Una asociación civil de TV Azteca atrás del despojo de Jalmolonga

miércoles, 3 de abril de 2019
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca, la asociación civil que intenta quitarles el agua a los ejidos de la zona de Malinalco, está integrado por tres “socios” que aportaron conjuntamente un capital de 127 millones 835 mil 848 pesos, según quedó asentado en la “protocolización” del acta de su junta general ordinaria, realizada el 20 de julio de 2012, en la notaría número 227 del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), cuyo titular es Carlos Antonio Morales Montes de Oca. El primer socio es TV Azteca, SAB de C.V., representado por Jesús Rodríguez Villicaña, que aportó un capital de 40 millones 57 mil 393 pesos; el segundo es Elektra del Milenio S.A. de C.V., representada por José Guadalupe Botello Meza, con 49 mil 990 778 pesos, el tercero es Grupo Elektra S.A. de C. V., representado por María Edid Cerón Ríos, con 37 millones 787 mil 667 pesos. El “objeto” del Centro de Capacitación, señala textualmente el acta, es el siguiente: “La organización, impartición, ­capacitación y realización de clases, seminarios, talleres de capacitación para la enseñanza de mejoras ejecutivas encaminadas al desarrollo y conocimiento del personal de empresas, sociedades, instituciones, ya sean gubernamentales o no, en materia administrativa, fiscal, recursos humanos, derecho y demás ramas para el funcionamiento y dirección de sociedades.”    Las asesorías también están entre sus funciones. Se detalla al respecto: “Asesorar a ciudadanos, gobierno y organismos no gubernamentales nacionales e internacionales en la materia del objeto social”.    Lo mismo, el Centro de Capacitación de Alto Rendimiento Azteca es un “órgano de consulta tanto para dependencias gubernamentales como para particulares” en todo lo referente a la “capacitación” de sus “ejecutivos, empleados y personal en general”. Igualmente, puede “adquirir o celebrar en arrendamiento los bienes muebles e inmuebles con instalaciones y accesorios, para lograr el objeto social de esta asociación”. Señala el documento que el Centro de Capacitación no podrá dedicarse a “actividades que requieran de autorización o concesión, salvo que previamente las obtenga”.  Agrega: “Los socios adoptan la cláusula de admisión de extranjeros en términos del ­artículo catorce del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y celebran el convenio o pacto expreso por el que los socios actuales o futuros se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales.”  Indica que la sociedad “tiene su domicilio en México, Distrito Federal” –no precisa la dirección– y puede “establecer sucursales en cualquier parte del país o del extranjero”. Y menciona a 14 personas a quienes les da el “otorgamiento de poderes”, entre ellos el de realizar “pleitos y cobranzas”: Héctor Gerardo Espino Baranda, José Luis Kuri Krasovski, David Nápoles Galindo, Óscar Gustavo Pérez Villegas, Norma Verónica Flores Sánchez, Fredler Hermenegildo Flores, Rodolfo Atlizqueño Mora, Alejandra Flores Sánchez, María del Carmen García Reyes, Arturo Torres Rico, Claudia Arlette Morales Martínez, Pablo Flores García, Ruth Chacón Granados y Francisco Pedro Flores García. Indica por último que “la duración de la sociedad es de noventa y nueve años, contados a partir de la fecha de firma de este instrumento”.    Este texto se publicó el 31 de marzo de 2019 en la edición 2213 de la revista Proceso.

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