Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron un amargo 14 de febrero: ese día supieron que Andrés Manuel López Obrador les quitó los recursos económicos. Con el argumento de que son opacas y corruptas, el presidente metió a todas en el mismo saco. Pero se defienden. “No se puede afirmar que todas somos corruptas o que somos intermediarias del Estado”, apunta Clara Jusidman, quien ha dedicado más de 30 años de su vida a trabajar en algunas de esas instancias que, entre otras cosas, se dedican a prevenir la violencia contra las mujeres, trabajan con grupos de diversidad sexual o promueven el desarrollo comunitario… CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El jueves 14 fue una fecha amarga para las 40 mil organizaciones de la sociedad civil (OSC) oficialmente registradas en México. Ese jueves se enteraron de que el presidente Andrés Manuel López Obrador giró una circular a todas las dependencias federales ordenando no darles más recursos; las acusa de corrupción y opacidad. Se acabaron las esperanzas de tener una cifra similar a los 4 mil millones de pesos del presupuesto federal que se les autorizaron en 2018, pues por orden presidencial el dinero se entregará directamente a los beneficiarios. Dos párrafos tuvo la circular de López Obrador: “Hemos tomado la decisión de no transferir recursos del presupuesto a ninguna agrupación social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. “Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios. Asimismo, se deberá cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia.” Ningún presidente había girado una orden de ese tipo para las OSC, muchas de las cuales apoyaron a López Obrador en su camino a la Presidencia. La defensa Varias de esas OSC comenzaron a reaccionar en las redes sociales, rechazando las acusaciones de corrupción. Durante toda una semana emitieron posiciones con el argumento central de que son aliadas de cualquier gobierno que busca combatir la corrupción, la pobreza, proveer servicios públicos o prevenir la violencia.  “Las declaraciones del presidente me parecen muy injustas, generalizantes y despectivas. Mete en una sola bolsa a un mundo que es tan diverso como es la sociedad civil organizada”, señala en entrevista Clara Jusidman, quien desde hace más de 30 años ha dado la lucha desde diversas agrupaciones sociales en favor de los derechos humanos, la equidad de género, contra los fraudes electorales y por la transición democrática. Lourdes Morales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, coincide en que son desafortunadas las expresiones del jefe del Ejecutivo. Y subraya: “Un gobierno que se dice de izquierda no puede ir en contra de organizaciones sociales que son muy diversas, que hacen distintas labores y que deben existir en cualquier gobierno que se dice democrático”. A su vez, Paola Migoya, exsecretaria ejecutiva del Consejo Técnico de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, señala que lo desafortunado de las expresiones del presidente es que se diga que hay corrupción.  “Está expresando un desconocimiento absoluto. Lo que necesita el país es el fortalecimiento de la sociedad civil, no su debilitamiento. Se habla de 40 mil organizaciones, pero de las que funcionan de manera efectiva son 8 mil. Por eso cuando Andrés Manuel nos embate y nos acusa de corruptos, creo que tiene un desconocimiento absoluto de lo que tiene que pasar una asociación para concursar por los recursos”, dice al reportero la integrante de la agrupación Proyecto México 180 Grados. En tanto que Pablo González Ulloa, investigador de la UNAM especializado en teoría política y social, globalización y multiculturalismo, estima que esta decisión presidencial impactará a miles de organizaciones pequeñas que realizan un trabajo fundamental para la gobernabilidad, que son un contrapeso político y coadyuvan en la política social con actuaciones directas y diagnósticos serios en diversos problemas, que van desde la violencia contra las mujeres, el robo del combustible y la atención a comunidades indígenas y campesinas, hasta la asistencia a la población marginada. “Son aliadas, no son enemigas”, sostiene. El impacto Desde 2004 todas las actividades realizadas por la sociedad civil en México son reguladas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, y de acuerdo con una investigación de Paola Migoya, Pablo González, Carlos Chávez y Gustavo Adolfo Venegas –entregada en 2016 a la