Fuentes oficiales de México y Estados Unidos confían a Proceso que a raíz de la crisis binacional relacionada con las migraciones de centroamericanos se han realizado cinco reuniones técnicas entre funcionarios de los dos países, de las que ni el gobierno de Trump ni el de López Obrador han expuesto públicamente detalles y que tienen el carácter de “compromisos” extraoficiales. Este semanario revela los pormenores de esos acuerdos, que son trastocados una y otra vez por la ira de Trump. WASHINGTON (Proceso).- La creciente llegada de centroamericanos a la frontera norte de México obligó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a concretar compromisos con el de Donald Trump a fin de aceptar la presencia temporal de un número limitado de migrantes, confirman a Proceso fuentes gubernamentales de ambas naciones. “El compromiso, sin la firma de un acuerdo, se concretó luego de cinco reuniones técnicas celebradas en los dos países”, confió un alto funcionario de México. Por su parte, fuentes del Departamento de Seguridad Interior estadunidense (DHS, por sus siglas en inglés) ratificaron la realización de los cinco encuentros, que se iniciaron el pasado 12 de enero y concluyeron el 26 de marzo. “Se logró que el número de personas devueltas (centroamericanos) no aumentara sin control. Se consiguió que se excluyera a algunos grupos; menores de edad no acompañados (al momento de su ingreso como indocumentados a Estados Unidos) y grupos vulnerables, como personas LGBT o con enfermedades graves”, afirmó la aludida fuente gubernamental de México. Desde principios de año, cuando varias caravanas de migrantes llegaron a la frontera mexicana con Estados Unidos, y en violación de las leyes migratorias y de asilo de su país, Trump ordenó al DHS limitar la recepción de solicitudes, y que para presentarlas fuera un requisito ingresar “legalmente” a las garitas estadunidenses por los puentes fronterizos que conectan con México. La anticonstitucional medida de Trump desató un caos migratorio en la franja fronteriza. Los migrantes se aglutinaban en los puentes para intentar llegar a las garitas y presentar sus peticiones. En su afán de cerrar Estados Unidos a los migrantes centroamericanos, que es una de sus promesas al electorado que lo llevó a ganar la presidencia, el 15 de febrero pasado Trump decretó unilateralmente una emergencia nacional por la presencia de una multitud de potenciales peticionarios de asilo. Como parte de la presunta crisis migratoria, los poderes de la emergencia nacional le dieron al presidente estadunidense la prerrogativa de no aceptar peticiones de asilo, cerrar la frontera con México y mandar unilateralmente al territorio de este país a los migrantes indocumentados detenidos. “Tres días antes de que el presidente decretara la emergencia nacional ya habíamos realizado la primera reunión con el gobierno mexicano para encontrar una solución negociada al problema de la presencia de los peticionarios de asilo”, explica el funcionario del DHS. El acuerdo En los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, el gobierno de Trump estuvo a punto de firmar un acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Gobernación para convertir a México en un Tercer País Seguro (TPS). El objetivo central del TPS era que los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, entrevistaran en México a los centroamericanos que pretendían pedir asilo a Estados Unidos. El DHS obligaría a los agentes migratorios mexicanos a permitir el ingreso a los puentes transfronterizos únicamente a los centroamericanos cuyas solicitudes de asilo fueran válidas por razones humanitarias, políticas, de seguridad y otros motivos probables. Con ese filtro, una vez entregada su documentación en las garitas estadunidenses, los peticionarios de asilo tenían que regresar a México y esperar que su solicitud fuera procesada, lo cual en las cortes migratorias estadunidenses puede tardar un mínimo de seis meses y hasta seis años. El gobierno mexicano se encargaría de deportar a sus países de origen a los peticionarios no aceptables para Trump. Por mediación del Luis Videraray, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Peña Nieto estuvo a punto de firmar el acuerdo con Trump, lo que se evitó por la intervención de Marcelo Ebrard, entonces integrante del equipo de transición del presidente electo López Obrador y ahora encargado de la política exterior mexicana. No obstante, y ya con López Obrador como presidente constitucional, el gobierno mexicano comenzó a actuar como filtro migratorio de Trump aun sin la firma de un acuerdo de TPS. En Tijuana y Ciudad Juárez, por citar dos ejemplos, del 1 de diciembre pasado hasta la fecha se crearon centros de refugio para migrantes centroamericanos que esperan una oportunidad de presentar su petición de asilo en Estados Unidos. Esos centros de retención migratoria temporal están rebasados. Al mismo tiempo se reporta que en la franja fronteriza agentes migratorios mexicanos presuntamente se interponen para que los centroamericanos no ingresen a los puentes para llegar a las garitas estadunidenses. Se menciona también el arresto de migrantes por autoridades mexicanas y la separación de menores de edad de sus padres o acompañantes adultos. La separación familiar de los migrantes centroamericanos y el encierro indiscriminado de menores de edad es el sello antimigrante de Trump. Los funcionarios mexicanos que hablaron con este semanario niegan que el gobierno de López Obrador actúe como un TPS de facto, aunque admiten que reciben a migrantes devueltos desde Estados Unidos tras presentar sus solicitudes de asilo. “Se condicionó a que el regreso (a México de centroamericanos) se hiciera con aviso de 24 horas, en determinados puertos de entrada y a determinadas horas”, sostiene una de las fuentes mexicanas. Frente a la posición oficial de López Obrador de no convertir formalmente a México en un TPS, el DHS aceptó las condiciones definidas por Ebrard. “Este compromiso es favorable para ambos países; se hace de manera ordenada, con respeto