MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- En el 2011 Nuevo León vivió su época más álgida de horror, por la violencia que generaron los diversos grupos de la delincuencia organizada que disputaron el control de todas las actividades criminales que dejaban ganancias en la localidad. Ocho años después, en el 2019, las balaceras y ejecuciones vuelven a esta entidad norteña, donde se creía que el fenómeno criminal del pasado había sido erradicado de manera permanente. Pero las ejecuciones y la exhibición de cuerpos mutilados han vuelto. La ciudadanía observa con preocupación el futuro. En entrevista, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci Zuazua, aclara que todavía no se han alcanzado los índices de criminalidad y brutalidad que se vivieron en aquel año de crisis. Sin embargo, revela que los mismos capos que ocasionaron aquella espantosa escalada criminal, son los mismos que han regresado a recuperar el terreno que habían perdido durante estos años. El funcionario rechaza decir nombres pues, por cuestiones de inteligencia, debe ser discreto. Afirma que las policías de estado y de la Federación andan tras ellos y el sigilo es fundamental para capturarlos. Sin embargo, menciona que la mayoría de ellos estuvieron presos ya, y fueron liberados por jueces federales displicentes que les concedieron amparos. Las organizaciones criminales que tomaron el estado como zona de guerra son las mismas que operaban en esa época de crisis, que alcanzó su punto más elevado con la muerte de 52 personas que perecieron asfixiados en el ataque incendiario al casino Royale, el 25 de agosto del 2011, al poniente de esta capital. La entidad ha ajustado el modelo de seguridad de acuerdo con los tiempos de violencia creciente, dice, y la presencia del Ejército sigue siendo necesaria, como una entidad que puede contrarrestar el nivel de violencia demencial que exhiben las bandas criminales. Desafortunadamente, señala, algunos municipios capitalizan la presencia del Ejército y los mandos militares en sus corporaciones para sus propios fines políticos. Cruce de caminos Fasci Zuazua llegó a la Secretaría de Seguridad Pública el 6 de noviembre pasado. Ya había estado en el puesto en el sexenio de Natividad González Parás, que terminó en el 2009. Al inicio de este año, el funcionario dijo que la violencia en Nuevo León continuaría durante todo el 2019. Lo mismo repitió en su comparecencia en el Congreso de Nuevo León, el 25 de febrero, donde dijo que cinco capos que fueron detenidos entre el 2008 y 2012 fueron liberados pocos años después. Generó molestia cuando les dijo que la ciudadanía comenzaría a sentirse más tranquila hasta dentro de dos años, cuando funcione la estrategia que han echado a andar los tres niveles de Gobierno. “Preocúpense cuando diga mentiras”, respondió a sus críticos. Sin revelar identidades le dijo a los legisladores que estos líderes criminales están provocando la violencia en la región noreste de la República Mexicana, comprendida por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Mayormente, dice, las pugnas que se viven a diario en sus enfrentamientos, son por problemas entre ellos. Desde el mes de agosto del 2018 la región ha experimentado un repunte de ejecuciones. En entrevista precisa que en el caso de Nuevo León, en particular, operan cuatro cárteles: Del Golfo, los Zetas, del Noreste y los Beltrán Leyva. Estos últimos tienen mayor presencia en el municipio de San Pedro. [caption id="attachment_498652" align="alignnone" width="702"] Aldo Fasci, titular de Seguridad Pública de Nuevo León. Foto: Germán Canseco[/caption] Fasci Zuazua afirma que las corporaciones municipales, estatales y federales trabajan en conjunto y de fondo para evitar que vuelvan los niveles de violencia al año 2011, cuando en la entidad se reportaron unos 200 homicidios dolosos por mes. Oficialmente hubo ese año 2003 asesinatos. “Fue demasiado ese año”, reconoce el funcionario, quien es analista y especialista en sistemas de seguridad, y uno de los hombres con mayor información de inteligencia en el estado. Actualmente, dice, los niveles aquí son los del 2012, cuando comenzó a descender la brutal exhibición de violencia en las calles. Ese año hubo, en total mil 259 homicidios dolosos, casi 100 por mes. Y, efectivamente, como dice el Secretario, en los primeros dos meses del 2019 la cifra es muy parecida. En enero se cometieron 99 asesinatos y en febrero 110, para dar un total de 209, o casi el centenar mensual. Pero las alarmas están encendidas porque el índice de febrero es el más alto desde enero del 2016, cuando comenzó a contar el primer año completo de El Bronco, que accedió a la gubernatura en octubre del 2015. El encargado de la seguridad de la