Las medidas más polémicas del gobierno lopezobradorista –la eliminación del Estado Mayor Presidencial o la construcción de la refinería de Dos Bocas, por ejemplo– se tomaron sin que se hubieran realizado los estudios y diagnósticos pertinentes. Este semanario los solicitó, pero diversas instancias de gobierno respondieron que no existen. Ya basta, dijo el presidente el 14 de febrero, “de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas”. Como consecuencia de esta postura, la improvisación parece ser el nuevo signo de los tiempos. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los proyectos de infraestructura, extinción de dependencias o entidades gubernamentales, y en general las decisiones polémicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tienen en común la ausencia de diagnósticos, estudios o evaluaciones. Para documentar la planeación –o la improvisación– del nuevo gobierno, Proceso dio seguimiento a diferentes decisiones anunciadas por el mandatario e hizo 35 solicitudes de información a dependencias y entidades federales relacionadas con distintos ámbitos del quehacer gubernamental. A siete meses de iniciado su gobierno, el presidente mantiene una intensa agenda de temas que, desde el 1 de julio de 2018 y ya en la Presidencia, en sus conferencias de prensa coloquialmente conocidas como “las mañaneras”, acaparan la agenda pública y la atención mediática. Entre las acciones más destacadas al iniciar se mandato, López Obrador lanzó una estrategia para combatir el robo de combustible. En la mañanera del 27 de diciembre de 2018 anunció una “estrategia” en la que trabajaba su administración; habló del robo de mil 45 pipas de hidrocarburo al día, hizo cuentas por año y expuso, junto con el director de Pemex, Octavio Romero, la dimensión del ilícito: 66 mil 300 millones de pesos en ese año. El plan anunciado por el presidente implicó cerrar ductos de Pemex durante un mes, lo que causó desabasto de combustibles en las principales ciudades del país, una compra millonaria de más de 500 pipas –sin licitación de por medio– y el involucramiento de miles de servidores públicos de 15 dependencias federales. (Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2226, ya en circulación)