a los derechos humanitarios de los centroamericanos y sin violentar la soberanía mexicana”, enfatiza a su vez un funcionario del DHS. Entre los puntos clave en el compromiso alcanzado tras las cinco reuniones, según los negociadores de ambos países, sobresale el siguiente: si el gobierno de Trump regresara de manera unilateral a los migrantes centroamericanos a México, esto se hará de forma limitada y ordenada, “con la menor afectación posible para no poner en peligro a las personas al momento de su regreso a México”, indica el alto funcionario mexicano. Freno interno a Trump Ante las acciones inconstitucionales de Trump respecto a las leyes de asilo, el pasado lunes 8 el juez Richard Seeborg, de la Corte Federal del Distrito Norte, en California, emitió un fallo que ordenó al presidente mantener en Estados Unidos a todos los migrantes cuyas peticiones de asilo se encuentren en proceso ante una corte de inmigración. La intervención de Seeborg echó por la borda la práctica de devolución a México de migrantes centroamericanos que comenzó a instrumentarse unilateralmente en enero último. Eso enfureció a Trump, quien culpó a los demócratas del Congreso de la presunta crisis en la frontera con México por no aprobar leyes de inmigración más restrictivas ni garantizar fondos para amurallar la frontera. Un día antes del fallo de Seeborg, y ya con conocimiento de lo que determinaría el ministro, Trump le pidió la renuncia a ­Kirstjen Nielsen como titular del DHS. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en Washington sobre su subrepticio despido, Nielsen se oponía a las acciones radicales del presidente, como la amenaza de cerrar la frontera. Al mismo tiempo, la Casa Blanca retiró la nominación que había enviado al Senado de Ronald Vitiello para asumir la titularidad del Buró de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Vitiello, al igual que Nielsen, se oponía al cierre de la frontera. El pasado miércoles 10 Vitiello renunció al ICE tras casi tres décadas como autoridad migratoria. Luego de que el juez Seeborg se interpusiera a las acciones anticonstitucionales de Trump, el gobierno mexicano se sintió aliviado. Así lo expresó en el comunicado número 80 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emitido el martes 9: “El gobierno de México, respetuoso de los asuntos domésticos de los Estados ­Unidos de América, toma nota de la decisión de un juez federal en California, de suspender a partir del próximo 12 de abril la devolución de ciertos extranjeros a México para que aguarden el desarrollo de su proceso migratorio.” Pese a la confusa postura, el gobierno de López Obrador deja entrever de modo indirecto que tenía un acuerdo con Trump: “Como se informó en reiteradas ocasiones, no obstante que México no coincide con esa medida unilateral, se admitió de manera temporal y por razones humanitarias el ingreso de ciertas personas migrantes, con base en el compromiso de México con los derechos humanos”, matiza el comunicado de Relaciones Exteriores. El funcionario mexicano entrevistado acepta que por la intervención de la Corte del Distrito Norte y por la posición de Trump, se prolongará el problema de los centroamericanos peticionarios de asilo: “Vamos a seguir poniendo límites a las exigencias de Estados Unidos, si es que la medida sobrevive (ante la acción del juez)”, agrega. La Casa Blanca adelantó que apelará la acción de Seeborg, por lo que el futuro de los peticionarios centroamericanos estará en el limbo jurídico. “Consideramos que sí será una pelea muy larga en las cortes, pero confiamos en los compromisos del gobierno mexicano para ayudarnos con esta crisis humanitaria y de migración; tiene la capacidad de dar refugio a los solicitantes de asilo y si requiere apoyo se lo daremos”, acota el funcionario del DHS. Según las cifras del gobierno mexicano entregadas a Proceso, de enero a la fecha, cuando Trump comenzó a mandar a México a los centroamericanos y ya con el compromiso negociado en las cinco reuniones, el INM ha recibido a mil 323 ciudadanos de América Central. Los funcionarios de los dos países se negaron a dar a conocer los nombres de los representantes de los dos gobiernos que se reunieron para establecer el compromiso; sin embargo, confirmaron las sedes y las fechas de las sesiones: en la Ciudad de México las negociaciones se llevaron a cabo el 12 y 19 de enero, el 22 de ese mismo mes en Tijuana, Baja California; el 27 de febrero en Washington, D.C., y el 26 de marzo en Miami, Florida. El 25 de febrero pasado visitó la capital estadunidense la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se informó que tuvo una reunión con Nielsen, pero no se dieron detalles de la misma. El 26 de marzo la funcionaria mexicana viajó de manera inesperada al aeropuerto de Miami para encontrarse ahí otra vez con Nielsen. El viernes 12, por encima del compromiso verbal concretado con el gobierno mexicano, al cierre de esta edición Trump volvió a amenazar con cerrar la frontera sur de Estados Unidos. En el preámbulo del despido de Nielsen, afirmó que ya no la cerraría, pues le daba al gobierno de López Obrador una prórroga de un año para contener el flujo de drogas ilegales a Estados Unidos, e insistió en que si la autoridad mexicana no lo conseguía, él congelaría el flujo peatonal y vehicular entre las dos naciones. En su cuenta de Twitter, el viernes 12 Trump confirmó reportes periodísticos relativos a que evalúa liberar a los indocumentados en las ciudades santuario, donde no se les persigue como delincuentes. “Debido al hecho de que los demócratas se niegan a cambiar nuestras muy peligrosas leyes de inmigración, estamos considerando, como se ha reportado, colocar únicamente en las ciudades santuario a los inmigrantes indocumentados… La izquierda radical siempre parece estar a favor de las fronteras abiertas y la política de apertura de brazos; entonces, esto los hará muy felices”, escribió Trump en los dos mensajes de su cuenta personal en Twitter. Este reportaje se publicó el 14 de abril de 2019 en la edición 2215 de la revista Proceso