Secretaría de Gobernación–, las agrupaciones civiles han tenido un impacto positivo en la economía del país, pese a que el presupuesto gubernamental ha disminuido 30%: de 7 mil millones en 2015 a 4 mil en 2018. A partir de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México, este grupo de investigadores indicó que el Producto Interno Bruto (PIB) generado por las organizaciones no lucrativas alcanzó 424 mil 181 millones de pesos en 2013, cantidad que representó 2.75% del PIB total de la economía del país, superando a países como Brasil (2.3%) y Portugal (2.2%), pero lejos de lo reportado en Estados Unidos (7.2%) y Canadá (7.3%). Además, los investigadores señalaron que dichas instituciones han generado también empleos para 2 millones 628 mil personas, cifra que representa 6.7% del personal remunerado de la economía nacional. A raíz de lo anterior, apuntan que las OSC se han posicionado como un actor público fundamental en el ámbito de la gobernanza, como mecanismos para alcanzar la gobernabilidad democrática en México.  Y afirman: “Es un actor relevante y un agente activo de cambio social, que ha crecido, se ha multiplicado y ha aterrizado cada vez más en áreas diversas de la vida pública del país, lo que le ha permitido ganar importancia en la gobernabilidad democrática y alcanzar un mayor impacto en términos de contribución económica y generación de empleos”. Con base en estos estudios es que los integrantes de las agrupaciones civiles rechazan las acusaciones de López Obrador de que se han dedicado a “simular que se atendía a los grupos vulnerables”, cuando en realidad el recurso nunca llegaba.  Jusidman tiene una enorme presencia en la sociedad civil, desde donde impulsó en los noventa la creación de las instituciones electorales y de defensa de los derechos humanos. En entrevista dice que entiende la idea de López Obrador de transparentar los recursos federales otorgados a las organizaciones civiles, pero rechaza su decisión de quitar todo el apoyo económico, bajo la acusación de que son opacas y corruptas. “Entiendo la idea. Yo he sido crítica del Teletón, que es un cuento de Televisa que vive a partir de las aportaciones de los gobiernos estatales que le dan entre 40 y 50 millones de pesos al año; o las orquestas y coros del Grupo Azteca, que reciben así 81% de sus ingresos. Estoy de acuerdo en que no hay que financiar esas obras faraónicas”, sostiene. Insiste en que se debe entender que la sociedad civil es diversa y compleja, por eso estima que el presidente desprecia el trabajo que han realizado durante 30 o 40 años varios activistas de la sociedad civil, como el sacerdote Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Miguel Álvarez, con Serapaz; Marta Lamas y Sergio Aguayo desde sus posiciones de académicos, pero activos en la sociedad civil; y todas las organizaciones de mujeres que han luchado por la igualdad. “Equiparar a este mundo diverso de organizaciones que han defendido derechos, que han puesto los derechos humanos en la agenda pública, con organizaciones vincu­ladas a grandes empresarios que sí han sido beneficiados con recursos públicos de forma muy elevada, como Fundación Azteca o Teletón o Poder Ciudadano, que han recibido millones de pesos, en algunos casos hasta mil millones de pesos, no tiene nada que ver”, reitera. Dice que en los últimos años han surgido organizaciones que funcionan casi como consultorías y tienen poder económico, porque detrás está el apoyo de grandes empresarios o de alguna institución del Estado; contratan a gente con buenas calificaciones y han mejorado las herramientas que se utilizan. Una de ellas es Causa Común, que trabaja el tema de la evaluación de las policías y tuvo mucha fuerza en el gobierno de Calderón.  No obstante marca una diferencia: “Hay una serie de organizaciones que han estado dando servicios al Estado, pero esa es una porción de sociedad civil y no se puede afirmar que todas somos corruptas o que somos intermediarias del Estado”. Ante la decisión de López Obrador de suprimir el presupuesto a las OSC, advierte del enorme riesgo de desaparecer un gran número de pequeñas organizaciones que trabajan temas sustanciales, como la violencia contra las mujeres y la infancia, que hacen servicio de asesoría jurídica y de atención médica y psicológica, que trabajan con los grupos de diversidad sexual, con población afrodescendiente, en labores de reinserción social y todas las que se dedican al desarrollo