entidad en este mandato de Jaime Rodríguez, dice que las diversas corporaciones ya aprendieron de errores y experiencias del pasado. Ahora hay mayor madurez para confrontar a las bandas criminales. Afirma que hay una coordinación permanente con el Gobierno Federal. Las Fiscalías de la Nación y la del estado se esmeran por atrapar a los cabecillas de los carteles, para disminuir la violencia. Sin embargo, reconoce que el apoyo de las fuerzas de la federación es limitado, porque para ellos el problema es generalizado, y no en focos, como podría verse Monterrey. “Ya hay una experiencia en los equipos de trabajo y eso ayuda muchísimo para resolver el problema y en eso trabajamos con el Gobierno de la República, pero el inconveniente es que ellos tienen qué arreglar todo el país y, lamentablemente, con todo este problema que tenemos, no pintamos a nivel nacional”, dice. Precisa que, pese a la percepción de violencia que hay en la entidad, numéricamente, Nuevo León es irrelevante en las cifras de todo el país. Jalisco y Guanajuato tienen cifras aún peores que las de aquí, ejemplifica. “En la Capital del país lo ven por volumen. Nuevo León tiene 65 mil delitos, frente a 2 millones en todo el país, no figurábamos. Por eso, cuando planeamos una estrategia regional Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, ya cambió el panorama y en eso estamos trabajando”, señala. Para los delincuentes, Nuevo León es una apetitosa tajada del país. Tan solo aquí hay un mercado de drogas que mueve 2 mil millones de pesos, de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Fasci Zuazua calcula que la cifra negra es de 8 mil millones. Cuando Felipe Calderón lanzó al Ejército a la calle en el 2006, los militares también tomaron control de las policías de los estados y los municipios. Fasci menciona que, desde entonces, algunos alcaldes y políticos han utilizado a las Fuerzas Armadas para presumir logros en materia de seguridad. No son tiempos electorales, aclara, pero algunos todavía siguen utilizando el nombre del Ejército para colgarse méritos que no les corresponde. Muestra el caso de la Guardia Nacional, que pasó de ser un tema de seguridad a uno que se politizó. En febrero, como parte de la nueva estrategia para combatir la inseguridad creciente de la entidad, el general José Luis Cruz Aguilar fue nombrado coordinador de las tareas operativas conjuntas de la entidad, para alinear los esfuerzos operativos y de inteligencia de las corporaciones de los tres niveles de gobierno. Las acciones de inmediato se concentraron en el municipio de San Pedro, que presumía ser, hasta el trienio anterior del panista Mauricio Fernández, el territorio más seguro de México. Su sucesor, Miguel Treviño de Hoyos, quien accedió a la presidencia municipal como independiente, dijo que la presunción del panista era solo un eslogan. Este año, la violencia se recrudeció en San Pedro. Ante la sospecha de que el crimen organizado infiltró la policía municipal, todos los agentes fueron acuartelados, para ser sometidos a pruebas de confianza. En tanto, la policía estatal Fuerza Civil pasó a tomar el control de las labores preventivas. Este lapso fue aprovechado por bandas criminales para dar golpes en estacionamientos de centros comerciales de este municipio, donde vive la gente más acaudalada del estado. Los criminales se concentraron en despojar a ciudadanos de relojes costosos. En uno de esos asaltos, el 17 de febrero en la Plaza Comercial Tanarah, el joven David Alberto Yarte Carranza se resistió a ser despojado de su reloj y fue asesinado a balazos. En ese mismo municipio hubo dos ataques incendiarios. El 29 de enero, en la zona Del Valle desconocidos prendieron gasolina a seis autos estacionados en la calle, y el 22 de febrero también personas que no fueron atrapadas quemaron otros seis, pero estos nuevos de una agencia Hyundai en el mismo sector. El ataque incendiario se repitió, pero ahora en el centro de Monterrey, el 14 de marzo. Delincuentes que se desplazaban en una camioneta arrojaron bombas molotov a tres unidades estacionadas en la esquina de 15 de mayo y Porfirio Díaz. Todos los autos eran de un mismo dueño, dijo la Agencia Estatal de Investigaciones. La estrategia para combatir al crimen ha tenido que ajustarse. El plan inicial consistía en ejercer una presión concéntrica, desde el Centro de Monterrey hacia la periferia, para que los delincuentes fueran dejando, poco a poco, la zona metropolitana, donde está concentrado más del 90% de los 5 millones de habitantes de la entidad. Fasci reconoció el 8 de marzo que el nuevo modelo no estaba funcionando, pues no habían conseguido abatir las cifras de homicidios, por lo que era necesario hacer cambios para combatir a los delincuentes.