siete años, no participa en el proceso de selección de los ministros. Quien asimismo niega que haya conflicto de interés en el caso de su postulación para ministra es la académica Loretta Ortiz. Argumenta también que su trayectoria profesional es anterior a su relación con su actual esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, uno de los principales colaboradores de López Obrador. En el gobierno de la capital, él fue secretario de Gobierno, participa en la elaboración de la Constitución Moral del gobierno federal y, a propuesta de Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, el Senado lo nombró el viernes 8 titular de la FEPADE. Especializada en derecho internacional y derechos humanos, Loretta Ortiz estuvo encargada de los foros de pacificación durante el periodo de transición. En lo que pasó como la primera pifia del equipo lopezobradorista, cuando apenas tenía dos semanas de haber ganado las elecciones, la académica anunció que el Papa Francisco había aceptado participar en los foros a su cargo. La información fue desmentida de inmediato por el Vaticano. Al igual que Ortiz, Celia Maya García fue incluida por López Obrador en la segunda terna. Magistrada en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, también tiene una gran cercanía con Morena. A diferencia de las otras dos candidatas, carece de vínculos estrechos con López Obrador, aunque sí ha recibido ofertas del presidente para ser parte de su gobierno. El año pasado buscó llegar al Senado por Morena, después de haber sido candidata por el PRD para el gobierno de Querétaro en 2003, pero ese partido le pidió el lugar para el actual senador, Juan José Jiménez Yáñez.  Este reportaje se publicó el 10 de febrero de 2019 en la edición 2206 de la revista Proceso.