comunitario o que ayudan a las poblaciones indígenas a defender sus recursos ante el crimen organizado y las empresas mineras o de energía. “Esas son las organizaciones pequeñas que de algún modo acceden a fondos públicos de coinversión, sobre todo de Indesol (Instituto Nacional de Desarrollo Social), y que eran muy reducidos: de 200 mil pesos. Por eso, decir que todas somos organizaciones conservadoras, abusivas, intermediarias, me parece una apreciación fuera de lugar”, sostiene la economista de la UNAM, una de las voces más autorizadas de la sociedad civil. –Pareciera que al presidente les estorban las organizaciones de la sociedad civil. –Surgimos en medio de gobiernos hostiles, autoritarios y omisos, y en muchas ocasiones sustituimos acciones que los gobiernos estatales y federal no hacían. Hacemos trabajos de interés público por el bien de terceros, no somos sindicatos ni cámaras patronales, hacemos trabajos en beneficio de terceros. Seguramente al presidente López Obrador le representamos un estorbo, pero hacemos una labor de contrapeso y contribuimos al bien social. La decisión de López Obrador ya tiene un impacto. La Organización de la Mujer en Tapachula, Chiapas, fundada en 1997, donde trabajan 30 personas y se da refugio a 100 mujeres con sus hijas e hijos en situación extrema, ya no podrá operar. Con un presupuesto anual de 6 millones –del que devolvía 1 millón–, daba ropa, zapatos, alimentos y medicinas a las refugiadas que llegaban enfermas. Con esos mismos recursos pagaban servicios y salarios. “Esa decisión está muy mal, es incongruente y violatoria de los derechos humanos. No tenemos un peso y ya tenemos a nueve mujeres ingresadas; muchas de ellas están en peligro de ser víctimas de feminicidio”, dice a Proceso Elsa Simón, fundadora y representante legal de la asociación. Un caso más es la Red Nacional de Refugios para mujeres y sus hijos que viven en extrema violencia. Esta organización existe desde hace casi dos décadas y tiene por lo menos una sede en cada entidad. En diciembre se le aprobó un presupuesto de 346 millones de pesos que ya fueron suspendidos por la Secretaría de Salud, según se informó en un comunicado el lunes 18. La corrupción González Ulloa elaboró el estudio Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: propuestas para su fomento, donde advierte que el problema de la corrupción se podría dar no tanto en las pequeñas agrupaciones, sino en las asociaciones cuasigubernamentales relacionadas con entidades gubernamentales, conocidas como “gongos”, que se llevan de manera discrecional 30% de los presupuestos oficiales estatales o federal. Ejemplos de estas organizaciones son el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y los programas de incubadoras o aceleradoras de proyectos para Pequeñas y Medianas Empresas, de la Secretaría de Economía. Según la información recabada por el investigador, de distintas instancias del gobierno federal, así como de la Secretaría de Hacienda, de 2013 a 2017 a estas instancias se les dieron más de 9 mil 116 millones de pesos.  “¿Qué tan grave es este problema en México?”, se le pregunta. “Muy grave”, considera, pues las actividades de fomento que son reportadas por las entidades de la administración pública federal, operadas a través de gongos, alcanzan entre 25% y 30% del total señalado en la cuenta pública federal en materia de fomento.  “Estos órganos de gobierno y asociaciones relacionados con entidades gubernamentales son la amenaza más seria a partir del absorbimiento de recursos públicos o por cuestiones de corrupción a través de enriquecimiento ilícito de funcionarios. Por lo que los recursos públicos que se supone que deberían ser destinados a las organizaciones de la sociedad civil son aún menos de los que se esperan, limitando más las fuentes de financiamiento”, señala el investigador. Lourdes Morales, exdirectora de Alianza Cívica, de Mexicobserva y coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas, concluye: “Desde su investidura presidencial López Obrador descalifica a los grupos sociales haciendo una diferenciación de buenos y malos. Con eso está reproduciendo el modelo que funcionó muchos años, donde había una sociedad civil mansa, de tipo clientelar, que lo único que hacía era simular exigencias para recibir recursos del Estado. Esa no es la sociedad civil que necesita México”. Este reportaje se publicó el 24 de febrero de 2019 en la edición 2208 de la revista Proceso.