La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador, que pretende derogar la de Peña Nieto. Pese a la insistencia del Ejecutivo y de los legisladores en que ya no se trata de una ley punitiva, los profesores de la Sección 22 de Oaxaca bloquearon varias veces la Cámara de Diputados y presionaron para que el nuevo dictamen no se aprobara en el pleno. Al respecto, especialistas consultados por Proceso señalan que la resistencia de la CNTE se debe a que esta organización le disputa al gobierno federal el manejo de las plazas y el presupuesto, es decir, el control real del aparato educativo.   CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Al cabo de tres intentos de aprobación de la reforma educativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cuarta ocasión las comisiones de la Cámara de Diputados aprobaron un dictamen que no satisfizo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente a la Sección 22 de Oaxaca.  La discusión de fondo, sin embargo, no es el proyecto educativo, sino el control de las plazas y el manejo de los recursos millonarios que se obtienen de la federación y de los gobiernos estatales. Esto es, el pleito por el control del aparato educativo. “Otra vez cayeron en la trampa de 2013. Lo que se está disputando es la rectoría en la educación, si se queda en manos del sindicato o del Estado; esto es en última instancia lo que está en la disputa”, señala el investigador Roberto Rodríguez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.  El también catedrático, doctor en sociología por El Colegio de México, explica que el punto álgido de la discusión con la disidencia magisterial es la parte laboral y el control de las plazas, igual que hace seis años ocurrió con la reforma educativa propuesta por Enrique Peña Nieto. De hecho, ambos asuntos fueron abordados en dos días seguidos por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras. “No queremos venta de plazas ni trafiques con la nómina. Eso no, corrupción no. No se permite a nadie, aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o derecha”, dijo en referencia a las manifestaciones de la CNTE encabezadas por la Sección 22 de Oaxaca. En ambos casos, la llamada reforma educativa y la actual ley que pretende derogarla, se aludió a la venta de plazas docentes hasta en 20 mil pesos y manejar miles de millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone), antes denominado Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que el año pasado tuvo un presupuesto de 363 mil 402 millones 157 mil 537 pesos. Creado desde 1998 el FAEB sirve para pagar el sueldo de 80% de los trabajadores del sistema público de educación básica y normal, que consta de 1 millón 750 mil 292 plazas ocupadas por 956 mil 282 personas. La presencia permanente de la Sección 22 de Oaxaca en las manifestaciones en la Cámara de Diputados se debe a que es la única de las 62 del país que tiene el contrato de las plazas, por lo cual le afectan directamente las modificaciones en el dictamen aprobado en comisiones legislativas el miércoles 27. Rodríguez explica: “La Sección 22 es titular del contrato de las condiciones generales de trabajo correspondientes al estado. Puede designar a sus miembros en las comisiones mixtas, que es donde la CNTE pacta con el gobierno de la entidad todo el paquete de prestaciones. En el caso de Oaxaca es donde más le conviene a la coordinadora negociar las modificaciones del artículo 123 B y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es la reglamentaria. Beneficiaría principalmente a los maestros de esa entidad”. –¿Ahorita cómo está en el dictamen? ¿Les afecta?  –Sí y al mismo tiempo no. El artículo 123 B de la Constitución y su ley reglamentaria sigue siendo la norma general para todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo propiamente dichas: jubilaciones, pensiones y acceso a créditos, entre otros. Ellos no perdieron esa condición, pero lo que tiene que ver con ingreso, promoción y permanencia, que están en la Ley del Servicio Profesional Docente, no las tienen y por eso han planteado que se elimine o que no pongan otra igual.  “Ese es el punto; quieren que se vuelva a los tiempos de Elba Esther Gordillo, cuando no tenían una manera de regular el ingreso, promoción y permanencia con base en méritos académicos. En este punto de la crisis, hay quienes dicen que hay que ver otras cosas, como que cada estado tenga su propio modelo educativo, pero la disputa en la actualidad tiene que ver con el control de la administración educativa.” Eso, insiste el investigador, “se traduce en manejo de recursos financieros y plazas, sobre todo estas últimas. Es decir, la decisión de quiénes pueden ingresar al servicio educativo, si directamente los egresados de las normales o si va a ser por un concurso. Los de la CNTE prefieren que sea directamente, como funcionó en el sexenio pasado”. La discusión laboral A reserva de lo que ocurra en la Cámara de Diputados –donde está pendiente la discusión de los cambios a la nueva iniciativa–, la investigadora Alma Maldonado, del Instituto Politécnico Nacional, coincide en que el punto de discusión entre el gobierno y los profesores que se oponen es el manejo de las plazas por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la CNTE. De acuerdo con el artículo 123, apartado B, sobre el derecho al trabajo y la previsión social, los sindicatos pueden manejar 50% de las nuevas plazas o de las sustituciones. Sin embargo, la investigadora precisa que el SNTE y la CNTE están acotados por el artículo 3º de la Constitución, relacionado con el derecho a la educación, y por eso quieren que se haga un régimen de excepción.  “La paradoja es que parte de las grandes quejas sobre la reforma del artículo 123 tenían que ver con que era una reforma laboral y no educativa. Ahora estamos de nuevo en eso. Creo que es faltar a la verdad no decir que ese sigue siendo el gran conflicto: no estamos discutiendo el proyecto educativo, sino que estamos hablando de un tema complicado que pasa por el asunto de las plazas.” –De eso no se ha hablado mucho. –No se ha dicho y ellos lo niegan. El presidente ya dijo que, si es un negocio, entonces no es una reforma. Estamos empantanados en ese debate y se debería decir que el gran tema es laboral. Por un lado dicen que no haya nada laboral en el artículo 3º, pero tan lo quieren laboral que pretenden otra redacción sobre el 132, y eso es muy contradictorio. –Hablamos del manejo de miles de millones de pesos. –Ese es el cálculo que se ha hecho de cuánto se gana con las plazas. Las más baratas son de 20 mil pesos y llegan hasta 70 mil. El mercado de las plazas ahí está y no ha parado; no es culpa del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, porque quienes manejan las plazas son el gobierno federal y los estados.  “Llevamos una inercia del manejo de plazas por décadas. Esperar que con la reforma del 123 iba a desaparecer por completo eso, sería muy ingenuo. Lo que pasó fue que se empezó a regular de mejor manera y estuvieron cada vez más acotados.” –Al final ya no se está discutiendo el proyecto educativo, sino las plazas, dónde quedarán ubicados los maestros. –Esa es la gran paradoja: rechazaban la reforma de Peña Nieto porque era laboral. Ahora no estamos discutiendo la inclusión, la equidad, los derechos de la infancia, el proceso de aprendizaje, la mejora continua de la educación, el acceso a la educación; todos esos temas no están en la discusión, sino el aspecto laboral.  Mejoras insuficientes El 27 de marzo la Cámara de Diputados suspendió labores por tercera vez, luego de que la CNTE ordenó a sus integrantes, la mayoría de la Sección 22 de Oaxaca, cerrar a la fuerza todos los accesos para impedir la aprobación del dictamen en el pleno. Una hora antes los diputados lo habían avalado en comisiones, con tres votos en contra de legisladores de Morena (exlíderes de la CNTE) y la abstención de la bancada del Partido del Trabajo.  Un día después, los maestros de la CNTE se reunieron a puerta cerrada con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, para discutir sobre las plazas. Posteriormente, sin dar a conocer los acuerdos, regresaron a sus lugares de origen, pero anunciaron que regresarían el martes 2 de abril, cuando se prevé el reinicio de la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados. A decir del investigador Roberto Rodríguez, se pudo haber negociado un convenio entre el gobierno federal y la CNTE, al margen de la reforma educativa, a fin de que la coordinadora pueda controlar las plazas: “Todo esto nos lleva a una negociación política como la que se dio en 2013, con la minuta que firmó la Secretaría de Gobernación con la CNTE para que se quedaran en una condición excepcional favorable para ellos… Siendo realistas, esa es una posibilidad.” En respuesta a legisladores del PRI, quienes argumentaron que las modificaciones a la iniciativa presidencial dejaban intacta la reforma de Peña Nieto, el presidente López Obrador dijo que no se parecían en nada y que en su gobierno no hay simulaciones. En la conferencia matutina del 29 de marzo, Esteban Moctezuma enumeró las diferencias entre la reforma de Peña y la de López Obrador. Destacó que mientras la primera hace énfasis en la calidad, ahora se recurre a la equidad. Añadió que la permanencia de los maestros en su empleo no estará relacionada con procesos de evaluación punitiva y que la educación tendrá un enfoque regional y local, con propuestas pedagógicas geolocalizadas.  Anunció que desaparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), se revalorizará el magisterio como agente de trasformación social y se transparentará el otorgamiento de las plazas docentes. –Es muy triste que al final se disputa más la cuestión laboral y las plazas que el proyecto de mejora en la calidad educativa –se le plantea al investigador. –Se deriva en buena parte de que la nueva autoridad federal, la Secretaría de Educación Pública, no planteó un proyecto de reforma al artículo 3º constitucional a la altura de los grandes objetivos de mejora de la educación, de brindar oportunidades a todos, de hacerlo equitativo con calidad, sino que volvieron a caer en la trampa laboral. “Pero en el dictamen que se aprobó si hay avances y se corrigen insuficiencias del proyecto original. Entre ellas está la parte doctrinaria, esto es, que la educación tiene que ser para la equidad, intercultural, de excelencia, de mejora continua, con valores tradicionales que estaban en el artículo 3º Constitucional, como el amor a la patria o la democracia como sistema de vida. Y se añadieron otros, como que la igualdad debe ser sustantiva y no sólo de oportunidades.” Asimismo, dice, se mejoraron aspectos laborales, como que el ingreso de los nuevos maestros debe hacerse en procesos de selección y competencia, lo mismo que los ascensos. Se afinó la autonomía de la educación superior, que se había quitado, y se añadió la fracción décima al artículo, la cual hace explícito que la obligatoriedad es para el Estado y no para el individuo, a fin de que el primero esté obligado a proveer recursos suficientes para que sea posible atender la demanda. También se aprobó que las instituciones puedan poner requisitos de ingreso.  Sin embargo, reitera que sigue por resolverse el tema laboral. “Ese el punto de la crisis actual –indica el académico universitario– y depende del presidente López Obrador si accede a las demandas de la disidencia magisterial. Todo depende de qué lado se va a poner la presidencia, si le da la razón a la CNTE o al Congreso”. –Entonces toda la discusión de la reforma educativa al final ya no es sobre el proyecto de mejorar la calidad o la excelencia, sino el tema laboral. –Yo diría que es la disputa por el control del aparato educativo, quién lo controla, si la agrupación sindical o la autoridad. Son plazas, los recursos para capacitación docente, las prestaciones y la administración educativa en general. Y concluye: “Lo que se está disputando­ es la rectoría en la educación, si es por parte del sindicato o del Estado”. Este reportaje se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso